Una corte francesa declaró culpable a la cementera Lafarge (hoy parte de Holcim) por financiar actividades vinculadas al terrorismo en Siria en 2014. Como resultado de estos hechos, Bruno Lafont, quien fuera director general, ha sido sentenciado a seis años de cárcel. Asimismo, otros siete exdirectivos de la cementera han recibido condenas que oscilan entre los 18 meses y los siete años de privación de libertad.
El caso ha sido ampliamente interpretado como un ejemplo extremo de falla corporativa. Sin embargo, leído con cuidado, revela algo más incómodo: no se trata de una empresa “apoyando” explícitamente a un grupo terrorista, sino de cómo una organización puede cruzar líneas legales y éticas al intentar seguir operando en un entorno donde el Estado ha colapsado.
Lafarge hoy forma parte de Holcim, uno de los mayores grupos cementeros del mundo, y es ella quien por obvias razones, asumirá también daños reputacionales.
Esto no es un caso marginal ni aislado: es una historia que toca el corazón del capitalismo global.
La pregunta relevante no es qué hizo mal Lafarge en Siria —eso ya lo determinó la justicia—, sino qué nos dice este caso sobre la operación empresarial en contextos donde la legalidad es frágil o inexistente.
Y ahí es donde México entra en la conversación.
Lo que el caso Lafarge revela para México
Siria en guerra y México no son comparables en muchos sentidos. Pero existe un paralelismo incómodo: en ambos casos hay territorios donde el control del Estado es limitado y donde operar implica, directa o indirectamente, interactuar con actores ilegales.
En México, ese fenómeno tiene un nombre cotidiano: derecho de piso.
Miles de empresas —particularmente pequeñas y medianas— enfrentan una realidad donde abrir, operar o simplemente existir implica pagar extorsión. No como una decisión estratégica, sino como una condición de supervivencia.
Esto plantea una pregunta que rara vez se formula en los debates de sostenibilidad:
¿Qué significa operar de forma responsable cuando el entorno obliga a elegir entre cerrar o ceder ante estructuras ilegales?
Para una empresa en estas condiciones, las opciones reales son pocas.
- Pagar para operar, protegiendo en el corto plazo al negocio, empleados y clientes, pero contribuyendo indirectamente a sostener economías criminales.
- Salir del mercado o de la región, evitando cualquier vínculo, pero dejando atrás empleos, inversión y tejido económico local.
- Resistir o denunciar, lo cual, en muchos casos, implica riesgos graves para la integridad física de quienes trabajan en la empresa.
Ninguna de estas opciones es éticamente pura. Todas implican costos.
Y aquí es donde el caso Lafarge deja de ser un episodio lejano para convertirse en un espejo incómodo.
Es importante no simplificar.
Guerra y narco, no es lo mismo… pero ¿se parecen?
El caso Lafarge ocurrió en un contexto donde una multinacional tomó decisiones para mantener operaciones en un entorno de conflicto armado complejo, con múltiples actores y riesgos evidentes. Había capacidad de análisis, recursos y, en última instancia, posibilidad de retirada (como el resto de los competidores).
En México, el contexto suele ser distinto: la extorsión no es una variable estratégica, sino una imposición directa.
Esto introduce una distinción fundamental para cualquier análisis serio de ESG:
No todas las empresas operan con el mismo grado de libertad moral.
Exigir el mismo estándar a una multinacional global que a un negocio bajo amenaza directa no solo es injusto, sino analíticamente incorrecto.
Los marcos de sostenibilidad —ESG, ODS, estándares internacionales— parten de una premisa implícita: la existencia de instituciones funcionales y un mínimo de Estado de derecho.
Pero ¿qué ocurre cuando esa premisa no se cumple?
En regiones donde la ilegalidad sustituye al Estado, las empresas operan en lo que podríamos llamar “territorios capturados”. Ahí, conceptos como debida diligencia, prácticas justas de operación o incluso cumplimiento normativo se vuelven más complejos, cuando no contradictorios.
Esto no invalida el ESG, pero sí expone sus límites.
¿El ESG es maleable?
La sostenibilidad corporativa, en estos contextos, deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en un dilema profundamente político y ético.
Existe además un riesgo reputacional creciente: el desfase entre el discurso y la realidad.
Empresas que reportan avances en sostenibilidad, diversidad o gobernanza pueden, al mismo tiempo, operar en entornos donde enfrentan —y gestionan— dinámicas de extorsión o control territorial.
No se trata necesariamente de hipocresía. Muchas veces se trata de silencio, ambigüedad o falta de herramientas para abordar el problema.
Pero el efecto es el mismo: una grieta en la credibilidad.
El caso Lafarge obliga a formular una pregunta que rara vez se plantea en voz alta:
¿Es más responsable cerrar una operación —dejando sin empleo a cientos o miles de personas— o mantenerla bajo condiciones que implican interactuar con estructuras ilegales?
No hay una respuesta sencilla.
Y quizá el error está en buscarla solo dentro de la empresa.
Este tipo de dilemas no pueden resolverse únicamente desde el ámbito corporativo.
Son el resultado de fallas sistémicas donde intervienen el Estado, incapaz de garantizar seguridad y legalidad; reguladores que no abordan estos contextos; corrupción, arraigada en todas las estructuras (aunque se niegue en el discurso); inversionistas que exigen estándares sin considerar realidades territoriales; y consumidores que rara vez preguntan bajo qué condiciones operan las empresas.
En este sentido, el problema no es solo empresarial. Es estructural.
Reflexiones finales del caso Lafarge para México
El caso Lafarge no es una anomalía lejana. Es una advertencia.
Muestra que los mayores riesgos para una empresa no siempre provienen de malas intenciones, sino de operar en contextos donde lo legal, lo ético y lo posible dejan de alinearse.
En esos territorios, la sostenibilidad no se define en reportes ni en indicadores.
Se define en decisiones difíciles, muchas veces invisibles, donde ninguna opción es completamente correcta.
Y es ahí —no en los discursos— donde realmente se pone a prueba la responsabilidad corporativa.
