Publicar una norma no reduce emisiones, sino hasta la sustitución de los vehículos.

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Las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México han vuelto a poner en el centro del debate público el tema de la calidad del aire en las urbes del centro del país. En respuesta a ello, quienes formamos parte de la industria automotriz y del autotransporte hemos hecho explícito nuestro compromiso con el gobierno para fomentar el uso de las tecnologías más avanzadas, que sean adecuadas para los transportistas mexicanos y que contribuyan a reducir las emisiones.

Hoy, la solución al problema de las emisiones de vehículos pesados pasa directamente por la reducción de la edad de la flota. De acuerdo con las cifras más recientes de la SCT, la flota de carga que circula por las carreteras y ciudades de México se compone de 489,487 vehículos pesados motrices. De total, el 34.2% son recientes de 0 a 10 años de antigüedad, 30.3% van de los 11 a los 20 años de antigüedad y 35.5% cuentan con más de 21 años de antigüedad. Esto quiere decir que la flota de autotransporte de carga a nivel federal cuenta con 17 años de antigüedad en promedio y que por cada vehículo nuevo circula uno de 34 años.

Ello, sin tomar en cuenta que las flotas registradas en las entidades federativas están igual o en peores condiciones, ya que las regulaciones en algunos estados son mucho más laxas que las federales.

Así pues, la solución parte de una lógica muy sencilla: sacar de circulación los vehículos pesados más viejos y contaminantes e impulsar la adquisición de vehículos nuevos y más limpios. Para reducir la edad promedio de la flota se puede fomentar la salida de los camiones viejos estableciendo una edad máxima a los vehículos, o bien, realizando verificaciones ambientales. Ambas tienen sus implicaciones.

Actualmente a nivel federal existe una edad tope de 15 años para autobuses foráneos que circulan en carreteras federales, aunque existe un porcentaje de estos vehículos que los sobrepasa.

En las entidades federativas que tienen el transporte público urbano concesionado se optó por poner límites a vehículos que van de los 10 a los 15 años, siendo más efectiva la supervisión de algunas rutas que sí cumplen estas condiciones. El transporte de carga no tiene limitantes en este sentido, por lo cual los vehículos con placas estatales y federales pueden circular sin importar cual sea su edad.

La verificación ambiental es otra opción para retirar unidades altamente contaminantes sin importar su edad; no obstante, la implementación de dichas medidas constituye un gran reto debido a la corrupción.

Ambas medidas, establecer una edad máxima para la circulación y la verificación ambiental pueden ser eficientes si son aplicadas con transparencia y contundencia. El reto para la autoridad consiste en aplicarlas sin afectar a las micro y pequeñas empresas de carga y pasaje, ya que no todas tienen la capacidad de llevar a cabo una renovación de los vehículos.

La experiencia en otros países que han implementado normas que implican la adquisición de nuevas tecnologías nos indica que la inversión inicial se puede incrementar de un 10 hasta 20%. De aplicarse sin incentivos, la implementación de la norma tendría impacto directo sobre los usuarios y los miles de transportistas de carga, cuyo vehículo es el sustento familiar, aumentando las presiones inflacionarias que actualmente afectan a nuestro país debido al tipo de cambio.

En pasaje, la historia tampoco es diferente, especialmente en los autobuses urbanos que se verían afectados en la posibilidad de renovar flota, y la única solución es aumentar las tarifas de pasaje o que se les apoye con incentivos directos.

Fuente: Forbes

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