La política climática de Estados Unidos enfrenta un nuevo capítulo de confrontación jurídica. Más de una docena de organizaciones de salud pública y justicia ambiental interpusieron una demanda contra la EPA tras la revocación del llamado “hallazgo de peligro”, base legal que desde 2009 ha sustentado la regulación federal de gases de efecto invernadero.
La decisión, impulsada durante la administración de Donald Trump y ejecutada por la Environmental Protection Agency (EPA), ha sido interpretada como un retroceso significativo en la acción climática del país. Para los demandantes, no se trata solo de un debate técnico, sino de una disputa sobre salud pública, legalidad y evidencia científica.
El origen de la demanda contra la EPA: el “hallazgo de peligro”
Según un artículo de The Guardian, la demanda contra la EPA fue presentada ante el tribunal de circuito de Washington D.C. y cuestiona la eliminación del “hallazgo de peligro”, determinación que establecía que la acumulación de contaminación que atrapa el calor en la atmósfera representa una amenaza para la salud y el bienestar públicos.
Este hallazgo permitió durante más de una década limitar emisiones provenientes de vehículos, centrales eléctricas y otras fuentes industriales bajo la Ley de Aire Limpio. Su revocación no solo desmantela una herramienta regulatoria clave, sino que reabre un debate jurídico que ya había sido confirmado por la Corte Suprema y reiterado en múltiples instancias judiciales.
Quiénes impulsan la demanda contra la EPA
La ofensiva legal reúne a actores emblemáticos de la salud y el ambientalismo en Estados Unidos, como la American Public Health Association, la American Lung Association, el Center for Biological Diversity, el Environmental Defense Fund, el Natural Resources Defense Council y el Sierra Club, junto con otras once organizaciones.
La demanda fue presentada por los equipos legales de Clean Air Task Force y Earthjustice, incluyendo como demandados a la agencia y a su administrador, Lee Zeldin. Para las organizaciones, la derogación representa un incumplimiento directo de la misión institucional de proteger la salud pública.
Desde la perspectiva de los demandantes, la base científica del hallazgo es sólida y ampliamente respaldada por décadas de consenso internacional sobre el cambio climático. El Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la American Public Health Association, recordó que la autoridad de la EPA para regular gases de efecto invernadero fue confirmada por la Corte Suprema hace casi dos décadas.
Sin embargo, la administración defendió la revocación como una acción de corrección legal. Trump calificó la medida como “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, mientras que Zeldin argumentó que administraciones anteriores habían utilizado el hallazgo para imponer políticas climáticas costosas. El contraste entre narrativa política y evidencia científica marca el centro del conflicto.
Juventud y derechos constitucionales en juego
En paralelo, 18 jóvenes de entre 1 y 22 años presentaron una petición independiente para impugnar la anulación del hallazgo. Representados por Our Children’s Trust y Public Justice, sostienen que la decisión vulnera derechos constitucionales fundamentales.
Una de las peticionarias argumentó que la revocación afecta su derecho a la vida, la libertad e incluso la práctica de su fe. Este componente generacional añade una dimensión ética y social al litigio: la crisis climática ya no se debate solo en términos regulatorios, sino como una cuestión de derechos humanos intergeneracionales.
La postura oficial de la EPA
Ante las críticas, la EPA defendió su decisión señalando que “consideró y reevaluó cuidadosamente la base legal” del hallazgo. Según la agencia, el Congreso nunca pretendió otorgarle autoridad para imponer regulaciones de gases de efecto invernadero a automóviles y camiones.
El discurso oficial insiste en que la medida busca cumplir estrictamente con la ley “tal como está escrita”. Sin embargo, para los grupos demandantes, la interpretación adoptada ignora precedentes judiciales y debilita la capacidad institucional del Estado para enfrentar riesgos ambientales con impacto directo en la salud pública.
Implicaciones para la responsabilidad social y la gobernanza climática
Más allá del litigio, la demanda contra la EPA envía una señal relevante para empresas, inversionistas y actores de responsabilidad social. La estabilidad regulatoria es un factor crítico para la planeación estratégica, especialmente en sectores vinculados a energía, transporte y manufactura.
La revocación del hallazgo podría generar incertidumbre normativa y tensionar compromisos corporativos de descarbonización. En un contexto donde la sostenibilidad es parte central de la gestión de riesgos y reputación, la coherencia entre política pública y evidencia científica resulta clave para mantener la confianza de mercados y ciudadanía.
La demanda contra la EPA no es únicamente una batalla legal: es un punto de inflexión en la relación entre ciencia, política y salud pública en Estados Unidos. El desenlace definirá el alcance de la autoridad federal para regular emisiones y, en consecuencia, la dirección de la política climática en los próximos años.
Para quienes trabajan en responsabilidad social y gobernanza corporativa, el caso subraya una lección esencial: la acción climática no depende solo de compromisos voluntarios, sino de marcos regulatorios sólidos y respaldados por evidencia. Cuando estos se debilitan, la conversación trasciende lo ambiental y se convierte en un debate estructural sobre derechos, instituciones y futuro compartido.
