La estabilidad laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos del mercado de trabajo en el país. Aunque contar con un empleo representa una fuente de ingresos y desarrollo personal, millones de personas desempeñan sus actividades sin la certeza jurídica que brinda un contrato escrito, una condición que limita el acceso efectivo a diversos derechos laborales.
Los datos más recientes del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revelan que casi la mitad de las personas asalariadas trabajan sin un contrato estable. Más allá de una cifra estadística, este escenario refleja un problema estructural que impacta la seguridad económica de las familias, la productividad de las empresas y la construcción de entornos laborales responsables.
Contratos laborales en México: una realidad marcada por la incertidumbre
Los contratos laborales en México continúan siendo un pendiente para garantizar condiciones de trabajo dignas. De acuerdo con el Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno, de los 39.3 millones de personas con empleo remunerado y subordinado, 18.6 millones laboran sin un contrato estable, equivalente al 48% del total de trabajadores asalariados del país.
La cifra representa un incremento anual de 135,999 personas, es decir, un crecimiento de 0.73% respecto al cuarto trimestre de 2025. Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la ausencia de un contrato escrito y la falta de representación democrática en la negociación colectiva alimentan la precariedad laboral y colocan a millones de trabajadores en una situación de indefensión frente a posibles abusos o conflictos laborales.
Los jóvenes concentran la mayor vulnerabilidad
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que la población joven enfrenta una exposición significativamente mayor a esta problemática. El 60% de las personas que trabajan sin contrato estable tiene entre 15 y 29 años, mientras que el 42% corresponde a adultos de entre 30 y 64 años.
Además de la edad, el tipo de contratación también refleja condiciones precarias. Del total de trabajadores afectados, 15.8 millones ni siquiera cuentan con un documento por escrito que formalice su relación laboral, mientras que otros 2.8 millones laboran bajo contratos temporales, incluso cuando desempeñan funciones permanentes dentro de las organizaciones.
La legislación vigente establece que toda persona que presta un servicio subordinado debe contar con un contrato individual de trabajo donde se especifiquen las condiciones laborales, los datos del trabajador y del empleador, así como la duración de la relación laboral, ya sea por tiempo determinado, por temporada o con periodo de prueba.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advierte que utilizar contratos temporales para puestos permanentes impide la generación de antigüedad y facilita evitar el pago de indemnizaciones en caso de despido. Desde la perspectiva de la organización, estas prácticas constituyen una vulneración al derecho al trabajo y limitan la estabilidad que debería ofrecer un empleo formal.
La ausencia de contratos no elimina los derechos del trabajador
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recuerda que la responsabilidad de elaborar un contrato por escrito corresponde al empleador. Su ausencia puede generar inseguridad laboral, incrementar la rotación de personal y dificultar la resolución de conflictos entre ambas partes.
Sin embargo, la dependencia también aclara que la falta del documento no elimina los derechos de las personas trabajadoras. La legislación mexicana protege las prestaciones y garantías derivadas de la relación laboral, aun cuando ésta no haya quedado formalizada mediante un contrato escrito.
La representación colectiva también refleja la precariedad
La falta de estabilidad contractual no es el único indicador de vulnerabilidad laboral. El Observatorio de Trabajo Digno señala que el 86% de las personas asalariadas y subordinadas, equivalente a 33.2 millones de trabajadores, carece de afiliación sindical.
Entre quienes no cuentan con representación colectiva predominan los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 83%, mientras que el 13% corresponde a jóvenes de 15 a 29 años. Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, fenómenos como el sindicalismo patronal, la baja afiliación y prácticas de corrupción sindical limitan la capacidad de negociación de los trabajadores y profundizan la precariedad laboral.
El panorama de los contratos laborales en México evidencia que el acceso a un empleo no siempre garantiza condiciones de trabajo estables ni la posibilidad de ejercer plenamente los derechos laborales. La permanencia de millones de personas sin contratos escritos o con esquemas temporales refleja desafíos que van más allá del mercado laboral y alcanzan dimensiones sociales y económicas.
Fortalecer los contratos laborales en México, promover relaciones laborales transparentes y fomentar mecanismos efectivos de representación colectiva son elementos fundamentales para avanzar hacia un trabajo digno. Para empresas comprometidas con la responsabilidad social, formalizar el empleo y proteger los derechos de las personas trabajadoras no solo representa una obligación legal, sino también una práctica clave para construir organizaciones más sostenibles y competitivas.
