La propuesta de Estados Unidos para imponer impuestos en remesas ha generado una fuerte reacción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la calificó como discriminatoria y contraria a los acuerdos internacionales vigentes. Esta iniciativa plantea un gravamen de hasta el 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde territorio estadounidense hacia sus familias en México, afectando directamente a millones de hogares que dependen de estos recursos para su bienestar.
En un contexto donde las remesas representan un pilar económico fundamental para comunidades vulnerables en México, la imposición de nuevos impuestos en remesas no solo impactaría la economía familiar, sino que podría romper acuerdos de doble tributación establecidos entre ambos países desde 1994. La crítica de Sheinbaum se sustenta en la defensa del principio de equidad fiscal y el respeto a tratados internacionales que protegen a los migrantes y sus familias.
Contexto de los impuestos en remesas: un análisis desde la responsabilidad social
La propuesta que contempla un impuesto de hasta 5% en las remesas fue aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU., y ahora avanza hacia su posible votación en el Pleno. Esta medida afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos residentes legales y portadores de visas temporales, quienes ya enfrentan diversos retos económicos y sociales en territorio estadounidense.
Especialistas en responsabilidad social advierten que estos impuestos en remesas podrían aumentar la vulnerabilidad de comunidades mexicanas que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas, educación y salud. En regiones como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, las remesas son a menudo la principal fuente de ingreso, por lo que gravarlas podría exacerbar la pobreza y desigualdad.
La doble tributación que se pretende evitar, y que el tratado entre México y Estados Unidos busca impedir, es uno de los argumentos centrales para rechazar esta medida. Imponer impuestos adicionales a los migrantes en EE.UU., cuando ya han pagado impuestos sobre sus ingresos, representa un acto discriminatorio y una barrera para la inclusión económica de estas comunidades.
La postura de México frente a la propuesta de impuestos en remesas
Claudia Sheinbaum ha señalado que la propuesta de impuestos en remesas es discriminatoria y viola el tratado bilateral vigente, que tiene como objetivo evitar que los trabajadores mexicanos sean gravados en condiciones diferentes a las de los ciudadanos estadounidenses. Esta postura es respaldada por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien recordó que dicha propuesta incumple con el artículo 25 del tratado de doble tributación.
Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que México ya ha enviado una carta oficial a los congresistas estadounidenses exponiendo los motivos de rechazo a esta iniciativa. La postura mexicana se centra en la necesidad de proteger los derechos de los migrantes y evitar que la imposición fiscal afecte el sustento de millones de familias.
Sheinbaum también hizo un llamado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos para que se movilicen y envíen cartas a sus representantes en el Congreso, con el fin de expresar su rechazo a esta medida. Esta participación ciudadana es clave para fortalecer el diálogo y buscar alternativas que no penalicen a las remesas, que son un acto de solidaridad transnacional.
Impactos sociales y económicos de los impuestos en remesas
El efecto inmediato de imponer impuestos en remesas sería una reducción en el monto recibido por las familias mexicanas, lo que impactaría directamente en su calidad de vida. Dado que las remesas se destinan a gastos esenciales, cualquier disminución podría significar menos recursos para alimentación, educación y salud, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
Asimismo, especialistas en desarrollo social advierten que esta medida podría generar un efecto adverso en la migración, incentivando un aumento en el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, ya que las condiciones para la migración legal se vuelven más restrictivas y costosas. Esto afectaría no solo a los migrantes, sino también a las comunidades de origen.
Desde una perspectiva de responsabilidad social, es fundamental que las políticas públicas internacionales reconozcan la importancia de las remesas como un vínculo de apoyo y desarrollo entre países, y no como una fuente adicional de recaudación que penalice a quienes contribuyen con esfuerzo al bienestar familiar y social.
El marco legal y normativo frente a los impuestos en remesas
El tratado de doble tributación firmado entre México y Estados Unidos en 1994 establece mecanismos claros para evitar que las personas paguen impuestos dos veces por un mismo ingreso. La propuesta de impuestos en remesas, según el secretario de Hacienda, contraviene el artículo 25 de dicho tratado, generando un escenario jurídico complejo.
Esta situación también va en contra de las prácticas internacionales de protección a migrantes y normas fiscales justas, que buscan fomentar la equidad y la no discriminación en la tributación. Las remesas, en este sentido, deben ser consideradas como un apoyo vital que no puede ser obstaculizado por políticas fiscales injustas.
Por ello, es fundamental que los actores involucrados mantengan un diálogo abierto y respetuoso para llegar a acuerdos que respeten los tratados y protejan a las comunidades migrantes, evitando que la recaudación fiscal se convierta en una carga adicional para quienes ya enfrentan condiciones vulnerables.
La RS de los gobiernos y la sociedad civil en la defensa de las remesas
El llamado hecho por Claudia Sheinbaum a los migrantes mexicanos para que expresen su rechazo a los impuestos en remesas refleja un ejercicio de responsabilidad social política y ciudadana. La participación activa de los migrantes en estos procesos fortalece la defensa de sus derechos y contribuye a la construcción de políticas más justas.
Por otra parte, los gobiernos de ambos países deben reconocer el valor social y económico de las remesas y buscar mecanismos de colaboración que garanticen su libre tránsito sin cargas fiscales indebidas. Esto implica una visión de responsabilidad social internacional y cooperación efectiva.
Finalmente, la sociedad civil y las organizaciones especializadas en responsabilidad social tienen un papel fundamental para sensibilizar y movilizar a la opinión pública, resaltando la importancia de las remesas como un motor de desarrollo y cohesión social entre México y Estados Unidos.
La propuesta de impuestos en remesas promovida por sectores del gobierno de Estados Unidos representa una amenaza para el bienestar de millones de familias mexicanas y una violación a los acuerdos internacionales que protegen a los migrantes. Desde una perspectiva de responsabilidad social, esta medida se traduce en un acto discriminatorio que debe ser rechazado y negociado para garantizar la justicia fiscal y social.
Es indispensable que tanto gobiernos como sociedad civil trabajen en conjunto para proteger las remesas como un recurso fundamental para la cohesión familiar y el desarrollo comunitario. La participación activa de los migrantes, la defensa jurídica de los tratados y el diálogo internacional serán claves para impedir la imposición de estos impuestos y preservar los derechos de quienes, con esfuerzo y sacrificio, contribuyen al bienestar de sus familias y países.
