La promesa de apenas 50 millones de dólares para el Fondo de Adaptación encendió las críticas durante el décimo día de la COP31, celebrada en Antalya, Turquía. Activistas reprocharon a los países ricos que los recursos anunciados resultan insuficientes frente a las necesidades de las naciones que menos han contribuido a las emisiones, pero que enfrentan algunos de los impactos climáticos más severos.
El señalamiento vuelve a poner sobre la mesa una contradicción central de las negociaciones climáticas: mientras las pérdidas provocadas por sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos se acumulan, el financiamiento para prepararse y reducir la vulnerabilidad sigue sin corresponder a la magnitud del problema.
¿Cuánto ofrecieron los países ricos y cómo cambió el financiamiento?
Las cifras muestran un retroceso frente al año anterior. De acuerdo con los registros del propio Fondo de Adaptación, las contribuciones anunciadas pasaron de aproximadamente 138 millones de dólares en 2025 a 50 millones en la COP31: una reducción cercana al 64%.
| Año | Recursos anunciados para el Fondo de Adaptación |
|---|---|
| 2024 | 133 millones de dólares |
| 2025 | 138 millones de dólares |
| 2026 (COP31) | 50 millones de dólares |
En Antalya, los compromisos provinieron de España (27.8 millones de dólares), Alemania (11.1 millones), Irlanda (6.7 millones), la región de Bruselas, en Bélgica (3.2 millones), Portugal (1.1 millones) y Estonia (334 mil dólares). Aunque representan aportaciones concretas, el monto conjunto equivale apenas a una sexta parte de los 300 millones de dólares anuales que el Fondo considera su umbral mínimo de movilización de recursos.
La comparación requiere una precisión: estas cantidades corresponden a los compromisos dirigidos a un fondo específico, no al total del financiamiento internacional para adaptación. En ese rubro más amplio también hay señales de estancamiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los flujos públicos internacionales de adaptación de países desarrollados hacia países en desarrollo alcanzaron entre 28 mil 200 y 31 mil 700 millones de dólares en 2024, apenas mil millones más que el año anterior.
La diferencia entre ambas escalas no reduce la relevancia del anuncio: el Fondo de Adaptación financia exclusivamente proyectos para fortalecer la resiliencia de países en desarrollo mediante subvenciones. Además, enfrenta una demanda creciente, con una cartera activa de proyectos cercana a los 2 mil 400 millones de dólares y una meta de movilizar al menos 1 mil 200 millones entre 2026 y 2029.
Adaptación al cambio climático: los compromisos no alcanzan frente a las necesidades
La brecha se vuelve más evidente al contrastar los recursos disponibles con el costo estimado de prepararse para los impactos climáticos. El Adaptation Gap Report 2026 del PNUMA calcula que los países en desarrollo necesitarán alrededor de 305 mil millones de dólares anuales para 2035 para financiar medidas de adaptación.
En la COP30, celebrada en 2025, los gobiernos acordaron impulsar un aumento de tres veces en los flujos internacionales públicos para adaptación hacia 2035. Sin embargo, incluso si se cumple esa aspiración, el financiamiento cubriría apenas entre 20% y 29% de las necesidades estimadas. Es decir, el compromiso representa un avance, pero no resuelve la brecha.
El antecedente tampoco es alentador. En 2021, mediante el Pacto Climático de Glasgow, los países desarrollados acordaron duplicar para 2025 el financiamiento para adaptación respecto de los niveles de 2019. El objetivo equivalía a alcanzar alrededor de 40 mil millones de dólares anuales. Según el PNUMA, su cumplimiento todavía depende de un aumento significativo de los recursos canalizados por los bancos multilaterales de desarrollo.
Más daños climáticos, pero menos voluntad para financiar la respuesta
La crítica de las organizaciones civiles no se limita a que una cifra sea menor que otra. Señala una contradicción política: la adaptación al cambio climático gana espacio en los discursos y acuerdos internacionales, pero los recursos comprometidos no crecen al ritmo de los riesgos que enfrentan las comunidades.
El PNUMA advierte que el calentamiento global está encaminado a superar el umbral de 1.5 °C y que las pérdidas y daños climáticos aumentan. Como muestra de la desproporción entre necesidades y recursos, la primera ronda del Fondo para Responder a las Pérdidas y los Daños recibió solicitudes por 2 mil 800 millones de dólares, frente a una asignación inicial de apenas 342 millones.
La reducción de las promesas al Fondo de Adaptación también resulta difícil de conciliar con la responsabilidad histórica de los países desarrollados, cuyas economías han contribuido de manera desproporcionada a las emisiones acumuladas. Para las naciones más vulnerables, la falta de recursos no es un desacuerdo contable: significa menos infraestructura resistente, sistemas de alerta insuficientes, menor seguridad hídrica y alimentaria, y más exposición ante fenómenos extremos.
Además, importa cómo se entrega el financiamiento. Las organizaciones que cuestionaron los compromisos de Antalya insistieron en que debe privilegiarse el apoyo mediante subvenciones y no préstamos que aumenten la deuda de países que ya enfrentan pérdidas económicas y sociales por una crisis que no provocaron en la misma medida.
El financiamiento climático no puede quedarse en declaraciones
La COP31 deja una señal preocupante: mientras los impactos climáticos se intensifican, los compromisos destinados a preparar a las comunidades para enfrentarlos retroceden. La promesa de triplicar los recursos hacia 2035 pierde credibilidad si, en el presente, los fondos especializados reciben aportaciones menores y no alcanzan siquiera sus objetivos mínimos de movilización.
La adaptación al cambio climático exige algo más que reconocer la vulnerabilidad de los países en desarrollo. Requiere financiamiento previsible, suficiente y accesible, además de mecanismos que permitan convertir los compromisos en protección concreta. De lo contrario, la solidaridad internacional seguirá expresándose en las negociaciones, mientras las comunidades más expuestas continúan asumiendo el costo de una crisis que no generaron.












