Por: Fernando Montoya Vargas

Actualmente el Gobierno de México ha reconfigurado el discurso hacia las organizaciones de la sociedad civil (OSC) impactando negativamente a leyes, normativas, presupuestos y órganos colegiados diseñados para fomentar sus actividades. Ha negado (o desconocido) la trascendencia que tienen las organizaciones para México: actualmente existen alrededor de 44,000 OSC distribuidas en todo el país; representan el 2.7% del PIB y 3% del PEA, además generan más de un millón de empleos.

Desde principios de 2019, los posicionamientos del Presidente López Obrador han girado en torno a la eliminación de apoyos y transferencias económicas a las OSC, bajo el argumento de una nueva política social que beneficie directamente a la población sin intermediarios, es decir, sin las organizaciones. Estos hechos resultan ser preocupantes pues niegan avances democráticos e institucionales que no podían haber sido alcanzados mediante el compromiso de la sociedad civil organizada, cuya movilización y trabajo, han puesto de manifiesto al Estado la importancia de abrir espacios de trabajo conjunto para el desarrollo de políticas públicas, en breves términos: en la construcción de gobernanza.

Es conocido que los gobiernos poco democráticos se caracterizan por obstaculizar el trabajo de espacios de gobernanza por medio de diversas estrategias, entre ellas, a) la burocratización de la relación al llevar las discusiones de lo sustantivo (política pública) a lo procedimental (minutas, reportes, etc.); b) desarticulación de sus integrantes mediante la búsqueda de inclusión de nuevos actores y afines al régimen y la expulsión o aceleración del término de los nombramientos; c) replanteamiento de la forma de gobierno de los mecanismos a través de los cambios a estatutos vigentes, cambio en los procesos de selección de consejeras y consejeros, cambio en las formas  de operación y estructura interna; d) incumplimiento de la ley o su obstaculización.

Estas cuatro formas de ataque a los mecanismos de participación ciudadana se han dado en los últimos meses, desde la Secretaría de Gobernación, en especial desde la Subsecretaría que encabeza Diana Álvarez Maury. Los integrantes académicos y sociales del Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), creado en 2004, han sido testigos durante estos meses de la difícil interlocución con sus funcionarios.

El CTC, cuyo objetivo es evaluar políticas y acciones de fomento para fortalecer las capacidades colaborativas entre gobierno y sociedad civil, tiene una agenda de trabajo de gran impacto para las OSC: la eliminación del límite de deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a donatarias autorizadas; la supresión del límite establecido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) del 5% dirigido a gastos administrativos; la creación de un mecanismo único que conjugue procesos administrativos y trámites para la obtención de la CLUNI; la generación de una Ley Nacional de Fomento que transite a un Sistema Nacional de Fomento, entre otras 40 propuestas.

Uno de los requerimientos para que exista estabilidad en los sistemas políticos contemporáneos es la  capacidad de diálogo y negociación entre gobierno y sociedad. La Subsecretaria Álvarez Maury tiene aún tiempo de revertir estos errores, de lo contrario, la polarización ciudadana continuará.


Fernando Montoya Vargas

Consejero Académico del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

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