El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la conversación pública sobre los llamados “impuestos saludables”. En cuestión de días, las tienditas de barrio comenzaron a recibir nuevas listas de precios que reflejaban aumentos de hasta 20 por ciento en cigarros y refrescos, productos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. La intención oficial era clara: desincentivar el consumo de bienes asociados con enfermedades crónicas y mejorar los indicadores de salud pública a largo plazo.
Sin embargo, el impacto real no se ha manifestado en un cambio de hábitos, sino en un reajuste de decisiones. De acuerdo con El Economista, los consumidores que no están dispuestos —o no pueden— abandonar estos productos, ahora buscan alternativas más económicas o presentaciones más pequeñas para mantener su consumo sin desbalancear su presupuesto. Así, el impuesto a refrescos y cigarros no ha transformado comportamientos, sino que ha desplazado la demanda hacia nuevas marcas, nuevos tamaños y, en algunos casos, hacia mercados informales.
Impuesto a refrescos y cigarros: el alza que sacudió los precios
A sólo unos días de la entrada de 2026, los comercios de todo el país comenzaron a circular listas con los nuevos precios derivados del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el aumento en cigarros va de 15 a 22 pesos por cajetilla, mientras que en refrescos los incrementos oscilan entre uno y ocho pesos, dependiendo de la presentación.
En el caso del tabaco, marcas como Pall Mall ya alcanzan los 96 pesos por cajetilla, Lucky Strike los 103 y algunas versiones de Marlboro superan los 106 pesos. Otras marcas se mantienen en rangos más bajos, entre 50 y 87 pesos, lo que ha abierto un abanico de opciones para quienes buscan reducir su gasto sin abandonar el consumo.
En bebidas, el IEPS por litro pasó de 1.64 a 3.08 pesos en productos con azúcares añadidos y se añadió un impuesto de 1.5 pesos por litro a bebidas con edulcorantes no calóricos. Así, una Pepsi de 600 mililitros ahora cuesta 20 pesos, una de litro 25 y una Coca-Cola de litro y medio ronda los 35 pesos, configurando un nuevo escenario de precios en los anaqueles.
Impuesto a refrescos y cigarros y la promesa de cambiar hábitos
La Secretaría de Hacienda ha insistido en que el objetivo del ajuste no es recaudatorio, sino preventivo. Para el tabaco, diseñó un esquema de actualización gradual que elevará la cuota por cigarro de forma progresiva hasta 2030, con la expectativa de que el encarecimiento sostenido reduzca su consumo en el tiempo.
No obstante, los primeros resultados muestran una realidad distinta. Comerciantes de distintos estados coinciden en que sus clientes no están dejando de comprar, sino modificando su elección: cambian de marca, reducen el tamaño del producto o espacia su compra, pero no eliminan el hábito.
Esta respuesta sugiere que, sin un acompañamiento educativo y cultural, los impuestos funcionan como un factor de presión económica, pero no como una herramienta efectiva para transformar patrones de consumo profundamente arraigados.
La elasticidad que no cede
Especialistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas han señalado que la demanda de estos bienes es altamente inelástica, es decir, no responde de manera proporcional a los cambios en el precio.
Aunque el costo suba, el consumo se mantiene relativamente estable en el largo plazo.
Esta característica se explica porque se trata de productos con fuerte carga social, emocional y cultural. El refresco acompaña celebraciones, comidas y reuniones, mientras que el cigarro está asociado a rutinas y espacios de socialización, lo que dificulta su abandono.
Bajo este contexto, el precio se convierte en un obstáculo parcial, pero no en un catalizador de cambio, generando únicamente ajustes en la forma de consumir, no en la decisión de hacerlo.
La sustitución como nueva norma
En las tiendas de abarrotes, el fenómeno es evidente. Donde antes se vendían marcas líderes, ahora crecen las opciones más económicas. Consumidores que solían comprar Coca-Cola optan por Red Cola; quienes elegían Marlboro ahora prefieren Pall Mall o Winston.
La diferencia de ocho o diez pesos por producto, multiplicada por el consumo mensual, representa un alivio tangible para las familias. Así, el criterio de compra se desplaza de la preferencia a la accesibilidad. La sustitución no sólo redefine el mercado, sino que revela cómo las personas priorizan su economía sin renunciar por completo a hábitos que forman parte de su vida cotidiana.
En el caso del tabaco, el aumento ha fortalecido de forma significativa al contrabando. Según la Anpec, tres de cada diez cigarros que se venden en México ya son ilegales, impulsados por una brecha de más de 75 pesos entre una cajetilla legal y una de contrabando. Esta realidad no sólo afecta la recaudación, sino que expone a los consumidores a productos sin controles sanitarios y fortalece redes de comercio ilícito.
El efecto colateral del impuesto, lejos de reducir el consumo, ha sido abrir un espacio a prácticas que ponen en riesgo tanto la salud como la legalidad.
Aunque las marcas tradicionales siguen dominando el mercado, su participación comienza a fragmentarse. La competencia más económica gana terreno y obliga a los grandes jugadores a ajustar precios y estrategias. Recientemente, algunas refresqueras redujeron hasta 15 por ciento el costo de ciertas presentaciones, buscando recuperar volumen tras el alza generalizada. Este reajuste confirma que el consumo no desaparece: se redistribuye, reconfigurando el equilibrio del mercado.
Educación: la pieza que falta
Economistas y analistas coinciden en que el cambio real no vendrá sólo de los impuestos. La transformación de hábitos requiere campañas sostenidas de concientización, educación desde edades tempranas y entornos que faciliten decisiones saludables. Sin estos elementos, el impuesto a refrescos y cigarros se limita a encarecer productos sin modificar las razones que sostienen su consumo.
La prevención necesita una estrategia integral que combine regulación, información y corresponsabilidad social.
El aumento de precios ha revelado que el consumo persiste, adaptándose a nuevas condiciones económicas. Más que abandonar, las personas buscan cómo seguir comprando sin gastar de más.
Si el objetivo es cuidar la salud pública, el desafío no está sólo en el gravamen, sino en construir una cultura que permita tomar decisiones distintas. Sólo así, el cambio dejará de ser un ajuste en la marca para convertirse en una transformación real de hábitos.
