Las plataformas digitales se han convertido en terreno fértil para la proliferación de contenido fraudulento en redes, especialmente a través de los llamados finfluencers. Estos usuarios, con miles de seguidores, promocionan productos financieros no autorizados que muchas veces terminan en estafas. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha advertido sobre este fenómeno creciente, que afecta principalmente a jóvenes entre 19 y 40 años.
En octubre de 2023, la FCA llevó a cabo una “semana de acción” enfocada en combatir este tipo de fraudes. Durante esa semana, se entrevistó bajo advertencia a 20 influencers y se emitieron 38 alertas contra cuentas sospechosas de promover esquemas ilegales. Fue tras este operativo que el regulador identificó que Meta —empresa matriz de Facebook e Instagram— fue la más lenta en actuar: tardó hasta seis semanas en responder a las solicitudes de eliminación de contenido fraudulento. Otras plataformas, en contraste, reaccionaron de forma más ágil.
La FCA señala una preocupante demora en Meta
Durante su comparecencia ante el comité selecto del Tesoro británico, Lucy Castledine, directora de inversiones de consumo de la FCA, explicó que aunque las tecnológicas suelen cumplir con las solicitudes de eliminación de contenido, Meta es la más tardada en ejecutar acciones. La demora de seis semanas tras las alertas de octubre fue particularmente alarmante frente a la agilidad de otras plataformas.
Castledine subrayó que este desfase es peligroso en un entorno donde los estafadores utilizan múltiples cuentas para mantenerse activos. El fenómeno, conocido como “flotación en bote salvavidas”, permite a los estafadores desaparecer y reaparecer rápidamente. Mientras tanto, la FCA solo puede actuar contra cuentas individuales, lo que genera una enorme desventaja frente a la velocidad de reproducción del contenido fraudulento en redes.
A pesar del aumento en los reportes –más de 25,000 el año pasado sobre negocios no autorizados– aún no hay procesamientos judiciales contra influencers, aunque siete celebridades enfrentarán juicio en 2027 por promocionar esquemas ilegales. Para Castledine, esta lentitud institucional debe ser contrarrestada con mayor proactividad por parte de las plataformas, que tienen las herramientas tecnológicas necesarias para actuar con mayor eficacia.
Contenido fraudulento en redes: una crisis creciente
El contenido fraudulento en redes afecta cada vez más a la población joven, especialmente a personas entre 19 y 40 años que buscan ingresos rápidos. En muchos casos, los finfluencers actúan como vectores de estafas, sin estar autorizados para promocionar productos financieros ni advertir sobre los riesgos. Esta tendencia ha convertido a las redes sociales en terreno fértil para los delitos financieros.
La falta de supervisión y la lentitud en la eliminación del contenido contribuyen a normalizar estas prácticas. Cuando plataformas como Meta no actúan con rapidez, amplifican la visibilidad de los estafadores, facilitando que nuevas víctimas caigan en sus redes. El algoritmo, diseñado para maximizar el alcance del contenido atractivo, termina favoreciendo este tipo de publicaciones.
Castledine fue clara: “Me gustaría verlas usar esa tecnología para identificar contenido fraudulento”. Las redes cuentan con los recursos para anticiparse, pero optan por reaccionar tarde, afectando la integridad digital del entorno financiero. El compromiso con la protección del consumidor debe ir más allá del cumplimiento mínimo; debe ser un principio rector.
Meta y su omisión ante los riesgos sociales del fraude digital
Meta, al tardar hasta seis semanas en eliminar contenido fraudulento en redes, evidencia una preocupante desconexión entre sus capacidades tecnológicas y su respuesta ante amenazas sociales. Esta lentitud compromete la seguridad de millones de usuarios, especialmente jóvenes que buscan oportunidades financieras rápidas y terminan estafados por finfluencers y promotores de esquemas ilegales.
Aunque otras plataformas reaccionaron con mayor agilidad a las solicitudes de la FCA, Meta mantuvo un ritmo pasivo. Esta actitud mina la confianza pública y deja sin protección a quienes más necesitan vigilancia digital efectiva. No es una cuestión de falta de recursos, sino de prioridades mal establecidas frente a un problema que ya alcanza miles de reportes anuales.
Con el alcance y la influencia que tiene Meta, se esperaría un papel activo en la prevención del daño, no solo en la corrección tardía. No actuar a tiempo, cuando se tiene la tecnología para hacerlo, se convierte en una forma de negligencia. La omisión sostenida en casos de contenido fraudulento en redes refleja una cultura empresarial que aún no asume su verdadero impacto social.
Hacia una regulación más eficaz y preventiva
La FCA enfrenta limitaciones jurídicas en sus facultades para remover contenido fraudulento en redes. Al no poder actuar de forma masiva y automatizada, depende del criterio y la voluntad de las plataformas para lograr avances significativos. Sin su colaboración activa, la lucha contra los fraudes online queda estancada en una dinámica reactiva.
Una de las principales recomendaciones es cambiar el enfoque voluntario por marcos regulatorios vinculantes. La pasividad de algunas empresas ha demostrado que la autorregulación es insuficiente. Si bien hay cooperación en las eliminaciones, la falta de inmediatez representa una falla estructural que requiere ajustes legislativos urgentes.
A medida que los fraudes digitales se perfeccionan, también deben hacerlo las capacidades regulatorias. Invertir en tecnología que detecte patrones sospechosos, capacitar a los equipos legales de las plataformas y crear alianzas internacionales son pasos clave para evitar que el contenido fraudulento en redes siga operando con impunidad.
El costo de actuar tarde
El caso de Meta evidencia una alarmante desconexión entre el poder tecnológico y la voluntad de proteger al consumidor. En el ecosistema digital actual, esperar seis semanas para responder a una alerta es dejar la puerta abierta al delito financiero. Esta actitud, lejos de ser una omisión menor, se traduce en un perjuicio tangible para miles de personas.
Para los líderes empresariales que promueven prácticas responsables, el mensaje es claro: la ética digital también es responsabilidad social. Ignorar el contenido fraudulento en redes no solo debilita la credibilidad de una empresa, sino que retrasa la evolución hacia entornos digitales más seguros, transparentes y sostenibles.
