En un contexto donde las brechas económicas y ambientales se amplían, la comunidad internacional busca mecanismos más equitativos para financiar la lucha contra el cambio climático. En este contexto, uno de los planteamientos más ambiciosos es el impuesto a los países más contaminantes, una medida que busca gravar las actividades con mayores emisiones de carbono y el patrimonio ultraelevado para generar los recursos necesarios que permitan apoyar a las naciones más vulnerables ante la crisis ambiental.
Según información de The Guardian, el debate ha resurgido en la antesala de la COP30, donde se discutirá la llamada Hoja de ruta Bakú-Belém, elaborada por los gobiernos de Brasil y Azerbaiyán. Este informe propone un modelo global de financiación climática basado en justicia fiscal y responsabilidad compartida. Su eje central: un sistema de impuestos a los sectores más contaminantes y a los superricos que, según sus autores, permitiría desbloquear los fondos públicos necesarios para alcanzar la meta de 1.3 billones de dólares anuales destinados a la acción climática global para 2035.
Un nuevo modelo de cooperación fiscal verde
La propuesta de establecer un impuesto a los países más contaminantes parte del reconocimiento de que los actuales mecanismos financieros internacionales son insuficientes. Según el documento, las contribuciones voluntarias y los compromisos previos de las economías desarrolladas no han cubierto ni la cuarta parte de lo necesario para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus metas climáticas. Por ello, el informe plantea la creación de esquemas fiscales globales que incluyan impuestos al carbono, a los combustibles fósiles y a las transacciones financieras de alto impacto.
Mukhtar Babayev, ministro de Azerbaiyán y presidente de la COP29, subrayó que alcanzar el objetivo de 1.3 billones de dólares en financiación climática “es posible, pero requiere voluntad política y acción global coordinada”.
La hoja de ruta Bakú-Belém propone que los países desarrollados, grandes emisores históricos, lideren este esfuerzo, asegurando que los recursos recaudados se destinen a mitigar los efectos del cambio climático y a apoyar la transición energética en las economías emergentes.
Los autores del informe recomiendan que los gobiernos implementen asociaciones voluntarias entre países, creando fondos sectoriales que graven de forma progresiva las actividades más contaminantes. Además, advierten que estas medidas deben diseñarse cuidadosamente para no afectar las prioridades de desarrollo ni generar distorsiones en el comercio internacional. En este sentido, el impuesto a los países más contaminantes se plantea no como una sanción, sino como un instrumento de justicia ambiental global.
Los activistas y organizaciones ambientales han recibido la propuesta con optimismo. Rebecca Newsom, de Greenpeace Internacional, calificó la iniciativa como “una oportunidad histórica para financiar la acción climática con equidad”. Según la experta, gravar las ganancias de las empresas de combustibles fósiles —que en la última década han sumado más de 800 mil millones de dólares— podría ser una de las formas más efectivas de canalizar recursos hacia los países más vulnerables.
Impuesto a los países más contaminantes: una vía hacia la justicia climática
El impuesto a los países más contaminantes busca reconfigurar el concepto de responsabilidad en materia ambiental. Bajo esta visión, quienes más contribuyen a la crisis climática tendrían la obligación de aportar más al financiamiento de soluciones. El informe reconoce que sin un aumento significativo de los recursos públicos, será imposible alcanzar las metas de reducción de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático, especialmente en naciones que enfrentan altos niveles de deuda y limitaciones fiscales.
La hoja de ruta Bakú-Belém también propone mecanismos complementarios como el canje de deuda por acción climática. Esta estrategia permitiría que los países con cargas financieras elevadas destinen parte de sus pagos a proyectos de transición energética, conservación y resiliencia climática. Se trataría de un doble beneficio: aliviar la deuda y avanzar en los compromisos ambientales internacionales.
Otro punto relevante es la necesidad de asegurar que el acceso al capital del sector privado sea más justo. Actualmente, los países en desarrollo pagan tasas de interés mucho más altas que las economías ricas por créditos para proyectos verdes. Reducir ese costo —mediante el apoyo de bancos multilaterales y fondos públicos— es clave para cerrar la brecha de financiamiento climático.
