La administración de Donald Trump quiere dar a las automotrices estadounidenses mayor libertad para fabricar vehículos de gasolina con requisitos de eficiencia menos estrictos. Para hacerlo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció una nueva regulación llamada Freedom Means Affordable Cars, con la que busca reducir los costos que, según el gobierno, generan los estándares actuales de consumo de combustible.
La decisión modifica las reglas aplicables a los vehículos de los años modelo 2022 a 2031 y revierte los incrementos de eficiencia establecidos durante el gobierno de Joe Biden. Asimismo, el cambio tiene una consecuencia ambiental directa: vehículos menos eficientes pueden consumir más gasolina y, por tanto, generar mayores emisiones durante su vida útil.
¿Qué hace exactamente Freedom Means Affordable Cars?
La iniciativa Freedom Means Affordable Cars flexibiliza los estándares de eficiencia de combustible que deben cumplir los automóviles, SUV y camionetas ligeras nuevos. Estas reglas determinan qué distancia deben recorrer los vehículos con un galón de gasolina y, por esa vía, funcionan también como uno de los principales mecanismos regulatorios para reducir emisiones.
La administración Biden había elevado progresivamente esos requisitos:
- 8% anual para los modelos 2024 y 2025.
- 10% en 2026.
- 2% anual entre 2027 y 2031.
La nueva regulación reduce considerablemente ese ritmo. El estándar final establece que la flota alcance un promedio de 34.9 millas por galón para 2031, frente a las 50.4 millas por galón que contemplaban las reglas de la administración Biden. Además, elimina a partir de 2028 el sistema de intercambio de créditos de eficiencia entre fabricantes.
En términos prácticos, esto significa que los fabricantes tendrán que hacer menos mejoras de eficiencia para cumplir con la regulación. La medida no obliga a las compañías a abandonar los vehículos eléctricos ni establece que deban producir más automóviles de gasolina; reduce la presión regulatoria para mejorar el rendimiento de los vehículos que utilizan combustibles fósiles.
¿Por qué Trump quiere reducir los controles de emisiones?
La administración Trump presenta la iniciativa como una medida para abaratar los automóviles y aumentar la producción nacional. El Departamento de Transporte estima que reducirá en 1,300 dólares el costo promedio de un vehículo nuevo y permitirá ahorrar a los consumidores 138,000 millones de dólares durante los próximos cinco años.
Trump, por su parte, ha argumentado que los requisitos de kilometraje anteriores encarecían innecesariamente la fabricación de automóviles y los vehículos que llegan al consumidor.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre el discurso de la administración y la naturaleza de la regulación. Trump se ha referido repetidamente a un supuesto “mandato” federal de vehículos eléctricos, aunque ninguna política federal obligaba a las automotrices a vender vehículos eléctricos. La administración Biden había establecido como objetivo que los vehículos eléctricos representaran la mitad de las ventas de autos nuevos en 2030, pero se trataba de una meta de política pública.
La nueva regulación tampoco establece una prohibición de los vehículos eléctricos. Lo que hace es reducir los requisitos de eficiencia que condicionan el desempeño de los vehículos nuevos, incluidos los de combustión.
Menos controles de emisiones también significa más consumo de combustible
El propio análisis gubernamental permite dimensionar la otra cara de la medida. La propuesta de estándares menos exigentes estimaba un aumento del consumo de combustible de aproximadamente 100,000 millones de galones hasta 2050, 185,000 millones de dólares adicionales en gasto de combustible y cerca de 5% más emisiones de dióxido de carbono.
Así, parte del ahorro que la administración espera conseguir en el precio inicial del automóvil puede trasladarse al periodo de uso del vehículo: un automóvil menos eficiente requiere más combustible y queda más expuesto a las variaciones en su precio.
Para las empresas, la flexibilización de los controles de emisiones puede reducir costos de cumplimiento y dar mayor margen para mantener vehículos de combustión en el mercado, pero también puede aumentar la exposición a riesgos relacionados con combustible, regulación climática y expectativas de descarbonización.
¿Qué dicen los defensores del clima sobre el impacto ambiental y en la salud?
Las organizaciones ambientales y de salud pública cuestionan que el menor costo inicial de los vehículos compense los efectos asociados con un mayor consumo de gasolina y contaminación.
Dan Becker, director de la campaña Safe Climate Transport del Center for Biological Diversity, señaló que la nueva norma “ignora la viabilidad de la tecnología limpia y los millones de coches de bajo consumo que ya circulan por las carreteras”. La organización sostiene que los nuevos estándares permitirán fabricar vehículos que consuman más gasolina y generen más contaminación.
Desde la perspectiva de salud pública, Harold Wimmer, presidente y CEO de la American Lung Association, fue más específico sobre las consecuencias potenciales: “La nueva norma generará más contaminación atmosférica, perjudicará la salud y acelerará el cambio climático”. Wimmer también advirtió que la contaminación del tráfico puede afectar especialmente a niñas y niños, al dificultar el desarrollo pulmonar, favorecer nuevos casos de asma infantil y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias.
La preocupación ambiental tiene además una dimensión cuantificable. El Center for Biological Diversity estima que las reglas anteriores habrían llevado a una eficiencia promedio de 50.4 millas por galón en 2031, mientras que el nuevo estándar apunta a 34.9 millas por galón. La organización advierte que la diferencia permitirá un mayor consumo de gasolina y más contaminación.
Para los líderes ESG, el debate es relevante porque los controles de emisiones funcionan como un mecanismo para trasladar parte de los costos ambientales de la movilidad al diseño y fabricación de los vehículos. Al reducirse esa exigencia, aumenta la responsabilidad de las propias compañías para determinar si mantendrán objetivos de eficiencia y reducción de emisiones más ambiciosos que el mínimo regulatorio.
El reto ESG: adaptarse a una regulación más flexible
La nueva regulación ilustra un desafío para las automotrices: el gobierno puede reducir el piso regulatorio, pero las expectativas ambientales del mercado no necesariamente disminuyen al mismo ritmo.
Una menor exigencia puede favorecer, en el corto plazo, la producción de vehículos de combustión y reducir determinados costos de cumplimiento. Pero las empresas que mantienen objetivos climáticos, compromisos de descarbonización o estrategias de transición energética tendrán que decidir cómo responder a este nuevo escenario sin generar una brecha entre sus compromisos ESG y sus decisiones de producto.
La iniciativa Freedom Means Affordable Cars representa, en suma, un cambio de dirección en la política automotriz estadounidense: menos presión regulatoria para elevar la eficiencia de los vehículos nuevos y mayor libertad para los fabricantes. Para las empresas, la pregunta ya no es solamente cuánto les exige la regulación, sino qué nivel de eficiencia y reducción de emisiones están dispuestas a mantener cuando el estándar legal es menos exigente.
