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Sempra acusa extorsión en México; no cederá

Con más de 16 años de presencia en México, la empresa Sempra LNG, filial de Sempra Energy, la cual tiene invertidos dos mil 500 millones de dólares en nuestro país, enfrenta una campaña de desprestigio y extorsión, afirmó Darcel L. Hulse.

El presidente y jefe ejecutivo de Sempra LNG, firma que desarrolla, construye y opera terminales que reciben, almacenan y regasifican el gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés), dijo a EL FINANCIERO que hace seis años empezó un peregrinar de la empresa en las cortes mexicanas, derivado de un proceso iniciado por un grupo de seis personas en Baja California. Ese grupo, encabezado por Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, presunto dueño de 100 hectáreas del terreno alterno al área de operación de la terminal regasificadora en Ensenada, Baja California, pone en riesgo una de las inversiones más grandes realizadas en la entidad.

Ubicada 23 kilómetros al norte del municipio de Ensenada, la planta de Energía Costa Azul, ECA, una de las tres que tiene Sempra en nuestro país, representa mil 200 de los dos mil 500 millones de dólares que ha invertido la empresa en México. El 92 por ciento del gas de esta planta se consume en el estado para generar electricidad y para otras industrias.

Hulse reconoce que en la extorsión y el desprestigio de Sempra participan los diputados del PRI por Baja California, Enrique Acosta Fregoso y del PRD por Zacatecas, José Narro Céspedes, así como el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, de extracción priista y el mexicano de origen japonés Susumo Azano Matsura, además de Jaime Martínez Veloz, excandidato a la alcaldía de Tijuana por el PRD.

“He viajado por todo el mundo y la gente me pregunta ¿que pasó en México? No en Ensenada. Las acciones de un pequeño grupo de personas pueden afectar a toda la nación. Todos los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para fomentar y atraer inversiones en el mundo se ven afectados por un reducido grupo que cuida sus intereses y quiere hacer dinero de la nada. Eso no es justo y no está bien”, enfatizó Darcel Hulse en entrevista.

El empresario destacó que la presencia de la empresa en México data de 1995, tiempo en el que han invertido y desarrollado fuerza laboral mexicana; sin embargo, reconoció que no pagarán ni un centavo de extorsión de los 80 millones de dólares que les han pedido, en una petición que inicialmente alcanzaba los 200 millones de dólares.

“Vamos a utilizar cualquier forma legal que esté a nuestro alcance para defender, no sólo por nosotros, sino por todos los demás inversionistas en México, el derecho de hacer negocios, el derecho de propiedades y el derecho de existir libre de extorsiones y chantajes de gente como la que estamos enfrentando, y ésa es nuestra lucha y es lo que vamos a hacer. Esperamos que el sistema judicial actúe de acuerdo al derecho legal y haga lo que es correcto”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre la confianza que tiene la empresa en el país, indicó que “todo inversionista busca tres cosas fundamentales que deben estar en su lugar para mantener la confianza: la primera es lo que llamo “Rule of Law”, la cual significa que si hago una inversión puedo entender el sistema judicial para proteger ese dinero, mis derechos sobre la propiedad y mis derechos de hacer negocios”.

La segunda es que haya certeza fiscal, indicó, lo que significa que los procesos regulatorios y los permisos de operación, etcétera, no van a cambiar una vez realizada la inversión, para no dañarla. “Es decir, se requiere contar con la confianza en el sistema de gobierno sea estatal, local o federal”, indicó.

La tercera, comentó, es la estabilidad política, lo que significa que no importando quién esté en el poder -partidos políticos-, cuando haya transiciones las cosas no cambien.

El terreno

El directivo declaró que el terreno sobre el que se ubica la planta tenía dos propietarios en 2006. La empresa les compró 100 hectáreas y luego más -tiene 426-, cumplió con los requisitos de construcción y permisos e inició obras.

Agregó que hecha la operación de compra-venta, Eugenio Sánchez Ritchie trató de pelear el terreno sin tener el título de propiedad. Cortó cercas y se metió, ante lo cual fue acusado por la empresa de despojo. El tema se fue a juzgados, con fallo adverso a Sánchez Ritchie. El fallo fue apelado en Mexicali, determinándose que este último no afectó la propiedad privada y que incluso tenía derecho sobre ella.

