Helena Ancos
Una de las consecuencias de la actual crisis económica para la causa de la sostenibilidad ha sido una revisión de la premisa de la autorregulación como principio rector de la RSE. Desde el sector bancario pasando por el gobierno corporativo hasta los estándares para las empresas multinacionales, se ha producido un cuestionamiento claro del marco autorregulador de la RSE en sus múltiples dimensiones.
Si en un ejercicio de concisión representáramos matemáticamente las causas de la crisis una alternativa podría ser ésta: AUSENCIA DE CONTROL DEL RIESGO unida a la codicia de banqueros y algunos operadores financieros + DESREGULACIÓN de los mercados financieros + la existencia de BURBUJAS en algunos sectores como el de la construcción e hipotecario.
Ante este panorama la medicina que la mayoría de las economías occidentales pretenden aplicar es = MAYOR CONTROL DEL RIESGO+ MÁS REGULACIÓN + CAMBIO ESTRUCTURAL.
Pues bien, esta receta no es distinta a la que ha de aplicarse a la RSE en tiempos de crisis. Hemos abordado ya en este blog el tema del control del riesgo, tanto en la dimensión de la superación del cortoplacismo como desde la coherencia de políticas. Hoy haremos unos breves comentarios sobre la necesidad de mayor regulación en la RSE.
Se ha hablado de las oportunidades para la RSE de la crisis, pero lo cierto es que el balance tres años después de su comienzo, no presenta todavía logros constatables. ¿Pueden venir las oportunidades para la RSE de un aumento de la regulación? ¿Estamos necesitados de mayor concreción en las normas o por el contrario, es aconsejable mayor flexibilidad? Y ello en un contexto donde se mire por donde se mire, las fronteras entre lo público y lo privado se están diluyendo cada vez más.
La respuesta puede otearse desde varios frentes. Por una parte, los problemas económicos actuales exceden las capacidades de muchos gobiernos y necesitan el concierto de todos ellos. Pero es que además, las políticas económicas domésticas miran hacia el exterior, por lo que no estarán dispuestas a ceder cuotas de competitividad a favor de mayor compromiso social y medioambiental si no observan movimientos cooperativos en la misma dirección. En este contexto de crisis, el juego de la competencia económica internacional va a ser el director de orquesta de la RSE.
El próximo año se inaugurará con la entrada en vigor de las nuevas normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) –el brazo privado del Banco Mundial-, la aplicación de la nueva Comunicación de la Comisión sobre RSC, la revisión -en curso todavía- de las nuevas políticas de salvaguarda del Banco Mundial, y del enfoque común de las Agencias de Crédito a la Exportación de la OCDE a las que hay que unir la reciente revisión de las Directrices sobre Empresas Multinacionales también de la OCDE.
Se abre por tanto un proceso interesante por una parte, porque permitirá medir el pulso entre los actores jurídicos gubernamentales y las grandes corporaciones y lobbies empresariales, y por otro, dado el nivel de las instituciones implicadas, será clave para la credibilidad y grado de compromiso con el desarrollo sostenible en los próximos años. El contexto es cuanto menos desafíante, porque la escasez ya crónica de liquidez bancaria y por un menor acceso al crédito de empresas, en un contexto de mayor sensibilidad al riesgo parece producir automáticamente una mayor aversión hacia toda regulación que implique mayores costes para las empresas, y por otra, por una mayor competencia con instituciones financieras y con empresas de países emergentes, que han sufrido menos la crisis.
Pero al mismo tiempo, se hace necesario avanzar y las reformas iniciadas en todas estas instituciones encuentran precisamente ahí su justificación. De cómo lo logren, es otra cosa.
Desde una segunda perspectiva, el marco económico de un Estado y su grado de integración en la economía mundial tienen un impacto significativo sobre el marco de RSE resultante. Así las economías pequeñas con un gran número de pymes persiguen objetivos diferentes a los buscados por ejemplo, por las economías exportadoras. Por el contrario, los Estados miembros con una tradición exportadora y economía doméstica fuertemente regulada tienden a concentrarse en la dimensión exterior de la RSE. En ambos casos, los incentivos legales a la inserción de la responsabilidad social y medioambiental como ventaja estratégica han de tener necesariamente un peso distinto y lograr estos objetivos posicionándose adecuadamente en el juego de la competencia internacional, no es tarea fácil.
Finalmente, en un contexto de crisis, donde la brecha social está aumentando de forma vertiginosa, y donde además se está produciendo una retirada del Estado en las políticas sociales en aras de la consolidación fiscal, el refuerzo de la cohesión social pasa por el fomento de los negocios inclusivos, las alianzas públicos privadas, y estrategias normativas que favorezcan un mayor reparto de la riqueza. Difícilmente pueden conseguirse todos estos objetivos de forma espontánea o en base a opciones voluntarias.
La brecha social y económica se amplía, los cambios estructurales avanzan muy lentamente y la reforma hacia un desarrollo sostenible reclama medidas urgentes. Como dijo J.C.Watts, “character is doing what is right when no one else is watching”: la personalidad, se va forjando, y para que un adulto –nuestra todavía joven RSE- sea responsable primero ha de ser un niño al que sus padres encaucen en la senda de la responsabilidad y para eso hay que marcarle unas normas.
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
