Un grupo influyente de inversores, responsables de activos que suman £5,7 billones, ha alzado su voz exigiendo un cambio significativo en la forma en que los países más ricos del G20 manejan los subsidios agrícolas, de acuerdo con Business Green.
Este llamado, liderado por la red de inversores conocida como FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return), refleja la creciente preocupación por el impacto ambiental y económico de las prácticas agrícolas insostenibles. El objetivo es alinear estas políticas con los objetivos globales de clima y biodiversidad para el año 2030.
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Inversores abogan por la sostenibilidad en la agricultura
La red FAIRR, que agrupa a 32 inversores incluyendo a Legal & General Investment Management y el brazo financiero del gigante bancario francés BNP Paribas, entre otros, ha emitido una declaración en la que insta al G20 a alinear los subsidios con objetivos climáticos, antes de la cumbre que tendrá lugar en la India en septiembre.
Este grupo destacó los enormes riesgos financieros e inversionistas que plantea la agricultura insostenible, citando el histórico informe Dasgupta Review de 2021, encargado por el gobierno del Reino Unido.
En particular, el «Dasgupta Review» señaló que los subsidios agrícolas que respaldan prácticas insostenibles están teniendo un impacto sustancial en la naturaleza. Los daños ocasionados por estos subsidios se estimaron en un rango de entre 4 y 6 billones de dólares anuales en todo el mundo. Estos daños incluyen la degradación del ecosistema, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los servicios ecológicos esenciales que sostienen la vida humana y la economía global.
Biodiversidad y economía conectadas
Además de poner de relieve los riesgos financieros vinculados a la agricultura insostenible, el grupo de inversores también hizo referencia a otro informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021. Este informe independiente reveló que el 87% de los 540 mil millones de dólares en subsidios anuales totales otorgados a los productores agrícolas en todo el mundo contenían medidas que podrían acarrear consecuencias perjudiciales para la naturaleza y la salud humana, además de distorsionar los precios.
En el mismo sentido, se destacó un informe separado de la ONU de 2021 que encontró que el 87% de los 540 mil millones de dólares en subsidios anuales totales otorgados a los productores agrícolas en todo el mundo incluían medidas que tenían el potencial de ser perjudiciales para la naturaleza y la salud humana, además de generar distorsiones en los precios.
Este hallazgo refleja cómo muchas políticas de subsidios agrícolas en todo el mundo no solo carecen de consideraciones ambientales y de salud, sino que también están contribuyendo a problemas económicos y de mercado.
¿Dónde queda acuerdo de COP15?
El año pasado, en la Conferencia de las Partes (COP15) en Canadá, cientos de naciones se comprometieron a abordar la pérdida de biodiversidad y a trabajar para revertirla a partir de 2030. Este compromiso se estableció en el marco del Tratado Marco de Biodiversidad de las Naciones Unidas.
En ese contexto, la red de inversores resaltó la urgencia de orientar los subsidios hacia objetivos climáticos. Por lo tanto, instaron a las naciones más ricas del G20, que incluyen a EE.UU., el Reino Unido, la UE, Japón y Corea, a alinear sus subsidios agrícolas tanto con el Acuerdo de París sobre el cambio climático como con el Marco de Biodiversidad de las Naciones Unidas.
«La pérdida de biodiversidad ya está teniendo un impacto tangible en la actividad económica, y se estima que cerca de 44 billones de dólares en generación de valor económico dependen de los servicios de los ecosistemas, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial».
FAIRR.
La declaración de FAIRR resalta cómo la biodiversidad está estrechamente vinculada con la economía. Se estima que alrededor de 44 billones de dólares en valor económico dependen de los servicios que los ecosistemas proporcionan, lo que equivale a más de la mitad del PIB mundial. Además, se hace hincapié en que los efectos adversos en el PIB tienen un impacto en cadena en el sistema financiero y en las inversiones diversificadas.
Inversores frente a la responsabilidad social
Esta intervención se basa en un llamado similar realizado por FAIRR hace dos años, cuando el grupo solicitó exclusivamente a la Unión Europea que alineara sus subsidios agrícolas con sus objetivos climáticos y de biodiversidad para finales de la década.
Laimonas Noreika, directora ejecutiva y cofundadora de HeavyFinance, una empresa especializada en préstamos agrícolas, elogió la «acción conjunta» de los miembros de FAIRR al instar a los países del G20. Según afirmó, esto demuestra «un compromiso sólido para abordar los desafíos globales a través de la influencia financiera».
«La magnitud de este desafío de este desafío demanda una acción rápida y coordinada, especialmente por parte de las naciones más prósperas que tienen acceso a recursos como los contemplados en el Artículo 9, y que pueden brindar a los agricultores facilidades como los Préstamos Verdes, cuyo potencial no debe ser subestimado».
Laimonas Noreika, directora ejecutiva del cofundador del especialista en préstamos agrícolas HeavyFinance.
Piden fin a subsidios de carne y lácteos
Noreika instó a poner fin a los subsidios destinados a la carne roja y los productos lácteos, ya que estos subsidios son responsables de provocar cambios significativos en el uso del suelo, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, abogó por un mayor apoyo a los trabajadores que se ven afectados por la transición hacia un sistema alimentario y agrícola más sostenible.
«Al promover prácticas agrícolas sostenibles y redirigir los subsidios lejos de los productos con impactos negativos en el clima, podemos generar un cambio sustancial hacia sistemas alimentarios más respetuosos con el medio ambiente y más capaces de adaptarse».
Laimonas Noreika, directora ejecutiva del cofundador del especialista en préstamos agrícolas HeavyFinance.
El llamado se da en el contexto de una investigación reciente realizada por la Universidad de Stanford, que encontró que Estados Unidos y la Unión Europea destinaron 35 mil millones de dólares en subsidios a la producción de carne y lácteos entre 2014 y 2020, en comparación con una financiación pública significativamente menor, solo 33 millones de libras esterlinas, para alternativas basadas en plantas.
El estudio, titulado: Las políticas públicas y los intereses creados preservan el status quo de la ganadería a expensas de los productos animales análogos (2023), y publicado en la revista One Earth, reveló que los subsidios a la ganadería eran mil veces mayores para la carne y los lácteos en la Unión Europea, y 800 veces mayores en Estados Unidos.
Con el fin de establecer un mercado más equitativo para los productos cárnicos alternativos, los autores del estudio plantearon la necesidad de que los encargados de formular políticas diseñen leyes que aseguren que el precio de la carne refleje sus costos ambientales. También abogaron por un aumento en la investigación sobre alternativas de carne y lácteos, además de educar a los consumidores sobre las opciones que existen a través de pautas dietéticas.
«Está claro que poderosos intereses creados han ejercido influencia política para mantener el status quo del sistema de cría de animales»,
Eric Lambin, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Stanford,
Esta creciente conciencia sobre la importancia de dirigir subsidios para objetivos climáticos está estrechamente vinculada con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la responsabilidad social de las empresas y gobiernos en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. En un contexto en el que las sequías y los eventos climáticos extremos están provocando crisis en el sistema alimentario, la importancia de la RSE adquiere una relevancia aún mayor.