“Fuimos a un juzgado civil para ver quién tiene derechos sobre el título de propiedad de ese terreno. Él no lo tiene y lo ha admitido, tenemos pruebas”, indicó el empresario.

Refirió que en 2008 Susumo Azano acordó por escrito con Sánchez Ritchie -la empresa tiene copia del convenio-, proveerle servicios y pagar costos legales a cambio del derecho exclusivo de negociar un acuerdo con Sempra. Si lo lograban -Sánchez Ritchie cedió a Azano sus presuntos derechos sobre el título de propiedad del terreno-, se repartirían las ganancias. Ese acuerdo se firmó en abril de 2008. Un juez, mientras tanto, dio un título de propiedad y la posesión de 100 hectáreas a Sánchez Ritchie, indicó el directivo.

El Financiero.- ¿Es una zona importante para las operaciones de ECA?

Darcel Hulse.- No, es una zona que no es necesaria para la operación principal de la planta. Ellos pensaron que era indispensable, pero se equivocaron. Como no es importante y sabían que no podían sacar dinero de ahí, nos atacaron por otras vías.

“Sánchez Ritchie tomó parte de nuestra tierra y, de repente, sin ninguna discusión o plática con nosotros, e incluso cuando el juez escondió el archivo, nos dieron una orden de suspensión temporal de nuestros permisos. Apelamos y conseguimos permanecer la operación. Cuando vieron que no podían negociar con nosotros, cambió el alcalde de Ensenada, de extracción panista. El actual (Enrique Pelayo, del PRI) llegó y se metió a las instalaciones para bajarnos el switch de operación.”

-¿Cree que ellos tienen influencia en la decisión del alcalde de Ensenada?

-Todo pasa cuando llega el nuevo alcalde de Ensenada, de otro partido. Sin ninguna plática, información o notificación para Sempra, llegaron 800 policías armados a enfrentarse a nuestros guardias, que lo más fuerte que manejan son lámparas de mano. Rompieron barreras de seguridad y entraron con medios de comunicación.

“No se puede entrar arbitrariamente a una planta o empresa y bajar el switch. Eso es una violación a nuestra seguridad y a nuestros derechos. Sin hablarlo con nosotros bajaron el switch por una queja de Sánchez Ritchie en contra nuestra. Ésa era la base de todo, apoyada por una administración pública, lo que es altamente irregular.

“Hemos operado más de tres años, siempre con todos los permisos. Si tenían dudas en la nueva administración, pudieron constatarlos o solicitarlos. Pero no tomas en tus manos al inversionista más grande que tienes (Ensenada) y arbitrariamente le apagas sus instalaciones. Excepto por las acciones inmediatas y el apoyo que recibimos del gobierno estatal y federal (el Ejército llegó a las instalaciones), pudimos evitar que se paralizara la operación.

“El alcalde llevó esto al Congreso de la Unión porque tenía que justificar sus acciones.

“He viajado por todo el mundo y la gente me pregunta ¿qué pasó en México? Las acciones de un grupo de personas pueden impactar a toda la nación. Todos los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para fomentar y atraer inversiones se ven afectados por un reducido grupo que cuida sus intereses y que quiere hacer dinero de la nada. Eso no es justicia ni está bien.

“El patrón es como el de una persona que invierte en una casa: la arregla, la pone bonita y luego viene alguien a decir que es suya. Ya no es una casa nada más, es una inversión que vale mil 200 millones de dólares. Es la más grande que tenemos. Ellos creen que vamos a jugar una y otra vez, el hecho es que no tienen un título de propiedad. Es un juego que usan en un sistema en donde hay mucha gente que gana mucho dinero”.

-¿Se ha reunido con el alcalde de Ensenada?

-Buscamos la oportunidad cuando se hizo cargo de la oficina y en tres diferentes ocasiones, pero nos ha ignorado. No se ha reunido con nosotros, ni siquiera en febrero pasado cuando pasó lo de la planta. Ya no hemos vuelto a intentarlo. Él no tenía idea de qué había en la planta que quería apagar. Pero la orden de apagarnos fue directamente solicitada por Sánchez Ritchie y apoyada por Susumo Azano.

-¿Le han pedido dinero?

-No nos lo han pedido directamente, pero su abogado nos dijo que podemos dejar todo atrás y que los 200 millones de dólares que demandaban antes podrían ahora ser 80 millones de dólares. No tiene derecho sobre la propiedad, ¿por qué tenemos que hacer un acuerdo de ese tipo?