Sin embargo, los expertos advierten que las políticas fiscales verdes deben considerar las dimensiones sociales de la transición. El informe señala que, si no se atienden las desigualdades de género, laborales y territoriales, el proceso de descarbonización podría exacerbar la pobreza. Por ello, el impuesto a los países más contaminantes debe diseñarse dentro de un marco de transición justa que proteja a los trabajadores y comunidades más afectadas.
El papel de los organismos financieros internacionales
El éxito de esta propuesta también dependerá de la cooperación de instituciones como el Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo, que tendrán que reestructurar sus fondos y atraer nuevo capital. La hoja de ruta advierte que, sin una reposición de fondos, será difícil financiar las inversiones en energías limpias y proyectos de adaptación climática. Además, se insta a los países accionistas de estas instituciones a incrementar sus aportaciones y promover un sistema financiero más inclusivo y sostenible.
Los autores del informe destacan la urgencia de reformar la arquitectura financiera internacional para garantizar que los flujos de capital lleguen efectivamente a los países que más los necesitan. Los recortes a la ayuda exterior en algunas economías, sumados al escepticismo político en torno a los impuestos verdes, podrían retrasar la implementación de la propuesta. No obstante, su valor reside en ofrecer una hoja de ruta clara para desbloquear la financiación climática de forma justa y progresiva.
Por su parte, los gobiernos de Brasil y Azerbaiyán —presidencias actual y anterior de la COP— buscan que esta iniciativa marque un punto de inflexión en las negociaciones internacionales. Su objetivo es transformar la cooperación fiscal en un eje estructural de la acción climática global, estableciendo un precedente que fortalezca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
En ese sentido, el impuesto a los países más contaminantes podría convertirse en el primer gran paso hacia una política fiscal ambiental multilateral, capaz de financiar la transición verde sin incrementar la deuda de los países más pobres. La propuesta refuerza la idea de que la justicia climática y la justicia económica son hoy dos caras de la misma moneda.
Una transición justa y global
Las organizaciones ambientalistas han coincidido en que la hoja de ruta Bakú-Belém representa una oportunidad única para construir una nueva alianza entre el Norte y el Sur global. Según Carolina Pasquali, directora de Greenpeace Brasil, el principal reto sigue siendo la rendición de cuentas: “Los países desarrollados deben garantizar que los fondos prometidos se traduzcan en apoyo real para los países en desarrollo”. La experta subraya que la justicia climática requiere compromisos financieros verificables y sostenibles, no solo promesas.
Asimismo, el informe enfatiza que el acceso directo a los fondos climáticos debe incluir a pueblos indígenas, comunidades locales y mujeres, actores esenciales en la gestión sostenible de los ecosistemas. Construir una transición justa, inclusiva y participativa no solo es éticamente correcto, sino que también fortalece la legitimidad y eficacia de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Hacia una nueva arquitectura fiscal verde
El debate sobre el impuesto a los países más contaminantes abre una nueva era en la gobernanza climática global. La COP30 será el escenario para discutir cómo convertir esta propuesta en una herramienta de justicia fiscal y ambiental capaz de transformar las promesas en acciones concretas. A diferencia de los mecanismos tradicionales, este modelo busca redistribuir recursos desde los mayores emisores hacia quienes enfrentan las consecuencias más graves de la crisis climática.
Si la comunidad internacional logra avanzar hacia un consenso, el mundo podría estar ante un cambio estructural en la manera de financiar la acción climática. La hoja de ruta Bakú-Belém no solo propone un esquema financiero innovador, sino una visión más equitativa de la cooperación internacional. Gravar a los grandes emisores y a los sectores más contaminantes no es un castigo, sino una inversión en el futuro del planeta. El reto ahora es transformar esa visión en política efectiva antes de que el costo de la inacción sea irreversible.
