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Discriminación por género obstruye denuncias de explotación sexual: CDHDF

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Riesgo adicional para mujeres que denuncian también violencia intrafamiliar

La discriminación por género es uno de los principales problemas que afrontan las mujeres que son víctimas de explotación sexual o violencia intrafamiliar cuando presentan una denuncia, alertó Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En el marco de la presentación del Cuarto Informe del Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, Gallardo señaló que se ha documentado que cuando se realizan denuncias por parte de mujeres que padecen una situación de violencia intrafamiliar, en muchos casos no se detonan los protocolos adecuadamente.

“Queremos identificar, tanto en la averiguación previa como en tribunales, que no se criminalice o se sancione de manera adicional a las víctimas por el simple hecho de ser mujer”, explicó Gallardo, quien lamentó que cuando una joven llega con la doble calidad de denunciante y probable responsable de un delito -como cuando se defienden de su pareja- los protocolos no se activan necesariamente al mismo tiempo.

Uno de los problemas, advirtió, es la falta de aplicación de los protocolos por desconocimiento. “Vemos que de repente existe el protocolo pero hace falta difundirlo entre las propias autoridades para que lo apliquen inmediatamente. Muchas veces las mujeres no exigen sus derechos por dos razones: porque no los conocen o porque la autoridad no está actualizada. A veces es más una cuestión de ignorancia que de omisión, aunque es igual de lamentable porque les genera una situación de riesgo adicional”.

Asimismo, Gallardo señaló que otro de los problemas que afrontan las mujeres es la revictimización, que se da cuando se exhibe el nombre de la denunciante o cuando se duda que haya sido víctima de la situación que denuncia.

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“Cuando se exhibe el nombre de la víctima o de algún modo se pone en riesgo la identidad de la persona que reporta, lo que hacen es obstaculizar la investigación e inhibir que otras personas denuncien por temor a ser exhibidas. De ahí la importancia de tener estos protocolos de protección, sobre todo en temas de datos personales y de imagen de las posibles víctimas.

“Siempre que hay una posible víctima, es importante generar todas las condiciones de atención inmediata para evitar que sea revictimizada; que se generen los protocolos de actuación que tiene la procuraduría para que, indistintamente de cómo se lleven las investigaciones, se les atienda con la calidad de víctimas”, precisó.

Donde Gallardo sí advirtió un avance fue en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que si se acredita que hubo una violación de derechos humanos en el momento de la investigación, la persona puede dejare insubsistente el proceso.

Incluso, dijo, ahora será posible sancionar a los funcionarios que no actúen conforme a los derechos humanos. “Las autoridades cada vez tienen más esa obligación. De lo contrario, hay una responsabilidad y ya no sólo se trataría de una situación que podamos atender en la Comisión de Derechos Humanos, sino sería una cuestión institucional donde habría una responsabilidad. Es una fortaleza adicional para invitar a los funcionarios a que conozcan y propicien siempre un esquema de derechos humanos”.

Durante su participación en el informe, Gallardo reconoció que a pesar de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno y diferentes organizaciones de la sociedad civil, la trata de personas es un problema que persiste.

Dijo que de enero de 2011 a marzo de 2014, la Comisión ha recibido 28 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos, relacionadas con la trata de personas. La que está relacionada con la explotación sexual, constituye el segundo delito más importante del país, desde la perspectiva del crimen organizado.

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Además, recordó que debido a que en la trata de personas concurren diferentes delitos -así como competencias federales y locales- es importante la articulación de instituciones para efectos de la persecución de los delitos. Es muy delicado cuando se revictimiza, cuando se exhibe, cuando se pone en duda la veracidad de quienes denuncian casos de trata, o cuando no se hacen todos los protocolos que corresponden.

“La trata sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad con terribles consecuencias para las víctimas y los avances para erradicar este delito siguen siendo insuficientes”, reconoció Gómez Gallardo.

Se calcula que en México cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, de acuerdo con el informe del departamento de estado de los Estados Unidos de América sobre trata de personas del año 2008, cifras que coinciden con las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Fondo Internacional para la Infancia y la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres, quienes ubican a México en el quinto lugar mundial.

De acuerdo con el diagnóstico “Human Trafficking Assesment Tool”, realizado por la American Bar Association (ABA), en México existen alrededor de 50 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral. Según dicho reporte, las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

Fuente: Al Momento

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