La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha marcado un antes y un después en la historia de la justicia climática. Por primera vez, el máximo tribunal de las Naciones Unidas ha dejado claro que el daño climático por combustibles fósiles no es solo una cuestión ética o ambiental, sino una responsabilidad legal que puede derivar en compensaciones y reparaciones.
De acuerdo con The Guardian, la decisión, impulsada por una histórica campaña de jóvenes del Pacífico y el Estado de Vanuatu, plantea un precedente poderoso: los Estados que no actúen con firmeza frente al uso de combustibles fósiles podrán enfrentar consecuencias legales. Esta opinión consultiva, aunque no vinculante, refleja la legislación internacional vigente y se proyecta como una herramienta estratégica para las futuras negociaciones climáticas.
Un fallo histórico con alcance global
El dictamen de la CIJ no deja lugar a interpretaciones ambiguas: los Estados están legalmente obligados a prevenir el daño climático por combustibles fósiles. Omitir esta responsabilidad puede traducirse en violaciones al derecho internacional, especialmente si continúan permitiendo subsidios, licencias o producción de hidrocarburos sin considerar su impacto ambiental.
Durante la presentación del documento en La Haya, el presidente de la CIJ, Yūji Iwasawa, advirtió sobre la dimensión existencial de la crisis climática. Subrayó que sus efectos ya no son futuros o hipotéticos, sino actuales y tangibles en los ecosistemas y comunidades.
La opinión consultiva de 133 páginas cubre un amplio espectro legal, pero tiene un foco claro: las emisiones derivadas del carbón, el petróleo y el gas, que son los principales responsables del calentamiento global causado por el ser humano.
Estados responsables… también por lo que hace el sector privado
Uno de los elementos más disruptivos del fallo es que extiende la responsabilidad estatal a las acciones del sector privado. Esto significa que los gobiernos no solo deben regular las emisiones públicas, sino también las corporativas, cerrando así la puerta a la impunidad climática empresarial.
El tribunal sostuvo que los Estados tienen la obligación de supervisar las actividades empresariales que agraven el daño climático por combustibles fósiles. No basta con firmar tratados internacionales; se requiere implementar políticas nacionales que alineen el comportamiento corporativo con el derecho ambiental internacional.
En un mundo globalizado, donde las empresas transnacionales operan en múltiples jurisdicciones, este mensaje es contundente: ningún país puede escudarse en la libertad de mercado para justificar su inacción ante la emergencia climática.
El precedente de Vanuatu y la fuerza del activismo legal
Este dictamen no surgió por casualidad. Detrás hay años de trabajo de jóvenes líderes de las islas del Pacífico, quienes con apoyo de Vanuatu lograron que la ONU solicitara a la CIJ esta opinión. Su reclamo partió de una premisa tan simple como poderosa: los Estados que más contaminan deben rendir cuentas.
Durante las audiencias de diciembre de 2023, se escucharon testimonios conmovedores de representantes de naciones vulnerables. Países insulares expusieron cómo sus comunidades ya enfrentan la subida del nivel del mar, la erosión de sus territorios y crisis alimentarias causadas por el clima.
Aunque las decisiones de la CIJ son consultivas, tienen un valor moral y jurídico incuestionable. En palabras del ministro de Cambio Climático de Vanuatu: “Esta es una victoria para la justicia climática y para quienes por décadas han exigido equidad desde la periferia del poder global”.
Más allá del Acuerdo de París: otros tratados también obligan
Un punto clave del dictamen es que desmantela el argumento de que los compromisos climáticos se limitan a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París. Según la CIJ, otros instrumentos internacionales también son aplicables.
Se mencionan tratados como la Convención sobre el Derecho del Mar, el Protocolo de Montreal, la Convención de Viena y la Convención de Diversidad Biológica. Todos ellos, en conjunto, obligan a los Estados a actuar con diligencia para evitar un mayor deterioro ambiental.
Este reconocimiento amplía el marco jurídico con el que se pueden interponer demandas, fortaleciendo la posición de comunidades afectadas que buscan justicia más allá de los mecanismos tradicionales de gobernanza climática.
Principios clave: equidad, precaución y responsabilidad común
El fallo también refuerza principios del derecho internacional consuetudinario como el desarrollo sostenible, la equidad intergeneracional, el principio de precaución y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Estos principios no son retóricos, sino ejes que deben guiar la política pública.
En términos prácticos, esto implica que los Estados desarrollados, con mayores capacidades y mayores niveles históricos de emisiones, tienen una mayor carga en la solución del problema. Y que la justicia climática debe incluir tanto el presente como el futuro.
El principio de precaución cobra especial relevancia: cuando haya incertidumbre científica sobre los efectos de una actividad, debe prevalecer la protección del medio ambiente. Una orientación ética que también es, ahora, legal.
Reparar, compensar, restaurar: las formas de restitución
Cuando se produzca daño climático por combustibles fósiles, los Estados podrían ser obligados a reparar infraestructuras, restaurar ecosistemas o incluso pagar indemnizaciones. El dictamen es claro: el daño causado no puede quedar impune ni sin remediación.
La CIJ señala que incluso si resulta complejo demostrar un vínculo causal directo —como en el caso de emisiones globales—, no es imposible. La evidencia científica actual es suficiente para sostener reclamos legales fundados.
Este tipo de compensaciones podrían convertirse en precedentes para casos futuros. Activistas climáticos consideran que la opinión abre la puerta a litigios contra los grandes emisores y podría reconfigurar el mapa de la justicia ambiental internacional.
Una advertencia clara a los Estados y empresas
El fallo de la CIJ es una llamada urgente para que gobiernos y empresas dejen de postergar la transición energética. El daño climático por combustibles fósiles ya no es solo una preocupación moral o ambiental, sino una fuente de responsabilidad jurídica.
Quienes ignoren esta advertencia se arriesgan a enfrentar reclamos legales por parte de comunidades afectadas, ONGs y otros Estados. Y lo que está en juego no es solo dinero: es la posibilidad de garantizar un planeta habitable para las futuras generaciones.
La justicia climática ha dejado de ser una aspiración y ha comenzado a materializarse en tribunales internacionales. A partir de ahora, los compromisos climáticos deberán ser más que promesas: deberán ser acciones verificables… o enfrentarán consecuencias.