“Susumo es la cabeza y la gente envuelta con él es el diputado por Zacatecas, José Narro, cuyas comisiones no tienen nada que ver con asuntos de energía, gas, infraestructura ni con Baja California. Él ha estado aquí promoviendo una campaña en contra de Sempra. ¿Cómo alguien de Zacatecas tiene que representar a alguien en Baja California? Jaime Martínez Veloz es el escritor y vocero de artículos que se han escrito contra Sempra. Enrique Acosta Fregoso está también en el equipo.

“Los jugadores más importantes de ese equipo son Enrique Acosta Fragoso, Susumo Azano, Eugenio Sánchez Ritchie, Jaime Martínez Veloz, José Narro Céspedes, y les puedo asegurar que todo el ataque que se haga a Sempra viene de ellos”.

-¿Cree que ellos quieren obtener dinero de Sempra?

-Claro que sí, eso es lo único que persiguen, dinero para fines personales.

-¿Qué hará la empresa?

-Vamos a utilizar cualquier forma legal que esté a nuestro alcance, para defender, no sólo por nosotros, sino por todos los demás inversionistas en México, el derecho de hacer negocios, el derecho de propiedad y el derecho de existir libre de extorsiones y chantajes de gente como la que estamos enfrentando. Ésa es nuestra lucha y es lo que haremos, esperamos que el sistema judicial actúe de acuerdo al derecho legal y haga lo correcto, en lugar de ser influidos por gente como ésta, que puede comprar y pagar por influencia.

-¿Tienen confianza en México y en nuevos proyectos?

-Hemos sido inversionistas en México desde hace muchos años, y puedes cerciorarte de esto: somos diferente a otras compañías: no hay un solo empleado americano en nuestras operaciones en México, promovemos y desarrollamos a nuestros empleados mexicanos, son excelente gente, de talento, y la fuerza de México es en realidad su gente. Ésa es la manera de operar de la empresa, hemos sido parte de este país desde 1995 y hemos invertido más de dos mil 500 millones de dólares, pero cuando situaciones como ésta se presentan, cuando los juzgados otorgan sentencias exageradas, cuando cosas como ésta no se resuelven y continúan, entonces cualquier inversionista se debe preguntar “¿Debo invertir más aquí?” Cualquier inversionista nuevo que ve lo que nos pasa se debe preguntar, “¿debo invertir el dólar inicial aquí?” Las acciones de unos pocos, la manipulación de los sistemas, pueden causar efectos que repercuten en todos los ciudadanos de México.

-¿Ha hablado con los gobiernos federal y estatal?

-Hemos hablado con ellos y han demostrado su preocupación, ellos ayudan y apoyan a las empresas, nos apoyan porque saben la manera en que impactan la economía, pero ¿de qué le sirve a un individuo que se presenta a una corte local lo que pasa con un regulador de otro nivel? El sistema judicial está compuesto por mucha gente.

“Creo que se escucha el problema de la propiedad con mucha frecuencia, y eso no sucede en otros países. La pregunta es, ¿por qué no puede ser resuelto? Debe resolverse, hay corrupción en algunos de estos niveles, obviamente sí, pero ¿cómo la detienes?

“México tiene mucho potencial y, de Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional los coloca en el lugar más alto, pero aún tiene mucho que avanzar para alcanzar los primeros lugares de países para invertir.

“Creo que como hemos estado en México mucho tiempo, podemos distinguir las acciones de unos cuantos de las acciones del país. Esta situación que estamos peleando no es una batalla política, no es el PRI contra el PAN, no es el alcalde contra el gobernador, no es el gobierno federal o estatal contra el local: es mantener a una empresa que está siendo extorsionada por unos pocos. Esos pocos están utilizando los sistemas, instituciones e individuos de México para llevar a cabo sus acciones ilegales, tanto en los medios de comunicación como en el Congreso.

“¿Son poderosos? Obviamente; ¿obtendrán algo de nosotros? No. No pagaremos una onza a la extorsión. Esta lucha no es para Sempra solamente, sino para cada empresa que decida invertir en México”.

Fuente: El Financiero, Negocios, p. 17.
Por: Olga Ojeda.
Publicada: 26 de julio de 2011.

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