Al inaugurar la sexta cumbre del Foro Mar de Cortés, “Tomando el timón”, su presidente honorario, Agustín Coppel Luken, convocó a empresarios, académicos, organizaciones ciudadanas y gobiernos locales a duplicar el tamaño de la economía regional en los próximos 20 años y erradicar la pobreza y la depredación ambiental.
Para lograr una prosperidad sostenible, Coppel Luken explicó que la región integrada por cinco estados (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora) requiere mantener un crecimiento del 3.5% anual durante los próximos 20 años. Como referente de viabilidad, citó que en los últimos 10 años, estados como Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California Sur crecieron al 2.1% en promedio anual, duplicando el agregado nacional en el mismo periodo de 1.1%. Asimismo, planteó triplicar la captación de Inversión Extranjera Directa (IED), que actualmente se sitúa en cerca de 4 mil 100 millones de dólares —alrededor del 10% de los 41 mil millones de dólares captados por México—.
“Lo que necesitamos en nuestra región es hacer de ella nuestra principal estrategia para el desarrollo inclusivo y sostenible. Para este propósito se requiere que nuestras ciudades y estados sean destino de más inversión pública y privada: inversiones cuantitativamente muy superiores y cualitativamente distintas a las que hemos conseguido atraer y retener hasta hoy”, afirmó.
El líder empresarial advirtió que la filantropía y los programas sociales son necesarios pero insuficientes si no brindan capacidades para la autonomía de agencia de las personas y familias. Señaló que la inversión pública gubernamental debe incrementarse sustancialmente, puesto que hacen falta más y mejores carreteras, mayor capacidad portuaria, mejor uso de la infraestructura aeroportuaria, así como revertir el rezago en educación y la falta de inversión en seguridad pública que hoy se ubica por debajo de los estándares internacionales.
La propuesta delineada por Agustín Coppel contempla también incrementar el valor agregado por hora trabajada, fortalecer las exportaciones hacia Arizona y California, y elevar de manera decidida la matrícula universitaria en matemáticas, ciencias y humanidades para abastecer las necesidades de la economía del conocimiento.
El Foro Mar de Cortés es una red activa y permanente que conecta voluntades, conocimiento y capital para consolidar al noroeste como un caso global de éxito en desarrollo sostenible, gobernanza e inclusión. En este marco, el Summit 2026 reúne del 10 al 12 de noviembre a líderes clave en inversión, desarrollo urbano y sostenibilidad, entre ellos Andrés Chico Hernández (Co-presidente del Consejo de Administración de RLH Properties), Jaime Cohen Bistre (CEO de Fibra INN), Juan Carlos Zuazua (Director General de Viva Aerobus), Valeria Moy (Directora General del IMCO), Rafael Fernández de Castro (Director del Centro de Estudios México-EE. UU. de UC San Diego), Exequiel Ezcurra (Profesor de UC Riverside), Álvaro Rodríguez Arregui (Cofundador de IGNIA) y José Antonio Torre Medina Mora (Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey), entre otros.
Mientras gobiernos y empresas anuncian compromisos para reducir sus emisiones y acelerar la descarbonización, la industria de los combustibles fósiles continúa invirtiendo en nuevos yacimientos de petróleo y gas. Una investigación de Urgewald, basada en datos de casi 2,000 compañías, revela que el 96% de las empresas dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos sigue buscando o desarrollando nuevas reservas.
De acuerdo con un artículo de edie, los resultados evidencian la contradicción entre los compromisos climáticos corporativos y las decisiones de inversión de las principales compañías energéticas. En lugar de reducir su dependencia de los hidrocarburos, una parte importante del sector mantiene proyectos de expansión que podrían prolongar su explotación durante décadas, alejándose de los objetivos internacionales para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
La expansión de petróleo y gas aleja al mundo de los objetivos climáticos
De acuerdo con Urgewald, el desarrollo de nuevas reservas de hidrocarburos representa un obstáculo para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. La organización advierte que los planes de expansión de las petroleras y gasísticas mantienen la dependencia de los combustibles fósiles y dificultan avanzar hacia un modelo energético compatible con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
“Estas empresas están apostando por décadas de ventas de petróleo y gas que están lejos de estar garantizadas”, señaló Signe Moe, analista sénior de investigación de Urgewald. La especialista también advirtió que estos proyectos agravan la crisis climática, perjudican a las comunidades locales y exponen a los inversionistas al riesgo de que las infraestructuras de combustibles fósiles pierdan valor conforme avance la transición energética.
La preocupación no se limita a empresas pequeñas o regionales. Algunas de las mayores petroleras internacionales mantienen niveles de producción proyectada que superan las trayectorias establecidas por la Agencia Internacional de Energía (AIE), lo que evidencia la distancia entre sus planes de negocio y los escenarios de reducción de emisiones.
ExxonMobil encabeza la expansión de reservas de petróleo y gas
Entre las compañías analizadas, ExxonMobil registra el mayor exceso de producción respecto a la trayectoria de la AIE. Según Urgewald, esta diferencia aumentó 195% desde 2022 y alcanzó los 10,800 millones de barriles de petróleo equivalente en 2026.
Otras grandes compañías también superan las previsiones: TotalEnergies registra 5,700 millones de barriles equivalentes de petróleo; Shell, 4,800 millones; Eni, 4,300 millones; BP, 3,600 millones, y Equinor, 3,400 millones.
En conjunto, estas seis empresas han destinado 39,000 millones de dólares a actividades de exploración desde 2022. La cifra muestra la magnitud de las inversiones que mantienen las principales petroleras para ampliar sus reservas y prolongar sus operaciones, pese a los escenarios internacionales de reducción de la demanda de hidrocarburos.
La inteligencia artificial aumenta la demanda de combustibles fósiles
El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) también aparece como un factor que impulsa las expectativas de expansión de la industria petrolera y gasística. El informe de Urgewald identifica el auge de los centros de datos de las grandes empresas tecnológicas como una de las causas de las expectativas de crecimiento que alimentan las inversiones en combustibles fósiles.
La infraestructura necesaria para operar estos centros de datos incrementa la demanda de electricidad y recursos naturales. Además, puede ejercer presión sobre las reservas de agua y generar contaminación atmosférica y acústica en las comunidades cercanas.
Michael Khoo, de Friends of the Earth US, cuestionó que la expansión de esta infraestructura se utilice para justificar nuevas inversiones en hidrocarburos. Desde su perspectiva, los impactos ambientales y sociales de los centros de datos contradicen las promesas de sostenibilidad de la industria tecnológica.
Las seis grandes petroleras ganaron 89,000 millones de dólares
La expansión de las operaciones ocurre mientras las principales compañías de combustibles fósiles mantienen importantes beneficios económicos. Un análisis de Global Witness sobre los resultados trimestrales de BP, Eni, Equinor, Repsol, Shell y TotalEnergies encontró que estas seis empresas generaron 38,000 millones de dólares entre julio y septiembre.
En lo que va del año analizado, sus ganancias alcanzaron los 89,000 millones de dólares, un incremento de 102% frente al mismo periodo del año anterior. Los resultados reflejan cómo la volatilidad de los precios de la energía continúa favoreciendo los ingresos de las grandes petroleras.
Esta rentabilidad contrasta con la necesidad de transformar el sector energético. Aunque algunas compañías han anunciado objetivos de reducción de emisiones y diversificación de sus operaciones, sus resultados financieros muestran que los hidrocarburos siguen siendo una fuente central de ingresos.
COP31: Turquía y Australia enfrentan cuestionamientos por sus planes energéticos
La investigación de Urgewald se publicó durante el día dedicado a la energía en la 31ª Conferencia de las Partes (COP31), y puso especial atención en las actividades de Türkiye Petrolleri AO (TPAO), la compañía petrolera estatal de Turquía, país coanfitrión de la cumbre.
Desde 2021, los planes de expansión de TPAO se han multiplicado por siete y su gasto en exploración se ha duplicado. Actualmente, produce 1,980 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que la convierte en la undécima mayor empresa estatal de desarrollo de petróleo y gas del mundo.
Además, durante este año ha firmado acuerdos con ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y TotalEnergies para colaborar en nuevas exploraciones dentro y fuera de Turquía. Para Signe Moe, esta apuesta contradice el liderazgo climático que el país busca proyectar como anfitrión de las negociaciones internacionales.
La brecha también se refleja en sus objetivos energéticos. Aunque la Presidencia de la COP31 estableció una meta de electrificación del 35% para 2035, Turquía únicamente está en camino de alcanzar el 25%. A esto se suma que los combustibles fósiles representaron el 56% de su generación eléctrica durante el año anterior.
Raising the global share of electricity in final energy consumption from 23% to 35% by 2035 is an ambitious but necessary step towards keeping the 1.5°C goal within reach.
Speaking at the COP31 Presidency Press Briefing, #COP31 President of Negotiations Chris Bowen underlined… pic.twitter.com/pBn3HyUVW6
Australia, el otro país coanfitrión y encargado de liderar las negociaciones de la cumbre, también enfrenta cuestionamientos. Es el segundo mayor exportador de carbón del mundo y posee el tercer mayor oleoducto de extracción de carbón térmico. Heffa Schücking, directora de Urgewald, advirtió que electrificar sin eliminar gradualmente el carbón no permite construir un sistema energético verdaderamente limpio.
Los proyectos de carbón también continúan creciendo
La expansión de los hidrocarburos no es el único obstáculo para cumplir los compromisos climáticos. La actualización de la Lista Global de Salida del Carbón (GCEL), también elaborada por Urgewald, encontró que por cada proyecto de carbón cancelado durante el año pasado se anunciaron otros tres nuevos.
En 2025, mientras 76 proyectos fueron archivados o cancelados, se planificaron 257 nuevas iniciativas. La lista identificó a 335 empresas desarrolladoras de centrales eléctricas de carbón que, en conjunto, proyectan construir 606 nuevas instalaciones con una capacidad superior a 740 gigavatios (GW).
Esta cifra equivale a cuatro veces la capacidad de generación eléctrica a partir de carbón que existe actualmente en Estados Unidos. Los datos muestran que los planes de expansión de los combustibles fósiles no se limitan al petróleo y el gas, sino que también incluyen nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón.
La transición energética exige coherencia entre compromisos e inversiones
Los hallazgos de Urgewald evidencian una brecha entre los compromisos climáticos y las decisiones de inversión de la industria energética. La exploración de nuevas reservas de petróleo y gas, junto con los proyectos de carbón, demuestra que los objetivos de descarbonización todavía no se reflejan de manera consistente en los planes de crecimiento de numerosas compañías.
Para las empresas, mantener inversiones en infraestructura que podría perder viabilidad ante nuevas regulaciones, cambios tecnológicos o una menor demanda de hidrocarburos también representa un riesgo financiero y reputacional. A ello se suman los impactos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades cercanas a estos proyectos.
El desafío para el sector energético no consiste únicamente en anunciar metas de reducción de emisiones, sino en demostrar que sus decisiones de producción, exploración e inversión son compatibles con ellas. Mientras las grandes petroleras continúen destinando miles de millones de dólares a ampliar sus reservas, la distancia entre sus compromisos públicos y sus operaciones seguirá poniendo en duda la credibilidad de sus estrategias climáticas.
Las emisiones mundiales de combustibles fósiles podrían disminuir un 0.4% durante 2026, de acuerdo con una nueva investigación del Global Carbon Project, organismo que realiza un seguimiento anual de las tendencias globales de carbono. Esta previsión responde a dos factores principales: la crisis energética provocada por la guerra de Irán y la expansión de la energía solar y eólica en distintas regiones del mundo.
Aunque el pronóstico representa una señal alentadora en medio de la crisis climática, no significa que el mundo haya comenzado a abandonar definitivamente los combustibles fósiles. Los investigadores advierten que la reducción podría responder a circunstancias temporales y no a una transformación estructural de los sistemas energéticos. ¿Qué está impulsando este descenso, qué países contribuirán a él y qué tan lejos estamos de alcanzar una reducción sostenida?
¿Por qué podrían disminuir las emisiones de combustibles fósiles en 2026?
El informe anual del Global Carbon Project identifica dos factores detrás de la posible reducción. Por un lado, la guerra de Irán ha provocado una crisis energética con repercusiones en el consumo de combustibles. Por otro, la creciente incorporación de energía solar y eólica está modificando la manera en que distintos países satisfacen su demanda energética.
Sin embargo, los investigadores llaman a interpretar los resultados con cautela. Mike O’Sullivan, profesor titular de la Universidad de Exeter y uno de los autores del estudio, señala que el descenso podría ser consecuencia de una alteración de corto plazo y no de un cambio definitivo en la trayectoria mundial de las emisiones.
China y Estados Unidos podrían reducir sus emisiones durante 2026
Dos de los tres mayores emisores de carbono del mundo podrían registrar reducciones durante 2026. En el caso de China, se proyecta una disminución del 0.9%, después de dos años de estabilidad o descenso. El resultado es especialmente relevante porque el país concentra el 32% de las emisiones mundiales de combustibles fósiles, pese a ser también líder en la adopción de tecnologías limpias.
Estados Unidos, por su parte, podría experimentar una caída del 1.3%. Esta previsión se relaciona principalmente con una reducción de las emisiones procedentes del carbón, después del repunte registrado en 2025, cuando los elevados precios del gas natural y un periodo de frío intenso favorecieron un mayor consumo de este combustible.
No obstante, el panorama estadounidense sigue siendo incierto. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, su administración ha destinado cientos de millones de dólares a impulsar nuevamente la industria del carbón y ha derogado normas de emisiones para centrales eléctricas de carbón y gas. Estas decisiones podrían modificar la tendencia en los próximos años.
India aumentaría sus emisiones, mientras otras economías registrarían descensos
Mientras China y Estados Unidos apuntan a una reducción, India presenta una trayectoria distinta. El informe estima que sus emisiones aumentarán un 4.4% durante 2026, por encima del crecimiento anual promedio del 3.5% registrado en la última década. Esta diferencia evidencia que la transición energética enfrenta condiciones muy distintas entre países.
En otras regiones, las previsiones también apuntan a descensos. Se espera que la Unión Europea y Japón registren reducciones moderadas, mientras que las emisiones del resto del mundo podrían disminuir un 0.7%, principalmente por una contracción en el consumo de petróleo.
Los incendios de turba elevarían las emisiones por cambio de uso del suelo
La generación de energía no es el único factor que determina la evolución de las emisiones mundiales. El cambio de uso del suelo, otro de los sectores analizados por el Global Carbon Project, también representa un desafío. Aunque sus emisiones han disminuido durante la última década, se prevé que alcancen los 5,100 millones de toneladas métricas en 2026.
Una de las principales causas es el incremento de los incendios de turba, que pueden propagarse bajo tierra, consumir los suelos de humedales y permanecer activos sin producir llamas visibles. Muchos están relacionados con actividades humanas y liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
A este escenario se suma el fenómeno de El Niño, que incrementa el riesgo de incendios forestales en regiones como el sudeste asiático y Sudamérica. Esto evidencia que la reducción de emisiones en el sector energético no basta para contrarrestar las presiones que también ejercen la degradación de los ecosistemas y el cambio de uso del suelo.
El presupuesto global de carbono deja menos de cuatro años de margen
Las proyecciones también advierten sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Se estima que alcanzará las 427.7 partes por millón (ppm) en 2026, un nivel 54% superior al registrado en la era preindustrial. Este indicador refleja la acumulación de gases de efecto invernadero y la presión que ejerce sobre el sistema climático.
De acuerdo con el estudio, el presupuesto global de carbono disponible para limitar el calentamiento a 1.5 °C se sitúa actualmente en 150,000 millones de toneladas métricas. Esta cantidad representa menos de cuatro años de emisiones si el mundo continúa contaminando al ritmo actual.
La ONU ha advertido recientemente que el mundo superará el umbral de 1.5 °C de calentamiento, mientras que los compromisos climáticos actuales siguen siendo insuficientes. El margen de acción es cada vez más reducido y exige acelerar las medidas de mitigación.
La energía solar y eólica podrían acelerar el pico de emisiones globales
A pesar de las señales de alerta, el informe identifica avances que podrían acelerar la transformación energética. Aunque algunas regiones registraron incrementos en sus emisiones totales entre 2019 y 2025, el ritmo de crecimiento se desaceleró en todas ellas, incluidas China, India y otras economías emergentes.
Además, más de dos docenas de países han conseguido hacer crecer sus economías sin incrementar sus emisiones. La expansión de la energía solar y eólica también ha evitado la liberación de miles de millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, lo que demuestra el potencial de estas tecnologías para reducir el impacto ambiental de la actividad económica.
