Un jurado en San José, California, determinó esta semana que Google debe pagar más de 314.6 millones de dólares a los usuarios de teléfonos Android en ese estado por haber recolectado datos sin consentimiento. La decisión se basa en una demanda colectiva que acusó a la empresa de obtener información personal de dispositivos inactivos para beneficio corporativo, violando la privacidad de más de 14 millones de personas. Es un precedente importante en la lucha por los derechos digitales.
Este caso revela no solo una conducta inadecuada, sino una estructura de negocio basada en prácticas opacas que comprometen a los consumidores. El fallo dejó claro que los usuarios asumieron “cargas obligatorias e inevitables” para que Google capitalizara su información personal sin autorización. El problema no es solo técnico, sino ético. Y deja en evidencia una vez más la débil relación de la empresa con los principios de responsabilidad social.
Google pagará a usuarios de Android: ¿por qué?
Según la demanda presentada, Google transmitía y recibía datos desde dispositivos Android incluso cuando estos estaban inactivos. La información era usada para publicidad dirigida, una práctica que consumía datos móviles sin el consentimiento claro de los usuarios. A pesar de haber sido presentado como un intercambio voluntario mediante los términos y condiciones, el jurado determinó que en realidad se trataba de una práctica forzada e injusta.
La defensa de Google insistió en que los servicios implicados eran “críticos para la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad del sistema”, y que los usuarios habían aceptado estas condiciones. Sin embargo, esta postura ignora que la mayoría de las personas no comprende completamente los extensos textos legales a los que deben aceptar si quieren usar sus dispositivos. En la práctica, no hay opción: si quieres un teléfono funcional, debes ceder tu privacidad.
Que Google pague a usuarios de Android es una forma de reparación, pero no necesariamente de justicia. El verdadero problema persiste: las grandes tecnológicas construyen sus modelos de negocio sobre prácticas abusivas que disfrazan de inevitables. En este caso, no solo hubo un abuso de confianza, sino una falta flagrante de RSE, al privilegiar el beneficio comercial por encima del bienestar y los derechos de sus usuarios.
¿RSE ausente?: cuando aceptar términos no es consentir, sino no tener opción
El caso evidencia una falla sistémica en la ética empresarial de Google. El hecho de que la empresa intente justificar la recolección masiva de datos bajo el amparo de políticas de privacidad es una señal alarmante. Cuando una corporación fuerza al usuario a entregar el control de su dispositivo como condición para utilizarlo, hablar de consentimiento es un eufemismo. Esto va en contra de los principios básicos de la responsabilidad social corporativa.
Aún más preocupante es que Google continúe defendiendo estas prácticas, apelando al fallo y sin mostrar señales de replantear su modelo de obtención de datos. La transparencia no puede reducirse a un enlace al final de una página. La confianza se construye con decisiones conscientes, ni con cláusulas impenetrables. El comportamiento revelado por este juicio sugiere una brecha profunda entre la reputación pública de Google y su conducta operativa.
En lugar de liderar con ética, la empresa optó por estrategias de recopilación que colocan la carga en los usuarios. Y si bien Google pagará a usuarios de Android por esta mala práctica, no ha ofrecido garantías de que la situación no volverá a repetirse. Esta omisión de responsabilidad es lo que más debe preocupar a quienes promueven la ética digital y la RSE en el sector tecnológico.
Recolección de datos forzada
Este caso también invita a reflexionar sobre la falta de regulaciones que impidan la recolección forzada de datos. Las cookies, los sistemas de rastreo y los permisos predeterminados forman parte de un ecosistema donde el usuario nunca es el centro. Se trata de una industria que ha hecho del seguimiento de nuestros movimientos una práctica normalizada, sin consultar ni informar de forma clara y suficiente.
¿Por qué debemos pagar con nuestra privacidad para acceder a herramientas básicas? ¿Por qué se permite que los servicios gratuitos se financien con vigilancia, y no con opciones más transparentes? Si Google paga a usuarios de Android es porque su modelo dependía de una práctica que jamás debió ser impuesta. Lo justo sería que el consentimiento fuera real, no una trampa legal.
Exigir leyes más estrictas ya no es una exageración: es una necesidad. Las tecnologías deben funcionar al servicio de las personas, no a expensas de ellas. Si las corporaciones no se autorregulan, corresponde a los gobiernos intervenir. Porque la privacidad no debería ser una moneda de cambio. Y si lo es, los ciudadanos tienen derecho a exigir: ¿por qué tengo que pagar para que no usen mis datos?
¿Qué pasará ahora con el resto de los usuarios?
El juicio resuelto en California podría ser solo el principio. Un segundo proceso legal, esta vez a nivel federal, busca extender las compensaciones al resto de los usuarios de Android en Estados Unidos. El juicio está programado para abril de 2026 y apunta a los mismos cargos: uso no consentido de datos personales mediante transferencias ocultas de información desde dispositivos inactivos. El fallo en California sin duda servirá como referencia.
Esta situación debería encender alertas también en otras partes del mundo, donde aún no se han presentado demandas similares. Si los usuarios californianos merecen compensación, ¿por qué no también los millones de usuarios de Android en Europa, América Latina o Asia? Esta doble vara no solo es injusta, sino insostenible para una empresa que se presenta como líder en innovación responsable.
Finalmente, más allá de las multas o compensaciones económicas, lo que está en juego es el futuro de la confianza digital. Que Google pague a usuarios de Android es un síntoma de un problema más profundo: una cultura empresarial donde el usuario es un producto y no un agente con derechos. Mientras esa lógica no cambie, ningún veredicto será suficiente.
¿Reparación o advertencia?
La decisión judicial que obliga a Google a pagar a usuarios de Android marca un momento clave para la ética tecnológica y la responsabilidad corporativa. No se trata solo de un fallo legal, sino de un mensaje a las empresas que construyen su éxito sobre prácticas opacas. La ciudadanía exige más que compensaciones: exige respeto, transparencia y control sobre sus datos. Exige poder elegir sin ser obligada a renunciar a su privacidad.
Las corporaciones tecnológicas tienen una deuda urgente con la sociedad. Mientras insistan en protegerse detrás de contratos abusivos disfrazados de consentimiento, seguirán profundizando la desconfianza. Este veredicto no cierra el caso: lo abre a una conversación global sobre regulación, derechos digitales y responsabilidad social. Porque si el precio de usar tecnología es perder el control de nuestra vida digital, entonces no estamos hablando de progreso, sino de imposición.
