A una semana del inicio de las negociaciones climáticas de la ONU en Belém, Brasil, un informe de ActionAid reveló una cifra alarmante: menos del 3% del apoyo climático global se destina a una transición justa que proteja a los trabajadores y comunidades que abandonan las industrias contaminantes. Este hallazgo cuestiona la efectividad de los mecanismos de financiamiento y el verdadero alcance de la justicia climática en el desarrollo sostenible.
De acuerdo con The Guardian, la investigación subraya que la crisis climática no solo amenaza al planeta, sino que también profundiza la desigualdad. Mientras el discurso internacional enfatiza la urgencia de reducir emisiones, la práctica demuestra que los recursos se concentran en proyectos diseñados desde la lógica de los inversores, no desde las necesidades de las comunidades. Así, el apoyo climático global corre el riesgo de convertirse en una herramienta de exclusión, más que de transformación.
Cuando la justicia climática queda fuera de la ecuación
El informe de ActionAid analizó cerca de 650 proyectos de mitigación financiados por el Fondo Verde para el Clima y los Fondos de Inversión Climática. Los resultados fueron contundentes: solo uno de cada 50 cumple con los criterios de una transición justa, es decir, que incluya la participación de trabajadores, mujeres y comunidades afectadas. La cifra revela una brecha ética entre los objetivos climáticos y la realidad social de quienes más sufrirán los impactos del cambio climático.
Teresa Anderson, responsable global de justicia climática de ActionAid, explicó que la gente se ve obligada a elegir entre un trabajo digno y un planeta seguro. Esta falsa dicotomía refleja el fracaso de las políticas climáticas que priorizan la rentabilidad sobre la justicia social. Los proyectos que no integran medidas de capacitación, reciclaje laboral o apoyo a los medios de vida perpetúan la vulnerabilidad de millones de personas en países del Sur Global.
De acuerdo con el análisis, la falta de un enfoque integral limita el impacto de las inversiones verdes. Sin mecanismos de protección social, la transición energética se vuelve excluyente, generando descontento y resistencia en los territorios. El desafío no está solo en financiar tecnología limpia, sino en garantizar que el cambio de modelo productivo sea justo y participativo.
Esta desconexión es preocupante: una política climática que ignora los derechos laborales y comunitarios no puede considerarse sostenible. Incorporar la voz de los trabajadores y comunidades es esencial para asegurar legitimidad, estabilidad y resultados duraderos.
Un modelo de financiamiento diseñado para inversores
Bert De Wel, de la Confederación Sindical Internacional, afirmó que los hallazgos confirman lo que los sindicatos ven a diario: la financiación climática responde más a los intereses de los inversores que a las necesidades de las personas. Este sesgo estructural explica por qué solo 1 de cada 35 dólares invertidos está alineado con una transición justa, lo que equivale a 630 millones de dólares en más de una década, menos que el costo del superyate de Jeff Bezos.
El apoyo climático global debería ser un instrumento de equidad, pero en la práctica se ha convertido en un mecanismo de concentración económica. Los fondos multilaterales, especialmente los gestionados por instituciones financieras internacionales, priorizan proyectos de gran escala sin considerar su impacto en la base social. Esta lógica mercantil ignora que la sostenibilidad debe equilibrar el beneficio ambiental con la justicia económica.
Los analistas advierten que el actual esquema de financiamiento perpetúa un modelo desigual, donde los países del Norte deciden las reglas del juego y los del Sur asumen los costos sociales. Sin participación local, los proyectos carecen de legitimidad y terminan siendo insostenibles. El desafío está en democratizar los procesos de decisión y redistribuir los beneficios de la acción climática.
Reformar la arquitectura financiera del clima es clave. Los recursos deben dirigirse a programas que combinen mitigación con desarrollo humano, fortaleciendo las capacidades locales y reduciendo la dependencia de las economías vulnerables.
Lecciones de proyectos fallidos
El informe cita un caso emblemático en Bangladesh, donde un programa para reducir las emisiones de metano incentivó el cambio del cultivo de arroz a mango. La iniciativa, que parecía sostenible, no consultó a los trabajadores temporales ni a las mujeres que dependían del procesamiento del arroz. El resultado fue devastador: pérdida de ingresos, desempleo y una transición que benefició a unos pocos.
Este ejemplo ilustra cómo la falta de consulta puede transformar un proyecto climático en un desastre social. Sin un enfoque inclusivo, las políticas de mitigación replican los errores del desarrollo tradicional. La transición justa exige escuchar a todas las partes involucradas, identificar riesgos socioeconómicos y diseñar medidas compensatorias que protejan el empleo y la seguridad alimentaria.
La justicia climática no puede verse como un “extra” o una opción deseable, sino como un componente estructural de toda acción climática. Ignorarla, como señala Anderson, alarga el camino hacia la descarbonización porque reduce la colaboración social y aumenta la resistencia al cambio.
Para las empresas y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad, estas lecciones son cruciales. Un proyecto que no incorpora la participación social desde su diseño está destinado a fracasar, sin importar cuán verdes sean sus objetivos.
Reformular el apoyo climático global: el reto de Belém
Las próximas negociaciones climáticas en Belém, conocidas como COP30, representan una oportunidad decisiva para corregir el rumbo. Brasil ha colocado la “transición justa” en el centro de la agenda, y la sociedad civil exigirá la creación del Mecanismo de Acción de Belém, un instrumento que impulse la financiación de proyectos con verdadero enfoque social.
ActionAid propone que las naciones ricas comprometan billones de dólares en subvenciones, no préstamos, para garantizar una transición equitativa en el Sur Global. Además, sugiere revisar los principios del Fondo Verde para el Clima y disolver los Fondos de Inversión Climática, considerados una herramienta del Norte global por su control del Banco Mundial.
El apoyo climático global debe reinventarse desde la transparencia y la justicia. No se trata solo de medir toneladas de carbono reducidas, sino de valorar el impacto social y económico en las comunidades que están dejando atrás los sectores contaminantes. Un cambio estructural en la gobernanza financiera es indispensable para que el sistema sea democrático y justo.
Belém podría marcar el inicio de una nueva era en la política climática: una en la que los fondos se orienten a construir resiliencia, fortalecer derechos y garantizar que la transición energética no deje a nadie atrás.
Poner la justicia en el centro de la acción climática
El informe de ActionAid expone con claridad una realidad incómoda: el apoyo climático global sigue siendo insuficiente, inequitativo y, en muchos casos, injusto. Si las decisiones se toman sin la participación de quienes viven las consecuencias del cambio climático, la transición energética será solo una ilusión verde.
Corregir esta paradoja requiere voluntad política y visión ética. Los líderes empresariales, financieros y gubernamentales deben entender que la sostenibilidad no se mide solo en carbono, sino también en dignidad. Una transición justa es la única vía para que el clima y las comunidades avancen juntos hacia un futuro realmente sostenible.
