La gigantesca crisis actual tiene una sola certeza. Cuando termine, el capitalismo y el mundo serán diferentes. Esa convicción contribuye a que empresas y empresarios reconozcan que “ser verdes” se ha convertido en la corriente central, dominante, en el pensamiento actual. Y todos deciden actuar en consecuencia, a las buenas o a las malas.
Si como muestra basta un botón, basta ver el impulso mundial que le ha dado al tema Barack Obama. En sus primeros 100 días de gobierno, advirtió que el calentamiento global es un peligro para la salud pública y que intentará cortar las emisiones de gas que provocan el efecto invernadero de forma sustancial.
El Congreso analiza nueva legislación sobre el ambiente. Lo más importante: es indetenible la reconversión total de la industria automotriz y de las usinas energéticas.
Una reciente encuesta de McKinsey entre directivos de todo el planeta pone de manifiesto que los temas verdes están en lo alto de la agenda de los ejecutivos de empresas. Ellos esperan que el tema atraiga cada vez más la atención de los Gobiernos y de la gente con capacidad de afectar el interés de los accionistas.
Más que ningún otro tema de impacto social: nueve de cada 10 consultados dicen que ellos mismos está realmente preocupados por el calentamiento global. No es una moda efímera, ni una notoriedad que tenderá a desaparecer. El tema llegó en serio, para quedarse y en las empresas se toma nota del fenómeno.
Encuesta de Mercado
En este contexto, Mercado decidió testear las aguas en nuestra realidad. Hay una Ley General de Ambiente (25.675) sancionada en noviembre de 2002, cuyo artículo 22 dice “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.
Una responsabilidad económica –la necesaria para recomponer el daño– que no se compadece con los seguros actualmente disponibles (seguros de caución).
El artículo 59 de la ley de Sociedades Comerciales 19.550 es preciso: hay responsabilidad ilimitada y solidaria, por los daños y perjuicios que resultaren de la acción u omisión de los administradores y los representantes de una sociedad. Es decir, responsabilidad personal de los ejecutivos, incluso en el fuero penal.
La mayoría de los empresarios ignora o minimiza el efecto de estas normas. En tanto, la Justicia avanza en causas ambientales importantes.
Una encuesta entre empresas sobre cómo se jerarquiza el tema ambiental y lo que se está haciendo en la materia encomendó Mercado a DatosClaros.
Sus resultados, son realmente reveladores: para los empresarios argentinos el cuidado del medio ambiente, con 18% de menciones, ocupa el tercer lugar entre los temas de mayor atención pública y de impacto político para los próximos dos años. Los dos temas a los que se asigna mayor importancia son: la crisis financiera y económica mundial (34%) y la crisis energética (23%).
Existe gran acuerdo en conferir importancia a la decisión empresarial en torno a la variable ambiental, así como para considerar que todos los sectores de la compañía deberían estar involucrados en las acciones llevadas a cabo. Sin embargo, paradójicamente se observa que más de la mitad de los empresarios considera que el Estado es el principal responsable de las políticas de cuidado del medio ambiente.
Los resultados completos se ofrecen en las páginas siguientes. Junto con un análisis a fondo sobre “the state or the art” en este tema, y los testimonios de las empresas, consultores y organizaciones que hace tiempo vienen trabajando en el tema.
La contaminación ambiental se transformó en un problema relevante que se ha instalado definitivamente en el horizonte empresarial. Está claro que se viene un importante cambio de política en todo lo referido al cambio de clima y el ambiente.
Tres cosas que Obama puede hacer ya
Al anunciar que el calentamiento global es un peligro para la salud pública, la administración Obama está diciendo que proyecta recortar los gases de invernadero. Aunque la Comisión de Comercio y Energía en la Casa de Representantes ya comenzó a trabajar, el camino que ha de recorrer el proyecto en el Congreso es largo e incierto.
Sin embargo, hay tres medidas que el Gobierno puede tomar sin esperar al Congreso:
1) Puede ajustar los estándares de eficiencia que el Departamento de Energía fija para todo tipo de artefactos eléctricos. Ya hay 20 estándares en revisión que, mejorados, para 2020 podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono en 70 millones de toneladas anuales. Los estándares de iluminación podrían ajustarse lo suficiente como para instar a los fabricantes a fabricar más lámparas L.E.D., que usan una pequeña fracción de la electricidad requerida por las lámparas incandescentes y no generan calor.
