Por Edgar López
Me lo terminó de explicar un lugar bastante inesperado: The Economist.
La semana pasada, The Economist cuestionó uno de esos acuerdos que durante años parecieron difíciles de discutir: si una persona o una empresa dona dinero a una buena causa, ¿por qué no incentivar esa decisión permitiéndole deducir parte de ese donativo de sus impuestos?
La lógica parece impecable. El donante aporta, la organización recibe, la sociedad se beneficia y el Estado, mediante el incentivo fiscal, busca que más recursos privados lleguen a problemas que muchas veces él mismo no alcanza a resolver.
Sólo que The Economist hace un planteamiento interesante: ¿y si las cuentas no salen?
El artículo cita una investigación según la cual, si los incentivos fiscales reducen 10% el costo efectivo de donar, las aportaciones aumentan apenas 6%. En otras palabras, el Estado podría dejar de recaudar más de lo que consigue movilizar como filantropía adicional.
Pero el problema más interesante no es contable. Es otro: ¿quién decide qué merece ser financiado?
Porque el incentivo fiscal no cambia quién toma la decisión. Una persona o una empresa puede elegir destinar su donativo a educación, salud, cultura o medio ambiente. La causa sigue siendo elegida privadamente, aunque esa elección tenga un costo para la recaudación pública.
Y ahí pensé en México.
Una vieja desconfianza
Quizá ahora entiendo un poco mejor una de las obsesiones de la llamada Cuarta Transformación: eliminar intermediarios.
No porque la discusión de The Economist y la de López Obrador fueran iguales. No lo eran. En un caso hablamos de incentivos fiscales a decisiones filantrópicas privadas; en el otro, de una política que buscó reducir la intermediación de organizaciones sociales en el ejercicio de recursos públicos.
Pero ambas discusiones rozan una pregunta que me parece interesante: ¿quién debe decidir cómo se canalizan recursos destinados al bienestar?
La OCDE documenta esta relación en Private Philanthropy for Development in Mexico. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, señala, la relación entre el sector filantrópico y el gobierno federal se volvió crecientemente tensa. En 2019 se eliminó el financiamiento federal al tercer sector, incluido el Programa de Coinversión Social. Después desapareció INDESOL y distintas modificaciones fiscales endurecieron las condiciones bajo las cuales operan las organizaciones.
La lógica política era conocida: reducir intermediarios y privilegiar que el Estado entregara directamente los apoyos. Mi lectura es que ahí había algo más que una decisión administrativa: una concepción del Estado como protagonista del bienestar, no sólo como financiador.
Eso no significa que la 4T negara la capacidad de empresas, fundaciones u organizaciones para contribuir. Pero sí puso bajo sospecha una idea que durante años habíamos aceptado con relativa comodidad: que intermediar recursos para una causa social otorgaba, por sí mismo, legitimidad.
Vista desde ahí, la pregunta adquiere otra dimensión: que una decisión sea pública no significa necesariamente que sea mejor; pero que sea privada tampoco garantiza que responda mejor a las necesidades sociales.
Porque la filantropía mexicana no es marginal
La OCDE analizó información de más de 300 organizaciones y encontró algo que ayuda a dimensionar la discusión. Entre 2020 y 2023, las 328 mayores organizaciones filantrópicas nacionales desembolsaron alrededor de 3,400 millones de dólares.
En el mismo periodo, 27 donantes filantrópicos internacionales aportaron 274 millones y la ayuda oficial al desarrollo proveniente de miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sumó 3,160 millones. Es decir, la filantropía nacional movilizó incluso un volumen ligeramente superior al de la ayuda oficial al desarrollo recibida por México en esos cuatro años.
Pero esos recursos están altamente concentrados. Los diez mayores financiadores representan casi la mitad del total, y entre ellos aparecen varios nombres estrechamente vinculados con el mundo empresarial mexicano. Fundación Carlos Slim encabezó la lista con aproximadamente 676 millones de dólares desembolsados entre 2020 y 2023; Fundación BBVA México registró 302 millones; Fundacion Telmex Ac, 68 millones; Fundación FEMSA , 67 millones; y Fundación Coppel, 56 millones.
Juntas, esas cinco organizaciones representan alrededor de 1,169 millones de dólares en cuatro años. No es poca cosa.
Y tampoco estamos hablando exclusivamente de entregar cheques. La filantropía mexicana concentra buena parte de sus recursos en protección social, salud y educación. Según la OCDE, esos tres ámbitos recibieron casi tres cuartas partes de los desembolsos nacionales analizados.
Es decir, estamos hablando de recursos que intervienen directamente en algunos de los mismos problemas que intenta atender la política pública.
Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿estaríamos necesariamente mejor si esos recursos nunca hubieran pasado por las fundaciones y hubieran sido recaudados y ejercidos exclusivamente por el Estado?
No encuentro evidencia suficiente para responder que sí. Pero tampoco para responder que no. Porque aquí aparece la otra incomodidad: la filantropía tampoco distribuye necesariamente sus recursos de acuerdo con dónde existe mayor necesidad.
Ciudad de México recibió unos 780 millones de dólares entre 2020 y 2023, cerca de 90 dólares por habitante. Nuevo León también aparece entre las entidades con mayor financiamiento per cápita. La propia OCDE observa que parte de esa concentración puede estar relacionada con la ubicación de las fundaciones.
Más revelador todavía: cuando se compara el financiamiento con los niveles de pobreza, la relación va ligeramente en sentido contrario al que esperaríamos. Los municipios con mayores niveles de pobreza tienden, en promedio, a recibir menos financiamiento filantrópico per cápita. Estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pese a sus elevados niveles de pobreza, reciben niveles apenas promedio de apoyo.
