El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones inéditas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Según EE UU, estas entidades habrían facilitado el lavado de dinero procedente de los principales cárteles mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva—, especialmente en operaciones relacionadas con la cadena de suministro de fentanilo, informó elpais.com
Las órdenes prohíben ciertas transferencias de estos bancos, que en conjunto manejan activos por 22.000 millones de dólares, y bloquean operaciones financieras vinculadas al narcotráfico. El caso reveló que, entre 2013 y 2021, Vector facilitó el envío de 2 millones de dólares desde Estados Unidos a México, y que entre 2018 y 2023 hizo pagos que superan el millón de dólares en favor de empresas chinas proveedoras de precursores químicos para fentanilo, a través de cuentas en México.
Por su parte, Intercam habría sido punto clave en el envío de fondos entre 2021 y 2024, canalizando 1.5 millones de dólares desde empresas mexicanas hacia China, vinculadas al suministro de químicos ilícitos para elaboración de fentanilo. Además, en 2022, altos ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos integrantes del CJNG para negociar esquemas de lavado de dinero.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron que revisan a las tres entidades. Hasta ahora, sus investigaciones sólo han derivado en sanciones administrativas por alrededor de 134 millones de pesos, sin evidencia de ilícitos penales. Las instituciones han negado las acusaciones y se ofrecieron a colaborar con autoridades de ambos países.
¿Por qué es relevante?
a) Riesgo reputacional y regulatorio: El señalamiento por parte de la FinCEN coloca a las entidades mexicanas bajo un escrutinio internacional sin precedentes. Más allá de las multas, están en juego relaciones con bancos corresponsales y acceso a divisas globales.
b) Integridad de la cadena de valor financiero: La acusación de lavado ligado a precursores químicos para fentanilo alerta sobre la vulnerabilidad de las instituciones financieras para ser usadas como canales de flujos ilícitos, lo que exige modelos de gestión de riesgos y due diligence más robustos.
c) Cohesión de políticas públicas y ESG: Este caso evidencia la necesidad de alinear regulaciones financieras nacionales con estándares globales. Refuerza la urgencia de integrar criterios ESG rigurosos en las operaciones, no solo por cumplimiento, sino por prevención de impactos sanitarios y sociales.
d) Responsabilidad corporativa: desde lo preventivo hasta lo reactivo: Las respuestas de implementación de controles internos, auditorías, reportes de operaciones inusuales y transparencia serán cruciales para las organizaciones, así como el desarrollo de mecanismos de respuesta corporativa ante sanciones transfronterizas.
¿Qué mirar ahora?
- ¿Cómo reforzarán CIBanco, Intercam y Vector sus procesos de debida diligencia para evitar nuevos riesgos de lavado?
- ¿Qué indicadores y métricas deben incorporar las áreas de RSE/ESG para monitorear su exposición a flujos ilícitos y su impacto en la reputación?
- ¿Cómo puede el sector financiero mexicano colaborar con autoridades internacionales y pares regionales para prevenir el uso de instituciones como facilitadoras del narcotráfico?
- ¿Qué rol deben asumir los programas de voluntariado corporativo y comunidad para reconstruir confianza tras este tipo de acusaciones?
- Comentario de la autora: Reflexionar sobre lecciones aprendidas en otros países afectados por sanciones FinCEN podría ofrecer insumos valiosos para diseñar protocolos de respuesta eficientes.
¿Qué sigue?
Este episodio marca un llamado urgente a la acción: las instituciones financieras mexicanas deben fortalecer sus sistemas de cumplimiento y gobierno corporativo con enfoque preventivo. Recomiendo:
- Implementar auditorías externas independientes especializadas en riesgos de lavado y financiamiento ilícito.
- Corporativizar comités de ética con representación de áreas legales, RSE y auditoría interna.
- Adoptar estándares internacionales (ej. Financial Action Task Force) como parte de la estrategia ESG.
- Incrementar la transparencia del reporte de operaciones sospechosas, hacia accionistas y reguladores.
- Desarrollar planes de comunicación proactiva con clientes, corresponsales y comunidad para minimizar el daño reputacional.
Solo con estas medidas se podrá recuperar la confianza institucional y alinear las prácticas corporativas con la sostenibilidad financiera y social.
