En México, la creación de empresas suele interpretarse como un indicador positivo de dinamismo económico. Sin embargo, detrás de las cifras recientes se esconde una realidad preocupante: la mayoría de las compañías creadas durante el gobierno de AMLO han surgido en la informalidad, limitando su capacidad de generar empleos con seguridad social, prestaciones y un horizonte de crecimiento.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el 73.5% de las nuevas unidades económicas abiertas en este sexenio se concentran en esquemas informales. Esta situación plantea un desafío profundo: ¿cómo construir un entorno empresarial capaz de reducir la pobreza si la mayoría de las nuevas iniciativas no ofrecen empleo digno?
Compañías creadas durante el gobierno de AMLO: una mayoría informal
Forbes comparte que según el CEESP, más de 668 mil compañías fueron registradas en este periodo, de las cuales 490 mil operan bajo esquemas informales. Esto significa que casi tres cuartas partes carecen de la estructura necesaria para brindar seguridad laboral a sus trabajadores.
El problema no solo es cuantitativo, sino cualitativo. La informalidad implica baja productividad, limitada capacidad de innovación y un nulo impacto en la reducción sostenida de la pobreza. En otras palabras, la apertura de estas compañías no se traduce automáticamente en bienestar social.
Para la comunidad empresarial y de responsabilidad social, este dato obliga a reflexionar: crear empresas sin condiciones laborales adecuadas perpetúa el círculo de desigualdad.
El espejismo de la generación de empleo
Uno de los grandes discursos del gobierno actual ha sido el impulso a la economía a través de la creación de empresas. Sin embargo, cuando estas iniciativas no están en la formalidad, su contribución real al empleo digno se diluye.
El CEESP advierte que las familias que trabajan en estas unidades difícilmente logran superar de manera sostenible la pobreza. Aunque programas sociales y el aumento al salario mínimo han aliviado en parte la situación, la informalidad sigue siendo un lastre estructural.
El desafío radica en dejar de medir el éxito solo en términos de número de compañías creadas durante el gobierno de AMLO, y empezar a evaluar su calidad, permanencia y compromiso con la formalidad.
Microempresas: motor limitado de crecimiento
Del total de nuevas unidades económicas, el 98.7% son microempresas con entre 1 y 10 empleados. Si bien las microempresas son un motor fundamental para la economía local, en la mayoría de los casos operan sin acceso a financiamiento, capacitación ni redes de apoyo.
El riesgo es claro: cuando la mayor parte del crecimiento empresarial se concentra en estructuras tan pequeñas y frágiles, la capacidad de generar empleos formales se reduce drásticamente. Esto debilita la productividad nacional y limita la competitividad de México frente a otros países.
En este sentido, la narrativa de éxito en torno a la apertura de negocios debe matizarse con un análisis serio de su capacidad de generar valor social.
La desaparición de empresas medianas y grandes
Otro dato que preocupa al sector privado es la reducción de empresas medianas y grandes. Durante el actual sexenio, el número de estas unidades se contrajo, en algunos casos por adquisiciones, pero también por el cierre de operaciones ante un entorno adverso.
Este retroceso es significativo porque son justamente estas compañías las que más contribuyen a la creación de empleos formales y con mejores condiciones. Sin ellas, la estructura económica se fragmenta y pierde estabilidad.
La desaparición de este segmento empresarial compromete el futuro del empleo digno en México, pues concentra la mayor parte de los beneficios sociales que requiere la población.
Obstáculos para operar en la formalidad
El CEESP señala que los costos de contratación, la carga fiscal, la inseguridad y el débil estado de derecho hacen poco atractivo operar dentro de la formalidad. Esta combinación de factores desalienta a los emprendedores y perpetúa un modelo económico precario.
Sin un entorno favorable para la formalidad, difícilmente las nuevas compañías podrán trascender más allá de la sobrevivencia. La consecuencia es un ecosistema empresarial vulnerable, con trabajadores sin prestaciones y con un futuro incierto. Este diagnóstico subraya la necesidad de políticas públicas que equilibren incentivos y obligaciones.
Incentivos para el cambio: hacia un empleo digno
El CEESP plantea con claridad que se requieren incentivos contundentes para fomentar la transición de las empresas hacia la formalidad. No se trata solo de sancionar, sino de generar un ecosistema que premie la responsabilidad y la productividad.
Programas de acompañamiento, acceso a financiamiento y políticas que reduzcan la carga administrativa pueden ser herramientas clave. De lo contrario, la informalidad seguirá siendo el refugio de quienes no encuentran condiciones para crecer en la legalidad.
Las compañías creadas durante el gobierno de AMLO tienen ante sí la oportunidad de convertirse en agentes de cambio, siempre que se apueste por un modelo que valore el empleo digno como pilar de desarrollo.
La cifra del 73.5% de informalidad no debe entenderse como una simple estadística, sino como un llamado urgente a repensar la política empresarial y laboral en México. Mientras la mayoría de las compañías creadas durante el gobierno de AMLO permanezcan en la informalidad, la lucha contra la pobreza y la desigualdad seguirá incompleta.
El verdadero reto está en articular esfuerzos entre gobierno, sector privado y sociedad civil para construir un ecosistema que premie la formalidad, impulse la productividad y garantice empleos dignos. Solo así podremos transformar la apertura de empresas en un auténtico motor de desarrollo social.
