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Transportistas no son oficiales de migración, reclaman

En la búsqueda de una estabilidad económica, un mejor ambiente e incluso una mejor vida, cientos de personas se trasladan de un lugar a otro con un objetivo claro: hacer una vida nueva.

Sin embargo, con esta creencia se enfrentan a diversas situaciones que ponen en peligro su vida y la de quienes los acompañan.

Con la ayuda de diferentes transportes, varias personas se han podido trasladar a la frontera del nuestro país, por ello el Instituto Nacional de Migración advirtió a las empresas de transporte de pasajeros, que serán castigadas en caso de que trasladen hacia la frontera en sus unidades a migrantes indocumentados.

A través de un oficio dirigido a “propietarios, concesionarios y operadores de autotransporte”, detalla la crisis migratoria que vive México, y detalla que los traficantes de personas están usando las líneas de autobuses para llevar a la frontera a personas de diferentes nacionalidades.

Ante esta situación, los empresarios están reclamando que no es labor suya ser oficiales de migración.

«No es tarea de ninguna empresa el ser oficial de migración, porque no tenemos la facultad. Si nosotros, como empresarios, exigimos a cualquier persona que nos presente un documento oficial, pues se pueden negar sin ningún problema, porque no somos autoridad”.

De acuerdo con el presidente de Coparmex, José Antonio Toriello, existe mucho malestar por parte de los empresarios ante las medidas impulsadas por el gobierno, «para que transportistas pidan documentación de las personas que utilicen autobuses o taxis».

Transportistas no son oficiales de migración

Diversas empresas de transporte publicaron nuevas medidas de control en la frontera sur, para evitar el paso de migrantes indocumentados, entre ellas pedir a los pasajeros que no sean mexicanos que muestren su pasaporte, para poder abordar.

Esta es una regulación impuesta por el gobierno, después del acuerdo que se hizo con Estados Unidos para frenar el tránsito de migrantes, especialmente centroamericanos.

oriello dice que está de acuerdo con el control a los migrantes, pero cree que no se puede responsabilizar a las empresas.

“Amenazar a las empresas de autotransporte de que si llevan a algún indocumentado van a ser sancionados, o puede ser un delito, pues la verdad es que en cada una de las terminales deberían entonces de poner a un agente de migración, a revisar documentos, pero no exigirle a una empresa privada que haga ese trabajo”, dice.

“¿Qué pasaría si el personal de la línea de autobús revisa el documento y resulta que es falso? El personal no está capacitado para detectar eso”.

Por su parte, según Animal Político, el secretario de Relaxiones Exteriores, Marcelo Ebrad, dijo que se están investigando a empresas de transporte por su presunta vinculación con el tráfico de personas. Este incremento de la vigilancia sobre el transporte llega después de que el 16 de junio fuesen interceptados 791 migrantes en Veracruz, transportados a bordo de cuatro camiones de carga.

Responsabilidad de las empresas

Los migrantes que llegan cruzando el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México, tienen que eludir los retenes instalados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en los accesos a Tapachula.

Una vez dentro de la ciudad ya no son perseguidos. De hecho, es habitual que tomen medios de transporte para acudir a la estación migratoria Siglo XXI, donde decenas de personas guardan fila a diario para que Migración les registre, o la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), colapsada ante el incremento de solicitantes de asilo.

Las empresas dicen que es función de las autoridades detener a los migrantes y por ello recomiendan imponer retenes.

Son las compañías de largos trayectos, como ADO, Omnibus y Flecha Amarilla, las que se ven obligadas a registrar a sus usuarios.

“Ya ha habido quejas de los pequeños y medianos transportistas de la zona porque los están amenazando con que si transportan migrantes sin documentos, pues que los van a meter al bote por tráfico de personas”, dice Toriello.

“Lo mismo está pasando con los hoteleros; se hicieron unos cateos totalmente ilegales, donde se metieron en varios hoteles en Tapachula y se pusieron a revisar cuartos, y a personas y a familias, incluyendo a mexicanos que se llevaron un gran susto”.

¿Cómo deberían actuar?

Las empresas deberían implementar un protocolo para evitar el roce con las autoridades, sin embargo, también las autoridades tendrán que cooperar para que su operativo realmente funcione ya que no solo es trabajo de las empresas, se trata de un trabajo en conjunto que únicamente juntos pueden llegar al objetivo final.

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