2) Puede ordenar a la United States Agency for International Development (USAID) el envío de cocinas solares a pueblos en África y Asia que siguen cocinando a leña, un método que los convierte en grandes productores de un hollín muy fino que aumenta el calentamiento global. Las cocinas solares cuestan solo US$ 20 cada una y la USAID podría distribuir 100 millones con los programas actuales.
3) Puede reducir las emisiones de autos y plantas energéticas. Para las plantas generadoras de energía, eso significará exigir más eficiencia y, en muchos casos, cambiar de carbón a gas natural.
Empresas y cambio climático
Los ejecutivos encuestados en todo el mundo por McKinsey creen que los temas relacionados con el cambio climático son importantes para sus empresas y los ven a la vez como oportunidad y como riesgo. La encuesta, que abarcó a empresarios de prácticamente todos los sectores, descubre que 60% de los ejecutivos globales ven el cambio climático como un tema lo suficientemente importante como para tener en cuenta
en la estrategia general de su compañía.
Además, casi 70% lo ve como un elemento importante para manejar la reputación y las marcas de la organización, y más de la mitad dice que es necesario tenerlo en cuenta en áreas como desarrollo de producto, planificación de la inversión y compras. Alrededor de un tercio de los encuestados sostiene que sus empresas ponen más énfasis en el cambio del clima que en casi todas las otras tendencias globales.
Sin embargo, pocas compañías parecen estar traduciendo en acciones la importancia que conceden al tema. 44% de los CEO, por ejemplo, admite que el tema del clima no tiene un papel importante en sus agendas.
Más aún, muchos encuestados informan que sus compañías solo toman en consideración el cambio climático ocasionalmente, por ejemplo cuando tratan temas como la reputación y las marcas de la compañía, desarrollan nuevos productos o manejan temas ambientales. Y más de un tercio de los ejecutivos globales dice que pocas veces o nunca incluye el tema en la estrategia general de su compañía.
Los ejecutivos son relativamente optimistas cuando expresan las perspectivas de negocios que el cambio climático podría presentarles. Alrededor de la tercera parte interpreta que representa tantas oportunidades como riesgos.
Eso es más que los que ven, o bien una preponderancia de los riesgos o de las oportunidades. Y 61% de los consultados cree que los temas asociados al cambio climático tienen un efecto positivo en las ganancias si son bien manejados.
Dadas las grandes incertidumbres que rodean la regulación del tema, llama la atención que más de 80% de los ejecutivos espera que alguna forma de regulación llegará a su país de origen en los próximos cinco años.
¿Se perderá otra década?
Según la última encuesta de Pew, un centro de investigación con sede en Washington, la población de Estados Unidos no termina de tomarse en serio la necesidad de cuidar el planeta reduciendo ya las emisiones de carbono. Los resultados del estudio señalan que la población es escéptica y que el tema de solucionar el calentamiento es la última de sus prioridades.
Además, las estrategias para reducir el carbono han fallado. En la reunión en Río de Janeiro en 1992, los representantes de los países ricos prometieron recortar las emisiones para el año 2000, pero no lo hicieron.
En Kyoto en 1997, los líderes prometieron reducciones más estrictas todavía para 2010, y sin embargo las emisiones siguieron aumentando. Este año, los líderes se reúnen en diciembre en Copenhage para acordar otra serie de drásticas reducciones en emisiones que habrá que ver si será respetada. Con estos antecedentes es muy probable que se desperdicie otra década.
Afortunadamente, hay una mejor opción: convertir alternativas de bajo carbono, como energía solar y eólica competitivas con las viejas fuentes de carbono. Esto requiere mucho más gasto en investigación y desarrollo de tecnologías en energías limpias.
Podría haberse imaginado que ese gasto de I+D habría aumentado cuando el protocolo de Kyoto hizo más caro el uso de combustibles fósiles, pero no fue así.
El acuerdo de Copenhage debería pedir que cada país invierta una porción relevante de su PBI en investigación sobre energía de bajo carbono.
Tomar el camino verde
Las empresas no deben invertir en infraestructura de alto carbono si no quieren perder su inversión en pocos años. Así advierte Todd Stern, vocero de Obama en cuestiones de calentamiento global.