Los autores estiman que, hacia finales de 2028, entre el 64% y el 79% de las emisiones asociadas con la nueva demanda energética podrían compensarse mediante la incorporación de energía solar, eólica y vehículos eléctricos. Si esta expansión continúa acelerándose, las emisiones mundiales podrían alcanzar su punto máximo y comenzar a disminuir en los próximos años.
¿La caída de emisiones en 2026 será el inicio de un cambio permanente?
La posible disminución de las emisiones de combustibles fósiles en 2026 representa una señal positiva, pero todavía no permite hablar de una transición energética consolidada. La expansión de las renovables y los esfuerzos de algunos países por desvincular su crecimiento económico de las emisiones demuestran que existen alternativas para transformar los sistemas productivos y energéticos.
El desafío es convertir estos avances en una tendencia permanente. Como advierte O’Sullivan, aunque la rápida expansión de las energías renovables constituye una buena noticia, sigue siendo completamente insuficiente a escala global. Reducir las emisiones de manera sostenida requerirá acelerar su adopción y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, antes de que el margen para limitar el calentamiento global sea todavía menor.
Después de cinco años alejada de las conferencias climáticas de Naciones Unidas, Greta Thunberg regresó a la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, para cuestionar los resultados de más de tres décadas de negociaciones internacionales contra el cambio climático. La activista sueca advirtió que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero continúan aumentando, pese a los compromisos asumidos por los gobiernos para frenar el calentamiento global.
A sus 23 años, la fundadora del movimiento juvenil Fridays for Future mantiene su postura crítica frente a la respuesta internacional a la emergencia climática. Durante su participación en la cumbre, alertó que el calentamiento global amenaza especialmente el futuro de las nuevas generaciones y de las comunidades que habitan en las regiones más vulnerables. También llamó a los jóvenes a elevar su voz y exigir políticas climáticas más ambiciosas.
Greta Thunberg en la COP31: ¿por qué cuestiona las negociaciones climáticas?
En declaraciones a Plan International, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, Thunberg señaló que la crisis climática representa una amenaza para todos los jóvenes, aunque sus consecuencias son especialmente graves para quienes viven en comunidades vulnerables.
“La crisis climática amenaza a todos los jóvenes del planeta, especialmente a aquellos que viven en las zonas más vulnerables”, afirmó.
Con este mensaje, la activista puso énfasis en la dimensión de justicia climática de una emergencia cuyos impactos no se distribuyen de manera equitativa.
Su principal cuestionamiento se centró en la falta de resultados de las negociaciones internacionales. Aunque las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) se celebran desde hace más de tres décadas, las emisiones globales siguen aumentando y los acuerdos alcanzados no han conseguido frenar el calentamiento del planeta.
“Después de décadas de estas cumbres, las emisiones siguen aumentando. Así que tenemos que entender que la situación no está bajo control”, sostuvo.
¿Qué pidió Greta Thunberg a los jóvenes durante la COP31?
Ante el avance de la crisis climática, la activista llamó a las nuevas generaciones a participar activamente en la exigencia de políticas ambientales más ambiciosas. Desde su perspectiva, reconocer la gravedad del problema no es suficiente: también se necesita presión social para impulsar respuestas concretas.
“Como jóvenes, nuestro futuro está amenazado y tenemos que elevar nuestra voz y reclamar cambios, tal como vemos hacerlo a jóvenes alrededor del mundo”, expresó a Plan International.
Su llamado destaca la importancia de incorporar las voces de quienes enfrentarán las consecuencias del calentamiento global durante las próximas décadas, particularmente en territorios con menos recursos para adaptarse a sus impactos.
La crítica de Greta Thunberg a los compromisos climáticos de gobiernos y empresas
Las declaraciones de Thunberg en Antalya retoman una crítica que ha marcado su trayectoria: la brecha entre los compromisos anunciados en las cumbres climáticas y las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La activista ha cuestionado que gobiernos y empresas utilicen estos encuentros para proyectar compromisos ambientales que, desde su perspectiva, no siempre se acompañan de medidas suficientes. Su postura apunta a la necesidad de evaluar la agenda climática más allá de los anuncios y considerar los avances verificables en su implementación.
¿Cuándo fue la última vez que Greta Thunberg participó en una COP?
La presencia de Greta Thunberg en Antalya marca su regreso a una conferencia climática de Naciones Unidas desde noviembre de 2021, cuando participó en la COP26, celebrada en Glasgow, Escocia.
Su llegada a la COP31 ocurrió de manera discreta y sin anuncios previos en sus cuentas oficiales. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales mostraron cómo algunos asistentes la reconocieron y se acercaron para solicitarle fotografías.
Durante estos cinco años, la activista ha mantenido una postura crítica frente a las negociaciones internacionales. Su reaparición representa la continuidad de una exigencia que ha acompañado al movimiento Fridays for Future: que los acuerdos climáticos se traduzcan en medidas capaces de responder a la magnitud de la emergencia.
La COP31 vuelve a poner a prueba los compromisos climáticos
El regreso de Greta Thunberg a las conferencias climáticas de Naciones Unidas recupera una discusión central para la agenda ambiental: después de décadas de negociaciones, los resultados todavía no corresponden a la urgencia de la crisis climática. El aumento de las emisiones y la vulnerabilidad de millones de personas evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de mitigación y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.
El mensaje de Greta Thunberg en la COP31 es claro: la acción climática requiere rendición de cuentas, participación ciudadana y políticas capaces de responder a las desigualdades que profundizan sus impactos. El verdadero avance de las negociaciones no estará en las promesas formuladas durante cada cumbre, sino en las transformaciones que los gobiernos sean capaces de implementar.
A menos de dos meses de que entre en vigor la primera etapa de la reducción gradual de la jornada laboral en México, prevista para el 1 de enero de 2027, las empresas enfrentan el reto de convertir el conocimiento general sobre la reforma en acciones concretas para su implementación. Además de prepararse para reducir la jornada máxima semanal de 48 a 46 horas sin afectar los salarios y prestaciones, las organizaciones deberán revisar cómo registran electrónicamente los horarios de inicio y finalización del trabajo, así como mantenerse atentas a las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que precisarán las condiciones de aplicación de esta obligación.
Esta necesidad de preparación contrasta con la capacidad de respuesta actual de las organizaciones. De acuerdo con el estudio Tendencias del Entorno Laboral en México 2026, elaborado por Kelly, solo 18% de las empresas en el país se considera preparado para implementar la reducción de la jornada laboral. La cifra evidencia la brecha entre el conocimiento de la reforma y la capacidad de las organizaciones para traducir sus disposiciones en medidas concretas, desde la adaptación de sus procesos internos hasta la incorporación de mecanismos para registrar las horas trabajadas.
“Conocer los cambios en la legislación laboral es apenas el primer paso. Las empresas necesitan revisar cómo registran las jornadas, qué ajustes requieren sus procesos internos y cómo van a garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Postergar estas decisiones puede complicar la transición, por lo que la preparación debe comenzar antes de que entren en vigor los cambios”, señaló Felipe Cuadra, Director de Recursos Humanos de Rankmi.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deberán registrar electrónicamente la jornada de cada persona trabajadora, incluidos los horarios de inicio y finalización, y proporcionar esta información a la autoridad cuando sea requerida. El incumplimiento puede derivar en multas de entre 29 mil 327 y 586 mil 550 pesos, tomando como referencia el valor de la UMA vigente en 2026. Sin embargo, todavía están pendientes las disposiciones generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que determinarán el alcance de esta obligación y las excepciones aplicables, por lo que las empresas necesitan anticipar los ajustes a sus procesos mientras se definen las condiciones específicas de implementación.
Más allá de las sanciones económicas, la falta de registros adecuados puede complicar la defensa de las empresas ante controversias laborales relacionadas con las horas trabajadas y el pago de tiempo extraordinario. La información también será relevante para las inspecciones de la autoridad, que podrá solicitar los registros para verificar el cumplimiento de los límites legales de la jornada. Por ello, contar con mecanismos confiables de control no solo ayudará a cumplir con la reforma, sino también a documentar las condiciones reales de trabajo.
La reducción de jornada también obligará a las empresas a reorganizar turnos y cargas de trabajo para evitar que las mismas tareas deban completarse en menos tiempo. Según una encuesta de OCC, casi 6 de cada 10 de los colaboradores en México esperan que el cambio mejore su calidad de vida, mientras que 5 de cada 10 temen un aumento en la presión laboral o la asignación de tareas fuera del horario establecido. Esto refuerza la necesidad de medir resultados y ajustar la distribución del trabajo, más allá de las horas registradas.
En este proceso, la tecnología puede facilitar la centralización de la información sobre objetivos, competencias y resultados, además de agilizar el seguimiento del desempeño. De acuerdo con datos de Rankmi, las empresas pueden reducir hasta 70% el tiempo destinado a administrar evaluaciones al concentrar estos elementos en un solo lugar, lo que permite a Recursos Humanos dedicar más tiempo al análisis de resultados y a la identificación de oportunidades de mejora.
“Prepararse para la reducción de la jornada laboral va más allá de incorporar un sistema de registro electrónico. Las empresas necesitan revisar sus procesos, establecer controles claros y contar con información confiable sobre los horarios, las cargas de trabajo y los resultados de sus equipos. Esto permitirá acompañar la transición de manera ordenada y asegurar que el cumplimiento de la reforma también contribuya a una mejor organización del trabajo”, concluyó Cuadra.
Atender las necesidades financieras de los gobiernos estatales o municipales (GEM) requiere comprender su contexto, identificar riesgos y oportunidades, además de diseñar y negociar soluciones que respondan a sus desafíos. Para los ejecutivos bancarios especializados en este sector, contar con conocimientos técnicos es fundamental, así como desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y adaptación tecnológica.
Ante este reto, Tecmilenio y Grupo Financiero Banorte unieron su experiencia para crear Impulso GEM Banorte, un programa de formación de cuatro meses diseñado para fortalecer las capacidades técnicas, comerciales y relacionales de los ejecutivos que atienden a gobiernos estatales y municipales.
La iniciativa reunió a 92 participantes en su primera generación y forma parte de una estrategia de Banorte para consolidar la especialización de sus equipos y la atención que brindan al sector gubernamental.
Una formación diseñada a partir de las necesidades del negocio
A diferencia de un programa de capacitación general, Impulso GEM Banorte surgió de la necesidad de preparar a los ejecutivos para comprender mejor los desafíos financieros de sus clientes gubernamentales y desarrollar propuestas que respondan a sus necesidades.
Para lograrlo, Banorte aportó su conocimiento del sector y de los retos que enfrentan sus equipos, así como la participación de directivos, mientras que Tecmilenio contribuyó con su experiencia en el diseño de programas de aprendizaje y la participación de especialistas.
Esta colaboración permitió integrar conocimientos de análisis financiero gubernamental, negociación con funcionarios públicos, diseño de soluciones financieras integrales, así como habilidades de storytelling, comunicación persuasiva, networking, gestión de cuentas clave gubernamentales, inteligencia emocional y proyección profesional, además de un laboratorio de presentaciones y negociación para poner en práctica lo aprendido.
“El desarrollo de nuestros colaboradores es fundamental para seguir ofreciendo un servicio de excelencia a nuestros clientes. Por ello, Impulso GEM Banorte, en colaboración con Tecmilenio, fortalece la formación y especialización de nuestros ejecutivos, brindándoles herramientas para atender mejor las necesidades de los estados y municipios y contribuir, junto con sus autoridades, al desarrollo económico de sus comunidades”, afirmó Rodrigo Cuevas, Director Ejecutivo de Banca de Gobierno de Estados y Municipios.
Desde la perspectiva educativa, esta colaboración también refleja la importancia de que las universidades conozcan los desafíos de las organizaciones y desarrollen propuestas de formación que respondan a ellos.
“Cuando un banco como Banorte y una universidad como Tecmilenio trabajan juntas, el aprendizaje puede construirse a partir de los desafíos que enfrentan las personas en su entorno profesional. En Tecmilenio buscamos que esa formación tenga una aplicación práctica y contribuya al desarrollo de capacidades, en donde los colaboradores crecen y evolucionan, a la vez que las organizaciones responden muy rápidamente, de manera efectiva, a los cambios específicos en sus mercados”, expuso Julio Peña Gaviria, vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio.
Aprender a través de los retos del trabajo
Uno de los elementos centrales de Impulso GEM Banorte es su enfoque práctico. Durante los cuatro meses de formación, los participantes combinaron sesiones presenciales, trabajo en plataforma, análisis de casos, laboratorios de negociación y ejercicios de presentación.
El programa también incorporó herramientas de inteligencia artificial para desarrollar propuestas y preparar escenarios de negociación, con el objetivo de acercar a los participantes a nuevas formas de analizar información y abordar retos comerciales.
De esta manera, la formación buscó conectar los conocimientos adquiridos con decisiones y situaciones que los ejecutivos enfrentan en su trabajo cotidiano.
“Impulso GEM significó una gran oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas destinados a la atención diaria de los clientes de Gobierno. Asimismo, abrió la posibilidad de aprender de la experiencia de los profesores y, sobre todo, de nuestros compañeros, cuyo trabajo y actitud colaborativa resultaron ser la pieza clave que añadió un valor excepcional a este proceso de crecimiento.”, José Roberto Cardeña, participante de Impulso GEM.
Una primera generación que abre camino a nuevas oportunidades de formación
La participación de 92 ejecutivos representa el primer paso de una estrategia con la que Banorte busca ampliar el desarrollo de capacidades especializadas entre los equipos que atienden al segmento gubernamental.
Más allá de esta primera generación, Impulso GEM Banorte muestra cómo la colaboración entre universidades y empresas puede contribuir a responder a necesidades concretas de formación profesional.
Para Tecmilenio y Banorte, esta experiencia establece una base para continuar desarrollando talento especializado, con conocimientos y habilidades que puedan trasladarse a los desafíos de un sector en constante transformación.
En México, acceder a un empleo digno sigue siendo un reto para millones de mujeres. La alta informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de la población femenina ocupada, suele traducirse en menores ingresos, poca estabilidad y escasas prestaciones, todo lo cual limita sus oportunidades de desarrollo y las de sus familias.
Sin embargo, esta es una realidad que podemos ayudar a transformar mediante pequeñas acciones, por ejemplo, cuando disfrutamos de alguna de las bebidas o postres elaborados con el delicioso Chocolate Sierra Morena que se utiliza y vende en Restaurantes Toks, ya que este producto que viene directo de la comunidad de Santa María, Ayoquezco de Aldama, en Oaxaca, está ayudando a crear empleo para mujeres mexicanas.
Allí, en los Valles Centrales del estado, se encuentra MENA (Mujeres Envasadoras de Alimentos), una empresa fundada y conformada principalmente por mujeres, que ha logrado consolidarse gracias a su incorporación, desde 2008, a los Proyectos Productivos de Grupo Restaurantero Gigante (GRG), empresa matriz de Restaurantes Toks.
La alianza de Toks y MENA genera empleo para mujeres mexicanas
La historia de MENA comenzó cuando sus integrantes decidieron organizarse para vender productos alimentarios típicos de la región. No obstante, las oportunidades de venta eran limitadas y el mercado local no era suficiente para sostener el proyecto. En esa búsqueda encontraron a Grupo Restaurantero Gigante, que a través de sus Proyectos Productivos les brindó la oportunidad de integrarse como parte de la cadena de suministro de Restaurantes Toks, lo cual marcó un antes y un después para la pequeña organización encabezada por mujeres.
Marta Margarita Godínez Cruz, integrante del Consejo de Administración de MENA, recuerda que el inicio de su relación comercial con Toks fue modesto:
“En 2008 empezamos vendiéndole aproximadamente 200 kilos de chocolate. Actualmente estamos vendiendo alrededor de 13 toneladas al año. Ha sido una experiencia que nos ha permitido crecer como empresa, pero también brindar oportunidades a nuestras compañeras de trabajo“.
Y tal como comenta, ese crecimiento también se puede ver en el equipo que hoy conforma la empresa:
“A través del tiempo se fueron incorporando muchachas, madres solteras o casadas, y hoy son ellas quienes realizan gran parte de los procesos de producción“.
Así, la alianza entre MENA y Toks ha logrado crear oportunidades laborales, ingresos estables y mejores condiciones de vida para decenas de mujeres que pueden desarrollarse profesionalmente sin salir de su comunidad o tener que sacrificar a sus familias.
¿Cómo se elabora el Chocolate Sierra Morena de Toks?
