México ha transitado un largo camino en la lucha por los derechos de las mujeres. Desde 2019, se han impulsado reformas legales que prometen un cambio de fondo, orientadas a la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, los avances legales no siempre se traducen en justicia cotidiana para las mexicanas, comparte un artículo de La Jornada.
Así lo dejó claro el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la ONU, que recientemente emitió sus conclusiones sobre la situación actual. Si bien reconoce progresos normativos, también lanza alertas contundentes sobre temas estructurales no resueltos que siguen perpetuando la discriminación de la mujer en México.
Reformas legales: avances importantes, pero insuficientes
El Cedaw aplaudió las reformas constitucionales y legales adoptadas por México desde 2019, que han sentado las bases para una institucionalidad con perspectiva de género. Reconoció también el desarrollo de políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, señaló que estas acciones aún no son suficientes para transformar de raíz los patrones socioculturales que normalizan la discriminación. La ONU subraya la necesidad de acompañar las leyes con mecanismos de aplicación sólidos y personal capacitado.
La discriminación de la mujer en México no solo se combate con marcos normativos, sino también con voluntad política y articulación efectiva con la sociedad civil, cuyas voces muchas veces siguen siendo excluidas de los espacios de decisión.
Poder judicial: sin enfoque feminista, no hay justicia
Una de las principales preocupaciones del Cedaw se centra en el sistema de justicia. Aunque se han elegido más juezas y magistradas, la ONU advierte que eso no garantiza automáticamente un enfoque feminista en los tribunales.
El comité insta a garantizar la independencia judicial y elevar los criterios de selección de jueces, asegurando su formación en derechos humanos y perspectiva de género. La falta de esta preparación impide que casos de feminicidio, esterilización forzada o desapariciones sean abordados con la sensibilidad que exigen.
La discriminación de la mujer en México se perpetúa también en los juzgados, donde muchas veces las víctimas encuentran revictimización o indiferencia, en lugar de justicia y reparación.
Agresiones a periodistas y buscadoras: una deuda urgente
El informe también enciende las alarmas sobre las crecientes agresiones hacia periodistas, defensoras de derechos humanos y mujeres buscadoras. Estas mujeres enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos por ejercer su labor.
El Cedaw exhorta al Estado mexicano a reforzar los mecanismos de protección, dotarlos de presupuesto suficiente y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno. Denuncia que la labor de las buscadoras no es reconocida como defensa de derechos humanos, lo que limita su acceso a medidas de protección.
Frente a este panorama, la discriminación de la mujer en México adquiere un carácter aún más grave, cuando se normaliza la violencia contra quienes luchan por verdad y justicia para otras.
Grupos vulnerables: interseccionalidad como deuda pendiente
La ONU también pone el foco en mujeres históricamente marginadas, como las indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, diversidad sexual y trabajadoras sexuales. Para ellas, el acceso a derechos básicos como salud, educación o justicia sigue siendo una promesa lejana.
La falta de accesibilidad a servicios, la escasa representatividad en las políticas públicas y la discriminación interseccional generan un entorno hostil y excluyente. El Cedaw recomienda medidas específicas e incluyentes para cada grupo.
Reconocer la diversidad de experiencias y violencias es fundamental para erradicar de fondo la discriminación de la mujer en México, y no limitarse a soluciones generalistas que dejan fuera a miles.
Presupuesto y violencia vicaria: el doble abandono
Las mujeres víctimas de violencia doméstica, especialmente aquellas que enfrentan violencia vicaria —cuando sus hijos son usados como forma de agresión—, enfrentan un abandono sistemático. Muchas veces pierden la custodia o son obligadas a convivir con sus agresores en procesos judiciales sin enfoque de género.
Además, el informe advierte sobre los recortes presupuestarios a servicios de protección, como refugios y centros de justicia. Esto impacta particularmente a mujeres con discapacidad o que viven en zonas rurales, quienes tienen aún más barreras para acceder a estos apoyos.
La discriminación de la mujer en México no es solo simbólica; se refleja también en la falta de recursos que sostengan una respuesta efectiva ante la violencia y la exclusión.
El balance del Cedaw es claro: México ha avanzado, pero aún arrastra profundas deudas estructurales. Reconocer los logros no debe significar bajar la guardia ante las múltiples formas de discriminación que persisten. Las leyes existen, pero su aplicación sigue siendo desigual y, en ocasiones, simbólica.
Erradicar la discriminación de la mujer en México implica ir más allá de los discursos y poner en el centro a las mujeres reales, diversas y valientes que siguen enfrentando riesgos por exigir justicia. El verdadero cambio será tangible cuando cada mujer pueda vivir sin miedo, con dignidad y con plenos derechos.
