Por Aldo Farrugia
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un preocupante retroceso en materia de derechos humanos. En países democráticos y autoritarios por igual, se están normalizando prácticas que vulneran las libertades más básicas:
- Represión de la protesta social en lugares como Irán, Rusia o Nicaragua.
- Uso excesivo de la fuerza y militarización en países como Colombia, Estados Unidos y Brasil.
- Persecución política y censura en Hong Kong, Turquía y Egipto.
- Migración forzada por violencia, hambre o crisis climática, sin garantías de protección internacional.
- Y en todo el planeta, un patrón constante: criminalización de la pobreza, del disenso y de las minorías.
Lo alarmante no es solo que estas violaciones ocurran, sino que muchas veces son legitimadas o minimizadas por los propios gobiernos. En este escenario global, la defensa de los derechos humanos se convierte en un acto de resistencia.
En nuestro país, las cifras hablan por sí solas:
- Más de 100 mil personas desaparecidas, la mayoría sin respuesta estatal.
- Feminicidios y violencia de género sistemática.
- Criminalización de defensores del territorio y periodistas (México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo).
- Cárceles sobrepobladas con miles de personas presas por pobreza, no por peligrosidad.
- Violencia institucional contra personas con discapacidad, indígenas y migrantes.
Frente a este panorama, lo que se espera es una respuesta clara, firme y autónoma de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, la CNDH ha mantenido una postura débil, opaca y, en muchos casos, más cercana al poder que a las víctimas.
Mientras las instituciones callan, la sociedad civil organizada se levanta. Organizaciones, colectivos y personas activistas asumen la defensa de los derechos humanos como una responsabilidad ineludible. Su trabajo consiste en:
- Documentar violaciones.
- Acompañar legal y emocionalmente a las víctimas.
- Exigir cambios estructurales.
- Luchar contra la impunidad y la normalización de la violencia.
Estas acciones no son pequeñas. Son un contrapeso fundamental ante un Estado que falla sistemáticamente.
México enfrenta cifras alarmantes de desaparición forzada, tortura, extrosión, “cobro de piso y violencia estructural contra mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas, periodistas y quienes viven en pobreza extrema.
En este contexto, hablar de derechos humanos es urgente y necesario, no como discurso, sino como acción con resultados tangibles.
Hoy quiero platicarles y resaltar la labor de organizaciones como Documenta, se especializa en ofrecer soluciones alternas a la discriminación y desventajas estructurales que enfrentan grupos invisibilizados y marginados, especialmente frente a un Estado marcado por la impunidad. Con una convergencia de asesoría legal, investigación rigurosa, incidencia política y narrativas artísticas:
- Enfoca su acción en temas como la criminalización de la pobreza, delitos menores, la detención preventiva y la tortura.
- Trabaja junto a personas en situación de pobreza, individuos con discapacidad, población BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), activistas y personas privadas de su libertad.
- Opera con un enfoque interseccional para entender cómo intersecan género, origen étnico, condición económica, discapacidad y otros factores en las violaciones a sus derechos.
- Sus estrategias incluyen: litigio estratégico, fortalecimiento de capacidades locales, investigación documentada e incidencia política.
Este trabajo posiciona a Documenta como un actor clave que no sólo expone violaciones, sino que propone soluciones viables desde la base comunitaria.
Para que la defensa de los derechos humanos no recaiga solo en organizaciones, como ciudadanos podemos:
- Informarnos y compartir información responsable sobre violaciones.
- Participar activamente en iniciativas que promuevan la rendición de cuentas.
- Apoyar —con tiempo, asesorías o donaciones— a organizaciones como Documenta.
- Exigir a nuestras autoridades mecanismos de investigación y sanción efectivos, no discursos vacíos.
Nuestra democracia se define por cómo protegemos a quienes están más expuestos a la injusticia. Cuando la defensa institucional falla, es la sociedad quien debe asumir el rol de vigilante. Organizaciones como Documenta demuestran que es posible transformar esa frustración en acción, pero su labor necesita respaldo.
Defender los derechos humanos es una responsabilidad colectiva, no una opción.
Más info aquí: @documenta_ac
El valor del altruismo, por Aldo Farrugia
Aldo Farrugia es un mexicano comprometido con el altruismo y la RS. Fundador y Director de Comunal, una agencia que promueve el impacto social mediante consultoría, marketing con causa y conferencias. También preside la Fundación Comunal, dedicada al fortalecimiento de organizaciones sin fines de lucro.
Con una formación en Mercadotecnia y certificaciones en Estrategia Comercial y Sostenibilidad, ha colaborado con más de 50 ONGs, enfocándose en ayudar a diversos grupos vulnerables, desde personas con discapacidad hasta pacientes con cáncer.
Busca transformar el individualismo en activismo, fomentando la empatía y la participación social entre los mexicanos. En 2023, desafió sus propios límites al correr el maratón de la CDMX a ciegas para apoyar a niños con retinoblastoma, logrando recaudar más de $500,000 mxn y obteniendo un Récord Guinness.