El crecimiento de MENA no solo se refleja en el aumento de su producción, sino también en el valor que hay detrás de cada barra de Chocolate Sierra Morena. Lo que llega a la mesa de los clientes de Toks es el resultado del trabajo de mujeres que han encontrado en este proyecto una fuente de ingresos y una oportunidad para desarrollarse en su propia comunidad. De hecho, ese impacto social comienza desde el propio proceso de elaboración. Cada barra de Chocolate Sierra Morena es el resultado de un trabajo que conserva la esencia de la tradición oaxaqueña y que, al mismo tiempo, genera oportunidades para 20 mujeres que participan en su producción de forma directa, y más de 99 personas de forma indirecta.
Todo comienza con la selección de la materia prima, el descascarado y tostado del cacao. Después se incorporan ingredientes como canela, vainilla y almendra, la mezcla pasa por molinos tradicionales de piedra y posteriormente se moldea, enfría, empaca y prepara para llegar a cada uno de los restaurantes de Toks.
Pero este chocolate no solo destaca por su sabor. Como explica Yesenia Alonso Jiménez, encargada de producción de MENA: “Nuestro chocolate se distingue por su sabor inconfundible, porque está elaborado sin conservadores y está hecho por manos de mujeres de la comunidad“. Por ello, cada taza de chocolate servida en Toks representa no sólo una manera de preservar el talento artesanal y los sabores de Oaxaca, sino también una forma de crear empleo para mujeres mexicanas.
¿Cómo un proyecto productivo genera desarrollo comunitario? Caso Toks y MENA
La alianza de Toks con MENA ha permitido que esta organización de mayoría femenina evolucione mucho más allá del incremento en sus ventas. Con el paso de los años han podido adquirir molinos tradicionales y pulverizadores, cámaras de enfriamiento, equipo de transporte y mejores instalaciones para aumentar su capacidad de producción. Además, como parte del acompañamiento que GRG proporciona a cada uno de sus Proyectos Productivos, esta pequeña empresa ha recibido asesorías, capacitaciones y herramientas para fortalecer su administración.
Sin embargo, el impacto más importante de este proyecto se vive en la comunidad de Ayoquezco, donde más mujeres pueden trabajar cerca de sus hogares, generar ingresos y evitar migrar en busca de empleo. También cuentan con un entorno laboral que comprende las responsabilidades familiares pues, como Marta Margarita explica, al ser una empresa integrada mayoritariamente por mujeres, entienden la importancia de brindar permisos para atender asuntos escolares y ofrecer a sus miembros flexibilidad para atender a sus hijos. Incluso, dentro de MENA existe un espacio donde los pequeños pueden jugar y aprender bajo supervisión cuando ellas no tienen quién los cuide, lo cual permite que puedan trabajar con tranquilidad.
Las propias colaboradoras reconocen ese cambio, por ejemplo, Yesenia Alonso Jiménez, quien asegura que este empleo le ha permitido ofrecer una mejor calidad de vida a sus hijos:
“Tengo un trabajo estable donde puedo apoyar a mis hijos y cubrir sus necesidades. Además, es una fuente de empleo en la comunidad, cerca de nuestras familias, cuando hoy mucha gente tiene que migrar“.
Yessenia también destaca la flexibilidad laboral que MENA les proporciona: “Nos permiten acudir a las actividades de nuestros hijos y nos comprenden como madres y trabajadoras“, agrega. De esta forma, MENA ha logrado abrir más oportunidades de empleo para mujeres mexicanas, algo que, como expresó Marta Margarita, no sería posible sin el apoyo de Toks y de cada uno de los que visitan los restaurantes:
“A parte de darle las gracias a Toks, también les damos las gracias a los clientes, porque si ustedes no consumieran una taza de chocolate, nosotros no tendríamos a quién venderle. Espero que cuando disfruten nuestro chocolate recuerden que en Oaxaca hay una pequeña comunidad preparándoles esta deliciosa bebida“.
Así que la próxima vez que disfrutes un producto elaborado con Chocolate Sierra Morena en Toks, recuerda que tu elección tiene un impacto que va mucho más allá del sabor: mujeres que encontraron una oportunidad para desarrollarse profesionalmente sin abandonar su comunidad, familias que hoy cuentan con mayores ingresos y un proyecto productivo que demuestra cómo el comercio justo puede convertirse en un motor de desarrollo local.
La decisión de Google de condicionar el acceso a su motor de búsqueda al uso de sus herramientas de inteligencia artificial en las escuelas ha provocado críticas de padres y docentes en Estados Unidos. La controversia comenzó después de que la compañía anunciara que las instituciones educativas que bloqueen sus soluciones de IA también podrían perder el acceso a Google Search, una medida que algunos calificaron de extorsión.
Aunque la empresa asegura que busca dar mayor control a los centros educativos sobre el uso de estas tecnologías, la decisión ha reabierto el debate sobre la influencia de las grandes tecnológicas en la educación. Entre las principales preocupaciones están la protección de los menores, el desarrollo del pensamiento crítico y la dependencia de servicios digitales privados para realizar actividades escolares.
¿Por qué Google condiciona el acceso a su buscador?
De acuerdo con edie, la semana pasada, Google anunció nuevas herramientas de inteligencia artificial para escuelas y aulas, junto con opciones para que profesores y administradores puedan gestionar su utilización. La actualización contempla productos como Gemini, Gemini Notebook y Gemini in Classroom, además de cambios en las condiciones de acceso a Google Search.
Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google, explicó que las escuelas deben tener el control sobre la incorporación de estas tecnologías. Por ello, la compañía informó que el acceso a estos productos permanecerá desactivado para las cuentas de estudiantes de primaria y secundaria hasta que los administradores escolares lo autoricen expresamente.
Sin embargo, la controversia surge porque las instituciones que decidan bloquear las herramientas de IA de Google también perderán el acceso a su buscador. Esta condición ha generado cuestionamientos sobre la libertad de elección de las escuelas y la posibilidad de que una empresa privada influya en sus políticas educativas mediante el control de servicios digitales.
IA de Google: ¿libertad de elección o dependencia tecnológica?
Para distintos padres y profesores consultados por The Guardian, la decisión representa un problema que va más allá de las funcionalidades de una herramienta digital. Su preocupación se centra en el poder que las grandes compañías tecnológicas han adquirido dentro de las instituciones educativas y en la posibilidad de que sus intereses comerciales influyan en las decisiones escolares.
Jen Atay, una profesora de 51 años de Hawái, cuestionó que Google utilice a menores de edad como parte del desarrollo o prueba de sus tecnologías. «Cuando el software es gratuito, tú eres el producto», afirmó, al considerar inapropiado que una empresa experimente con inteligencia artificial en entornos donde participan niños.
Las inquietudes también alcanzan el desarrollo de habilidades cognitivas. Un padre de 44 años, residente de Virginia, señaló que estas herramientas pueden debilitar el pensamiento crítico, especialmente cuando los estudiantes no cuentan con la experiencia necesaria para identificar respuestas incorrectas. A su juicio, incluso los modelos más avanzados pueden ofrecer información equivocada.
¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial al pensamiento crítico de los estudiantes?
Uno de los principales cuestionamientos sobre la incorporación de inteligencia artificial en las aulas es su posible impacto en el aprendizaje. Para algunos padres, recurrir constantemente a estas herramientas podría reducir las oportunidades de desarrollar habilidades como el razonamiento, la investigación independiente y la evaluación de información.
El padre entrevistado por The Guardian explicó que utiliza inteligencia artificial en su trabajo, pero que su experiencia profesional le permite reconocer cuándo una respuesta no es confiable. Desde esta perspectiva, los estudiantes podrían encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad al no contar todavía con los conocimientos necesarios para cuestionar la información que reciben.
Eyla Whitemoon, madre y educadora de California, amplió la crítica al señalar que las alianzas entre instituciones públicas y grandes empresas tecnológicas han generado una dependencia que podría utilizarse para imponer nuevas condiciones. Su preocupación apunta a lo que sucede cuando servicios educativos importantes quedan sujetos a las decisiones de un reducido grupo de compañías privadas.
¿Qué alternativas tienen las escuelas al buscador de Google?
Las críticas también han puesto sobre la mesa la necesidad de diversificar las herramientas que utilizan los estudiantes para investigar. Una jubilada de 84 años, residente de Maryland, consideró que las instituciones educativas deberían recurrir a otros motores de búsqueda, como DuckDuckGo, en lugar de depender de un solo proveedor.
En una postura similar, un educador de 64 años de Ann Arbor, Michigan, señaló que existen alternativas a Google y que el conflicto podría impulsar a docentes y estudiantes a utilizarlas. Para él, las escuelas no deberían estar obligadas a aceptar las condiciones de una empresa para conservar el acceso a servicios que necesitan.
Rachel Dominguez, madre de 42 años de Minneapolis, Minnesota, propuso ir más allá de los buscadores convencionales y recurrir a bases de datos académicas como Academic Search Premier, JSTOR y arXiv. Señaló que muchos distritos escolares tienen suscripciones a estas plataformas, cuyo uso podría preparar mejor a los estudiantes para la investigación universitaria.
IA de Google: ¿prohibirla o enseñar a utilizarla?
Pese a las críticas, no todos los integrantes de la comunidad educativa consideran que bloquear la inteligencia artificial sea la respuesta adecuada. Algunos profesores sostienen que estas tecnologías llegaron para quedarse y que las escuelas deben preparar a los estudiantes para utilizarlas de manera responsable.
Un profesor de tecnologías emergentes de 67 años, residente de Texas, explicó que ha encontrado dificultades para enseñar alfabetización digital en inteligencia artificial cuando estas herramientas permanecen bloqueadas. Desde su perspectiva, las instituciones deben enseñar a utilizarlas correctamente, en lugar de impedir cualquier acercamiento.
Un residente de California coincidió con esta postura y planteó que las herramientas de Google podrían convertirse en recursos para desarrollar el pensamiento crítico. Por ejemplo, los docentes podrían mostrar que las respuestas generadas no siempre son correctas y que es indispensable verificar las fuentes antes de aceptar una afirmación.
Responsabilidad tecnológica: ¿quién decide cómo se utiliza la IA en las escuelas?
El conflicto entre Google y las comunidades escolares evidencia que la incorporación de nuevas tecnologías a la educación requiere algo más que ofrecer herramientas innovadoras. También implica garantizar que las instituciones conserven la capacidad de decidir cómo, cuándo y bajo qué condiciones se utilizan, especialmente cuando están involucrados menores de edad.
Desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, este caso plantea interrogantes sobre la gobernanza tecnológica, la protección de datos y las relaciones entre proveedores digitales e instituciones públicas. Las compañías que desarrollan soluciones educativas deben considerar los posibles efectos de sus decisiones comerciales en la autonomía de las escuelas y en los derechos de sus usuarios.
La discusión tampoco se resuelve simplemente al permitir o prohibir la inteligencia artificial. El verdadero reto está en encontrar un equilibrio entre aprovechar sus posibilidades y proteger las capacidades que la educación debe desarrollar. Para lograrlo, las escuelas necesitan libertad para elegir sus herramientas, evaluar sus riesgos y establecer límites sin perder el acceso a otros servicios fundamentales.
La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en México disminuyó de 73% a 52% entre 2016 y 2024. Sin embargo, la desigualdad económica persiste: por cada 100 pesos que reciben los hombres, las mujeres perciben apenas 48. Así lo revela el estudio Del ingreso al bienestar: el desafío de la pobreza en México, elaborado por Ethos Innovación en Políticas Públicas.
Aunque el avance refleja un crecimiento más acelerado de las remuneraciones femeninas, todavía existen obstáculos que limitan la autonomía económica de las mujeres. La baja participación laboral, la distribución desigual del trabajo de cuidados y la informalidad son algunos de los factores que mantienen esta diferencia. Para Ethos, cerrar esta brecha requiere fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso femenino a empleos formales con prestaciones.
Brecha de ingresos por género: ¿por qué disminuyó en México?
La reducción de la desigualdad económica se explica, principalmente, por el mayor crecimiento de los salarios de las mujeres. Entre 2016 y 2024, sus ingresos aumentaron 33%, mientras que los de los hombres crecieron 17%, de acuerdo con el estudio de Ethos.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos Innovación en Políticas Públicas, relaciona este avance con una mayor conciencia sobre la igualdad salarial: mujeres y hombres deben recibir la misma remuneración por realizar el mismo trabajo. También destaca el incremento de mujeres en puestos directivos, una tendencia que contribuye a ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.
¿Cómo es la participación laboral de las mujeres en México?
La participación femenina en el mercado laboral mexicano aumentó 2.2 puntos porcentuales durante los últimos nueve años. En contraste, la de los hombres disminuyó tres puntos porcentuales. Aunque la evolución representa un avance, Alvarado considera que el ritmo de incorporación de las mujeres sigue siendo lento.
La diferencia también se observa en la población en edad de trabajar: casi tres cuartas partes de los hombres participan en el mercado laboral, frente a menos de la mitad de las mujeres. Esta disparidad evidencia que el acceso al empleo remunerado continúa condicionado por obstáculos que afectan de manera particular a la población femenina.
Brecha de ingresos por género: ¿qué relación tiene con el trabajo de cuidados?
La distribución desigual del trabajo no remunerado es uno de los factores que limitan la participación económica de las mujeres. Las responsabilidades de cuidado de niñas, niños y personas adultas de 60 años o más recaen en gran medida sobre ellas, lo que reduce el tiempo disponible para incorporarse a un empleo o desarrollarse profesionalmente.
Por esta razón, Ethos recomienda consolidar un sistema de cuidados que permita redistribuir estas responsabilidades. Para Liliana Alvarado, mientras no existan avances en esta materia, será difícil acelerar la incorporación femenina al mercado laboral. El acceso a servicios de cuidado también es una condición para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
¿Cómo se compara México con otros países en desigualdad de ingresos?
La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en México es mayor que la registrada en otros países de América Latina. Según Ethos, la brecha alcanza 52% en el país, frente a 40% en Argentina y 27% en Uruguay.
La informalidad laboral es otro factor que profundiza esta desigualdad. Muchas mujeres recurren a este tipo de empleos por la flexibilidad que ofrecen, pero trabajar sin condiciones de formalidad implica menores ingresos y menos prestaciones. El estudio estima que las personas ocupadas en el sector informal reciben, en promedio, 7,558 pesos, mientras que quienes trabajan en la formalidad perciben 14,074 pesos.
¿Qué se necesita para reducir la desigualdad económica entre hombres y mujeres?
De acuerdo con Ethos, cerrar la diferencia de ingresos requiere atender las condiciones estructurales que limitan las oportunidades económicas femeninas. Entre las medidas prioritarias se encuentran:
Consolidar un sistema de cuidados: redistribuir las responsabilidades de atención de niñas, niños y personas adultas mayores para facilitar la incorporación de las mujeres al empleo.
Impulsar la formalización laboral: ampliar el acceso a trabajos con prestaciones y mejores condiciones de contratación.
Promover la igualdad salarial: garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo.
Ampliar las oportunidades de desarrollo profesional: favorecer una mayor presencia femenina en puestos directivos y espacios de toma de decisiones.
La reducción de 73% a 52% demuestra que existen avances en materia de igualdad económica, pero también confirma que el crecimiento de los salarios femeninos no basta para eliminar las desigualdades.
México necesita políticas laborales y sociales que permitan a las mujeres acceder a empleos formales, desarrollar sus carreras y distribuir equitativamente las responsabilidades de cuidado. El objetivo no es únicamente reducir la diferencia de ingresos, sino garantizar condiciones que les permitan participar en la economía con los mismos derechos y oportunidades.
Durante años, las empresas han incorporado nuevos conceptos para explicar su relación con la sostenibilidad. Del greenwashing al silencio verde, el lenguaje corporativo ha evolucionado para describir tanto las prácticas engañosas como la creciente cautela de las organizaciones al comunicar sus compromisos ambientales y sociales. Ahora surge una nueva propuesta: destacar en sostenibilidad sin convertirla en una competencia de desprestigio.
De acuerdo con un artículo de edie, el concepto de greenmogging plantea que las compañías pueden diferenciarse al hacer visibles sus iniciativas, demostrar cómo cumplen sus compromisos y compartir sus avances de manera transparente. La propuesta cobra relevancia en un contexto donde cada vez más organizaciones reportan su desempeño ESG, pero algunas han optado por reducir su comunicación pública ante las críticas y la presión política. ¿Podría esta tendencia cambiar la manera en que las empresas comunican su responsabilidad corporativa?
¿Qué es Greenmogging y de dónde surge el concepto?
Para entender qué es Greenmogging, primero hay que conocer el término del que proviene. El diccionario Collins English Dictionary nombró mogging como su palabra del año. Esta expresión, popularizada por las generaciones Z y Alfa, registró un aumento de 210 % en su uso durante este año y se emplea para describir el acto de eclipsar o superar a alguien más.