Stern ha dicho que los bienes y servicios de alto carbono se volverán insostenibles y que la reducción prevista de emisiones dañará a las empresas que no emprendan ahora el camino del bajo carbono.
Las empresas que inviertan en proyectos que requieran energía sucia podrían comenzar a recibir serios castigos económicos.
Distintas visiones
La política adoptó la religión verde
Finalmente, el tema del planeta verde ha sido adoptado por los políticos. El planteo que hacen es que si invierten en tecnologías verdes crearán empleo y reactivarán la economía. Así, con medidas ambientales, el mundo saldrá de la crisis económica. ¿Será posible? Veamos los argumentos en contra y también los que están a favor.
Para muchos propagandistas, “las tecnologías verdes terminarán con la recesión”. Puede que no sea exactamente así. El presidente Obama ha hecho grandes promesas.
Destinar US$ 150.000 millones a la tecnología verde en la próxima década para transformar las industrias y sacar al país de la crisis generando cinco millones de nuevos empleos verdes que “pagan bien y no se pueden tercerizar”, según sus propias palabras.
En Gran Bretaña, el primer ministro Gordon Brown llamó al mundo a un “Nuevo Acuerdo Verde Internacional” para crear una recuperación con bajo carbono.
Naciones Unidas quiere que 1% del PBI global vaya a iniciativas ambientales. Países ricos como Canadá, Japón y Corea del Sur están cumpliendo: gastan miles de millones en promoción de proyectos ambientales y negocios verdes.
Hasta el Congreso de Estados Unidos está considerando un conjunto de medidas para reducir los gases de invernadero.
Muchas de esas ideas son valiosas por razones ambientales. Pero es improbable que ayuden a recuperar la economía.
Entre otras cosas porque la crisis financiera global trata fundamentalmente de temas diferentes: la explosión de las burbujas inmobiliaria y de crédito desde San Petersburgo hasta San Francisco, la implosión asociada del sector bancario internacional y la caída de las economías reales. Esos problemas no se van a solucionar por lo menos únicamente cambiando por autos alimentados a hidrógeno o instalando paneles solares en los techos.
Otra aspiración es que “los Gobiernos promuevan energía alternativa”. Es una posibilidad aunque dependerá de cómo se haga. Todos recuerdan la ley estadounidense de 2005, que exigía que la nafta debe contener cada vez más proporción de etanol.
El etanol proviene del maíz (que ya estaba muy subsidiado). Pero en realidad el etanol a base de maíz crea más carbono en su ciclo de vida que la nafta convencional. Las energías alternativas tienen muchos pro y muchos contra. Habrá que balancearlos bien.
Hay quienes sostienen que “Europa mostró que lo ambiental es un gran creador de trabajo”. Es cierto que hay algunos casos de éxito, pero ello no permite generalizar.
Dinamarca, por ejemplo, pasó a ser exportador mundial de turbinas eólicas; España ofreció generosos subsidios a los productores de electricidad renovable. Alemania invirtió millones de euros en energía solar. Pero más allá de los problemas inherentes a que los Gobiernos elijan a los ganadores, la recesión mundial dirá si esos “éxitos” son duraderos.
Un reciente Premio Nobel, como Paul Krugman, cree que el Gobierno de Obama se ha embarcado en una política de control de polución que da incentivos económicos a quienes reducen sus emisiones de contaminantes. Pero quienes se oponen a esta acción dicen que limitar las emisiones tendría efectos devastadores sobre la economía de Estados Unidos.
Es importante comprender –sostiene– que así como negar que hay cambio climático es “ciencia basura”, predecir el desastre económico si tratamos de hacer algo para impedirlo es “economía basura”.
Ciertamente, limitar las emisiones tendrá costos. No será todo ganancia. Pero los mejores cálculos disponibles sugieren que esos costos serían modestos, siempre que las medidas se implementen en forma gradual.
Uno de los costos: un sistema que incentive la limitación de emisiones subiría el precio, directa o indirectamente, de los combustibles fósiles. La electricidad se encarecería, porque se genera en plantas alimentadas a carbón. Lo que tendrían que hacer las instalaciones eléctricas para reducir sus emisiones sin duda aumentaría sus costos.
