Ambiental

Ley climática y subdesarrollo

En México, siempre que algo nos parece bueno hacemos una ley. Es el buenísimo Legislativo que no afecta los intereses de nadie, nada cambia y a nadie le cuesta, a veces, sólo al erario.

Pero ganan los legisladores, quienes ahora se sienten prestigiados y satisfechos. Diría algún economista que se trata de arreglos Óptimos de Pareto en donde ellos quedan mejor y nadie pierde. Es el caso de la Ley General de Cambio Climático aprobada por el Senado buscando los reflectores de la triste COP17, apenas clausurada en Sudáfrica.

Luchar seriamente contra el calentamiento global implica, por un lado, modificaciones notables al sistema de precios a través de eliminar los subsidios al consumo de combustibles fósiles y de imponerles un carbon tax. Por el otro, exige abolir o reestructurar los subsidios agropecuarios para que en vez de inducir la deforestación la eviten y la reviertan, al tiempo que se construye un sistema de contratos por pago de servicios ambientales con los propietarios de la tierra. (En la práctica, a esto equivale al esquema REDD).

Por su parte, la adaptación al cambio climático, ya inevitable, se traduce al castellano por medio de ambiciosas obras civiles de infraestructura hidráulica y de protección costera, y de mecanismos eficaces de prevención de desastres. Obviamente, lograr todo lo anterior sólo puede ser resultado de cambios a leyes fiscales y de energía, y en las aplicables al sector agropecuario, principalmente, y en aquella legislación que tiene que ver con la infraestructura y las acciones relevantes de protección civil. Desde luego que una ley, como la Ley General de Cambio Climático, no puede modificar a otras, aunque ingenuamente sugiera que deba hacerse (artículo octavo transitorio).

El texto de esta nueva ley es todo corrección política y adjetivos que llaman a la virtud. Reitera atribuciones para los gobiernos locales o las infiere de lo establecido en el Artículo 115 Constitucional y los exhorta a hacer una serie de cosas buenas, lo cual, por supuesto, no tiene mecanismo alguno de instrumentación. Versa largamente en definiciones, principios y propósitos, y en la creación de nuevas burocracias, al estilo de las que existen y que probadamente no funcionan: Comisión Intersecretarial, Consejo, Coordinación, Fondo y Fideicomiso. Propone (sólo puede proponer) ejercicios minuciosos de planeación y de elaboración de estrategias, así como una cascada de programas sectoriales, estatales y municipales. También establece un nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (al menos en sustitución del actual INE) que, por cierto, a todas luces duplica a un centro similar que el gobierno federal trata de crear actualmente, como herencia a las generaciones futuras de políticos. Eso sí, plantea un registro de emisiones, y un sistema de información que incluya proyectos y transacciones de carbono, al igual que la realización de inventarios que ¡ya existen!

La ley obliga (es un decir) a hacer lo que ya se hace, como plantas eléctricas que no generen más emisiones que las que produce actualmente una central de gas de ciclo combinado o a que el gobierno federal haga lo que lleva más de 10 años diciendo que hará: normas de emisiones de CO2 para vehículos. A las empresas las sujeta a hacer registros y reportes, so pena de fuertes multas, lo cual es irrelevante y sólo añade burocracia: las emisiones de la industria privada son muy poco significativas en el inventario nacional. El momento culminante de la ley es cuando pide que se analice la posibilidad de retirar los subsidios a los combustibles y a la electricidad… ¡en el 2020! En general, sus consecuencias jurídicas y de política pública tienden a cero.

La ley asume el ofrecimiento de reducción de emisiones que hizo México en Copenhague y en Cancún, pero sólo si la comunidad internacional nos da dinero y nos sigue considerando país en vías de desarrollo ¡en el 2050! En suma, es un texto mendicante de business as usual y, sobre todo, de compromiso de nuestro país… pero con el subdesarrollo. Podemos olvidarla.

Fuente: Eleconomista.com.mx
Por: Gabriel Quadri de la Torre
Publicada: 15 de diciembre de 2011.

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