La política exterior de Estados Unidos vuelve a convertirse en un campo de batalla ideológico con profundas implicaciones en materia de derechos humanos. La administración Trump confirmó que impedirá que las organizaciones que reciben ayuda exterior estadounidense destinen recursos a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como a lo que denomina “ideología de género”. La medida afectará a alrededor de 30 000 millones de dólares en asistencia internacional, una cifra que da cuenta de su alcance global.
Más allá del debate político interno, la decisión plantea riesgos concretos para comunidades históricamente excluidas. El bloqueo a la ayuda para proyectos de DEI amenaza con debilitar programas vinculados a salud, educación, igualdad de género y derechos de personas trans y no binarias en decenas de países, muchos de los cuales dependen de estos fondos para sostener servicios básicos y protección de derechos.
Ayuda para proyectos de DEI bajo una nueva política de bloqueo
La decisión, que fue confirmada a The Guardian este 22 de enero, se enmarca en una ampliación de la llamada política de la Ciudad de México, introducida originalmente en 1984 durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta política prohíbe que organizaciones no estadounidenses reciban fondos si prestan servicios relacionados con el aborto o defienden su legalidad. Tradicionalmente, su aplicación se limitaba a programas de planificación familiar, con un presupuesto aproximado de 600 millones de dólares.
Sin embargo, durante su primer mandato, Donald Trump amplió la política a toda la asistencia sanitaria mundial, afectando cerca de 7 300 millones de dólares. Ahora, la nueva versión va aún más lejos: se aplicará a amplios sectores de la ayuda exterior e incluirá restricciones explícitas a la ayuda para proyectos de DEI y a programas relacionados con derechos de género.
Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que “el presidente Trump sigue cumpliendo su promesa de poner fin a la asistencia extranjera progresista”. Esta declaración deja claro que la política no responde solo a criterios presupuestarios, sino a una estrategia ideológica que redefine las prioridades de la cooperación internacional estadounidense.
La extensión de esta política también alcanzará a ONG con sede en Estados Unidos que operan en el extranjero, ampliando su impacto y generando incertidumbre entre organizaciones que hasta ahora dependían de estos fondos para sostener programas de inclusión y derechos humanos.
Impacto directo en derechos humanos y salud global
Los efectos de políticas similares en el pasado ofrecen un precedente preocupante. MSI Reproductive Choices, una organización que opera en casi 40 países, señaló que la ampliación previa de la política de la Ciudad de México obligó al cierre de servicios en países como Uganda, Madagascar y Nepal. Estas interrupciones afectaron de forma desproporcionada a mujeres y niñas en contextos de alta vulnerabilidad.
Sarah Shaw, directora asociada de incidencia política de Marie Stopes International, advirtió que estas medidas generan entornos de estigmatización prolongada y señaló algunas de las consecuencias:
“Terminamos con toda una generación de mujeres y niñas que crecen sin saber adónde acudir para obtener información sobre su salud y sus derechos”.
La posible restricción a la ayuda para proyectos de DEI podría replicar estos efectos en otros ámbitos clave. En el caso de los derechos de personas trans y no binarias, el impacto podría ser aún más severo. Muchos programas financiados por ayuda internacional se enfocan en prevención de violencia, acceso a servicios de salud y protección legal. El retiro de fondos amenaza con dejar a estas poblaciones sin redes de apoyo en países donde ya enfrentan criminalización o discriminación estructural.
Además, la política impide el uso de fondos para lo que la administración define como “aborto como forma de planificación familiar”, una formulación ambigua que, según expertos, podría generar interpretaciones restrictivas y autocensura por parte de las organizaciones beneficiarias.
Exportación de mandatos ideológicos y riesgos sistémicos
La nueva política se inserta en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra las iniciativas de DEI y el reconocimiento de la diversidad de género. A nivel interno, el presidente ha firmado órdenes ejecutivas para eliminar el apoyo federal a programas de inclusión y ha promovido la idea de que solo existen dos géneros, debilitando investigaciones sobre equidad racial y de género.
Expertos advierten que estas decisiones no solo afectan a Estados Unidos, sino que exportan mandatos ideológicos a otros países. Amy Friedrich-Karnik, directora de política federal del Instituto Guttmacher, fue contundente:
“Esta política no solo exporta las severas prohibiciones estadounidenses al aborto, sino también mandatos contrarios a los derechos humanos, la salud y la equidad. Es simplemente devastador”.
La falta de claridad sobre cómo se implementarán las nuevas reglas —que el Departamento de Estado publicará de forma oficial— incrementa la incertidumbre. Sin lineamientos precisos, las organizaciones podrían optar por reducir o eliminar programas preventivamente, amplificando el efecto restrictivo de la medida.
En este contexto, la ayuda para proyectos de DEI deja de ser solo una cuestión de financiamiento y se convierte en un indicador de la dirección que toma la política exterior estadounidense respecto a los derechos humanos.
Inclusión en riesgo en la cooperación internacional
El bloqueo a la ayuda para proyectos de DEI marca un punto de inflexión en la cooperación internacional de Estados Unidos. Al condicionar recursos a una visión ideológica restrictiva, la administración Trump redefine el alcance de la ayuda exterior y pone en riesgo avances logrados durante décadas en inclusión, salud y derechos humanos.
Para las organizaciones y gobiernos que dependen de estos fondos, el desafío será doble: sostener programas esenciales y, al mismo tiempo, defender principios básicos de equidad y dignidad. En un escenario global marcado por retrocesos democráticos y sociales, la exclusión de la DEI de la ayuda internacional no solo limita recursos, sino que envía un mensaje político con consecuencias de largo alcance.