Trasladada al ámbito empresarial, la expresión da origen al greenmogging: una propuesta de comunicación que busca que las compañías destaquen frente a otras organizaciones mediante sus iniciativas, resultados y estrategias de sostenibilidad. No se trata de desacreditar a la competencia, sino de mostrar qué hace diferente a una empresa y cómo sus acciones contribuyen a enfrentar los desafíos ambientales y sociales.
La idea tampoco supone abandonar la colaboración empresarial. La sostenibilidad sigue siendo un ámbito donde compartir conocimientos y desarrollar soluciones conjuntas resulta fundamental. Sin embargo, comunicar los avances puede ayudar a posicionar a una organización, atraer inversiones y fortalecer su capacidad para retener talento.
Del greenwashing al silencio verde: ¿por qué las empresas dejaron de comunicar?
La comunicación corporativa sobre sostenibilidad enfrenta dos riesgos opuestos. Por un lado, el greenwashing consiste en exagerar o presentar de manera engañosa el desempeño ambiental de una empresa. Por otro, el silencio verde o greenhushing describe la decisión de reducir u omitir la comunicación pública sobre iniciativas ambientales y sociales.
Una encuesta de said & done, realizada a 287 responsables de la toma de decisiones en empresas del Reino Unido, encontró que 47 % de las organizaciones había reducido su comunicación externa sobre asuntos ambientales o sociales. Además, entre los encuestados que consideraban que sus empresas estaban ocultando información ambiental, 86 % percibía que estos cambios también se reflejaban en la estrategia empresarial o en los procesos cotidianos.
Entre los factores que explican esta tendencia se encuentran la presión política contra los criterios ESG, la crisis de costos y los cambios en marcos de referencia como el Estándar de Emisiones Netas Cero de la SBTi. Algunas organizaciones han reducido sus inversiones en sostenibilidad, mientras otras han reajustado sus objetivos climáticos o pospuesto sus plazos. Así, el silencio verde deja de ser únicamente una decisión de comunicación y puede convertirse en un reflejo de cambios más profundos en el negocio.
¿Qué es Greenmogging y cómo puede diferenciar a una empresa?
En un entorno donde los compromisos de sostenibilidad son cada vez más comunes, establecer objetivos ya no basta para destacar. El greenmogging propone que las empresas comuniquen cómo llevan esas metas a la práctica, qué mecanismos utilizan para cumplirlas y cuáles son los resultados que obtienen. La diferenciación está en demostrar la implementación, no solamente en anunciar intenciones.
De acuerdo con el Global Corporate Sustainability Report 2025 de la OCDE, 91 % de las empresas informa sobre sostenibilidad y cerca de 11 mil organizaciones se han comprometido con objetivos basados en la ciencia. Estas representan el 41 % de la capitalización bursátil mundial. Las cifras muestran que la divulgación y los compromisos climáticos han ganado terreno, por lo que las compañías necesitan explicar qué están haciendo para convertirlos en resultados.
Para comunicar esa diferenciación, las organizaciones pueden mostrar sus estrategias de reducción de emisiones, mecanismos de gobernanza, participación de sus colaboradores y contribuciones a soluciones para la transición climática. También es importante compartir los desafíos pendientes y respaldar las afirmaciones con información verificable. De esta manera, la comunicación puede generar confianza sin convertirse en otra forma de greenwashing.
La preparación climática también puede generar valor empresarial
La sostenibilidad también representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia y la competitividad. Los inversionistas prestan atención a las empresas que están mejor preparadas para afrontar los desafíos de la transición hacia las cero emisiones netas, así como a su capacidad para identificar riesgos y oportunidades en distintos escenarios climáticos.
Una investigación del Instituto MSCI encontró que las empresas ubicadas en el quintil superior de preparación para la transición superaron en aproximadamente 25 puntos porcentuales a aquellas del quintil inferior durante los cinco años analizados hasta abril de 2026. Para establecer esta clasificación, se consideraron cuatro dimensiones: estrategia y gobernanza corporativa, objetivos de reducción de emisiones, desempeño en materia de emisiones y participación en soluciones para la transición.
Este resultado apunta a que la preparación climática puede tener implicaciones en el desempeño empresarial. Sin embargo, para que sus beneficios sean reconocidos por inversionistas y otros grupos de interés, las compañías necesitan explicar cómo están integrando estos factores en sus decisiones. Comunicar la preparación para la transición permite mostrar no solo los compromisos ambientales, sino también la capacidad de respuesta ante un entorno cambiante.
Greenmogging: comunicar con transparencia para destacar en sostenibilidad
La sostenibilidad corporativa no puede reducirse a indicadores, compromisos o informes anuales. Su valor también depende de la capacidad de las empresas para explicar sus decisiones, reconocer los obstáculos y compartir los avances. En un contexto donde la ciudadanía demanda mayor acción climática y nueve de cada diez líderes empresariales consideran la sostenibilidad una vía para generar valor a largo plazo, mantener una comunicación transparente resulta cada vez más relevante.
Aunque el término greenmogging quizá no se convierta en una expresión habitual del ámbito corporativo, su planteamiento deja una reflexión importante: las empresas necesitan demostrar cómo sus compromisos se traducen en acciones. Destacar no significa afirmar que se ha alcanzado la perfección, sino comunicar con evidencia qué se está haciendo, qué resultados existen y qué falta por resolver. En un mercado donde las promesas de sostenibilidad abundan, la transparencia sobre el progreso puede convertirse en un verdadero diferenciador.
La circulación de material de abuso sexual infantil en redes sociales vuelve a poner en cuestión la capacidad de las plataformas digitales para proteger a niñas, niños y adolescentes. Una investigación de la organización española Maldita.es identificó 1,183 videos con contenido de abuso sexual infantil explícito en TikTok, que acumularon 48 millones de visualizaciones y generaron interacciones entre miles de perfiles de potenciales agresores.
La respuesta de la compañía ante las denuncias resulta igualmente preocupante: de una muestra de 50 videos reportados directamente a TikTok, solo cinco fueron eliminados. Los hallazgos llevaron al Ministerio de Juventud e Infancia de España a solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado y a plantear la posibilidad de suspender los servicios de la plataforma en el país.
Abuso sexual infantil en TikTok: ¿qué reveló la investigación?
La investigación de Maldita.es identificó 1,183 videos con material de abuso sexual infantil explícito en TikTok. En conjunto, estos contenidos acumularon 48 millones de visualizaciones y fueron compartidos o comentados por más de 26,000 perfiles de potenciales agresores.
Para evaluar la respuesta de la compañía, la organización denunció una muestra de 50 videos mediante los canales habilitados por TikTok. Estas publicaciones sumaban 8.8 millones de visualizaciones y más de 148,000 ‘me gusta’.
Los resultados evidenciaron una respuesta limitada: la plataforma eliminó cinco videos (10%) y bloqueó otros 13 (26%), aunque únicamente en España. En el 6% de los casos no ofreció respuesta y en el 58% restante determinó que los contenidos no infringían sus normas ni la legislación. Más de la mitad de estos últimos fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias.
¿Cómo se distribuye el material de abuso sexual infantil en TikTok?
De acuerdo con Maldita.es, encontrar estos contenidos no requiere conocimientos técnicos especializados. Determinadas palabras clave y etiquetas permiten localizar publicaciones y comunidades que comparten material ilegal, así como perfiles que interactúan con él.
La investigación también documentó recursos utilizados para evadir los sistemas de moderación automática: textos extensos superpuestos a imágenes, pequeños recuadros que reproducen fragmentos del material y emoticonos que ocultan partes de las fotografías. Estas estrategias dificultan la identificación automática de las publicaciones sin impedir que los usuarios interesados reconozcan su contenido.
TikTok también funciona como punto de entrada hacia otras plataformas. Algunos perfiles redirigen a sus seguidores a Telegram y Zangi, donde se ofrece e intercambia material de abuso sexual infantil. La organización encontró grupos automatizados y comunidades con miles de integrantes dedicados a su distribución.
España también enfrenta el problema de la explotación sexual infantil en redes
Los hallazgos no se limitan a comunidades clandestinas. De los más de 26,000 perfiles de potenciales agresores identificados, al menos 7,700 se comunicaban en español y varios correspondían a usuarios españoles.
La investigación también documentó mensajes de acoso y comentarios sexualizados en transmisiones en vivo de adolescentes y jóvenes. Algunos usuarios solicitaban información personal y dirigían propuestas explícitas a quienes aparecían frente a la cámara.
Aunque TikTok establece restricciones de edad para sus transmisiones en directo, Maldita.es encontró menores participando en estos espacios. El problema adquiere otra dimensión cuando estas interacciones pueden derivar en solicitudes de contenido sexual o en contactos con adultos que buscan acceder a material de explotación infantil.
España lleva el caso de TikTok ante la Fiscalía
Ante los resultados de la investigación, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado para poner en su conocimiento la información publicada por Maldita.es. La institución solicitó que, dentro de sus competencias, se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los menores potencialmente afectados.
Por su parte, la ministra Sira Rego pidió una reunión urgente con representantes de TikTok en España para conocer las explicaciones de la compañía, las medidas implementadas y las acciones inmediatas previstas para atender la situación.
El Ministerio calificó los hechos como de extrema gravedad y planteó la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España. También consideró que los hallazgos podrían representar una vulneración de los derechos de la infancia y subrayó la necesidad de una respuesta coordinada entre las administraciones nacionales y europeas.
¿Qué exige la legislación europea a TikTok?
El caso también pone en cuestión el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que establece obligaciones para las plataformas digitales en materia de identificación, evaluación y mitigación de riesgos sistémicos.
Entre estos riesgos se encuentran las amenazas a los derechos de la infancia y la adolescencia. La normativa exige que las plataformas adopten medidas para reducirlos y actúen con prontitud ante contenidos ilegales, incluidos aquellos relacionados con la explotación sexual infantil.
Por ello, el caso plantea interrogantes sobre la capacidad de TikTok para cumplir con estas obligaciones. La permanencia de publicaciones denunciadas y la actividad de los perfiles relacionados con su distribución hacen necesario examinar la eficacia de sus mecanismos de detección y respuesta, así como los riesgos asociados con el funcionamiento de sus servicios.
¿Qué respondió TikTok ante las denuncias de abuso sexual infantil?
Tras la publicación de la investigación, Maldita.es contactó a TikTok para solicitar explicaciones sobre los contenidos identificados y las deficiencias señaladas. Inicialmente, la compañía pidió más información sin responder directamente a las preguntas sobre sus mecanismos de protección infantil.
Posteriormente, la plataforma aseguró que mantener un entorno seguro para su comunidad es una prioridad y que el contenido sexualmente explícito que involucra a menores está categóricamente prohibido. También afirmó que utiliza tecnologías avanzadas de detección y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar estas publicaciones.
TikTok reconoció que los actores malintencionados modifican continuamente sus métodos para evadir los controles y sostuvo que es necesaria una respuesta colectiva. Asimismo, instó a Maldita.es a compartir todos sus hallazgos. Sin embargo, su declaración no aclaró por qué solo cinco de los 50 videos denunciados fueron eliminados.
La protección infantil como responsabilidad de las plataformas digitales
El caso de abuso sexual infantil en TikTok muestra que contar con políticas de seguridad no garantiza, por sí mismo, que una plataforma sea capaz de prevenir la circulación de contenidos ilegales. La diferencia entre los compromisos públicos y los resultados de su aplicación debe ser un punto central en la evaluación de la responsabilidad de las empresas tecnológicas.
Desde la responsabilidad social empresarial, la protección de niñas, niños y adolescentes debe integrarse en la gestión de riesgos y los procesos de debida diligencia. Esto requiere evaluar los posibles impactos de los servicios digitales antes de que se materialicen, establecer controles efectivos y transparentar los resultados de las medidas implementadas.
En un entorno donde las plataformas tienen capacidad para conectar a millones de personas y amplificar contenidos mediante sus algoritmos, la seguridad infantil no puede tratarse como un componente secundario de su operación. Demostrar que sus servicios protegen los derechos de los menores es una responsabilidad corporativa que debe traducirse en acciones verificables, no únicamente en declaraciones.
Con 53 convocantes y 60 activaciones registradas, Un Día Para Dar Jalisco presenta su cuarta edición, una movilización ciudadana que reúne organizaciones sociales, empresas, universidades, instituciones públicas, artistas, colectivos y personas voluntarias para transformar la generosidad en acciones comunitarias.
La agenda se desarrolla principalmente del 10 de noviembre al 11 de diciembre, promoviendo distintas formas de compartir tiempo, talento, conocimientos y recursos en beneficio de causas sociales.
Para esta cuarta edición, Un Día Para Dar Jalisco proyecta un crecimiento del 25 % en la movilización de recursos, con la meta de superar los 5.2 millones de pesos destinados a impulsar causas sociales.
Esta proyección refleja la continuidad de un modelo de colaboración construido desde 2023, cuando la Cámara de Comercio de Guadalajara convocó a líderes empresariales y sociales para impulsar el movimiento en Jalisco.
La edición 2026 contempla iniciativas relacionadas con 18 ámbitos temáticos, entre ellos cultura de paz, derechos humanos, salud física y mental, protección de la niñez, inclusión, educación, empoderamiento de las mujeres, sostenibilidad y desarrollo comunitario.
Un Día Para Dar Jalisco forma parte del movimiento global Giving Tuesday, que se celebrará el 1 de diciembre y que actualmente está presente en más de 105 países. Desde 2023 esta campaña es convocada por la Cámara de Comercio de Guadalajara y producida por Marsanto Producciones, Querer y Hacer y Corporativa de Fundaciones, para promover la generosidad, el voluntariado y la cultura de paz.
Nvidia, una de las empresas más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), enfrenta una crisis que combina acusaciones de espionaje extranjero, cuestionamientos sobre la conducta de su director ejecutivo y dudas sobre la solidez de su gobierno corporativo. El protagonista es Jensen Huang, cofundador y CEO de la compañía, quien reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa mientras la junta directiva investiga si fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.
La controversia adquirió relevancia después de que diversas informaciones vincularan a Huang con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, una empresa con sede en Singapur. Según los reportes, las autoridades estadounidenses sospechan que Alice Huang habría sido reclutada por una agencia de espionaje china. Estas acusaciones no constituyen una confirmación de que se haya producido espionaje ni de que el CEO haya compartido información confidencial.
Ante la situación, la junta directiva de Nvidia anunció la formación de un comité integrado por directores independientes, que contará con asesoría externa para supervisar la investigación. El objetivo será examinar los reportes de que Huang pudo haber sido objeto de un esfuerzo de inteligencia extranjera y determinar si existieron riesgos para la compañía.
NEW: Nvidia CEO Jensen Huang admits to cheating on his wife two days after a report dropped that U.S. intelligence believes he had a relationship with a Chinese spy.
"I was unfaithful to my wife," Huang said in a letter to Nvidia staff.
En un memorando dirigido al personal, Huang reconoció su infidelidad y expresó arrepentimiento por el daño causado a su familia. También manifestó su disposición a colaborar plenamente con la investigación y reafirmó su compromiso con la protección de Nvidia y la seguridad nacional estadounidense. El directivo continuará al frente de la compañía mientras se desarrolla el proceso.
La junta directiva aclaró que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que los secretos empresariales de Nvidia o la seguridad nacional hayan resultado comprometidos. Esta precisión es importante porque establece una diferencia entre las sospechas que motivaron la investigación y los hechos que todavía deben esclarecerse.
El caso también involucra a Megaspeed International, empresa acusada de violar restricciones estadounidenses de exportación y facilitar el traslado de chips avanzados hacia China. Huang había sostenido anteriormente que sus contactos con personal de esa compañía eran similares a las relaciones comerciales que mantiene con otros clientes y ejecutivos chinos.
Sin embargo, la controversia ha puesto sobre la mesa otro asunto relevante: Nvidia no cuenta con un plan público de sucesión ni con una persona claramente identificada para reemplazar a Huang. El CEO ha construido una estructura organizativa poco convencional, caracterizada por relaciones directas de trabajo y una jerarquía reducida.
Aunque este modelo ha sido presentado como una forma de mantener la agilidad empresarial, también plantea interrogantes sobre la capacidad de Nvidia para garantizar continuidad operativa si su principal figura ejecutiva tuviera que abandonar inesperadamente el cargo.
¿Por qué es relevante desde la responsabilidad corporativa?
Desde la perspectiva de la responsabilidad y reputación corporativas, este caso ofrece una oportunidad para analizar cómo la conducta de la alta dirección, la gestión de riesgos y la estructura organizativa pueden influir en la sostenibilidad de una compañía.
El primer aprendizaje está relacionado con los límites entre la vida privada y la responsabilidad corporativa.