“Cap-and-trade”, y su significado
Mientras el Congreso de Estados Unidos discute la imposición de un límite obligatorio a los gases que alteran el clima –el resultado todavía es muy incierto– es probable que se convierta en un sistema que fije un techo a las emisiones totales y dé cierta flexibilidad en cuanto a la forma de cumplir (permite a las industrias contaminantes comprar y vender permisos para cumplir con la ley).
Ese método, conocido como “cap and trade”, ha sido adoptado por el presidente Obama, líderes demócratas en el Congreso, grupos ambientales oficiales y un creciente número de intereses comerciales, que incluye industrias que consumen energía como autos, acero y aluminio.
Pero no hace mucho tiempo, varios de los que hoy apoyan este mecanismo descartaban la idea de permisos intercambiables de emisiones como un plan urdido por republicanos para evitar los costos reales de recortar la polución del aire. La respuesta adecuada, decían, era aplicar una estricta regulación, e impuestos a las emisiones dañinas.
¿Cómo pudo la idea del “cap and trade”, nacida como una teoría académica en oscuras publicaciones económicas 50 años atrás, convertirse en la política elegida para atacar el calentamiento del planeta? ¿Y cómo llegó a eclipsar la idea de aplicar un impuesto al consumo de energía?
La respuesta no se encuentra en la economía ni en la ciencia ambiental sino en la política.
Muchos senadores recuerdan la dolorosa experiencia de 1993, cuando Bill Clinton propuso un impuesto a todas las formas de energía, un plan condenado al fracaso que contribuyó a que los demócratas perdieran la mayoría al año siguiente.
Cap-and-trade, por el contrario, es una medida casi perfectamente diseñada para la compra y venta de apoyo político mediante el otorgamiento de valiosos permisos de emisión para favorecer a determinadas industrias y a determinados distritos.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en la comisión de energía y comercio en la Casa de Representantes, que usó esas concesiones para conseguir una mayoría demócrata que apruebe un proyecto para regular las emisiones de carbono mediante un plan de cap-and-trade.
El ex vicepresidente Al Gore apoya desde hace años el impuesto al carbono como forma de atacar el calentamiento global y remediar algunas de las inequidades en el impuesto al ingreso. Pero también dice que el sistema cap-and-trade sería más fácil de coordinar con los programas de control de otros países.
Ahorro energético
En la segunda mitad de mayo pasado se conoció en detalle el pensamiento del presidente Barack Obama sobre el tema. Anunció normas más estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los automóviles y el consumo de combustible.
Los nuevos estándares para combatir la contaminación obligarán a los constructores a aumentar dramáticamente la eficiencia de automóviles y vehículos utilitarios para 2016. Un cambio que ahorrará 1,8 millones de barriles de petróleo al año y reducirá en 900 millones de metros cúbicos las emisiones de gases de efecto invernadero en forma anual.
Los nuevos estándares llevarán el consumo promedio de combustible por parte de los autos estadounidenses a 15,44 km por litro, contra 10,7 km por litro actualmente, cuatro años antes de lo exigido por las leyes actuales. La mayoría de los automóviles tendrán que alcanzar los 16,7 km por litro en 2016 y los vehículos utilitarios de 9,3 km por litro. El programa comienza con modelos fabricados en 2012.
Los autos serán más caros debido a estas nuevas regulaciones: US$ 600 dólares más por vehículo, además del aumento de US$ 700 esperado por las últimas reglas sobre el ahorro de combustible aprobadas por el Congreso. Sin embargo, los conductores podrían compensar ese costo, ya que tendrán que comprar menos combustible para su vehículo.
Propone un sistema de límites a las emisiones (cap-and-trade) de dióxido de carbono y transformaría de esa forma el uso de la energía en Estados Unidos.
El método más directo y eficiente para reducir las emisiones de carbono –un impuesto– nunca fue considerado seriamente. A los votantes no les gusta escuchar la palabra “impuesto” a menos que venga acompañada de la palabra “recorte”.
Entonces Obama propuso algo muy similar a un impuesto al carbono, aunque bastante más complicado. Las industrias que emiten dióxido de carbono tendrán que comprar permisos para hacerlo. Cada año se rematará un número fijo de permisos.
