La brecha entre los discursos climáticos y las decisiones financieras globales vuelve a quedar en evidencia. Así lo demuestra el análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual revela que, mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, el mundo sigue destinando la mayor parte de su capital a actividades que degradan los ecosistemas. Las cifras no solo son alarmantes, sino profundamente contradictorias con los compromisos internacionales asumidos en la última década.
De acuerdo con el informe, en 2023 se canalizaron 7,3 billones de dólares hacia actividades que dañan directamente a la naturaleza, una cantidad 30 veces superior a la destinada a soluciones basadas en la naturaleza. Este desequilibrio financiero confirma que las inversiones contra la naturaleza no son una excepción del sistema económico global, sino una de sus reglas estructurales más persistentes.
Inversiones contra la naturaleza: un flujo financiero dominante
El PNUMA identificó 4,9 billones de dólares en flujos financieros privados considerados “negativos para la naturaleza”. Una parte significativa de este capital se dirigió a servicios públicos, con casi 1,6 billones de dólares, así como a sectores industriales y tecnológicos, que concentraron cerca de 1,4 billones. Estas actividades están directamente vinculadas con la sobreexplotación de recursos, la contaminación y la degradación de ecosistemas clave.
A este panorama se suman 2,4 billones de dólares en financiamiento público destinados a subvencionar prácticas perjudiciales. Más de 1,1 billones se asignaron a combustibles fósiles y alrededor de 400.000 millones de dólares a modelos de agricultura intensiva e industrial, dos sectores ampliamente señalados por su impacto ambiental y climático.
Según la ONU, la actividad humana ya ha alterado el uso del 70 % de la tierra a nivel global, un dato que da contexto a la magnitud de estas inversiones contra la naturaleza. Lejos de revertir esta tendencia, los flujos financieros actuales la profundizan, consolidando modelos económicos incompatibles con la regeneración ambiental.
“Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación: no hay término medio”, advirtió Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
Su declaración resume la encrucijada a la que se enfrentan gobiernos, empresas e inversionistas.
Financiar la naturaleza: la gran deuda pendiente
En contraste con los billones destinados a actividades dañinas, solo 220.000 millones de dólares se invirtieron en soluciones basadas en la naturaleza durante 2023. Más preocupante aún es que el 90 % de esta financiación provino de fuentes públicas, lo que evidencia la reticencia del capital privado a involucrarse en este tipo de proyectos.
De la limitada financiación privada disponible, casi un tercio se destinó a unidades de compensación de biodiversidad. Estos mecanismos permiten a las empresas declarar que han “compensado” sus impactos ambientales, aunque diversos expertos cuestionan su efectividad real para detener la pérdida de ecosistemas.
El PNUMA estima que, si el mundo pretende frenar el deterioro de la naturaleza antes de 2030 —objetivo respaldado por más de 170 países—, la inversión anual en soluciones basadas en la naturaleza deberá multiplicarse por 2,5, hasta alcanzar al menos 571.000 millones de dólares. Sin una reorientación profunda de las inversiones contra la naturaleza, este objetivo parece inalcanzable.
La urgencia no es solo ambiental. El organismo subraya que seguir postergando estas inversiones incrementa los riesgos sistémicos para la economía global, la seguridad alimentaria y la estabilidad social.
Riesgos económicos y presión internacional creciente
El argumento económico para proteger la naturaleza es cada vez más contundente. En 2023, PwC señaló que el 55 % del PIB mundial depende directa o indirectamente de la naturaleza, una cifra que otros análisis consideran incluso conservadora. La degradación ambiental, por tanto, no es un riesgo periférico, sino un factor central para la estabilidad económica global.
Esta percepción también se refleja en los análisis de riesgo. El Foro Económico Mundial identificó recientemente la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas como la segunda amenaza global más grave y probable en los próximos diez años. Aun así, las inversiones contra la naturaleza continúan superando ampliamente a las destinadas a su protección.
En octubre, los gobiernos se reunirán en Armenia para evaluar por primera vez el avance del Marco Mundial de la Diversidad Biológica, adoptado en 2022. El encuentro estará marcado por la presión para presentar medidas concretas: redirigir subsidios, desbloquear financiación privada, fortalecer regulaciones y exigir mayor transparencia corporativa sobre impactos ambientales.
Como parte de este esfuerzo, el nuevo informe del PNUMA introduce la Curva de Transición de la Naturaleza, un marco que propone reducir simultáneamente los subsidios perjudiciales y aumentar la inversión en soluciones regenerativas, con beneficios sociales y económicos más amplios.
Entre compromisos y capital
El contraste entre los compromisos climáticos internacionales y la realidad financiera global es cada vez más difícil de ignorar. Mientras los discursos apelan a la urgencia de proteger la biodiversidad y frenar la crisis climática, los flujos de capital siguen apuntalando modelos que profundizan el daño ambiental.
Reducir las inversiones contra la naturaleza y redirigir recursos hacia una economía verdaderamente regenerativa no es solo una cuestión ética, sino una decisión estratégica para evitar riesgos económicos y sociales en cascada. Como advierte el PNUMA, el margen de maniobra se estrecha: el capital puede seguir financiando la degradación o convertirse en una palanca clave para la recuperación del planeta.