La infidelidad reconocida por Huang pertenece inicialmente al ámbito personal y es verdad que puede golpear a su reputación y a la compañía, quien debe establecer que una figura que la representa, no puede involucrarse en comportamientos así. Sin embargo, más alla de esto, la situación se complica más cuando una relación involucra a personas vinculadas con empresas estratégicas o posibles operaciones de inteligencia, pueden surgir interrogantes legítimos sobre conflictos de interés, confidencialidad y exposición a riesgos.
Esto no significa que las organizaciones deban supervisar indiscriminadamente las relaciones personales de sus equipos directivos. Significa que necesitan políticas capaces de identificar situaciones que puedan afectar responsabilidades profesionales, sin vulnerar innecesariamente la privacidad.
CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang…Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… pic.twitter.com/M45Nt5Iabq
El segundo aspecto es la independencia del gobierno corporativo.
La decisión de Nvidia de establecer un comité independiente constituye una respuesta institucional relevante. No obstante, su efectividad dependerá de la autonomía real del proceso, la calidad de la investigación y la disposición de la junta para actuar conforme a sus resultados.
Una estructura sólida de gobernanza debe tener capacidad para supervisar incluso a las personas que han sido fundamentales para el éxito de la organización.
El liderazgo empresarial no puede convertirse en una excepción a los mecanismos de rendición de cuentas.
El tercer elemento, la planificación de la sucesión.
La información sobre la ausencia de un plan público de sucesión en Nvidia añade una dimensión especialmente significativa al caso.
Huang no es únicamente su director ejecutivo. Es también cofundador, principal referente público y una figura central en la toma de decisiones estratégicas.
La estructura organizativa de la empresa permite que sus decisiones se implementen rápidamente. Sin embargo, desde la perspectiva de sostenibilidad corporativa, una dependencia excesiva de una sola persona puede representar un riesgo.
¿Qué sucedería si esa figura tuviera que ausentarse inesperadamente? ¿Podría la organización mantener su capacidad de decisión y ejecución?
No contar con un plan público de sucesión no demuestra necesariamente que una empresa carezca de mecanismos internos de continuidad. Sin embargo, sí plantea preguntas sobre la preparación institucional ante escenarios inesperados.
Una organización verdaderamente sostenible necesita desarrollar capacidades de liderazgo que trasciendan a sus figuras fundadoras.
El cuarto aprendizaje, la debida diligencia y los riesgos geopolíticos.
Las acusaciones que involucran a Megaspeed International muestran la complejidad de operar en industrias donde la tecnología, el comercio internacional y la seguridad nacional están estrechamente relacionados.
Las empresas deben evaluar no solamente la viabilidad económica de sus relaciones comerciales, sino también los posibles riesgos regulatorios, reputacionales y de confidencialidad.
Esto significa impulsar procesos de debida diligencia que integren a las áreas jurídicas, de cumplimiento, seguridad corporativa y dirección estratégica.
La prevención requiere identificar señales de alerta, establecer controles proporcionales y contar con mecanismos de respuesta antes de que una situación evolucione hacia una crisis.
El quinto aspecto, la gestión responsable de la reputación.
La investigación ocurre mientras Nvidia mantiene una posición central en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial y enfrenta un entorno comercial complejo entre Estados Unidos y China.
En estas circunstancias, una crisis relacionada con su principal figura ejecutiva puede generar incertidumbre entre inversionistas, colaboradores, clientes y autoridades.
La comunicación corporativa debe distinguir cuidadosamente entre hechos reconocidos, acusaciones e investigaciones en curso.
La transparencia no significa divulgar información sin restricciones ni emitir conclusiones anticipadas. Significa explicar con claridad qué se sabe, qué permanece bajo investigación y cuáles son los mecanismos establecidos para garantizar una evaluación independiente.
La credibilidad se fortalece cuando las organizaciones evitan las especulaciones y mantienen una comunicación coherente con sus compromisos éticos.
Preguntas para profesionales de la responsabilidad corporativa
El caso Nvidia permite plantear interrogantes que van más allá de las circunstancias personales de su CEO y que pueden servir como referencia para evaluar la gobernanza de otras organizaciones.
¿Hasta qué punto debe una empresa supervisar las relaciones personales de su alta dirección cuando pueden representar riesgos corporativos? ¿Cómo puede equilibrarse esa responsabilidad con el respeto a la privacidad?
¿Qué tan preparada está una organización para enfrentar la salida inesperada de su principal figura ejecutiva? ¿Cuenta con mecanismos de sucesión y continuidad que permitan mantener su funcionamiento?
¿Cómo puede garantizarse la independencia de una investigación cuando involucra a una persona con enorme influencia dentro de la compañía? ¿Qué mecanismos de supervisión pueden fortalecer la confianza en sus resultados?
¿Qué responsabilidades tienen las empresas tecnológicas para identificar riesgos asociados con clientes, intermediarios y socios comerciales internacionales? ¿Cómo deberían integrar estos riesgos en sus procesos de debida diligencia?
¿Cómo debería comunicarse una investigación corporativa cuando todavía no existen conclusiones definitivas? ¿Qué información necesitan los grupos de interés para evaluar la respuesta institucional sin alimentar especulaciones?
Estas preguntas pueden servir para revisar políticas internas, fortalecer la supervisión de los consejos de administración y evaluar la preparación de las organizaciones frente a situaciones críticas.
Reflexión final del caso de Jensen Huang
El caso Nvidia demuestra que incluso las empresas con una posición tecnológica y financiera destacada pueden enfrentar riesgos derivados de la conducta de sus figuras directivas, sus relaciones comerciales y sus estructuras de gobierno.
La investigación todavía deberá esclarecer si existió algún intento de espionaje y si la información sensible de la compañía estuvo expuesta. Mientras tanto, sería prematuro atribuir responsabilidades que no han sido demostradas.
Las organizaciones necesitan mecanismos independientes de supervisión, políticas claras para gestionar conflictos de interés, procesos sólidos de debida diligencia y planes de sucesión que reduzcan la dependencia de personas específicas.
También deben reconocer que la reputación corporativa no se protege únicamente mediante declaraciones públicas, sino mediante decisiones institucionales consistentes, transparentes y verificables.
El verdadero gobierno corporativo se demuestra cuando la organización cuenta con estructuras capaces de prevenir riesgos, investigar a sus propias figuras de autoridad y garantizar su continuidad, incluso en escenarios de incertidumbre.
La protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales vuelve a enfrentar a las grandes tecnológicas con las autoridades estadounidenses. Google, Meta y TikTok demandaron al estado de California para impedir la aplicación de una nueva legislación que busca limitar las funcionalidades digitales capaces de fomentar comportamientos compulsivos entre los menores de 16 años. Las compañías argumentan que la norma vulnera sus derechos constitucionales y desplaza las decisiones de los padres.
El conflicto no ocurre de manera aislada. Las tres plataformas, junto con Snap, matriz de Snapchat, enfrentan miles de demandas que las señalan por diseñar servicios capaces de generar dependencia entre los usuarios más jóvenes y contribuir a una crisis de salud mental. En este escenario, la resistencia a una nueva regulación pone bajo escrutinio la distancia entre los compromisos públicos de seguridad infantil y la disposición empresarial para asumir cambios estructurales.
¿Qué establece la nueva ley de California contra la adicción a redes en menores?
La legislación, conocida como Proyecto de Ley 1709 de la Asamblea, fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de septiembre. Su objetivo es reducir la exposición de los menores de 16 años a características de diseño que pueden incentivar el uso compulsivo de las plataformas digitales.
Entre las medidas contempladas destacan:
Restricciones a las recomendaciones personalizadas: las plataformas no podrán ofrecer a menores de 16 años determinados sistemas de recomendación de contenido que puedan fomentar comportamientos adictivos.
Límites a la reproducción automática: se busca impedir funcionalidades que reproducen videos consecutivamente y reducen las pausas naturales durante el consumo.
Eliminación de cuentas: las empresas deberán eliminar las cuentas de menores que cuenten con las funcionalidades restringidas.
La iniciativa parte de una preocupación cada vez más presente en el debate sobre salud digital: el diseño de las plataformas no es neutral. Los sistemas de recomendación, la reproducción continua y otros mecanismos de interacción pueden prolongar el tiempo de permanencia y favorecer patrones de uso difíciles de interrumpir.
Meta, Google, and TikTok sued California on Wednesday in an attempt to block Assembly Bill 1709, signed by Governor Gavin Newsom on September 10, which prohibits social media platforms from offering so-called "addictive features" to users under the age of 16. pic.twitter.com/HFiDU50qXI
Al firmar la ley, Newsom sostuvo que la seguridad infantil debe ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre tecnología y aseguró que California no permanecería indiferente ante los riesgos que representa la tecnología sin regulación.
La medida, sin embargo, encontró oposición no solamente entre las compañías involucradas. La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización dedicada a la defensa de los derechos digitales, calificó la legislación como una «pesadilla a gran escala para la privacidad y la libertad de expresión», al considerar que podría abrir la puerta a restricciones desproporcionadas sobre el acceso a Internet.
¿Por qué Google, Meta y TikTok demandaron a California?
En demandas presentadas por separado, las compañías solicitaron impedir la aplicación de la legislación mediante argumentos constitucionales y jurídicos.
Su principal objeción es que el estado estaría interfiriendo indebidamente en sus decisiones editoriales sobre cómo organizar, seleccionar y presentar los contenidos. Meta, matriz de Facebook e Instagram, sostuvo que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege sus criterios para distribuir miles de millones de publicaciones de terceros.
Google, propietaria de YouTube, y TikTok, filial de ByteDance, presentaron argumentos similares. Las empresas también señalaron que la norma entra en conflicto con la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, disposición federal que ofrece una amplia protección a las plataformas frente a la responsabilidad por contenidos publicados por sus usuarios.
Otro de sus argumentos es que California estaría sustituyendo el criterio de los padres por el del gobierno al determinar qué funcionalidades pueden utilizar los adolescentes.
Estos planteamientos abren un debate legítimo sobre los límites de la intervención estatal, la libertad de expresión y la protección de la infancia. No obstante, también es necesario distinguir entre regular los contenidos que circulan en una plataforma y establecer límites a las herramientas de diseño que determinan cómo se consumen.
La reproducción automática o los sistemas de recomendación no son únicamente mecanismos para mostrar publicaciones de terceros: son decisiones de diseño tomadas por las propias empresas. Por ello, el debate no puede reducirse a una supuesta intromisión gubernamental en la libertad editorial. También debe considerar hasta dónde llega la responsabilidad corporativa cuando las características de un producto pueden representar riesgos para sus usuarios más vulnerables.
Adicción a redes en menores: ¿corregir los riesgos o evitar las sanciones?
La resistencia de Google, Meta y TikTok adquiere otra dimensión cuando se examina a la luz de los procesos legales que ya enfrentan. Las tres compañías, junto con Snap, acumulan miles de demandas presentadas por particulares, distritos escolares, municipios y entidades gubernamentales que las acusan de haber desarrollado productos capaces de generar adicción entre niñas, niños y adolescentes.
Las reclamaciones relacionan el uso de estas plataformas con una crisis de salud mental que incluye ansiedad, depresión e incluso suicidio. Se trata de acusaciones que deberán resolverse en los tribunales, pero su volumen evidencia que las preocupaciones sobre el diseño de las redes sociales no son un asunto marginal ni una controversia aislada.
A este panorama se suma el acuerdo anunciado en agosto por Meta, mediante el cual aceptó pagar hasta 18,000 millones de dólares y limitar el uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes, en virtud de acuerdos con casi todos los estados estadounidenses que la acusaban de vulnerar leyes de privacidad y protección al consumidor.
La cifra es relevante, pero también obliga a plantear una pregunta sobre la eficacia de las sanciones económicas: ¿hasta qué punto representan un incentivo suficiente para transformar las prácticas empresariales?
Cuando una compañía enfrenta costos legales millonarios y, al mismo tiempo, continúa defendiendo judicialmente los mecanismos cuestionados de sus productos, resulta necesario analizar si las multas y los acuerdos realmente modifican sus incentivos. Pagar una sanción puede resolver una parte de un conflicto jurídico, pero no necesariamente transforma la arquitectura tecnológica que originó las reclamaciones.
El problema es especialmente complejo porque las funcionalidades señaladas forman parte de la lógica comercial de las redes sociales. Los algoritmos de recomendación, la reproducción automática y los sistemas diseñados para mantener la atención permiten incrementar la interacción, acumular datos y ampliar las oportunidades de monetización publicitaria. Limitar estas herramientas implica intervenir en elementos que pueden tener valor económico para las plataformas.
Por eso, la defensa de estos mecanismos como una cuestión de libertad editorial merece un examen más profundo. Si las empresas consideran que sus decisiones de diseño deben permanecer fuera del alcance regulatorio, también deben explicar cómo garantizan que esas decisiones no perjudiquen a los menores y qué evidencia demuestra que sus medidas voluntarias son suficientes.
¿Qué tan efectivos son los compromisos de seguridad de las redes sociales?
El caso de California también expone una contradicción recurrente en las estrategias de responsabilidad corporativa de las grandes tecnológicas: mientras sus discursos públicos destacan la seguridad, el bienestar digital y la protección de las infancias, sus modelos de negocio siguen dependiendo de captar y conservar la atención de los usuarios.
Esto no significa que todas las medidas de protección sean inexistentes o que cualquier acción legal constituya automáticamente una prueba de falta de compromiso. Las empresas pueden tener objeciones legítimas sobre la constitucionalidad y los alcances de una regulación. Sin embargo, sus argumentos tampoco las eximen de responder por los posibles efectos de sus productos.
La verdadera prueba de responsabilidad no consiste únicamente en publicar herramientas de control parental, establecer límites de tiempo o habilitar opciones para denunciar contenidos. También requiere revisar las decisiones de diseño que pueden incentivar un consumo prolongado, especialmente cuando los usuarios todavía no cuentan con la madurez suficiente para regular sus propios hábitos digitales.
En ese sentido, hay una diferencia fundamental entre ofrecer a los padres herramientas para administrar el uso de una plataforma y modificar la plataforma para reducir los riesgos desde su origen. La primera alternativa traslada buena parte de la responsabilidad a las familias; la segunda exige que las empresas asuman las consecuencias de sus decisiones de producto.
La adicción a redes en menores no se resolverá únicamente con restricciones legales, pero tampoco puede abordarse confiando exclusivamente en la autorregulación de compañías cuyos ingresos dependen, en buena medida, de mantener la atención de sus audiencias.
La responsabilidad de las tecnológicas frente a la protección de las infancias
California no es el único territorio que intenta establecer límites. Numerosos estados estadounidenses han impulsado regulaciones sobre el acceso de menores a las redes sociales, mientras que otros países también han adoptado medidas. Australia, por ejemplo, estableció una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años.
La expansión de estas iniciativas refleja que la discusión ha superado el terreno de las recomendaciones individuales para convertirse en un asunto de responsabilidad empresarial, salud pública y regulación tecnológica.
Para Google, Meta y TikTok, el desafío no debería limitarse a conseguir que una ley sea anulada, reducir sus obligaciones o negociar sanciones. También implica demostrar que están dispuestas a revisar los mecanismos que hacen atractivos sus servicios, incluso cuando eso signifique renunciar a determinadas prácticas que favorecen la permanencia y la interacción.
Mientras miles de reclamaciones continúan señalando posibles daños asociados con sus productos, las declaraciones de compromiso con la seguridad infantil pierden fuerza si no están acompañadas de transformaciones verificables. La responsabilidad corporativa no puede medirse solamente por los recursos destinados a atender las consecuencias de un problema, sino también por la voluntad de modificar las decisiones empresariales que pueden contribuir a provocarlo.
En última instancia, la discusión sobre la adicción a redes en menores plantea una cuestión que las compañías no pueden resolver únicamente en los tribunales: si proteger a las infancias es realmente una prioridad, ¿están dispuestas a cambiar su modelo de negocio para conseguirlo?
Singapur busca endurecer su respuesta frente a la contaminación atmosférica transfronteriza con un proyecto de ley que propone multiplicar por diez las multas para las empresas responsables de provocar episodios de neblina tóxica. La iniciativa no solo elevaría las sanciones económicas, sino que permitiría al gobierno intervenir en las relaciones comerciales de compañías sospechosas de estar vinculadas con incendios forestales, incluso antes de que exista una condena judicial.
La propuesta surge después de que el país enfrentara su peor episodio de neblina desde 2015, un fenómeno relacionado con incendios en territorios vecinos que afecta la calidad del aire, la salud pública y la actividad económica. Más allá de su alcance nacional, la reforma plantea una cuestión relevante para la agenda ambiental internacional: ¿pueden las sanciones económicas y la responsabilidad sobre las cadenas de suministro convertirse en instrumentos efectivos para frenar la destrucción ambiental?
