La detención migratoria no termina en la puerta de un centro de ICE. Para una mujer embarazada, puede significar además enfrentar un sistema en el que una consulta prenatal, una emergencia obstétrica o incluso un aborto espontáneo dependen de mecanismos de atención que hoy presentan importantes cuestionamientos. Una investigación de The Guardian, basada en documentos gubernamentales obtenidos mediante una solicitud de información y una demanda judicial, encontró que ICE llegó a tener 101 mujeres y adolescentes embarazadas detenidas en noviembre de 2025, la cifra más alta registrada durante el periodo analizado.
El mismo conjunto de documentos revela otro problema: ICE registró 18 abortos espontáneos entre enero y septiembre de 2025, pero no cuenta con información actualizada sobre estos casos desde el 3 de octubre de ese año. Al mismo tiempo, mujeres detenidas han denunciado dificultades para acceder a atención prenatal, especialistas y tratamiento ante complicaciones del embarazo. El resultado abre una discusión que trasciende la política migratoria: qué ocurre cuando una institución que tiene bajo su custodia a personas en una condición médica vulnerable no puede garantizar —o siquiera contabilizar adecuadamente— su atención y sus resultados de salud.
Embarazadas detenidas por ICE: ¿qué muestran los datos?
Los registros entregados por la agencia permiten observar un aumento en la detención de mujeres embarazadas durante el otoño e invierno de 2025. En octubre había al menos 87 mujeres y adolescentes embarazadas bajo custodia; en noviembre, la cifra llegó a 101. Los datos abarcan a personas embarazadas, puérperas y lactantes y fueron entregados después de que The Guardian solicitara la información mediante la Freedom of Information Act y posteriormente emprendiera acciones legales.
Pero los propios registros tienen una limitación relevante. ICE indicó que no dispone de información sobre abortos espontáneos después del 3 de octubre de 2025, debido a cambios en su sistema de procesamiento de reclamaciones médicas. La agencia había terminado su contrato con el Veterans Affairs Financial Services Center, mientras que Acentra Health asumió posteriormente el procesamiento de las reclamaciones, con retrasos durante la implementación del nuevo sistema.
Esto significa que las 18 pérdidas registradas no deben interpretarse como el número total de abortos espontáneos ocurridos durante el periodo, sino como los casos que aparecen en los registros disponibles. Expertos consultados por The Guardian consideran además probable que algunos abortos tempranos no lleguen a registrarse si no generan síntomas importantes o atención médica de emergencia.
¿Por qué importa que ICE haya perdido este registro?
Porque la ausencia de datos no es únicamente un problema estadístico. Impide conocer con precisión:
- cuántas mujeres experimentaron una pérdida del embarazo bajo custodia;
- cuántas recibieron atención médica posterior;
- cuántas fueron trasladadas a hospitales;
- qué complicaciones se presentaron;
- y si existen patrones asociados con determinados centros de detención.
La propia estructura de información también genera interrogantes de gobernanza. Abogados de inmigración y exfuncionarios del DHS consultados por The Guardian cuestionaron que el registro de abortos espontáneos dependiera de un sistema de facturación médica.
Embarazadas detenidas por ICE denuncian barreras para recibir atención
Los testimonios recopilados muestran que el problema no se limita a la disponibilidad de un médico. En algunos casos, las mujeres describieron retrasos, dificultades para acceder a especialistas, barreras lingüísticas y falta de seguimiento después de acudir a servicios de emergencia.
Uno de los casos documentados es el de Anabell, una solicitante de asilo nicaragüense de 35 años. Tras ser detenida, descubrió mediante dos pruebas que estaba embarazada. Según su testimonio, no recibió una ecografía ni vitaminas prenatales. Semanas después comenzó a sangrar abundantemente y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde le comunicaron que había perdido el embarazo.
El caso adquiere otra dimensión porque, de acuerdo con los registros médicos compartidos con The Guardian, el hospital recomendó seguimiento en una clínica de salud femenina. Anabell afirmó que posteriormente continuó con sangrado, vómitos y otros síntomas sin recibir esa revisión en el centro de detención. Su abogada tampoco pudo obtener inicialmente los registros médicos directamente de ICE.
