Gobierno

OCDE recomienda a Peña reforma laboral que reduzca la informalidad

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recomendó al gobierno federal, que encabezará Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre próximo, “promover una reforma laboral que permita una mayor generación de empleo y la reducción de la informalidad”.

Le planteó “emprender una profunda reforma fiscal para asegurar mayor competitividad, mayores ingresos no petroleros y mecanismos de estabilización más sólidos”.

Y le propuso “garantizar que las políticas (en materia social) sean incluyentes, que establezcan esquemas de compensación para los más pobres en caso necesario y que fomenten el federalismo fiscal”.

La OCDE entregó ayer al Presidente electo Enrique Peña Nieto un documento de 76 páginas que contienen 109 recomendaciones de política pública, que pudieran servir de sustento a la construcción de las reformas que necesita el país, señala el texto.

Entre esas recomendaciones, el organismo multinacional plantea “eliminar los obstáculos que impiden aun el incremento de la productividad”, ello mediante el impulso de la competencia en los mercados de productos y servicios, la reducción de las barreras de entrada a empresas extranjeras en los sectores de redes, particularmente en electricidad, telecomunicaciones e infraestructura, y el fortalecimiento del estado de derecho.

De igual forma, propuso “continuar los esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la educación, fortaleciendo la capacitación y formación profesional de los maestros, y la gestión escolar, entre otros campos”.

El campo que abarca el documento denominado “México: Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente” analiza desde el potencial de crecimiento, pasando por la lucha contra la pobreza y desigualdad, así como los desafíos fiscales en el corto y mediano plazos, hasta la reforma fiscal para el desarrollo y la equidad y la eficiencia de la gestión pública.

En uno de los puntos más sensibles para el próximo gobierno de la república, según el propio Peña Nieto, “La Lucha contra la Pobreza y la Desigualdad”, la OCDE reconoce los esfuerzos de las recientes administraciones al implementar programas como Progresa, en la actualidad Oportunidades y el Seguro Popular, “que no sólo han contribuido a mitigar la pobreza, sino también aumentar la asistencia escolar, combatir la desnutrición y ampliar la cobertura de los servicios de salud entre las familias pobres”.

Sin embargo, “pese a los avances, la pobreza y la desigualdad, aún están muy extendidas”. El estudio hace referencia a los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señala que entre 2006 y 2010 la proporción de población mexicana que vivía en pobreza (extrema y moderada) pasó del 35% al 46%, lo que equivale a 52 millones de personas.

La OCDE recomienda en este rubro “aumentar el gasto social”. Acercarlo paulatinamente a los niveles de sus países miembro mediante inversiones mayores en materia de educación de calidad, salud y transferencias focalizadas hacia la población más pobre.

Plantea también “sustituir los subsidios por transferencias en efectivo para los más pobres”. Hay que revisar la eficacia de programas como Diconsa, “y racionalizar los numerosos programas sociales para evitar duplicidades y aprovechar las sinergias.

Por otra parte, en un tema no menos sensible, el relativo al “Mercado Laboral”, la OCDE señala que “para que haya buenos resultados económicos y sociales, y con ello se mitigue la pobreza, es clave que el mercado laboral funcione adecuadamente.

En este terreno, el organismo propone “aumentar los incentivos para el empleo formal, integrando de manera más efectiva los diversos sistemas de atención de la salud y haciendo que el componente subsidiado del Seguro Popular dependa del ingreso de las personas”.

Plantea poner en marcha una reforma laboral “integral y equilibrada” que contemple reducir el costo de la contratación y el despido de los trabajadores (sobre todo los de poca antigüedad); facilitar el uso de contratos temporales sin que por ello deje de cumplirse la legislación de protección del empleo, aumentar la libertad de los sindicatos y mejorar la representación de los trabajadores en los contratos colectivos, y crear un plan eficaz de protección para los trabajadores en caso de desempleo”, señala.

Fuente: cronica.com.mx
Por: Luciano Franco
Publicada: 12 de Septiembre de 2012

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