Notas

Ciudadanía responsable

Por: Leopoldo Lara

“Noventa y cinco por ciento de las empresas mexicanas son Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas); éstas a su vez aportan el 50% del PIB y el 60% del empleo”.

Así abrió su presentación Jorge Villalobos, presidente del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.) hace unos días en el “VII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables”.

Hizo mención a ello para dejar en claro la importancia que tienen los pequeños y medianos empresarios en la economía del país, no sólo en los números financieros sino también con aquellos que tienen que ver directamente con la calidad de vida de los mexicanos: los empleos generados.

Tenía mucho sentido su comentario, ya que este año casi la mitad de las empresas que fueron reconocidas por la institución que él preside como “Empresas Socialmente Responsables” son precisamente Pymes, lo que demuestra que el compromiso con la comunidad no es sólo un tema de grandes empresas o corporaciones internacionales.

Para lograr el distintivo, las empresas deben acreditar que llevan a cabo procesos de gestión interna que consideran, prevén y proponen soluciones a sus impactos en temas como el medio ambiente; la calidad de vida de sus colaboradores; la ética en su manera de hacer negocios; y, las necesidades de las comunidades en las cuales operan. Todo ello partiendo de una comunicación exhaustiva, transparente y metodológica con sus principales grupos de interés: sus accionistas; colaboradores; clientes; vecinos; proveedores; etc.

El reto para obtener el distintivo es alto, pero genera muchos beneficios. Y es que para llegar a él tuvieron que institucionalizarse muchas prácticas que antes en la empresa se hacían de manera espontánea, gracias a la visión de alguno de sus accionistas, de los requerimientos de algún cliente o las ideas innovadoras de algún colaborador. Cuando se obtiene el distintivo se demuestra que esas prácticas son llevadas a cabo mediante procesos que reconocen el valor que da a la empresa su ejercicio sostenido y evaluado. Al hacerlo así, los beneficios que genera con sus colaboradores, con la comunidad o con el medio ambiente, por ejemplo, son mucho más visibles y por supuesto más fáciles de medir y mejorar.

Por si fuera poco los beneficios que trae a la planeación estratégica de la empresa, cuando se obtiene un distintivo de esta naturaleza se logra elevar la reputación corporativa, porque se deja de manifiesto el compromiso público que se hace con esos temas de interés para todos. Es cierto que hay mercados más demandantes, como el europeo o el canadiense, pero es un hecho, cada vez más públicos están exigiendo que quienes les venden productos o servicios cumplan con lo que la legislación les exige y además de eso, con las prácticas internacionales más aceptadas en materia de derechos humanos; de lucha contra la corrupción; de remediación del medio ambiente; de inclusión y respeto a las minorías o a los grupos vulnerables; por ejemplo. La caída de acciones de grandes corporativos como “el caso Walmart” por prácticas corruptas para la instalación de sus tiendas en México, reflejan ese gran movimiento ciudadano que está obligando a las empresas, de todo tipo y tamaño a demostrar que sus prácticas éticas, responsables y sustentables, forman parte de su ADN y no sólo de campañas publicitarias o actividades de momento.

Vale la pena entonces, construir una sociedad más demandante y crítica que “empuje” a las empresas a que verdaderamente “digan lo que hacen y que hagan lo que dicen”, al igual que a los gobernantes y representantes populares. Un punto de inflexión ético y democrático en el que todos tenemos que intervenir.

La incorporación de las pequeñas y medianas empresas en este compromiso de responsabilidad social, es una muestra de que van en busca de los beneficios que trae aparejado, pero también de que no pueden hacer “oídos sordos” ante sus consumidores mucho más informados y exigentes.

Al final, todos queremos empresas y gobernantes responsables, que no serán una realidad si no trabajamos en una sociedad más organizada y crítica.


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José Leopoldo Lara Puente

Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.

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