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Por: Leopoldo Lara Puente
Empieza a hacerse costumbre que el Presidente, los gobernantes de cualquier orden y los representantes populares digan una cosa y los ciudadanos otra.
Apenas hace unos meses, se formaron manifestaciones importantes de organizaciones de la sociedad civil apoyados por un puñado de senadores, que exigían que el presidente Peña Nieto cumpliera su #compromiso96 de campaña en relación a armonizar leyes fiscales, entre otras, que facilitara que los ciudadanos se organicen en asociaciones civiles y que puedan desde ahí, aportar su esfuerzo y trabajo por intentar sacar adelante a las comunidades del país, que tanto lo requieren.
Los oídos sordos del Congreso y del propio Presidente, dieron paso a un movimiento ciudadano, tanto en las redes sociales como en manifestaciones públicas, que culminó con éxito en la reforma fiscal.
Y qué decir del tema de la transparencia y rendición de cuentas de fines del año pasado, cuando el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, modificó un dictamen muy amplio y liberal de la de Senadores, dando marcha atrás a la obligación de partidos políticos y sindicatos de rendir cuentas hacia la ciudadanía y de limitar este ejercicio, cuando a su juicio, la información publicada “atentara (sic) contra la estabilidad económica, la seguridad nacional y los derechos humanos”. Surgió entonces el colectivo de organizaciones académicas y de la sociedad civil denominado #transparenciaYA, que al igual que en el caso de las leyes fiscales, dieron marcha atrás a las propuestas del gobierno y de los diputados.
Hoy toca el turno al internet libre, una demanda de la sociedad civil mexicana basada en la falta de cumplimiento del Estado a la garantía de la libertad de expresión del derecho a la información mediante el acceso libre a internet.
Cuando un colectivo de organizaciones civiles presentó en marzo de 2013 la histórica primera iniciativa ciudadana para reformar la Constitución ante el Congreso de la Unión, el análisis que presentaba en su exposición de motivos era contundente. México es uno de los países de América Latina con menos acceso a telefonía móvil (sólo por arriba de Cuba y Bolivia) derivado del sobreprecio que se paga por este servicio, similar a todo el subsidio que se da anualmente a la gasolina. Pero en materia de penetración de internet, tenemos una media estimada del 30.7% casi tres puntos por debajo de la media mundial y casi nueve debajo de la de América Latina.
Con estas cifras, entre otras, México se posicionaba como uno de los países con menos herramientas para que la transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos se hicieran efectivos y con ello con menor crecimiento en las fortalezas ciudadanas que permiten elevar la calidad de vida de un país. A cambio, con grupos económicos y políticos poderosos, prestando servicio a pocos, pero muy caro.
La propuesta: que el Estado garantice el acceso a internet, fundamentalmente en las comunidades que tengan una alta marginación; que facilite sus instalaciones para la transmisión de datos, por ejemplo las líneas de la CFE; que se establezca un Programa Estratégico de Conectividad que incorpore nuevas tecnologías; se cree un órgano desconcentrado para dar forma a este proyecto y además uno de carácter ciudadano para fiscalizar acciones; y que el internet se otorgue mediante el principio de libre acceso, neutralidad tecnológica y protección de datos personales.
La Constitución fue reformada y recogió la principal aspiración de esta materia, el libre acceso a la información y a la comunicación garantizada por el Estado, entre otras herramientas, con el internet y la banda ancha. Sólo faltaba la ley secundaria.
Apenas la semana pasada la esperada ley secundaria salió de Comisiones del Senado. El senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y especialista en la materia la anunció públicamente. Como ya se esperaba, iba en contra del espíritu originalmente planteado. Contenía criterios que restringían el acceso libre al internet, abría la puerta a fiscalizar las cuentas para conocer datos personales de los usuarios, establecía criterios para no prestar el servicio a pesar del pago y una serie de elementos más que hacían regresiva esta ley y carente por supuesto, de todo lógica y proporción con la reforma constitucional del año pasado.
La sociedad de nuevo se manifestó y de nuevo los representantes populares y el gobierno recularon. Prontamente se anunció que esas limitaciones se eliminarían del dictamen de ley y que no habría censura en internet.
¿De verdad creen que queremos regresar al pasado?
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