¿En qué consiste el proyecto de ley de Singapur para aumentar las multas por contaminación?
El miércoles, el Gobierno de Singapur presentó ante el Parlamento un proyecto de enmienda a la Ley de Contaminación Transfronteriza por Humo, aprobada en 2014. La iniciativa propone aumentar de 2 millones a 20 millones de dólares singapurenses (15.6 millones de dólares estadounidenses) la multa máxima por provocar o contribuir a episodios de contaminación atmosférica que afecten al país.
También elevaría de 100,000 a 1 millón de dólares singapurenses la sanción máxima diaria. Esto significa que las empresas podrían enfrentar penalizaciones considerablemente mayores, además de tener que devolver cualquier beneficio imponible obtenido o pérdida evitada como consecuencia de la infracción.
La propuesta fue presentada mediante un certificado de urgencia, un procedimiento poco frecuente que permite aprobar las tres lecturas de un proyecto de ley en una sola sesión parlamentaria. La ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu, justificó la rapidez del proceso por la necesidad de evitar que las pruebas de las investigaciones en curso sean alteradas o desaparezcan.
El detonante fue la reciente crisis de neblina, que la Agencia Nacional de Medio Ambiente (NEA) calificó como la peor que ha experimentado Singapur desde 2015. De acuerdo con estimaciones de Eco-Business, el episodio podría ocasionar pérdidas de hasta 3,900 millones de dólares singapurenses (3,100 millones de dólares estadounidenses), aproximadamente el doble de los 1,830 millones registrados durante la crisis de 2015.
La magnitud económica del problema evidencia que la contaminación atmosférica no es únicamente una cuestión ambiental: también representa un riesgo para la productividad, la salud pública y la estabilidad de las actividades económicas.
¿Qué cambiaría con las nuevas multas por contaminación?
La reforma no se limita a incrementar las sanciones económicas. También busca corregir las dificultades que han impedido aplicar eficazmente la legislación vigente.
Desde 2014, la ley permite sancionar a quienes causen o contribuyan a la contaminación por humo en Singapur. Sin embargo, hasta ahora no se ha impuesto ninguna condena. La NEA notificó a seis empresas indonesias por su presunta responsabilidad en la contaminación de 2015: dos investigaciones se cerraron en 2017 y cuatro continúan abiertas.
Grace Fu explicó que uno de los principales obstáculos ha sido obtener pruebas y conseguir la cooperación de empresas que operan fuera de la jurisdicción singapurense. Para responder a estas limitaciones, el proyecto contempla cambios importantes:
Intervención preventiva: ya no sería necesario esperar a que la neblina llegue al país. Bastaría con que existiera un riesgo de contaminación atmosférica en Singapur.
Mayor responsabilidad empresarial: las compañías tendrían que demostrar que tomaron medidas razonables para prevenir incendios y combatirlos cuando se les atribuya responsabilidad.
Menos posibilidades de evadir sanciones: se limitarían las defensas relacionadas con la intervención de terceros, desastres naturales o actos de guerra.
Recuperación de beneficios económicos: los tribunales podrían ordenar a las empresas condenadas devolver las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas mediante la conducta sancionada.
Uno de los cambios más relevantes es que el humo que se dirija hacia Singapur se presumiría como un riesgo de contaminación, salvo que la empresa demuestre lo contrario. Además, un certificado del Director General de Protección Ambiental que confirme ese riesgo constituiría prueba concluyente ante un tribunal.
La reforma busca así trasladar parte de la responsabilidad hacia las compañías, evitando que la falta de una afectación ya consumada impida actuar frente a actividades potencialmente contaminantes.
Las empresas podrían perder proveedores, clientes y financiamiento
Uno de los aspectos más contundentes de la propuesta es la posibilidad de intervenir directamente en las relaciones comerciales de las empresas sospechosas de estar vinculadas con incendios. El ministro de Sostenibilidad y Medio Ambiente podría designar a compañías o individuos cuando tenga conocimiento o motivos para sospechar que han cometido una infracción. A partir de esa designación, el Gobierno podría ordenar a terceros:
Dejar de suministrarles productos o servicios.
Suspender las compras de sus productos.
Interrumpir préstamos y otros servicios financieros.
Dejar de proporcionarles seguros.
Rescindir contratos comerciales existentes.
Estas restricciones también podrían extenderse a socios comerciales y empresas relacionadas. Además, no sería indispensable que existiera una condena penal para aplicar las medidas. Las compañías generalmente tendrían 14 días para impugnar su designación. Incumplir una orden podría generar multas de hasta 1 millón de dólares singapurenses.
La propuesta también contempla que la NEA pueda advertir a empresas, particularmente de los sectores forestal y agrícola, para que eviten relaciones comerciales con actores cuya conducta constituya una infracción, así como la adquisición de productos elaborados con sus materias primas.
Este punto introduce una dimensión importante para la responsabilidad social empresarial: la obligación de vigilar no solamente las operaciones propias, sino también las relaciones comerciales y el origen de los productos que circulan por las cadenas de suministro.
En la práctica, una empresa sospechosa de provocar incendios podría enfrentar consecuencias económicas mucho más amplias que una multa. Perder acceso a compradores, financiamiento, seguros y proveedores puede comprometer su continuidad operativa y afectar su posición en los mercados internacionales.
¿Cómo busca Singapur superar las dificultades para investigar a las empresas?
La iniciativa también propone nuevas facultades de investigación. El Director General de Protección Ambiental podría ordenar a empresas sospechosas, así como a otras vinculadas con ellas por relaciones comerciales o corporativas, contratar evaluadores privados pertenecientes a un panel oficial.
Estos especialistas podrían ingresar a sus instalaciones, solicitar documentos y exigir explicaciones sobre su posible participación en incendios fuera de Singapur. Aunque las compañías financiarían las evaluaciones, los investigadores responderían ante el Director General y sus informes podrían utilizarse como pruebas judiciales.
Negarse a contratar evaluadores o impedirles el acceso podría generar multas de hasta 20 millones de dólares singapurenses. La medida también daría respaldo legal a investigaciones que ya están en marcha. El 23 de octubre, la NEA notificó a diez empresas registradas en Singapur. Hasta el sábado referido en el reporte, cinco habían aceptado contratar evaluadores y otras dos habían manifestado su disposición.
Adicionalmente, se establecería un marco de sanciones civiles que permitiría a la NEA solicitar multas de entre 100,000 y 10 millones de dólares singapurenses, con autorización del Ministerio Público. En estos procedimientos bastaría aplicar el estándar de preponderancia de la prueba, menos exigente que el requerido en un proceso penal.
La ministra aclaró que una empresa no podría recibir sanciones penales y civiles por los mismos hechos. No obstante, existe una limitación temporal importante: algunas facultades de investigación, designación y restricción comercial podrían aplicarse retroactivamente a conductas anteriores a la entrada en vigor de la reforma, como las relacionadas con los incendios de este año. En cambio, las nuevas multas y la ampliación del delito de contaminación atmosférica no tendrían el mismo alcance retroactivo.
¿Pueden las multas por contaminación convertirse en un precedente mundial?
La propuesta de Singapur plantea un modelo de regulación ambiental que va más allá de castigar económicamente a quienes contaminan. Su principal innovación consiste en vincular la responsabilidad ambiental con las relaciones comerciales y financieras de las empresas, de manera que las consecuencias de una infracción puedan extenderse a toda su red de negocios.
Este enfoque resulta especialmente relevante para actividades como la agricultura y la explotación forestal, donde los impactos ambientales pueden producirse en un territorio y afectar a comunidades, ecosistemas y economías de otros países.
También plantea una discusión para las empresas multinacionales: la distancia geográfica entre sus operaciones, proveedores y mercados no necesariamente las exime de responsabilidad cuando sus actividades contribuyen a generar daños ambientales transfronterizos.
Sin embargo, replicar este modelo en otros países requeriría condiciones institucionales específicas. Entre ellas destacan:
Legislaciones que permitan atribuir responsabilidad por daños ambientales fuera del territorio nacional.
Autoridades con capacidad técnica para investigar cadenas de suministro y reunir pruebas.
Mecanismos de cooperación internacional para identificar a los responsables.
Garantías jurídicas que permitan impugnar las designaciones y evitar sanciones arbitrarias.
Sistemas de supervisión que aseguren que las penalizaciones sean proporcionales al daño y a la capacidad económica de las empresas.
La iniciativa también deja una advertencia: aumentar las multas por contaminación no garantiza por sí mismo que las empresas modifiquen sus prácticas. La efectividad dependerá de que las autoridades puedan investigar, demostrar responsabilidades y aplicar las sanciones sin que los procesos queden detenidos durante años.
Una señal para la responsabilidad ambiental empresarial
El proyecto de Singapur representa un cambio relevante en la manera de abordar la contaminación transfronteriza. Al combinar sanciones económicas más elevadas, mecanismos de investigación y restricciones comerciales, busca que provocar daños ambientales tenga consecuencias que afecten directamente la viabilidad económica de las empresas responsables.
Para la agenda ESG, la propuesta refuerza la importancia de la debida diligencia ambiental, la trazabilidad de las materias primas y la supervisión de proveedores. Ya no bastaría con que una compañía declare compromisos de sostenibilidad: tendría que demostrar que conoce los riesgos ambientales asociados con sus operaciones y relaciones comerciales.
Aun así, la ministra Grace Fu reconoció que las modificaciones legales no garantizan el éxito de los procesos judiciales ni resolverán por sí solas el problema de los incendios. «Pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de nuestra jurisdicción para proteger a nuestra gente de los efectos nocivos de la neblina», afirmó.
La relevancia internacional de esta iniciativa dependerá de su aplicación. Si consigue convertir las sanciones en un mecanismo efectivo para prevenir incendios y responsabilizar a las empresas, Singapur podría ofrecer una referencia regulatoria para otros países que enfrentan contaminación transfronteriza y daños ambientales asociados con cadenas de suministro globales.
El mensaje de fondo es que el costo de contaminar no debería limitarse a una sanción administrativa: también tendría que reflejarse en los beneficios, las operaciones y las relaciones comerciales de quienes generan el daño.
Las afirmaciones ambientales se han convertido en un recurso habitual de comunicación para las empresas que buscan demostrar sus avances en sostenibilidad. Sin embargo, comunicar que un producto es ecológico, que una operación es más limpia o que una compañía contribuye a combatir el cambio climático implica una responsabilidad: contar con pruebas que respalden esas declaraciones. Ante el endurecimiento de las regulaciones y el mayor escrutinio sobre la comunicación corporativa, evitar el greenwashing se ha convertido en una prioridad para las organizaciones.
En respuesta a este desafío, Deloitte anunció el lanzamiento de Green Claim Navigator, una solución basada en inteligencia artificial (IA) diseñada para ayudar a las empresas a identificar posibles casos de ecoblanqueo y evaluar el cumplimiento de sus afirmaciones ambientales. La herramienta busca revisar los mensajes que aparecen en sitios web, informes, envases y materiales de marketing, con el objetivo de que las organizaciones puedan comunicar sus compromisos y resultados de sostenibilidad con mayor claridad, credibilidad y respaldo documental.
¿Qué es Green Claim Navigator y cómo funciona?
Green Claim Navigator es una herramienta para evitar el greenwashing que utiliza inteligencia artificial para analizar las declaraciones ambientales de las empresas y contrastarlas con los requisitos regulatorios aplicables. Su propósito es identificar afirmaciones que podrían resultar ambiguas, insuficientemente justificadas o incompatibles con las disposiciones vigentes.
Evaluación del cumplimiento: compara cada afirmación de sostenibilidad con marcos regulatorios específicos para determinar si cumple con los criterios correspondientes.
Recomendaciones para mejorar las declaraciones: ofrece sugerencias posteriores a la evaluación, incluidas reformulaciones basadas en consultas con expertos y buenas prácticas regulatorias.
Seguimiento normativo: monitorea en tiempo real los cambios en las regulaciones y las tendencias de cumplimiento para ayudar a las empresas a mantenerse actualizadas.
Estas funciones buscan intervenir en distintas etapas de la comunicación corporativa: desde la revisión de un mensaje antes de publicarlo hasta la actualización de declaraciones que podrían dejar de cumplir con los requisitos regulatorios.
¿Por qué las empresas necesitan una herramienta para evitar el greenwashing?
El lanzamiento ocurre en un momento en que las autoridades están elevando las exigencias sobre las afirmaciones ambientales. Deloitte destaca dos referencias regulatorias: la Directiva de la Unión Europea sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica(EmpCo) y las disposiciones actualizadas de Suiza sobre declaraciones relacionadas con el clima, en el marco de su Ley de Competencia Desleal.
Ambos marcos refuerzan la necesidad de que las empresas respalden sus mensajes ambientales con pruebas objetivas y verificables. Esto significa que expresiones como «sostenible», «ecológico» o «respetuoso con el medio ambiente» no deberían utilizarse como recursos publicitarios sin evidencia suficiente que permita justificar su alcance.
La presión regulatoria también modifica la gestión interna de las compañías. Las áreas de sostenibilidad, comunicación, marketing, asuntos legales y cumplimiento necesitan trabajar de manera coordinada para asegurar que los mensajes públicos correspondan con los resultados y las prácticas reales de la organización.
En este escenario, una herramienta para evitar el greenwashing puede facilitar la revisión sistemática de las declaraciones y reducir el riesgo de difundir información ambiental engañosa. No obstante, su utilidad dependerá de la calidad de los datos proporcionados, la interpretación de los requisitos y la supervisión de los especialistas responsables.
¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en la comunicación ambiental?
La incorporación de IA a la revisión de afirmaciones ambientales apunta a resolver un problema cada vez más complejo: las empresas generan mensajes de sostenibilidad en múltiples canales y deben adaptarlos a regulaciones que evolucionan constantemente.
Green Claim Navigator busca agilizar ese proceso al comparar declaraciones con disposiciones específicas, sugerir modificaciones y dar seguimiento a los cambios normativos. Esto puede ayudar a los equipos corporativos a detectar inconsistencias antes de que una afirmación llegue a consumidores, inversionistas u otros grupos de interés.
Lay Boon Tan, líder de auditoría en Suiza de Deloitte, destacó la importancia de contar con declaraciones ambientales claras y respaldadas por evidencia. «Una tecnología probada y contrastada contribuirá en gran medida a brindar a los consejos de administración y a los ejecutivos de toda Europa la confianza que necesitan frente a estas exigencias normativas», señaló.
Sin embargo, la tecnología no sustituye la responsabilidad empresarial de demostrar sus avances. Una revisión automatizada no garantiza por sí sola que una afirmación sea verdadera ni que los datos utilizados representen adecuadamente el desempeño ambiental de una organización. La verificación de la evidencia y las decisiones sobre lo que se comunica siguen requiriendo criterio profesional y rendición de cuentas.
¿Puede Green Claim Navigator acabar con el greenwashing?
La nueva solución de Deloitte representa un intento de incorporar herramientas tecnológicas a la prevención del ecoblanqueo, en un momento en que las declaraciones ambientales están sujetas a mayores exigencias de transparencia. Su principal aportación es facilitar la revisión de mensajes corporativos, detectar posibles incumplimientos y mantenerlos alineados con marcos regulatorios en evolución.
No obstante, ninguna herramienta para evitar el greenwashing puede resolver por sí sola el problema si las empresas no cuentan con información confiable, objetivos ambientales verificables y voluntad de comunicar sus resultados sin exageraciones. La credibilidad no depende únicamente de cómo se redacta una afirmación, sino de que exista evidencia que la sostenga. El verdadero avance estará en utilizar la inteligencia artificial para fortalecer la transparencia y no simplemente para hacer más eficiente la comunicación de compromisos que todavía no se traducen en resultados.
Nuestra jerarquía simplificada de las luces y sombras, de lo que todos hablan y lo que pocos saben en el mundo de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad.
La pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas representan riesgos ambientales, económicos y sociales que requieren nuevas formas de financiamiento. Aunque la conservación de la naturaleza es fundamental para sostener actividades productivas y cadenas de suministro, numerosos proyectos enfocados en proteger y restaurar los ecosistemas todavía enfrentan dificultades para conseguir capital. Ante este desafío, el sector financiero comienza a explorar mecanismos que permitan movilizar inversión privada hacia soluciones ambientales con potencial de crecimiento.
