La escena es potente y deliberadamente simbólica: un cambio de poder forzado, un discurso de recuperación económica y la promesa de “hacer rentable” uno de los territorios con mayores reservas petroleras del planeta. En el centro de esa narrativa aparece una idea que Donald Trump ha repetido como mantra durante años: perforar más, producir más y depender menos —al menos en el discurso— de acuerdos multilaterales y transiciones energéticas.
Pero cuando esa lógica se traslada fuera de las fronteras estadounidenses, las consecuencias se amplifican. La apuesta por reactivar masivamente la extracción petrolera en Venezuela no solo reconfigura la geopolítica regional, sino que reabre una herida profunda en la agenda climática global. En un momento en el que el mundo ya muestra señales claras de agotamiento ambiental, esta estrategia parece mirar al pasado en lugar de responder a los desafíos del presente.
Trump en Venezuela y el regreso del “perforar, perforar, perforar”
De acuerdo con The Guardian, la estrategia que impulsa Trump en Venezuela replica, a escala internacional, su política energética doméstica. Tras años de promover la expansión del petróleo y el gas en Estados Unidos, el foco se desplaza ahora hacia un país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en unos 300 mil millones de barriles.
El mensaje es claro: abrir la puerta a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares, rehabilitar infraestructura deteriorada y aumentar rápidamente la producción.
Para Trump, se trata de una oportunidad económica largamente desaprovechada; para la agenda climática, es una señal alarmante de retroceso.
Un aumento de producción con impacto climático inmediato
La producción petrolera venezolana se encuentra hoy muy por debajo de sus máximos históricos. Sin embargo, incluso un incremento moderado tendría efectos significativos en las emisiones globales. Pasar de alrededor de un millón de barriles diarios a 1.5 millones implicaría la liberación de aproximadamente 550 millones de toneladas de CO₂ al año al quemar ese combustible.
Esa cifra supera las emisiones anuales de países enteros como el Reino Unido o Brasil. No se trata de un impacto marginal: es una carga adicional para una atmósfera que ya se encuentra cerca —o más allá— de los límites acordados para evitar un calentamiento peligroso.
El problema del crudo venezolano: más sucio, más costoso
No todo el petróleo es igual, y en este caso esa diferencia importa. Venezuela produce uno de los crudos con mayor intensidad de carbono del mundo. Sus reservas de crudo extrapesado, particularmente en la Faja del Orinoco, requieren procesos más complejos, mayor consumo energético y generan más emisiones de carbono y metano.
Esto significa que cada barril extraído y refinado tiene un impacto ambiental mayor que el promedio global. En un contexto donde muchas economías buscan descarbonizar sus cadenas de valor, apostar por este tipo de petróleo va a contracorriente de los compromisos climáticos y de las expectativas de inversionistas cada vez más atentos al riesgo ESG.
Trump en Venezuela como freno a la transición energética
Más allá de las emisiones directas, existe un efecto sistémico. Aumentar la oferta global de petróleo tiende a reducir los precios, lo que desincentiva la adopción de energías renovables y retrasa la electrificación del transporte. Es un golpe indirecto, pero profundo, al impulso que muchos países han logrado construir hacia una transición energética más limpia.
En otras palabras, no solo se suma carbono a la atmósfera: se resta velocidad al cambio estructural que el planeta necesita. El resultado es un círculo vicioso en el que la dependencia de los combustibles fósiles se prolonga, incluso cuando sus costos ambientales ya superan con creces los beneficios económicos de corto plazo.
Venezuela, clima y una paradoja social
La narrativa de crecimiento económico suele omitir un dato clave:
Venezuela es también altamente vulnerable a los impactos del cambio climático.
Sequías más severas, eventos climáticos extremos y afectaciones a sistemas alimentarios ya forman parte de su realidad.
Desde esta perspectiva, el aumento de la producción petrolera es una paradoja. Los beneficios económicos potenciales podrían verse rápidamente anulados por los costos climáticos y sociales que recaerán, en primer lugar, sobre la población local. El daño ambiental no reconoce fronteras, pero sus efectos suelen ser más duros en los países con menor capacidad de adaptación.
Riesgos económicos y promesas difíciles de cumplir
Incluso desde una lógica puramente financiera, la estrategia enfrenta obstáculos considerables. Reactivar la industria petrolera venezolana requiere inversiones multimillonarias, años de trabajo y una estabilidad política que hoy no está garantizada. Reparar infraestructura, modernizar instalaciones y desarrollar nuevos campos implica riesgos que muchas empresas no están dispuestas a asumir en plazos tan cortos.
Además, el crudo pesado venezolano compite directamente con productores estadounidenses. Esto genera tensiones internas en el propio sector energético de Estados Unidos, que durante años apoyó sanciones precisamente para limitar esa competencia.
Un debate que trasciende a las petroleras
Lo que está en juego va más allá de si Exxon, Chevron u otras compañías deciden invertir o no. La discusión de fondo es qué modelo de desarrollo se está promoviendo y a costa de qué. La idea de que el crecimiento económico debe sostenerse sobre una mayor extracción de combustibles fósiles ignora décadas de evidencia científica y compromisos internacionales.
Para muchas organizaciones y especialistas, este enfoque se asemeja a un nuevo tipo de imperialismo energético, donde los territorios se conciben como reservas a explotar y no como sociedades con derecho a decidir su propio futuro energético y ambiental.
Un camino que mira hacia atrás
La estrategia impulsada por Trump en Venezuela representa una visión anclada en el pasado. En un momento histórico que exige innovación, cooperación y una reducción drástica de emisiones, apostar por la expansión de uno de los petróleos más contaminantes del mundo resulta difícil de justificar.
Más que una solución económica, se perfila como un riesgo climático global y un precedente político preocupante. Si algo deja claro este escenario es que las decisiones energéticas ya no pueden evaluarse solo en términos de rentabilidad inmediata: su impacto ambiental, social y reputacional define, cada vez más, el verdadero costo de “perforar, perforar, perforar”.
