En los últimos ocho años, el país ha vivido una paradoja silenciosa. Mientras algunos indicadores sociales muestran avances, otros revelan retrocesos que tocan directamente la vida cotidiana de millones de personas. El acceso a la salud en México es uno de ellos: pasó de ser una cobertura casi universal en papel a convertirse en una deuda pendiente que hoy afecta a más de un tercio de la población.
De acuerdo con El Economista, las cifras del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no solo muestran números, sino historias concretas: familias que deben recorrer kilómetros para encontrar atención, adultos mayores que enfrentan enfermedades crónicas sin respaldo institucional y mujeres que quedan fuera del sistema por condiciones estructurales. En contraste, la seguridad social crece, pero no para todos y no al mismo ritmo.
El deterioro del acceso a la salud en México: una caída de casi 20 puntos
En 2016, 84 de cada 100 personas contaban con cobertura médica. Para 2024, la cifra cayó a 66 de cada 100. Esto implica que el acceso a la salud en México retrocedió casi 19 puntos porcentuales en menos de una década, dejando a un 34% de la población sin protección efectiva, ya sea pública o privada.
No se trata únicamente de afiliación administrativa. El SIDS evalúa la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios bajo un enfoque basado en derechos humanos. Es decir, no basta con estar registrado en una institución; la atención debe ser oportuna y resolutiva.
Este retroceso plantea preguntas estructurales para quienes trabajamos en responsabilidad social: ¿cómo pueden las empresas hablar de bienestar laboral o productividad si una proporción significativa de la población enfrenta barreras para ejercer un derecho tan básico?
Seguridad social: avance cuantitativo, desigualdad persistente
Mientras la salud retrocede, la seguridad social muestra un avance de casi seis puntos. Pasó de 45.9% en 2016 a 51.8% en 2024. Es un crecimiento relevante, aunque insuficiente si se considera que apenas la mitad de los mexicanos está afiliada a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Este crecimiento está vinculado, en parte, a dinámicas del mercado laboral formal. Sin embargo, México mantiene altos niveles de informalidad, lo que limita la expansión estructural del sistema.
El resultado es una mejora estadística que no necesariamente se traduce en universalidad. La seguridad social avanza, sí, pero lo hace con brechas profundas entre regiones, géneros y grupos etarios.
Brechas regionales que duplican realidades
Las diferencias entre entidades federativas son contundentes. En 2024, estados como Nuevo León y Baja California Sur registraron niveles iguales o superiores al 80% de población sin carencia por acceso a salud.
En contraste, Chiapas apenas alcanzó 36.7%. Es decir, la cobertura efectiva en algunos estados del norte es más del doble que en ciertas entidades del sureste. Esta disparidad territorial evidencia que el lugar de nacimiento sigue determinando las oportunidades de bienestar.
Aunque 93.3% de la población afirma que tardaría menos de dos horas en llegar a un hospital, la infraestructura no es homogénea. Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan rezagos vinculados a condiciones geográficas y limitaciones históricas en inversión pública.
El acceso a la salud en México frente a la desigualdad territorial
Cuando observamos el mapa completo, el acceso a la salud en México se convierte en un indicador de desigualdad estructural. No es solo un problema de presupuesto, sino de diseño institucional y capacidad de implementación diferenciada.
La brecha en seguridad social también refleja esta fragmentación. En estados del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero apenas uno de cada cuatro habitantes cuenta con este derecho. Mientras tanto, en Coahuila o Nuevo León la cobertura supera el 71%.
Este contraste confirma que la conversación sobre derechos sociales no puede desvincularse del desarrollo regional. La inversión privada, los programas de impacto social y las políticas públicas deben alinearse para cerrar estas brechas históricas.
Adultos mayores: pensiones no contributivas al alza
Un dato positivo emerge entre la población de 60 años y más no económicamente activa. El acceso a pensiones no contributivas pasó de 32.6% en 2016 a 40.1% en 2024. Llama la atención que entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero registren coberturas superiores al 55%. En regiones con alta vulnerabilidad, este mecanismo se convierte en un salvavidas económico.
Sin embargo, el incremento en pensiones no sustituye la necesidad de sistemas contributivos sólidos. La sostenibilidad financiera y la suficiencia de los montos siguen siendo temas centrales en la agenda pública.
Brechas de género: la desigualdad que persiste
Las diferencias entre mujeres y hombres son especialmente visibles en seguridad social. En 2024, 51.8% de las mujeres mayores de 15 años participó en el mercado laboral, frente a 79.2% de los hombres. Aunque la brecha se redujo respecto a 2016, sigue siendo de 27.3 puntos porcentuales. La maternidad profundiza esta desigualdad: solo 63.3% de las mujeres de 25 a 44 años con hijas o hijos participa en el mercado laboral, frente a 81.3% de quienes no tienen descendencia. La corresponsabilidad sigue siendo una asignatura pendiente.
El panorama es aún más crítico entre mujeres indígenas adultas mayores en zonas rurales: 96.7% nunca ha cotizado en una institución de seguridad social. Esta cifra no solo refleja exclusión económica, sino una deuda histórica con poblaciones tradicionalmente marginadas.
El retroceso del acceso a la salud en México no puede analizarse de forma aislada. Está conectado con el empleo formal, la desigualdad territorial, la brecha de género y la capacidad institucional. Si bien la seguridad social muestra avances, estos no compensan la caída en cobertura médica efectiva.
Para el sector empresarial, la academia y las organizaciones sociales, estos datos representan una hoja de ruta. Hablar de sostenibilidad implica asumir que la salud y la seguridad social no son solo políticas públicas, sino pilares del desarrollo económico y de la cohesión social. Sin una garantía real y equitativa de derechos, cualquier estrategia de crecimiento será, inevitablemente, incompleta.