En esta dirección, Bank of America y la Sustainable Markets Initiative (SMI), organización sin ánimo de lucro fundada por el rey Carlos III, lanzaron una estrategia de inversión de 40 millones de dólares para impulsar proyectos relacionados con la naturaleza y la biodiversidad. Denominada Iniciativa Faro(Lighthouse Initiative), la propuesta busca demostrar que la protección de los ecosistemas también puede representar una oportunidad de inversión y desarrollo empresarial. La iniciativa suma así un nuevo ejemplo de cómo las alianzas por la naturaleza pueden acercar recursos financieros a soluciones que necesitan ampliar su alcance.
¿En qué consiste la Iniciativa Faro de Bank of America y Sustainable Markets Initiative?
Presentada el 23 de septiembre, la Iniciativa Faro busca canalizar capital privado hacia proyectos ambientales y empresas tecnológicas que contribuyan a proteger la biodiversidad, regenerar ecosistemas y transformar prácticas industriales. La estrategia contempla una inversión de 40 millones de dólares y realizará participaciones minoritarias en proyectos de distintas partes del mundo.
Su gestión estará a cargo de Eurazeo, firma francesa de inversión que incorporará la estrategia a su Fondo Industrias Futuras III, enfocado en empresas e industrias sostenibles. Eurazeo y Bank of America encabezaron los compromisos iniciales de capital, aunque el esquema está diseñado para recibir aportaciones de nuevos socios con el tiempo.
Un elemento relevante será el seguimiento de los resultados. Las inversiones se evaluarán mediante el marco de impacto de Eurazeo, que incluye una medición de la huella de biodiversidad. De esta manera, la iniciativa busca incorporar criterios ambientales al análisis de las inversiones y dar seguimiento a la contribución de los proyectos financiados.
¿Qué objetivos ambientales busca impulsar esta estrategia de inversión?
La Iniciativa Faro pretende atender una brecha de financiamiento: la falta de recursos suficientes para desarrollar y ampliar soluciones basadas en la naturaleza. Para ello, concentrará sus inversiones en cuatro líneas de acción:
Protección y regeneración de ecosistemas: financiar proyectos orientados a conservar la naturaleza y recuperar espacios degradados.
Transformación de industrias y cadenas de suministro: respaldar la transición hacia prácticas productivas más limpias y sostenibles.
Desarrollo de mecanismos de financiamiento para la naturaleza: contribuir a crear ecosistemas de inversión que faciliten la llegada de capital a proyectos ambientales.
Medición y verificación de resultados: apoyar soluciones que mejoren la recopilación de datos, el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación de los avances en sostenibilidad.
Esta última línea resulta especialmente importante porque uno de los desafíos de las inversiones ambientales consiste en demostrar sus resultados. Medir la evolución de la biodiversidad y verificar los beneficios de los proyectos permite contar con información para evaluar su impacto y orientar futuras decisiones de financiamiento.
¿Cómo se vincula con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal?
La estrategia se alineará con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, acuerdo internacional adoptado en 2022 para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Cada inversión realizada mediante la Iniciativa Faro deberá contribuir, al menos, a uno de los objetivos establecidos en este instrumento.
Entre sus metas destaca la conservación y gestión efectiva de al menos 30% de las áreas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas del planeta para 2030. Este objetivo, conocido como 30×30, busca ampliar la protección de los ecosistemas y fortalecer las acciones para conservar la diversidad biológica.
La vinculación con este marco internacional permite orientar las inversiones hacia prioridades ambientales compartidas. También establece una referencia para evaluar si los proyectos respaldados contribuyen a objetivos de conservación que trascienden los intereses particulares de cada empresa o inversionista.
Terra Carta: el compromiso del sector privado con la naturaleza
Además del Marco Global de Biodiversidad, las inversiones estarán alineadas con la Terra Carta, una iniciativa impulsada en 2021 por el entonces príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, a través de Sustainable Markets Initiative. Esta carta establece una hoja de ruta para que el sector privado integre la sostenibilidad en sus modelos de negocio y contribuya a los objetivos del Acuerdo de París y otros compromisos relacionados con la naturaleza.
Su planteamiento parte de reconocer que las actividades económicas dependen de ecosistemas saludables y de recursos naturales que no son ilimitados. Por ello, propone que las empresas incorporen criterios ambientales en sus decisiones de inversión, producción y crecimiento.
La participación de Bank of America y SMI en la Iniciativa Faro conecta este enfoque con el mercado financiero: movilizar recursos hacia empresas y proyectos que puedan generar soluciones ambientales y, al mismo tiempo, desarrollar modelos económicamente viables. En ese sentido, las alianzas por la naturaleza buscan acercar los objetivos de conservación a las decisiones de capital que influyen en el rumbo de distintas industrias.
Last week, The Prince of Wales announced the launch of @TheSMI’s Terra Carta – “to bring prosperity into harmony with Nature, People and Planet over the coming decade." 🌎
¿Por qué es importante movilizar inversión privada para proteger la biodiversidad?
La participación del sector financiero puede contribuir a ampliar el alcance de proyectos que, pese a su relevancia ambiental, no siempre consiguen los recursos necesarios para desarrollarse. A través de instrumentos de inversión, las instituciones financieras pueden respaldar empresas tecnológicas, iniciativas de restauración y soluciones que ayuden a transformar las cadenas de suministro.
Matthieu Bonamy, socio del fondo Future Industries de Eurazeo, señaló en el comunicado de lanzamiento: «La naturaleza es la base de las industrias en las que invertimos, pero la biodiversidad sigue siendo uno de los temas de inversión con menor financiación». También afirmó que la iniciativa busca demostrar que proteger y restaurar la naturaleza puede tener sentido comercial a gran escala.
Esta perspectiva plantea una oportunidad para vincular la rentabilidad con la conservación, aunque el éxito dependerá de que los proyectos produzcan beneficios ambientales comprobables y de que exista transparencia sobre el destino y los resultados del capital invertido. Los compromisos financieros son un punto de partida; su valor ambiental debe medirse a partir de lo que efectivamente logren proteger, restaurar o transformar.
La Iniciativa Faro muestra cómo las alianzas por la naturaleza pueden conectar a bancos, gestores de activos y organizaciones internacionales para impulsar soluciones que necesitan financiamiento. Su apuesta de 40 millones de dólares busca contribuir a cerrar la brecha de inversión en biodiversidad y demostrar que la conservación puede ocupar un lugar más relevante en las estrategias económicas. El siguiente paso será convertir ese capital en resultados medibles para los ecosistemas y en modelos de negocio capaces de sostenerlos a largo plazo.
La victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos abre una nueva etapa para la política climática del país. Después de dos años de decisiones federales orientadas a revertir regulaciones ambientales, reducir el respaldo a las energías limpias y favorecer la expansión de los combustibles fósiles, el cambio en la composición del Congreso podría ofrecer a la oposición mayores herramientas para recuperar parte de la agenda climática.
Sin embargo, la ola azul demócrata no significa un regreso inmediato a las políticas ambientales ambiciosas. Aunque el partido obtuvo el control del Senado y la Cámara de Representantes, Donald Trump conserva la presidencia y, con ella, la capacidad de vetar iniciativas legislativas. El escenario que se perfila es el de una disputa por los recursos, la regulación energética y el margen de actuación de los gobiernos estatales, en la que la asequibilidad de la electricidad y los beneficios económicos de la transición podrían ser tan importantes como los compromisos de reducción de emisiones.
¿Qué cambió con la ola azul demócrata en las elecciones de mitad de mandato?
El resultado electoral del 3 de noviembre de 2026 modificó el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas consiguieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, además de avances en gobiernos estatales y legislaturas locales.
🔵 ¡Tsunami azul en EU! 🇺🇸
Los resultados de la jornada electoral de ayer muestran un dominio rotundo de los demócratas, quienes barrieron en el mapa político arrebatando el control de ambas cámaras y gubernaturas clave. 🗳️🇺🇸 🧵👇 pic.twitter.com/xt403apEYI
El cambio resulta significativo porque, durante los dos años anteriores, el Congreso republicano no representó un contrapeso efectivo a las decisiones de Trump en materia ambiental. Tras regresar a la Casa Blanca en 2025, el presidente retiró nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, revocó la declaración federal de peligro que sustentaba regulaciones sobre gases de efecto invernadero y abrió nuevas oportunidades para la explotación de petróleo y gas en tierras públicas.
La nueva mayoría demócrata tendrá capacidad para modificar prioridades legislativas, supervisar las decisiones de las agencias federales y cuestionar el manejo de los recursos públicos. No obstante, existe una limitación institucional determinante: Trump conserva el poder de veto y los demócratas no cuentan con los dos tercios necesarios en ambas cámaras para anularlo.
Por ello, la victoria electoral debe entenderse como una recuperación de capacidad política y legislativa, no como una garantía de que Estados Unidos retomará de inmediato una trayectoria de descarbonización.
¿Qué medidas climáticas podrían impulsar los demócratas?
Una de las primeras prioridades podría ser recuperar los recursos federales destinados a programas climáticos y de energía limpia que la administración Trump ha retenido. La disponibilidad de estos fondos determina si proyectos de infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico pueden pasar de los compromisos financieros a su ejecución.
Chellie Pingree, representante demócrata reelegida por Maine e integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, ha manifestado su intención de presionar para que el Gobierno federal entregue los recursos climáticos aprobados por el Congreso.
Esta estrategia permitiría a los legisladores actuar sobre programas existentes, incluso cuando no exista suficiente respaldo para aprobar una nueva legislación climática de gran alcance.
Entre las principales líneas de acción que podrían ganar fuerza destacan:
Restablecimiento del financiamiento climático: exigir que la administración ejerza los fondos aprobados para proyectos de energía limpia y resiliencia.
Impulso a la manufactura nacional: fortalecer la producción de baterías y otros componentes necesarios para reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras.
Reforma de los permisos energéticos: negociar cambios que agilicen la construcción de infraestructura sin debilitar las principales salvaguardas ambientales.
Políticas energéticas integrales: combinar el desarrollo de renovables con medidas para garantizar el suministro y atender las necesidades de la industria.
Ken Gillingham, profesor de economía ambiental y energética de la Escuela de Medio Ambiente de Yale, considera que los demócratas podrían impulsar políticas energéticas que incluyan concesiones en materia de petróleo y gas a cambio de avances en energías limpias. El académico también advierte que una parte del grupo parlamentario demócrata no cuenta con el respaldo político necesario para aprobar medidas climáticas ambiciosas, aunque sí podría impulsar otras iniciativas energéticas.
Esto revela una tensión central para la política climática estadounidense: la transición puede avanzar cuando se presenta como una oportunidad industrial y económica, pero sus posibilidades se reducen cuando exige confrontar directamente los intereses de los combustibles fósiles.
Reforma de permisos y baterías: dos frentes para la transición energética
La reforma del sistema de permisos para proyectos energéticos será otro de los asuntos relevantes durante el próximo periodo legislativo. La iniciativa busca modernizar los procedimientos para facilitar la construcción de infraestructura, desde instalaciones de generación hasta redes de transmisión.
Antes de las elecciones, el proyecto tenía posibilidades de avanzar, pero incluía disposiciones que podían debilitar leyes ambientales fundamentales, como la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Geoffrey Henderson, profesor adjunto de política y planificación ambiental de la Universidad de Michigan, considera que el nuevo equilibrio legislativo permitirá a los demócratas negociar desde una posición más favorable y exigir mejores condiciones para proteger las normas ambientales.
El reto consiste en evitar que la simplificación administrativa se convierta en una vía para debilitar la supervisión ambiental. La infraestructura energética necesita construirse con mayor rapidez, pero también debe responder a criterios de planeación territorial, protección de ecosistemas y participación pública.
Por otra parte, la fabricación nacional de baterías podría convertirse en uno de los puntos de encuentro entre legisladores de ambos partidos. Gillingham señala que existe interés bipartidista en relocalizar parte de la cadena de suministro de vehículos eléctricos.
Fortalecer esta industria no solo contribuiría a reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Las baterías también son fundamentales para almacenar electricidad generada mediante fuentes renovables y equilibrar la oferta y la demanda en la red.
Así, la ola azul demócrata podría favorecer una agenda climática que avance mediante la competitividad industrial, la innovación y la seguridad energética, incluso cuando las iniciativas explícitamente orientadas a reducir emisiones encuentren mayores obstáculos.
Los estados ganan protagonismo en la política climática estadounidense
Uno de los efectos más relevantes de las elecciones podría producirse fuera de Washington. Además del control del Congreso federal, los demócratas consiguieron avances en gobiernos estatales y legislaturas, lo que abre oportunidades para aprobar medidas climáticas que no dependen directamente de la Casa Blanca.
Michigan, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania y Nevada se encuentran entre los estados donde el partido obtuvo el control de las principales instituciones de gobierno. Pensilvania ofrece un ejemplo concreto de lo que podría cambiar. El nuevo equilibrio político abre la posibilidad de impulsar:
Regulaciones para los centros de datos, cuyo crecimiento incrementa la demanda de electricidad.
Programas de energía solar comunitaria para ampliar el acceso a la generación renovable.
Obligaciones para que las empresas de servicios públicos almacenen los excedentes de electricidad, favoreciendo una gestión más eficiente del suministro.
La relevancia de estos cambios radica en que los estados pueden convertirse en espacios de continuidad para las políticas de energía limpia cuando la administración federal mantiene una orientación distinta. Su capacidad para establecer reglas, atraer inversiones y desarrollar infraestructura será determinante para mantener proyectos de transición energética durante los próximos dos años.
Asequibilidad energética: la oportunidad para recuperar el debate climático
Las elecciones también dejaron una señal sobre la manera en que los demócratas podrían reconstruir el respaldo político a la acción climática: vincularla con el costo de la energía y los beneficios económicos para los hogares.
La asequibilidad energética ocupó un lugar central durante las campañas. Esto permitió relacionar el debate climático con preocupaciones cotidianas, como el precio de la electricidad, la capacidad de las redes para responder a una demanda creciente y la inversión en nuevas fuentes de generación.
Bethany Patten, directora ejecutiva del Centro de Políticas Climáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), considera que los resultados electorales crean nuevas oportunidades para reincorporar el clima a la discusión energética. En su valoración, el camino consiste en conectar la reducción de emisiones con beneficios económicos concretos, particularmente en tres ámbitos:
Electricidad asequible: impulsar soluciones que ayuden a contener los costos energéticos de hogares y empresas.
Infraestructura de la red: modernizar las redes para responder a una demanda creciente y facilitar la integración de fuentes renovables.
Inversión en energía limpia: ampliar las oportunidades económicas asociadas con nuevas tecnologías y proyectos de generación.
Para la agenda ESG empresarial, este enfoque tiene implicaciones importantes. La transición energética no puede evaluarse únicamente por la cantidad de proyectos renovables instalados o por los compromisos de reducción de emisiones. También requiere infraestructura, almacenamiento, acceso a electricidad y condiciones económicas que permitan sostener los cambios.
La asequibilidad puede funcionar como un puente entre los objetivos ambientales y las prioridades económicas. Sin embargo, también plantea una exigencia: que los beneficios de la transición se distribuyan de manera más amplia y no se concentren exclusivamente en las empresas que participan en las nuevas cadenas de valor.
¿La victoria demócrata demuestra que el cambio climático vuelve a ser un tema electoral?
Otro aspecto significativo de los comicios fue que algunos candidatos demócratas mantuvieron la defensa pública de la acción climática, incluso frente a la presión para evitar el tema durante sus campañas.
Kathy Castor, de Florida, y Marcy Kaptur, de Ohio, son dos ejemplos mencionados por Henderson. Sus victorias sugieren, de acuerdo con el académico, que defender medidas contra el cambio climático puede ser compatible con competir electoralmente en estados donde existe un importante respaldo conservador.
“Su victoria sugiere que defender abiertamente la acción climática es compatible con ganar elecciones difíciles, incluso en estados conservadores”, señaló Henderson. El especialista considera que este resultado podría dar mayor confianza a otros candidatos para incorporar el tema en sus propuestas.
La observación es relevante porque el debate climático estadounidense ha estado condicionado por su polarización política. Para algunos candidatos, hablar de regulación ambiental, transición energética o reducción de combustibles fósiles suponía un riesgo electoral que podía desplazar otras preocupaciones de los votantes.
Sin embargo, que el cambio climático haya recuperado visibilidad no significa que exista un consenso sobre las medidas necesarias para enfrentarlo. Las preocupaciones económicas, la seguridad energética y el costo de vida siguen condicionando las decisiones de los electores.
¿Qué puede cambiar realmente para la acción climática durante los próximos dos años?
Pese al nuevo equilibrio legislativo, las expectativas de una transformación inmediata deben mantenerse bajo control. Gillingham considera poco probable que se aprueben políticas climáticas ambiciosas mientras Trump conserve el poder ejecutivo y la facultad de veto. Esta restricción significa que los demócratas tendrán que concentrar sus esfuerzos en iniciativas negociables, la supervisión de la administración y la recuperación de recursos ya autorizados.
