Un nuevo impuesto del 1% sobre el dinero que los migrantes envían a sus países de origen podría cambiar drásticamente la vida de millones de familias en situación de vulnerabilidad. La medida, promovida como parte del “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” del expresidente Donald Trump, pretende recaudar miles de millones para EE.UU., pero a costa de una fuente crítica de ingresos en países en desarrollo.
A partir de enero, gravar las remesas no solo será una realidad legal en Estados Unidos, sino también un desafío social y económico de gran escala. Las remesas, que en muchos países superan ampliamente a la ayuda internacional, son el sustento de millones de personas. Quitarles una parte, por mínima que parezca, significa poner en riesgo alimentos, salud y educación, comparte eco-business.
Remesas: mucho más que dinero
Para comprender el impacto de gravar las remesas, primero hay que entender su valor. Las remesas no son simples transferencias monetarias: son un salvavidas. En países como México, Guatemala o Haití, ese dinero permite pagar alimentos, medicinas y educación.
La ONU estima que los migrantes envían entre 200 y 300 dólares cada mes o bimestre. Puede parecer poco, pero en contextos de pobreza estructural, esa cantidad representa la diferencia entre subsistir y caer en la miseria.
Según el think tank ODI Global, las remesas tienen mayor alcance que muchos programas de ayuda social, pues llegan directamente a los hogares más necesitados, sin intermediarios y con rapidez.
La doble carga para los migrantes
Gravar las remesas equivale a aplicar una doble imposición. Los migrantes ya pagan impuestos en el país donde trabajan, y ahora se les quiere cobrar nuevamente al enviar dinero a sus familias. Esta decisión desconoce la contribución económica y social de estas personas en ambos extremos del sistema.
El Centro para el Desarrollo Global advierte que esta medida afectará a 48 millones de residentes en EE.UU. nacidos en el extranjero. Muchos de ellos desempeñan trabajos esenciales mal remunerados y, aun así, envían dinero a casa con regularidad.
Con este nuevo impuesto, se penaliza la solidaridad familiar y se institucionaliza una barrera más para quienes ya viven en condiciones de desigualdad y precariedad.
México: epicentro del impacto
México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo detrás de India. En 2024, recibió cifras récord, pero también experimentó la mayor caída en casi 13 años, atribuida a un endurecimiento de las políticas migratorias.
Con la nueva ley, se calcula que el país perderá alrededor de 1.500 millones de dólares anuales por gravar las remesas. Es una cifra alarmante si se considera que millones de familias mexicanas viven gracias a esos envíos.
Este impacto llega en un momento en el que la ayuda internacional también está disminuyendo, lo que agrava aún más la vulnerabilidad estructural de comunidades enteras.
Un golpe silencioso a la cooperación internacional
La ayuda extranjera cayó en 2024 por primera vez en seis años, y se prevé que siga disminuyendo. Las remesas, que ya superan por cuatro veces el monto de esta ayuda, se han convertido en el nuevo eje de supervivencia económica para muchos países.
Gravar las remesas es, en este contexto, una medida regresiva que llega justo cuando el sistema internacional más debería estar reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible.
En términos de responsabilidad social, el impuesto refleja una desconexión entre las decisiones de política fiscal y los principios de justicia global. En lugar de fortalecer los lazos de cooperación, se profundiza la brecha entre el norte y el sur global.
Los países más vulnerables
No solo México está en riesgo. Guatemala, India, Filipinas, El Salvador, Liberia y Haití también verán reducidos sus ingresos por remesas, en algunos casos de forma devastadora.
En Haití, por ejemplo, el gravamen podría reducir un 0,31% del ingreso nacional bruto (INB), en un país donde más de la mitad de la población ya sufre escasez de alimentos. En Liberia, la cifra ronda el 0,16%, que se suma al 2% que perderá por recortes en la ayuda estadounidense.
Estos porcentajes, aunque parezcan pequeños, tienen un efecto multiplicador negativo en economías altamente frágiles. Cada dólar que no llega se traduce en menos alimentos, menos oportunidades y más desigualdad.
Una decisión que exige una respuesta ética
Desde una perspectiva de responsabilidad social internacional, gravar las remesas plantea un dilema ético: ¿es legítimo financiar presupuestos nacionales debilitando economías ya vulnerables?
Las empresas, organizaciones y gobiernos que trabajan en desarrollo sostenible deben alzar la voz. Las remesas son una de las formas más efectivas de redistribución global de la riqueza, y su restricción afecta directamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este impuesto no solo vulnera derechos económicos, también amenaza la cohesión social en comunidades que dependen del vínculo migrante-familia para sobrevivir.
Un impuesto que cuesta vidas
La entrada en vigor del impuesto para gravar las remesas es más que una medida fiscal: es una sentencia silenciosa que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de millones.
Mientras se pretende fortalecer la economía estadounidense, se debilita la resiliencia de países que ya cargan con múltiples crisis. Esta decisión, lejos de ser técnica, es profundamente política y exige una respuesta ética y humanitaria.
Gravar las remesas no solo es económicamente injusto. Es, ante todo, una medida socialmente insostenible que podría empujar a millones de personas a una pobreza aún más profunda.