Aquí la pregunta de The Economist vuelve a cobrar fuerza. Si una parte de la filantropía es incentivada mediante recursos que el Estado deja de recaudar, ¿deberíamos conformarnos con que esos recursos terminen donde el donante prefiera y no necesariamente donde existe mayor necesidad?
Probablemente no. Pero la pregunta cambia cuando quien aporta los recursos es una empresa.
¿Y si la causa también beneficia a la empresa?
La discusión se vuelve todavía más compleja cuando dejamos la filantropía tradicional y entramos en el terreno de la inversión social empresarial.
Durante años hemos celebrado que las empresas abandonen la lógica de repartir donativos entre causas inconexas y construyan estrategias sociales relacionadas con sus capacidades, territorios y negocios. La propia OCDE observa esa evolución en México: la responsabilidad social ha pasado de sus raíces filantrópicas hacia una práctica más estructurada y alineada con el negocio, impulsada también por las expectativas de los grupos de interés y los marcos ESG.
Y esa alineación puede generar beneficios para las compañías.
Una empresa que invierte en agua alrededor de sus operaciones puede contribuir al bienestar comunitario y, al mismo tiempo, reducir un riesgo real para su propia operación. Lo mismo ocurre con la educación: puede ampliar oportunidades para jóvenes y, a la vez, contribuir a formar el talento que la empresa necesita. Una intervención comunitaria bien diseñada puede mejorar condiciones de vida y fortalecer simultáneamente relaciones, reputación y licencia social para operar.
Eso no hace menos legítima la inversión. De hecho, la coincidencia entre valor social y valor empresarial puede hacer que una intervención tenga más posibilidades de mantenerse en el tiempo.
El problema aparece cuando confundimos ambos resultados: que algo sea conveniente para la empresa no demuestra, por sí mismo, que haya generado bienestar para la sociedad.
Invertir millones tampoco equivale a generar millones en impacto, aunque a veces el discurso corporativo trate ambas cosas como si fueran sinónimos.
La filantropía tampoco queda exenta
Porque si vamos a cuestionar al gobierno y a las empresas, debemos aplicar el mismo estándar a las fundaciones.
La OCDE encontró que cerca de dos terceras partes de las organizaciones encuestadas publican informes anuales o evaluaciones de desempeño, pero menos de la mitad publica estados financieros auditados y todavía menos transparenta estrategias de otorgamiento de recursos, procesos o planes estratégicos. Seis organizaciones dijeron no hacer pública ninguna de esas categorías de información.
Con la medición ocurre algo parecido. Los reportes de campo, la retroalimentación de beneficiarios y las evaluaciones de proceso son relativamente comunes. Pero conforme aumenta la complejidad metodológica, disminuye su utilización: las evaluaciones de costo-efectividad son menos frecuentes y las evaluaciones de impacto son utilizadas aproximadamente por un tercio de las organizaciones.
Y eso importa porque donar no es sinónimo de generar impacto. Como tampoco lo es invertir socialmente. Ni ejecutar un programa gubernamental.
Quizá elegimos mal la discusión
Durante años hemos planteado este debate como una competencia entre Estado y sociedad civil, entre impuestos y filantropía, entre programas sociales e inversión privada.
Pero la evidencia de la OCDE apunta hacia otro lugar.
La filantropía puede asumir riesgos que un gobierno difícilmente asumiría, experimentar con soluciones y aportar conocimiento especializado. El Estado, en cambio, tiene una capacidad de escala, cobertura y redistribución que ninguna fundación puede sustituir. Y las organizaciones sociales pueden aportar algo que ambos pierden con facilidad: conocimiento especializado y cercanía con determinadas comunidades.
Quizá el error está en preguntarnos quién debería sustituir a quién.
La OCDE propone algo bastante menos espectacular y probablemente más útil: más transparencia, mejores datos, mayor evaluación, menos barreras burocráticas y, sobre todo, mayor colaboración entre gobierno y filantropía. Hoy, más de dos terceras partes de las fundaciones encuestadas reportan poca o ninguna interacción con instituciones federales en el diseño e implementación de sus proyectos.
Hay incluso una señal hacia adelante: en octubre de 2024, 1,518 organizaciones expresaron formalmente su disposición a colaborar con la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
Tal vez ésa sea una conversación mucho más productiva para México.
Al final, todos tienen que demostrarlo
Después de leer The Economist y contrastarlo con los datos de la OCDE, entiendo un poco mejor de dónde surgió parte de la desconfianza de la 4T hacia la intermediación filantrópica. Entenderla no significa asumir que la respuesta elegida haya sido la correcta.
The Economist pregunta si el bienestar adicional generado por un incentivo fiscal justifica lo que el Estado deja de recaudar. Las fundaciones pueden cuestionar si el gobierno necesariamente identificaría mejor las necesidades o utilizaría los recursos con mayor eficacia. Y las empresas pueden sostener, con razón, que generar valor social y valor para el negocio no son objetivos incompatibles.
Pero ninguna de esas posiciones responde por sí sola a lo verdaderamente importante:
¿Qué cambió? ¿Para quién? ¿Cuánto de ese cambio puede atribuirse razonablemente a la intervención? ¿Y el beneficio generado justifica los recursos utilizados?
Ahí es donde, para mí, cambia la discusión.
El Estado decide. Las fundaciones deciden. Las empresas deciden.
Lo que ninguno puede decidir es que tuvo impacto. Tiene que demostrarlo.
Y hacerlo con evidencia que otros puedan revisar.
Fuentes
The Economist (2026), Tax breaks for charity donations are a poor way to do good, 29 de agosto de 2026.
OECD – OCDE (2025), Private Philanthropy for Development in Mexico, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fb8680ff-en
R con R, por Edgar López
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
Edgar López es un activo participante en diversos comités dedicados a promover la responsabilidad social en México.