Esos permisos serán comerciables (o sea, se podrán comprar y vender) de manera que las firmas que encuentren formas de emitir menos podrían vender algunos de esos permisos a otras. El sistema motivaría a todos a reducir las emisiones de la manera más eficiente. Subiría los precios de la energía, que es la idea, pero también recaudaría cientos de millones de dólares, muchos de los cuales Obama proyecta devolver a los votantes.
Pero el plano de la realidad es más oscuro. El 15 de mayo Henry Waxman y Edward Markey, dos bastiones demócratas sobre cambio climático en la Casa de Representantes, revelaron la existencia de un proyecto que regalaría 85% de los permisos de emisión de carbono y solo remataría el restante 15%.
Dicen que esa colosal concesión fue necesaria para conseguir el apoyo de firmas que generan o usan mucha energía sucia, y para satisfacer a los congresistas de Estados que extraen carbón o fabrican acero.
Regalar permisos crea dos problemas: no genera dinero y significa que van no a aquellos que los valoran más (como en un remate) sino a quienes el Gobierno favorece.
Pero el optimismo estadounidense estima que lo peor ya pasó y que la recuperación comienza en el tercer trimestre y se afianzará durante el cuarto de este año. Ha sido sin duda la peor recesión de Estados Unidos desde la Gran Depresión de la década del 30 y terminará con un tremendo daño económico y social.
Aun así, como sostuvo el analista Jorge Castro en un ensayo publicado recientemente en Clarín “entre los destrozos experimentados por la industria de alta tecnología emergen nuevas empresas, también situadas en la frontera del conocimiento, pero volcadas a las energías alternativas (‘verdes’).
En los últimos dos años, la inversión en empresas ‘verdes’ aumentó 94% en Silicon Valley, hasta alcanzar US$ 1.900 millones; y los puestos de trabajo de científicos e ingenieros aumentaron 23% en los últimos seis meses”.
”Estados Unidos –sostuvo Castro– se reinventa cada 15 años; y la última reinvención –tecnológica, productiva, social y cultural– tuvo lugar en la década del 90.
Un sistema complicado
Fortaleza y debilidad del “cap-and-trade”
Al Gore lo llama “uno de los proyectos más importantes que se han tratado jamás en el Congreso”. Joe Barton, congresista republicano y escéptico sobre el calentamiento global, dice que pondrá un chaleco de fuerzas a la economía nacional. Para ser algo que casi nadie ha leído, el American Clean Energy and Security Act genera un acalorado debate.
En la buena senda
El 21 de mayo la Comisión de Comercio y energía de la Casa de Representantes aprobó un proyecto de 930 páginas titulado American Climate and Energy Security Act, para lograr que en 2020 las emisiones de dióxido de carbono estén 17% por debajo de los niveles de 2005.
Si se implementaran los actuales objetivos de reducción, el costo de la electricidad subiría en Estados Unidos entre 5% y 20%, según las zonas. La nafta también subiría 20 centavos por galón.
El proyecto, generalmente apoyado por los demócratas y rechazado por los republicanos, tiene un largo camino por recorrer antes de la aprobación final y podría ser combinado con otras medidas ambientales introducidas en 2008.
Pero los diversos proyectos en circulación parecen resolver dos temas controvertidos: prefieren el método cap-and-trade al del impuesto al carbono y aceptan que se emitan permisos gratuitos para contaminar en lugar de que sean vendidos en subasta.
Muchos expertos creen que este método, apodado ACES (por sus siglas), ocupa el tercer puesto en el problema del calentamiento, detrás del impuesto y del sistema cap-and trade que exige que los contaminantes paguen por los permisos. Parecería que ACES es la opción políticamente más factible.
El método más simple es aplicar un impuesto a las emisiones de carbono, y dar a los fabricantes, compañías energéticas, dueños de automóviles y otros usuarios de energía un incentivo financiero para reducir o invertir en tecnología más limpia.
Ese impuesto sería bastante simple de administrar y generaría ingresos que el Gobierno podría usar para sostener la investigación ambiental o ayudar a los que sufrirían con el aumento de los combustibles, como los pobres.
Para muchos, cap and trade es una alternativa más digerible. El Gobierno fija límites a las emisiones de carbono caps (topes) y emite “créditos” que permiten a fábricas, refinerías y otros usuarios de energía emitir determinadas cantidades de dióxido de carbono.