Para las empresas, los inversionistas y los responsables de estrategias ESG, el escenario exige observar cinco frentes:
Regulación: los cambios en las leyes ambientales y los procesos de autorización determinarán las condiciones para desarrollar proyectos energéticos.
Financiamiento: la recuperación de fondos federales podría reactivar inversiones en tecnologías limpias, infraestructura y resiliencia.
Cadenas de suministro: el respaldo a la fabricación nacional de baterías puede generar nuevas oportunidades industriales.
Gobiernos estatales: las nuevas mayorías legislativas podrían establecer requisitos ambientales y energéticos distintos a los de la política federal.
Infraestructura eléctrica: el almacenamiento, la transmisión y la generación de bajas emisiones adquirirán mayor relevancia ante el crecimiento de la demanda.
La ola azul demócrata representa una oportunidad para recuperar instrumentos de política climática y limitar algunos de los retrocesos de los últimos dos años, pero no garantiza un cambio de dirección en la estrategia energética de Estados Unidos.
El resultado también deja una lección para el sector empresarial: la transición energética necesita condiciones políticas favorables, pero no puede depender exclusivamente de ellas. La inversión en tecnologías limpias, la diversificación de las fuentes de suministro, la eficiencia energética y la reducción de emisiones requieren estrategias de largo plazo capaces de resistir cambios de gobierno.
El verdadero alcance de esta victoria se medirá menos por el discurso climático que por su capacidad para traducirse en presupuestos ejercidos, infraestructura construida, regulaciones efectivas y reducciones verificables de emisiones. Mientras la Casa Blanca mantenga su orientación actual, los demócratas tendrán que demostrar cuánto pueden avanzar sin el respaldo del Ejecutivo.
La sostenibilidad enfrenta desafíos que exigen algo más que compromisos corporativos y objetivos de reducción de emisiones. La presión sobre los recursos naturales, el cambio climático, la contaminación y el crecimiento de la demanda energética obligan a transformar la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos. En este escenario, la innovación tecnológica se ha convertido en una herramienta estratégica para acelerar soluciones que permitan reducir los impactos ambientales sin frenar el desarrollo económico.
Desde sistemas digitales que ayudan a medir la huella de carbono hasta materiales de construcción de bajas emisiones y tecnologías para aprovechar mejor el agua, las innovaciones en sostenibilidad están modificando procesos industriales y modelos de negocio. Algunas ya operan a gran escala, mientras otras abren nuevas posibilidades para construir economías más eficientes y circulares. Por eso, a continuación, te presentamos algunas de las tecnologías y prácticas empresariales que, de acuerdo con Sustainability Magazine, están contribuyendo a transformar el panorama.
10 innovaciones en sostenibilidad que están transformando las empresas
1. Energías renovables: NextEra Energy
La transición energética depende, en buena medida, de la capacidad para generar electricidad sin recurrir a combustibles fósiles. En este terreno, NextEra Energy, a través de sus divisiones NextEra Energy Resources y Florida Power & Light, desarrolla proyectos de energía solar y eólica, además de sistemas de almacenamiento en baterías a gran escala. Su modelo combina distintas fuentes renovables con infraestructura capaz de integrar la electricidad generada a la red y responder a las necesidades de suministro.
La incorporación del almacenamiento es especialmente relevante porque permite conservar la energía producida cuando hay sol o viento y utilizarla cuando la generación disminuye o la demanda aumenta. Esta combinación contribuye a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y a reducir la dependencia de fuentes convencionales. La innovación no consiste únicamente en instalar más paneles solares o aerogeneradores, sino en desarrollar redes capaces de aprovechar estas fuentes de manera eficiente y continua. Por ello, las energías renovables y su infraestructura de respaldo son fundamentales para avanzar hacia sistemas energéticos de menores emisiones.
Today, NextEra Energy Resources operate the world's largest clean energy portfolio with a generating capacity of 27,400 MW of renewable energy from the wind and the sun.#CleanEnergyWeek reminds us to continue the important work to solve our nation’s energy challenges. pic.twitter.com/vDQ65SK7TS
El modelo de producción y consumo basado en extraer materias primas, fabricar productos y desecharlos al final de su vida útil genera una presión constante sobre los recursos naturales. Patagonia propone una alternativa desde la industria de la moda y el equipamiento para actividades al aire libre, mediante iniciativas como Worn Wear y su garantía de por vida Ironclad Guarantee. La empresa promueve la fabricación de prendas duraderas, su reparación y la reventa de artículos usados, con el propósito de extender su vida útil y reducir la necesidad de producir nuevos bienes.
Su propuesta también contempla la recolección de productos desgastados para recuperar sus materiales y convertirlos en nuevas fibras textiles mediante procesos de reciclaje mecánico o químico. De esta manera, la innovación no depende exclusivamente de incorporar materiales reciclados, sino de modificar la relación entre las marcas y sus consumidores: reparar antes de reemplazar, reutilizar antes de desechar y recuperar materiales cuando un producto ya no puede utilizarse. Este enfoque convierte la circularidad en una práctica integrada al modelo de negocio y demuestra cómo una empresa puede intervenir en distintas etapas del ciclo de vida de sus productos.
What’s it like to be the last of something? What does it feel like when a 36-year commitment ends? Karin and Lennart face the completion of nearly four decades of observing and recording the weather eight times a day, every day, from the lighthouse in Falsterbo, Sweden. What did… pic.twitter.com/zsiuVNlDyS
3. Redes eléctricas inteligentes: Schneider Electric
La expansión de las energías renovables también exige transformar la infraestructura que distribuye la electricidad. Las redes tradicionales fueron diseñadas para un sistema en el que la generación provenía principalmente de grandes centrales; sin embargo, la incorporación de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos introduce nuevas fuentes y patrones de consumo. Schneider Electric desarrolla soluciones para responder a este desafío mediante su arquitectura EcoStruxure Grid y herramientas de gestión de recursos energéticos distribuidos (DERMS), que permiten supervisar y coordinar la operación de las redes.
Estas tecnologías ayudan a equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real, integrar fuentes descentralizadas y mejorar la eficiencia de la distribución. La empresa también trabaja con subestaciones digitales y equipos libres de hexafluoruro de azufre (SF6), un gas de efecto invernadero de alto potencial de calentamiento utilizado tradicionalmente en determinados equipos eléctricos. La innovación de las redes inteligentes está en hacer posible una infraestructura más flexible y compatible con la transición energética. Sin esta capacidad de gestión, sumar generación renovable no sería suficiente para garantizar un suministro estable y eficiente.
La disponibilidad de agua dulce es un desafío para las comunidades y para sectores industriales que dependen de grandes volúmenes de este recurso. Frente a esa presión, Ecolab, mediante sus soluciones de Nalco Water, desarrolla tecnologías para mejorar el tratamiento, la reutilización y la gestión del agua en operaciones industriales. Entre ellas se encuentra 3D TRASAR, un sistema automatizado que monitorea procesos y permite ajustar el uso de productos químicos y las condiciones de operación para optimizar el desempeño de los sistemas de tratamiento.
Estas herramientas también pueden contribuir a mejorar la eficiencia de tecnologías como la ósmosis inversa, utilizada en procesos de purificación y desalinización, al ayudar a prolongar la vida útil de las membranas y reducir el consumo energético. Su relevancia está en que la gestión hídrica no se limita a obtener agua de nuevas fuentes: también requiere aprovechar mejor la disponible, recuperar la que ya fue utilizada y disminuir las pérdidas durante los procesos productivos. Así, estas innovaciones en sostenibilidad ofrecen a las industrias alternativas para reducir su presión sobre los recursos hídricos y fortalecer la eficiencia de sus operaciones.
Three in four consumers believe businesses should make conserving water a high priority. This #WorldWaterDay, we reflect on some of the ways Ecolab is accelerating change to help solve the water crisis. Learn more: https://t.co/NqCTxNvKBapic.twitter.com/xUk1tBg9t1
La agricultura necesita producir alimentos para una población creciente, pero también reducir el uso de insumos que pueden afectar los suelos, el agua y los ecosistemas. Deere & Company, conocida por su marca John Deere, desarrolla herramientas de agricultura de precisión que utilizan visión computacional y aprendizaje automático para identificar malezas y aplicar herbicidas únicamente donde se necesitan. Su tecnología See & Spray analiza los cultivos en tiempo real y distingue las plantas que requieren tratamiento, en lugar de rociar de manera uniforme toda una parcela.
De acuerdo con la información de la empresa, esta tecnología puede reducir el uso de herbicidas en más de dos tercios, lo que disminuye la cantidad de productos químicos aplicados y el riesgo de escurrimientos hacia cuerpos de agua. Además, permite utilizar los insumos de forma más eficiente y mantener el control de malezas sin tratar innecesariamente áreas completas del cultivo. La agricultura de precisión muestra cómo la digitalización puede contribuir a una producción más eficiente: en lugar de depender de aplicaciones generalizadas, las decisiones se toman a partir de datos específicos sobre las condiciones de cada parcela.
6. Materiales de construcción sostenibles: Holcim
La industria de la construcción tiene una importante huella ambiental, en buena medida por las emisiones asociadas a la fabricación de cemento y concreto, así como por la extracción de materias primas. Para reducir estos impactos, Holcim desarrolla materiales con menor contenido de carbono y tecnologías que permiten aprovechar residuos de construcción y demolición. Entre sus soluciones destacan ECOPact, una línea de concreto bajo en carbono, y ECOPlanet, su gama de cementos con emisiones reducidas. De acuerdo con la información de la empresa, ECOPact puede disminuir más de 30% el carbono incorporado frente al concreto convencional de referencia.
Otra de sus apuestas es ECOCycle, una tecnología que permite recuperar materiales procedentes de residuos de construcción y demolición para incorporarlos a nuevas soluciones constructivas. Con ello, Holcim busca reducir la demanda de materias primas vírgenes y evitar que materiales aprovechables terminen como desechos. La importancia de estas innovaciones en sostenibilidad radica en que intervienen en dos aspectos centrales del sector: las emisiones asociadas a los materiales y el consumo de recursos. Su alcance, sin embargo, depende de que estas alternativas se adopten a escala y de que las reducciones se midan con criterios comparables.
Descarbonizar el sector de la construcción es esencial para un futuro net-zero. Por ello, en Holcim desarrollamos productos innovadores como ECOPact, el concreto verde que reduce en un 30% las emisiones de CO2 sin comprometer su desempeño. pic.twitter.com/kPdWfrxt4W
7. Captura y almacenamiento de carbono: ExxonMobil
Algunas emisiones industriales son difíciles de eliminar por completo, incluso cuando las empresas mejoran su eficiencia energética o incorporan fuentes renovables. Para atender este desafío, ExxonMobil, a través de su división Low Carbon Solutions, desarrolla proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Esta tecnología busca capturar el dióxido de carbono generado durante procesos industriales o de combustión, transportarlo mediante infraestructura especializada y almacenarlo en formaciones geológicas profundas para evitar que llegue a la atmósfera.
La tecnología puede tener aplicaciones en sectores como el acero, el cemento y la industria química, cuyas emisiones son particularmente complejas de reducir. Su potencial depende de la capacidad para capturar grandes volúmenes de CO₂, garantizar su transporte seguro y mantenerlo almacenado durante largos periodos. Aunque la captura de carbono puede formar parte de las estrategias de descarbonización industrial, no elimina por sí misma las emisiones ni sustituye la reducción directa del uso de combustibles fósiles. Por eso, su contribución a la sostenibilidad debe evaluarse a partir de resultados verificables y no únicamente de la capacidad anunciada de los proyectos.
"We're helping accelerate the world's path to net zero 𝗔𝗡𝗗 we're building a compelling new business," says Dan Ammann, President, ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Los envases y embalajes son indispensables para proteger y transportar productos, pero su uso también genera grandes cantidades de residuos, especialmente cuando dependen de plásticos difíciles de recuperar. Smurfit Westrock, mediante su iniciativa Better Planet Packaging, desarrolla alternativas elaboradas con materiales renovables de origen vegetal y papel para sustituir componentes como películas plásticas, insertos de espuma y bandejas. La propuesta busca ofrecer soluciones que reduzcan la dependencia de materiales derivados de combustibles fósiles y faciliten una gestión más circular de los empaques.
La innovación consiste en replantear el diseño del embalaje desde el origen: utilizar materiales reciclables o biodegradables y desarrollar formatos que puedan integrarse mejor a los sistemas de recuperación existentes. Esto puede ayudar a disminuir los residuos asociados al consumo y a impulsar cadenas de suministro con menor dependencia del plástico convencional. Sin embargo, el beneficio ambiental no está garantizado por la etiqueta de biodegradable: también depende de las condiciones de disposición, la infraestructura de recolección y la posibilidad real de reciclar o compostar los materiales. El reto para las empresas es asegurar que el cambio de empaque represente una mejora durante todo su ciclo de vida.
When a company comes to us with a packaging puzzle, we jump at the chance to solve it! See how we partnered with Czech company Ugo to reconfigure its #ecommerce#packaging with a space-saving layout that reduced the company's CO2 emissions by 35%. #BetterPlanetPackaging… pic.twitter.com/wzb9KZCwRU
El transporte es una de las actividades que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire en las ciudades. BYD ha impulsado la movilidad eléctrica mediante el desarrollo de automóviles y autobuses, incluidos vehículos destinados a flotas de transporte público. Una de sus innovaciones es la batería Blade, basada en fosfato de hierro y litio (LFP), una química que evita el uso de níquel y cobalto y reduce la dependencia de estos materiales en la fabricación de baterías.
La apuesta de la compañía también contempla dar una segunda vida a las baterías que ya no cumplen con los requerimientos de un vehículo, pero que todavía pueden utilizarse como sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. Este aprovechamiento permite extender la utilidad de los componentes y reducir la presión asociada a la fabricación y el desecho de baterías. La movilidad eléctrica puede disminuir las emisiones contaminantes durante el uso de los vehículos, aunque sus beneficios climáticos dependen de la fuente de electricidad y de los impactos ambientales de la producción y disposición de sus baterías. Por ello, su desarrollo debe acompañarse de sistemas de energía más limpios y estrategias de recuperación de materiales.
Powered by the ultra-safe Blade Battery, the BYD YUAN PRO delivers up to 250 miles (402 km) of range (CLTC), making it ideal for everything from daily commutes to weekend city escapes. Practical, efficient, and built to move with you. pic.twitter.com/gXzDaf9Jnv
La transformación sostenible de una empresa también depende de su capacidad para conocer y gestionar los impactos de sus operaciones. En este ámbito, Oracle desarrolla sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) basados en la nube, como Fusion Cloud ERP, que integran información financiera, de compras, logística y otras áreas del negocio. Al centralizar estos datos, las organizaciones pueden tener una visión más completa de sus procesos, identificar ineficiencias y tomar decisiones con información actualizada.
Una de las aplicaciones relevantes para la sostenibilidad es la posibilidad de automatizar el registro y seguimiento de datos relacionados con las emisiones de carbono a partir de las transacciones de compras y de la cadena de suministro. Esto facilita identificar áreas con mayores impactos, reducir desperdicios de materiales, optimizar rutas de transporte y fortalecer los reportes ESG. Aunque un sistema digital no reduce emisiones por sí mismo, sí puede mejorar la calidad de la información con la que las empresas establecen objetivos y evalúan sus avances. Su valor está en convertir la sostenibilidad en una variable más integrada a la gestión cotidiana y a las decisiones operativas.
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Innovación: de la tecnología a los resultados sostenibles
Estas innovaciones en sostenibilidad muestran que la transformación ambiental de las empresas no depende de una sola tecnología ni de un sector en particular. La generación de energía renovable, la agricultura de precisión, los materiales de menor huella de carbono, la movilidad eléctrica y la economía circular responden a problemas distintos, pero comparten una misma necesidad: utilizar los recursos de manera más eficiente y reducir los impactos de las actividades productivas. También evidencian que la digitalización puede desempeñar un papel decisivo al mejorar la medición, el control y la toma de decisiones.
Sin embargo, incorporar una innovación no equivale automáticamente a operar de forma sostenible. Su contribución debe evaluarse con indicadores verificables, considerando los impactos de todo su ciclo de vida, las condiciones de implementación y los resultados que consigue a escala. Para las empresas, el desafío consiste en pasar de adoptar soluciones tecnológicas a integrarlas en estrategias con objetivos claros, transparencia y rendición de cuentas. El verdadero potencial de estas innovaciones en sostenibilidad se alcanzará cuando sus beneficios puedan demostrarse en la reducción de emisiones, el uso responsable de los recursos y la mejora de las condiciones ambientales y sociales.
