Un reciente análisis del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (INDESIG) y Oxfam México revela que la concentración del ingreso en el país continúa siendo alarmante, pues se estima, que de cada 100 pesos generados, 35 quedan en manos del 1% más rico, mientras los hogares más pobres apenas concentran 2% del total.
Aunque, como informa El Economista, los ingresos promedio de los hogares han crecido un 18.7% entre 2018 y 2024, esta mejora no ha sido suficiente para reducir las brechas estructurales. Las cifras muestran que la desigualdad de riqueza sigue siendo un desafío central para la movilidad social, el acceso a derechos humanos y el desarrollo económico equitativo.
Desigualdad de riqueza: un problema persistente
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) indica que los hogares del decil más pobre perciben apenas 2,168 pesos mensuales, mientras que el ingreso por persona del 1% más rico asciende a 958,777 pesos. Esto significa que ganan 44 veces más que el promedio nacional y 442 veces más que el primer decil.
Si bien los hogares más pobres aumentaron sus ingresos en 29% durante el periodo 2018–2024, el grupo más acaudalado también creció en el mismo porcentaje. Esto evidencia que los avances no han sido suficientes para modificar la estructura de la desigualdad de riqueza.
El informe ¿Derechos o Privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las Desigualdades advierte que la ligera reducción de la pobreza no garantiza movilidad social ni pleno acceso a derechos básicos. La brecha entre ricos y pobres se mantiene prácticamente intacta.
Estos hallazgos refuerzan la necesidad de políticas fiscales progresivas y programas sociales que equilibren la distribución del ingreso y eviten la concentración extrema del capital.
Diferencias en el gasto y acceso a derechos
Entre 2022 y 2024, el gasto promedio de los hogares mexicanos creció 9%, superando la inflación de 5.85%. Sin embargo, el destino del gasto varía según el nivel socioeconómico: mientras el decil más pobre invierte principalmente en alimentación, el decil más rico destina recursos a educación, transporte privado y esparcimiento.
El análisis muestra que los hogares con menores ingresos destinan más de un tercio de su presupuesto al pago de renta, además de gastar menos en salud y educación. Este patrón los coloca en riesgo habitacional severo y limita sus oportunidades de desarrollo.
En contraste, los sectores más acomodados no enfrentan estas restricciones y pueden dedicar sus recursos a inversiones que fortalecen su posición económica. Este fenómeno reproduce la desigualdad de riqueza de manera intergeneracional.
La brecha en el gasto refuerza la necesidad de medidas de apoyo directo a los sectores más vulnerables, incluyendo subsidios en vivienda, salud y educación.
Impacto social y económico de la concentración del ingreso
La alta concentración de recursos en un segmento reducido de la población afecta no solo la equidad social, sino también el crecimiento económico sostenible. Sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a registrar menor productividad, inestabilidad política y mayor conflictividad social.
Para especialistas en responsabilidad social, estas cifras son un llamado urgente a empresas y gobiernos para generar mecanismos que fomenten la redistribución de la riqueza y la creación de oportunidades económicas reales para los sectores marginados.
El problema no radica únicamente en el ingreso, sino también en el limitado acceso a servicios de calidad, seguridad social y educación superior para la mayoría de la población. Esto dificulta romper el círculo de la pobreza y frena la innovación y competitividad del país.
Abordar la desigualdad de riqueza implica combinar políticas públicas efectivas con estrategias empresariales responsables que promuevan empleos dignos, inversión social y transparencia fiscal.
Hacia un modelo económico más inclusivo
El reto es construir un modelo económico que no solo genere crecimiento, sino que distribuya sus beneficios de forma más equitativa. Esto requiere reforzar la progresividad fiscal, cerrar lagunas legales que favorecen la evasión y mejorar la eficiencia del gasto público.
Además, se deben crear incentivos para que las empresas adopten prácticas de responsabilidad social orientadas a reducir las brechas económicas. Programas de capacitación, inversión en comunidades vulnerables y esquemas de salario justo pueden contribuir a un entorno más equilibrado.
La participación ciudadana es igualmente esencial. Exigir transparencia y rendición de cuentas ayudará a que los recursos públicos se utilicen para combatir la pobreza y no para perpetuar privilegios.
Estas acciones conjuntas pueden abrir la puerta a una economía más sólida, capaz de responder a las necesidades de la mayoría sin sacrificar la competitividad global.
Reducir la desigualdad de riqueza es impostergable
La evidencia presentada por INDESIG y Oxfam México confirma que, pese a ciertos avances en la reducción de la pobreza, la desigualdad de riqueza sigue siendo un problema estructural que limita el desarrollo social y económico del país. La concentración del ingreso en el 1% más rico no solo es injusta, sino insostenible.
Para especialistas y líderes en responsabilidad social, estas cifras son un llamado a actuar con decisión. Lograr una economía más inclusiva exige colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil, para garantizar que el crecimiento beneficie a todos y no solo a unos cuantos.
