En un avance sin precedentes dentro de la agenda internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha marcado un punto de inflexión al incorporar explícitamente a las mujeres privadas de libertad en un acuerdo global sobre igualdad. Este hito, adoptado durante el 70.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, representa un cambio sustantivo en la manera en que se entiende y se aborda la justicia de género a nivel mundial. Por primera vez en siete décadas, este grupo históricamente invisibilizado entra en el centro del debate.
La relevancia de esta decisión no radica únicamente en su valor simbólico, sino en su potencial transformador. Durante años, las mujeres encarceladas han quedado fuera de las políticas públicas, los marcos normativos y las discusiones globales sobre derechos. Hoy, su inclusión redefine los alcances de la justicia de género, ampliando su enfoque hacia poblaciones que enfrentan múltiples formas de discriminación. Este reconocimiento abre la puerta a una agenda más integral, donde la equidad no excluye a quienes han sido sistemáticamente marginadas.
Un acuerdo histórico que redefine la justicia de género
Las conclusiones adoptadas en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer constituyen un parteaguas en la agenda global. Este acuerdo no solo reconoce la existencia de mujeres privadas de libertad, sino que establece un marco de análisis y recomendaciones dirigidas a gobiernos, sociedad civil e instituciones internacionales para atender su situación.
La inclusión responde a una realidad alarmante: más de 740,000 mujeres y niñas se encuentran detenidas en el mundo, una cifra que ha crecido un 60% desde el año 2000, casi triplicando el ritmo del encarcelamiento masculino. Este fenómeno evidencia fallas estructurales en los sistemas de justicia, donde la pobreza, la violencia y las leyes discriminatorias incrementan el riesgo de encarcelamiento femenino. En este contexto, la justicia de género deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta para cuestionar y transformar estas dinámicas. Como señaló Patsilí Toledo, experta en género y justicia penal:
“Es la primera vez en 70 años que se aborda con seriedad el tema de las mujeres en prisión”.
Este reconocimiento envía una señal clara a los Estados: la exclusión ya no es aceptable dentro de una agenda global que pretende ser verdaderamente inclusiva.
La invisibilización histórica y la criminalización de las mujeres
Uno de los elementos más relevantes de este avance es el reconocimiento de la invisibilización sistemática que han sufrido las mujeres dentro del sistema de justicia penal. Durante décadas, la discusión sobre igualdad de género omitió a quienes enfrentaban procesos de criminalización, perpetuando una narrativa incompleta de la justicia de género.
Esta exclusión ha tenido consecuencias profundas. Muchas mujeres privadas de libertad han sido criminalizadas por contextos de vulnerabilidad, incluyendo situaciones de violencia doméstica, pobreza extrema o participación en economías informales. En lugar de recibir apoyo, han sido absorbidas por sistemas punitivos que no consideran estas condiciones estructurales.
Mary Robinson, ex Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo sintetiza con claridad:
“Durante demasiado tiempo, las mujeres que han sufrido criminalización han permanecido prácticamente invisibles en los debates mundiales sobre igualdad de género”.
Esta afirmación subraya una deuda histórica que el nuevo acuerdo busca comenzar a saldar, integrando estas realidades en el núcleo de la justicia de género.
Retos estructurales: desigualdad, violencia y sistemas ineficientes
La inclusión de mujeres privadas de libertad en la agenda global también pone en evidencia los múltiples retos que enfrentan. No se trata únicamente de condiciones dentro de los centros penitenciarios, sino de un entramado de desigualdades previas que las conducen a estos espacios.
Factores como la falta de acceso a la justicia, la violencia de género, la discriminación legal y la ausencia de redes de apoyo incrementan la probabilidad de encarcelamiento. Además, la situación se agrava cuando se considera que alrededor de 19,000 niños viven en prisión con sus madres, lo que amplía el impacto social del problema.
Expertos en derechos humanos han advertido que “el acceso a la justicia, la seguridad y la dignidad de las mujeres privadas de libertad sigue siendo gravemente insuficiente”. Esto revela que, aunque el reconocimiento es un paso crucial, la implementación de políticas efectivas será determinante para materializar los principios de la justicia de género en este ámbito.
De la visibilidad a la acción: el papel de la sociedad y los gobiernos
El consenso alcanzado en este acuerdo es resultado de años de activismo por parte de organizaciones como Women Beyond Walls y de mujeres que han vivido el sistema penitenciario. Su trabajo ha sido clave para posicionar el tema en la agenda internacional y evidenciar la urgencia de una respuesta coordinada.
Sin embargo, el reto ahora es transformar el reconocimiento en acción. Esto implica abordar las causas estructurales del encarcelamiento femenino, invertir en soluciones comunitarias y diseñar políticas públicas que prioricen la prevención sobre la penalización. Como señalan especialistas, no basta con incluir a estas mujeres en el discurso; es necesario replantear los sistemas que perpetúan su exclusión.
En este sentido, la justicia de género debe evolucionar hacia un enfoque más integral, que no solo garantice derechos dentro del sistema penal, sino que evite que las mujeres lleguen a él por causas estructurales prevenibles.
Ampliar los límites de la justicia de género
La inclusión de mujeres privadas de libertad en este acuerdo global representa un avance significativo, pero también plantea nuevas responsabilidades. La justicia de género no puede limitarse a quienes están fuera del sistema penal; debe abarcar todas las experiencias de desigualdad, incluyendo aquellas que han sido históricamente ignoradas.
Este hito abre una oportunidad para redefinir políticas, fortalecer marcos institucionales y generar soluciones más humanas y efectivas. Para los actores involucrados en responsabilidad social, el mensaje es claro: la sostenibilidad social implica reconocer y atender las intersecciones más complejas de la desigualdad.
El verdadero desafío será traducir este reconocimiento en cambios tangibles. Solo así será posible avanzar hacia una justicia de género que no deje a nadie atrás y que responda, de manera integral, a las realidades de las mujeres en todo el mundo.
