La arquitectura regulatoria que ha sostenido durante más de tres décadas la prevención ante riesgos químicos en Estados Unidos enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos. La administración vinculada a Donald Trump ha iniciado un proceso para desmantelar componentes clave del Programa de Gestión de Riesgos (RMP, por sus siglas en inglés), un sistema federal que obliga a miles de instalaciones industriales a anticipar, mitigar y reportar posibles catástrofes químicas.
El debate no ocurre en abstracto, pues, entre 2004 y 2025, Estados Unidos registró en promedio un accidente químico cada dos días con afectaciones a personas o al medio ambiente. Cerca de 180 millones de personas viven a pocos kilómetros de una planta sujeta al RMP. En este contexto, debilitar un sistema de prevención ante riesgos químicos implica mucho más que ajustar cargas regulatorias: supone reconfigurar la gestión del riesgo sistémico en materia de salud, medio ambiente y estabilidad comunitaria.
El RMP: tres décadas de construcción institucional en prevención ante riesgos químicos
El Programa de Gestión de Riesgos fue aprobado por el Congreso en 1990 como parte de una revisión de la Clean Air Act, tras una serie de accidentes mortales en instalaciones químicas alrededor del mundo. La norma exige que más de 12,500 instalaciones de alto riesgo desarrollen protocolos para prevenir catástrofes o, en su defecto, limitar sus consecuencias. Esto incluye tecnologías de detección de liberaciones químicas, sistemas de supresión de incendios y planes detallados de respuesta de personal ante emergencias.
En 2024, la administración Biden finalizó una actualización normativa que tardó 12 años en elaborarse y que fortaleció significativamente el sistema. Entre otros elementos, exigía la implementación de tecnologías modernas de prevención, medidas de respaldo en caso de fallas en la primera línea de defensa y la sustitución de sustancias peligrosas por alternativas más seguras cuando fuera posible.
Además, la reforma incorporó un enfoque de “doble desastre”, obligando a las instalaciones a prepararse para escenarios donde fenómenos climáticos extremos —huracanes, incendios forestales o terremotos— impactan plantas químicas. El antecedente del huracán Harvey en 2017, que provocó explosiones en la planta Arkema en Texas, evidenció cómo la falta de información oportuna puede agravar los daños y exponer a socorristas a gases tóxicos sin advertencia previa.
Sin embargo, a inicios de 2025, empresas químicas solicitaron a la nueva EPA bajo Trump derogar estas disposiciones, argumentando que eran “demasiado costosas de implementar”. La Agencia ha respondido que busca reglas “más claras y viables”, eliminando requisitos que, según su postura, generan costos sin mejorar resultados de seguridad.
Accidentes reales, no riesgos teóricos: impactos en salud y medio ambiente
La discusión sobre la prevención ante riesgos químicos no puede reducirse a un debate contable. Tal como expone The Guardian, casos recientes, como la explosión en una planta siderúrgica de Clairton, Pensilvania, que dejó 10 heridos o la explosión de Roseland, Luisiana que dispersó crudo hasta 32 kilómetros de distancia, afectando viviendas, muestran la materialidad del riesgo.
Marc Boom, ex asesor de políticas de la EPA y hoy directivo en la Environmental Protection Network, lo expresó con contundencia:
“Estas normas existen porque las explosiones catastróficas y los vertidos tóxicos no son riesgos teóricos, sino eventos reales que devastan comunidades”.
Sus palabras resumen una tensión central en la gestión de riesgos industriales: cuando la regulación se debilita, la externalización de costos hacia comunidades y sistemas de salud se incrementa.
Los datos históricos son elocuentes. Desde 2004, los accidentes químicos han provocado decenas de muertes y miles de personas lesionadas. En términos ambientales, cada incidente implica potenciales emisiones tóxicas, contaminación de cuerpos de agua y degradación de suelos, con impactos que pueden extenderse por años. Para las comunidades cercanas —a menudo de menores ingresos— esto significa exposición crónica a contaminantes, depreciación de activos inmobiliarios y riesgos sanitarios acumulativos.
Además, si estos eventos se leen desde la óptica ESG, representan, sin duda, riesgos financieros materiales: litigios, sanciones, pérdida de licencia social y afectaciones reputacionales que inciden directamente en el valor corporativo.
Transparencia, trabajadores y gobernanza: el retroceso institucional
Otro de los movimientos más controvertidos ha sido la eliminación de una herramienta pública que permitía a comunidades y primeros respondedores consultar un mapa con la ubicación de instalaciones peligrosas y las sustancias utilizadas. Aunque la ley exige que esta información sea pública, la EPA la trasladó a una sala física de lectura, bajo argumentos de seguridad nacional.
Para defensores ambientales, esta decisión debilita la capacidad de respuesta local y reduce la rendición de cuentas. La transparencia es un componente esencial de cualquier sistema de prevención ante riesgos químicos: sin acceso a datos, ni comunidades ni socorristas pueden prepararse adecuadamente.
Otro elemento clave es el rol de los trabajadores. La norma de 2024 otorgaba mayor poder a empleados y sindicatos: consulta obligatoria en planes de emergencia, autoridad para detener labores en situaciones de peligro, capacitación especializada y mecanismos formales para reportar riesgos no atendidos. Rick Engler, ex miembro de la Junta de Seguridad Química, calificó la iniciativa de la administración como un intento de “cambiar el equilibrio de poder de los trabajadores a los ejecutivos corporativos”.
Desde la perspectiva de gobernanza corporativa, debilitar estos mecanismos no solo incrementa el riesgo operativo, sino que contradice estándares internacionales en materia de debida diligencia y derechos laborales. La seguridad industrial no es un costo accesorio; es un componente estructural de la resiliencia empresarial.
Riesgo sistémico y responsabilidad corporativa
Desmantelar o debilitar el RMP no es simplemente una modificación regulatoria: es una señal estratégica sobre cómo se concibe la relación entre Estado, industria y sociedad. En un país donde 180 millones de personas viven cerca de instalaciones sujetas al programa, reducir estándares de prevención ante riesgos químicos incrementa la probabilidad de desastres con impactos humanos, ambientales y financieros de gran escala.
Para el sector empresarial comprometido con la sostenibilidad, el mensaje es claro: la gestión responsable del riesgo químico no puede depender exclusivamente del vaivén político. Las compañías que aspiren a liderazgo ESG deberán sostener —e incluso superar— los estándares regulatorios mínimos. En un entorno de creciente escrutinio social y climático, invertir en prevención no es ideología; es estrategia de largo plazo y condición indispensable para la licencia social para operar.