Otro caso es el de Laura, de 21 años, quien permanece detenida en Texas durante un embarazo de alto riesgo. De acuerdo con su declaración legal, un médico del centro determinó que necesitaba atención especializada, pero la consulta con un obstetra-ginecólogo no había sido autorizada o programada.
Estos testimonios no permiten establecer que las condiciones de detención hayan provocado los abortos espontáneos. De hecho, especialistas consultados por The Guardian advierten que determinar la causa de una pérdida gestacional puede ser complejo. Lo que sí permite analizar la evidencia disponible es si una mujer que presenta síntomas de una complicación recibe atención oportuna, seguimiento y tratamiento adecuados.
La propia política de ICE establece obligaciones de atención
La situación resulta particularmente relevante porque ICE cuenta con una directiva de 2021 sobre la identificación y monitoreo de personas embarazadas, en posparto o lactantes. La política establece que, salvo que la liberación esté prohibida por ley o existan circunstancias excepcionales, la agencia debe evitar su detención. Cuando la detención ocurre, establece obligaciones de monitoreo y reevaluación médica.
La documentación de ICE también establece que las pacientes embarazadas deben tener acceso continuo a atención obstétrica, incluidas citas oportunas y transporte para acudir con proveedores médicos.
El DHS sostiene que la directiva de 2021 continúa vigente y que las mujeres embarazadas reciben atención prenatal, servicios de salud mental, apoyo nutricional y alojamiento conforme a estándares comunitarios. Sin embargo, el departamento no respondió específicamente a las denuncias recogidas por The Guardian sobre falta de atención prenatal, posparto o después de abortos espontáneos.
La brecha entre lo que establece el protocolo y lo que algunas mujeres denuncian experimentar es, por ello, uno de los puntos centrales del caso.
Una cuestión de derechos y de violencia institucional
El acceso a la salud no desaparece porque una persona se encuentre bajo custodia migratoria. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que las personas migrantes detenidas deben tener acceso a servicios de salud física y mental, incluida la atención sexual y reproductiva, y que los Estados deben garantizar atención médica adecuada cuando las condiciones del centro no puedan proporcionarla.
En Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) también sostiene que las personas embarazadas detenidas deben recibir atención obstétrica y ginecológica basada en evidencia y estar protegidas frente al abuso y la coerción. Su guía de 2026 señala que la detención puede exacerbar riesgos físicos y psicológicos y documenta problemas como retrasos en la atención, barreras lingüísticas, falta de atención especializada y dificultades para acceder a servicios de emergencia.
Por eso, hablar de violencia contra mujeres embarazadas detenidas requiere distinguir entre una agresión directa y formas institucionales de vulnerabilidad. Una demora médica, la imposibilidad de acceder a un especialista, la falta de seguimiento después de una emergencia o la ausencia de mecanismos adecuados para documentar una pérdida gestacional pueden convertirse en factores de riesgo cuando ocurren dentro de un sistema donde la persona no tiene libertad para buscar atención por sus propios medios.
La propia ACOG señala que las personas detenidas durante el embarazo enfrentan mayores riesgos y que la atención debe seguir las mismas guías clínicas que para quienes no están detenidas.
El reto no termina con contar a las embarazadas detenidas por ICE
La discusión sobre las embarazadas detenidas por ICE no debería reducirse a una cifra récord. El problema también está en qué sucede después de que una mujer entra bajo custodia: si recibe controles prenatales, si puede acceder a un especialista cuando existe un embarazo de alto riesgo, si una emergencia es atendida a tiempo y qué seguimiento recibe después de una pérdida gestacional.
Los datos disponibles muestran una paradoja difícil de ignorar: mientras ICE registró un máximo de 101 mujeres y adolescentes embarazadas detenidas en noviembre de 2025, la propia agencia dejó de disponer de información sobre abortos espontáneos después del 3 de octubre de ese año.
Para cualquier sistema de gobernanza responsable, esa combinación debería activar mecanismos de supervisión, trazabilidad y rendición de cuentas. No porque cada pérdida gestacional pueda atribuirse automáticamente a la detención —algo que la evidencia no permite afirmar—, sino porque una persona embarazada bajo custodia depende de la institución para acceder a una atención que, fuera de ella, podría buscar directamente.
