La energía que mueve al mundo también puede estar apagando miles de vidas antes de tiempo. En Estados Unidos, un nuevo estudio reveló que la contaminación atmosférica causada por el petróleo y el gas está vinculada con 91,000 muertes prematuras al año, además de cientos de miles de enfermedades respiratorias y complicaciones en la salud pública. Detrás de cada estadística hay un rostro: niños con asma, comunidades racializadas expuestas a la injusticia ambiental y familias que cargan con las consecuencias invisibles del desarrollo energético.
Según un artículo de TIME, este hallazgo, publicado en Science Advances, no es solo una alerta científica, sino también un llamado ético y social. Por primera vez, se ha medido de manera integral cómo cada etapa del ciclo de vida de los combustibles fósiles afecta la salud humana y cómo estas afectaciones no se distribuyen de manera equitativa. La investigación muestra lo que ya muchas comunidades saben desde hace décadas: la energía que sostiene al sistema económico también perpetúa desigualdades sociales y sanitarias.
El costo oculto del petróleo y el gas: muertes prematuras y desigualdad
El impacto de los combustibles fósiles trasciende la contaminación visible. Según el estudio, la exposición a partículas tóxicas derivadas de su producción provoca muertes prematuras en decenas de miles de personas cada año. Las consecuencias van desde cáncer y partos prematuros hasta enfermedades respiratorias crónicas, con efectos acumulativos que marcan la vida de generaciones enteras.
Lo alarmante no es solo la magnitud del problema, sino la forma desigual en que se distribuyen sus consecuencias. Afroamericanos, asiáticos, indígenas y comunidades hispanas son quienes soportan la mayor carga de esta crisis de salud ambiental. La energía, que debería ser motor de progreso, se convierte en un factor que refuerza la inequidad social.
Este patrón refuerza la necesidad de hablar de justicia ambiental como parte de la responsabilidad social empresarial. No basta con reducir emisiones; es urgente reconocer que detrás de cada dato hay poblaciones históricamente marginadas que cargan con el peso del sistema energético actual.
El ciclo de vida energético: upstream, midstream y downstream
El estudio analizó cada etapa del ciclo del petróleo y el gas, desde la exploración hasta el uso final. En la fase upstream, que incluye extracción y exploración, los efectos recaen con fuerza en comunidades indígenas e hispanas. En la fase intermedia, relacionada con transporte y almacenamiento, los daños se intensifican. Finalmente, en el downstream —refinación y consumo—, las comunidades negras y asiáticas resultan más expuestas a enfermedades mortales.
Lo relevante es que la contaminación no se limita al lugar de producción. Las emisiones viajan, se dispersan y afectan a comunidades enteras, incluso a aquellas que nunca tuvieron voz en la toma de decisiones sobre la instalación de refinerías o ductos.
De este modo, cada fase de la cadena energética deja una huella social y ambiental distinta, pero todas convergen en un mismo desenlace: muertes prematuras y enfermedades prevenibles que se podrían evitar con cambios estructurales en el modelo energético.
Infancias vulnerables: asma y nacimientos prematuros
Más de 10,000 nacimientos prematuros y 216,000 nuevos casos de asma infantil al año en Estados Unidos se relacionan directamente con la contaminación de petróleo y gas. Este dato no solo habla de salud, sino también de derechos humanos: millones de niños inician su vida en condiciones de vulnerabilidad que pudieron evitarse.
El estudio incluso estima 1,610 casos de cáncer atribuibles a la contaminación por combustibles fósiles a lo largo de la vida de los habitantes estadounidenses. La infancia se convierte en la cara más visible de un sistema energético que compromete el futuro antes de que comience.
Aquí la reflexión es inevitable: ¿qué significa hablar de sostenibilidad si no garantizamos un entorno seguro para los más pequeños? Proteger la salud infantil debe ser un eje prioritario en la agenda de responsabilidad social y no un efecto secundario del progreso económico.
Geografía de la injusticia: Texas y Luisiana como epicentros
La investigación señala que los impactos más graves se concentran en lugares con gran actividad de refinación, como el este de Texas y el sur de Luisiana. Estas zonas, conocidas por su fuerte dependencia de la industria energética, son también escenarios de desigualdad histórica y vulnerabilidad social.
Allí, las comunidades negras enfrentan mayores tasas de mortalidad prematura, nacimientos prematuros y crisis de asma infantil. El vínculo entre energía y justicia racial se hace evidente: el acceso desigual al aire limpio se convierte en una forma de discriminación estructural.
Esto obliga a replantear cómo se localizan las industrias y quiénes cargan con los pasivos ambientales. El costo humano del petróleo no es una cifra abstracta, sino un mapa de inequidad marcado por la geografía del poder económico.
Ciencia al servicio de la acción comunitaria
Los investigadores utilizaron modelos atmosféricos y epidemiológicos con datos de 2017, reconociendo que sus resultados probablemente son conservadores, dado que la producción de petróleo y gas aumentó 40 % desde entonces. Esto significa que hoy las cifras podrían ser aún más graves.
Para Eloise Marais, autora principal del estudio, los datos son la validación de lo que las comunidades llevan décadas denunciando: el aire que respiran los enferma. El conocimiento científico, en este caso, no llega para revelar, sino para respaldar las voces que ya alertaban sobre los daños.
Este punto es clave para quienes trabajamos en responsabilidad social: la ciencia no puede reemplazar a las comunidades, pero sí puede fortalecer su lucha, brindando evidencia que impulse políticas públicas y medidas corporativas más justas.
Una solución inmediata: reducir la dependencia fósil
Aunque los gases de efecto invernadero persisten en la atmósfera por años, los beneficios en salud derivados de reducir la contaminación son prácticamente inmediatos. Basta con disminuir la quema de combustibles fósiles para que mejore la calidad del aire y, con ello, la esperanza de vida.
La transición energética no es solo un imperativo climático, sino una estrategia de salud pública. Cada refinería cerrada, cada kilómetro recorrido en transporte limpio, cada innovación en energías renovables se traduce en menos muertes prematuras y en una carga sanitaria más justa.
El reto es claro: no se trata únicamente de tecnología, sino de voluntad política y compromiso empresarial para transformar un modelo energético que hoy sigue costando vidas.
Aire limpio como derecho humano
El estudio publicado en Science Advances ofrece evidencia irrefutable: el petróleo y el gas no solo generan riqueza, también cobran un alto precio en vidas humanas, especialmente en las más vulnerables. Las muertes prematuras asociadas a esta industria son la muestra de que no existe un desarrollo energético neutro.
En el corazón de este debate está la responsabilidad social: reconocer que el acceso al aire limpio es un derecho humano básico. Ignorarlo perpetúa la inequidad; atenderlo puede convertirse en el motor de una transición justa.
La pregunta que queda en el aire es tan simple como poderosa: ¿seguiremos permitiendo que la energía que nos mueve sea también la energía que nos mata?
