Aunque la legislación ambiental prohíbe destruir los manglares, la Profepa no se da al basto, pues la península de Baja California cuenta con menos de diez inspectores. Por ello las organizaciones no gubernamentales juegan un rol central en la protección del manglar.
En entrevista con Excélsior, Peter Patterson, presidente de Guardianes del Agua, explicó que en noviembre pasado, al ver que la empresa Entremares pretendía abrir una serie de canales para el paso a embarcaciones, la asociación civil organizó una consulta pública.
Excélsior, Nacional, p.18
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