Ocho de las solicitudes a la Sagarpa corresponden a cruzas transgénicas riesgosas, no aprobadas en Estados Unidos; la empresa propone cultivos experimentales con un marco de bioseguridad “a criterio” del solicitante.
A pesar de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomienda que las siembras experimentales de maíz transgénico sólo se realicen en instituciones públicas que cuenten con un protocolo de seguridad a fin de tener un manejo cuidadoso y con fines estrictamente de investigación (1), la empresa de biotecnología Monsanto pretende experimentar con nuevas cruzas transgénicas, en campo abierto y con supervisión privada y no gubernamental, denunció Greenpeace.
Las 12 solicitudes de siembra experimental, que Sagarpa somete a consulta pública en su página de internet, presentan una serie de irregularidades que van desde errores en las fechas para las cuales se están requiriendo hasta falsedad en la información, razón suficiente para negar la autorización de las mismas.
Cuatro de las solicitudes establecen como periodo de liberación enero-febrero de 2009, fecha anterior a la presentación de las solicitudes (abril de 2009). Las otras ocho solicitudes contemplan la cruza de genes de dos variedades transgénicas distintas, a pesar de que este tipo de eventos no han sido autorizados en Estados Unidos, tal y como se observa en la base de datos de Agbios, que sólo reconoce las autorizaciones de esas variedades en Japón y Taiwan (2). Una cruza de dos variedades transgénicas amerita una evaluación completamente diferente de la hecha por separado a cada una de ellas.
De igual manera, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco ha emitido autorización a dichas cruzas. La LBOGM en sus artículos 40, 42 y 43 establece que no se podrá importar o liberar organismos genéticamente modificados (OGM) cuando no hayan sido autorizados en su país de origen y por la Secretaría de Salud en México. Al ser la cruza un nuevo transgénico totalmente distinto, no puede ser autorizado. Monsanto pretende hacer en suelo mexicano y con el maíz mexicano lo que ni siquiera en su país de origen le está permitido.
“Es claro que Monsanto está presionando a la Sagarpa para que le autorice la siembra de maíz transgénico en México, no sólo para hacer experimentación en campo abierto, sino para pasar a la fase de comercialización, sin llevar a cabo el análisis y la evaluación de riesgo apegadas a la ley. De autorizar este tipo de siembras, el gobierno federal estaría permitiendo un grave crimen ambiental: la contaminación y pérdida del maíz mexicano”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
Al analizar las 12 solicitudes presentadas por la transnacional ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), queda claro que de ser aprobadas esto representará una violación sistemática de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), un evidente conflicto de interés y un alto riesgo de contaminación de la producción maicera del país.
En sus solicitudes, Monsanto propone incluir parcelas particulares de agricultores cooperantes con la empresa, para ampliar los sitios de siembras experimentales y que éstas sean supervisadas y evaluadas a discreción de esta compañía e incluir otros campos de cultivo fuera de los establecidos en el marco de bioseguridad.
Desde 2006, la Conabio ha enfatizado la necesidad de condicionar la autorización de las siembras de maíz transgénico a la determinación de los centros de origen y diversidad genética, así como al establecimiento de un régimen de protección especial al maíz; sin embargo, estas recomendaciones fueron ignoradas en la reciente modificación al reglamento de la LBOGM, realizada en marzo pasado, donde queda eliminada cualquier medida de protección al maíz, lo que representa riesgos para la biodiversidad y para la alimentación de todos los mexicanos.
Además, al amparo de una sola solicitud, Monsanto pretende cubrir distintas áreas de liberación, a pesar de que dentro del enfoque “caso por caso”, la LBOGM es muy clara al limitar una sola área por cada solicitud. Esta Ley en su artículo 3, fracción VII establece que se hará la liberación de un OGM tomando en cuenta el área de liberación; sin embargo en las presentes solicitudes se proponen seis áreas de liberación por cada variedad.
Las variedades de maíz transgénico que se quieren probar en México han demostrado ser obsoletas tecnológicamente, aún bajo las condiciones óptimas de cultivo en Estados Unidos. Por ejemplo, estudios científicos y la experiencia de países que han liberado variedades transgénicas con la supuesta característica de ser resistentes a herbicidas y a insectos, han demostrado que no son sustentables, no disminuyen el uso de agrotóxicos y no aumentan los rendimientos.
Por el contrario, han demostrado efectos negativos para el medio ambiente y siguen representando serios riesgos para la salud humana. Según un nuevo informe de la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos (UCS, por sus siglas en inglés), comprueba que a pesar de 20 años de investigación y 13 años de la comercialización, la ingeniería genética no ha logrado aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos estadounidenses (3).
“Con las presentes solicitudes la autoridad no podrá cobijar jurídicamente ningún permiso para siembra experimental de OGM, so pena de cometer un acto ilegal violatorio de las leyes de bioseguridad, de procedimiento administrativo y de la constitución misma en sus principios de legalidad y certeza jurídica. Por otro lado, con la falta de información y la falsedad de la misma, los resultados de la experimentación pueden ser engañosos ya que no pueden ser correctamente evaluados”, denunció Lara.
El gobierno federal insiste en promover la siembra de maíz transgénico en México a pesar de que se carece de mecanismos de prevención ante la contaminación de cultivos convencionales y de la cadena alimenticia en todo el país; a pesar de que no existen argumentos científicos contundentes que puedan descartar los impactos negativos a la salud por consumir este tipo de maíz; y de las múltiples demandas y denuncias penales presentadas por varios sectores de la sociedad respecto a la revisión del proceso irregular de la modificación del reglamento de la LBOGM.
