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En Francia, probables impuestos a electrodomésticos no amigables con el medio ambiente

La idea de aplicar un impuesto que penalice la contaminación y los electrodomésticos que más energía consumen está siendo objeto de una fuerte polémica en Francia. Pero, ¿en qué consiste este nuevo impuesto?

Si se aprueba la propuesta, a comienzos de 2010 tanto profesionales como particulares pagarán 32 euros por cada tonelada de CO2 que emitan. De esta forma se pretende favorecer los productos más respetuosos con el medioambiente y cambiar los hábitos de los consumidores.

Todos los aparatos o dispositivos que funcionen a base de combustibles fósiles serán gravados con el nuevo impuesto y no se descarta incluir la electricidad en esta medida, que comenzará a aplicarse en el sector del transporte y el alojamiento.

Mediante esta carga fiscal se pretende que los consumidores den la espalda a las energías que más cantidad de gases de efecto invernadero emiten. Se calcula que, aproximadamente, cada hogar pagará entre 170 y 300 euros anuales.

Actualmente, en Canadá y en algunos países europeos, ya existen impuestos medioambientales similares al que plantea Francia.

En Suecia ya funciona con éxito un dispositivo similar desde 1991.

Finlandia, donde se grava con 20 euros cada tonelada de CO2 emitida por el uso de energías fósiles y electricidad, fue el primer país del mundo en aplicar una tasa medioambiental en 1990. El gas tributa en menor medida. Desde 1997, la tasa no se aplica a las energías necesarias para generar electricidad, sino al consumo.

Se paga 0,87 euros por Kilovatio/hora en el caso de particulares y servicios y 0,25 euros Kw/h en el caso de la industria. La electricidad de origen renovable está subvencionada. El impuesto medioambiental recauda aproximadamente 500 millones de euros anuales.

En Dinamarca, la tasa medioambiental data de 1992. Actualmente la emisión de una tonelada de CO2 se grava con 12 euros. Al igual que Finlandia, las energías necesarias para la producción de electricidad están exentas de tasas y se grava el consumo.

El precio del Megavatio/h es de 80,2 euros si se destina a la calefacción, 8,6 euros el Megavatio/h para la industria y 89,5 euros Megavatio/h para otros usos. El dinero recaudado sirve para reducir la cuota del impuesto sobre la renta y para financiar las medidas de ahorro energético.

En el Reino Unido, los laboristas crearon en 2001 la “Climate Change Levy”, un impuesto sobre el suministro de energía que no se basaba en las emisiones de CO2 y que sólo se aplica a la industria, a la agricultura, al comercio y a los servicios incluyendo los públicos. Las pequeñas empresas están excluidas. Se grava el gas, el petróleo, el carbón, la gasolina (salvo para los transportes) y la electricidad (5,35 euros Megavatio/h salvo si proviene de fuentes renovables).

Las industrias más contaminantes tienen la opción de firmar el acuerdo “Climate Change Agreement” y pagar sólo el 20% de la tasa a condición de que alcancen unos objetivos fijados en materia de eficiencia energética y reducción de emisiones.

Los ingresos se distribuyen a través de un descuento de un 0,3% sobre las cotizaciones de la patronal a la seguridad social y mediante ayudas para aumentar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. Sin embargo, las tasas sobre el combustible son muy elevadas, 0,63 euros/ litro. Las emisiones de gas de efecto invernadero disminuyeron un 19% entre 1990 y 2008, las emisiones de CO2 registraron un descenso de un 10,3%.

En Canadá, Quebec fue pionera en establecer un impuesto medioambiental al aplicar, en octubre de 2007, una tasa sobre el petróleo, el gas natural, el carbón y la electricidad generada mediante gasoil. El montante, 53 céntimos de euro por litro de gasolina, es algo inferior al europeo. Se recaudan 131 millones de euros anuales que se destinan a un fondo verde de ayuda al desarrollo de los transportes públicos y a distintas acciones medioambientales de esta región canadiense.

La Columbia Británica creó en julio de 2008 un impuesto medioambiental más ambicioso dirigido al consumo particular y privado de energías fósiles. Se prevé aumentarlo hasta 2012 para pasar de 10 a 30 dólares canadienses (de 6,5 à 19,6 euros) por tonelada de CO2 emitida.

El litro de gasolina se grava con 1,58 céntimos de euro. Los ingresos se distribuyen mediante reducciones de impuestos sobre las ganancias empresariales y préstamos para los más necesitados. Este modelo aplicado en el norte de Canadá sigue generando muchas críticas ya que se considera que perjudica a las familias con menos ingresos.

¿Cómo funcionará el ejemplo francés?

El funcionamiento de la tasa es algo complejo. La idea es analizar los costes económicos y ambientales de la fuente energética en cuestión (por ejemplo el petróleo) y cobrar a los consumidores de la misma un recargo proporcional. El precio del CO2, la unidad de medida principal, aún no se ha establecido definitivamente pero la propuesta inicial pretende comenzar facturando la tonelada a 32 euros, para llegar a los 100 euros en 2030.

El impuesto medioambiental lo pagarán tanto empresas como hogares, pero la fórmula que se aplicará será distinta. Las estimaciones calculan que se recaudarán unos 8.000 millones de euros al comienzo de la campaña, de los que 4.300 provendrán de las familias, que cotizarán según el medio de transporte, la calefacción y el combustible que utilicen.

Uno de los principales “afectados” por el impuesto medioambiental será el petróleo y sus derivados. Por ejemplo, un litro de gasolina sin plomo se verá gravado con 7,7 céntimos de euro. El gasoil alcanzará los 8,5 céntimos.

Para que el poder adquisitivo del ciudadano no se vea seriamente afectado, el equipo de expertos que elaborará la ley y su forma de aplicación está estudiando un plan de compensación consistente en la entrega de “cheques verdes” a las familias.

Este tipo de cheques serán canjeables por productos respetuosos con el medioambiente o por trabajos de mejora de las características energéticas de la vivienda, en la compra de electrodomésticos de bajo consumo o similares. El montante de cada cheque variará en función de los ingresos, del número de miembros de la familia y del lugar de residencia. Este plan de compensación aún no se ha acabado de definir pero, en principio, es del agrado de los responsables políticos franceses.

Se prevé que la iniciativa entre en funcionamiento a principios de 2010

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