Durante el tercer trimestre de 2025, México registró una ligera mejora en sus indicadores económicos: la pobreza laboral en México retrocedió a 34.3% de la población, un avance respecto del año anterior. A primera vista, estas cifras podrían sugerir una tendencia alentadora hacia la reducción de carencias. Sin embargo, una lectura más profunda revela que estos progresos siguen siendo insuficientes para enfrentar desigualdades estructurales que afectan sobre todo a las regiones rurales.
De hecho, el retroceso nacional oculta una realidad incómoda: casi la mitad de la población rural continúa sin ingresos suficientes ni siquiera para costear la canasta básica. En un país donde el empleo formal no siempre garantiza bienestar, la discusión sobre pobreza laboral exige una mirada crítica y más honesta sobre cómo se distribuyen los beneficios económicos. Para especialistas en responsabilidad social y desarrollo, estas cifras evidencian un reto que no se resolverá únicamente con pequeñas variaciones trimestrales.
¿Qué es la pobreza laboral en México y por qué sigue siendo tan grave?
La pobreza laboral en México se define como la condición en la que los ingresos provenientes del trabajo —salarios, sueldos y remuneraciones— no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, incluso las personas empleadas pueden encontrarse en situación de privación, lo que revela una profunda precarización del mercado laboral y la persistencia de salarios estancados. No se trata sólo de falta de empleo, sino de trabajos que no garantizan condiciones mínimas de bienestar.
Este indicador es especialmente relevante porque mide la capacidad real del trabajo para sostener la vida. Cuando los ingresos laborales son insuficientes, las familias dependen de apoyos gubernamentales o remesas, lo que las vuelve extremadamente vulnerables. Esta dependencia limita la movilidad social, reduce la autonomía económica y profundiza las brechas estructurales en el país. La precariedad, por tanto, no es un fenómeno aislado: es una forma sistémica de desigualdad.
Según información del Inegi, durante el tercer trimestre del año, la pobreza laboral en México se redujo ligeramente a 34.3%, frente al 35.1% registrado un año antes. Aunque esta mejora refleja cierta recuperación, resulta insuficiente cuando se observa la situación de las zonas rurales, donde el 48.4% de la población no puede cubrir la canasta básica con su salario. En contraste, las zonas urbanas registraron un nivel de 30.2%, una diferencia que expone profundas desigualdades territoriales.
Este contraste urbano-rural demuestra que, aunque el indicador nacional mejora, el país sigue dejando atrás a las regiones históricamente marginadas. La reducción general carece de verdadero impacto cuando casi la mitad de quienes viven en comunidades rurales continúan atrapados en un ciclo de ingresos insuficientes y falta de oportunidades económicas.
Ingreso laboral estancado: una señal de alarma persistente
La mejora en la pobreza laboral en México contrasta con otro dato preocupante: el ingreso laboral real no creció en el último año. Aunque los ingresos totales de las familias aumentaron, esto se debe principalmente a transferencias como remesas o programas sociales, no al trabajo. Esto evidencia que el empleo ya no es el principal generador de bienestar económico, un síntoma grave de deterioro estructural.
Según información de El Economista, en el periodo julio-septiembre de 2025, el ingreso real per cápita nacional fue de 3,344 pesos mensuales, un nivel 0.1% menor que el registrado el año pasado. Esta caída, aunque marginal, revela que los salarios no logran sostener la inflación ni recuperar poder adquisitivo. En un país donde la desigualdad persiste, esta tendencia debilita cualquier avance observado en la reducción de la pobreza laboral.
La situación empeora en zonas urbanas, donde el ingreso laboral real cayó 1.1%. Este retroceso desmiente el supuesto dinamismo económico que debería acompañar a las ciudades y evidencia que el mercado laboral sigue precarizado. Las regiones rurales, por su parte, registraron un crecimiento de apenas 0.1%, insuficiente para revertir décadas de rezago económico.
Estos datos confirman que la mejora en indicadores generales no debe confundirse con prosperidad. Mientras los ingresos laborales continúen estancados, la vulnerabilidad económica seguirá afectando a millones de personas, especialmente a quienes viven fuera de los centros urbanos.
El sur del país: la brecha que no cierra
Los datos por entidad federativa revelan el rostro más crudo de la desigualdad. Chiapas presenta el nivel más alto de pobreza laboral, con 61.1% de su población sin ingresos suficientes. Le siguen Oaxaca con 58.1% y Guerrero con 52.3%. Estas cifras muestran que, para millones de personas en el sur del país, el trabajo no representa una vía de mejora económica, sino una trampa de precariedad.
En estas regiones, las oportunidades laborales formales son escasas, los salarios son bajos y las estructuras económicas dependen de sectores vulnerables a la informalidad y a la estacionalidad. Por ello, la pobreza laboral no es un fenómeno coyuntural, sino una condición arraigada que limita el desarrollo social y profundiza brechas históricas. El sur, lejos de recuperarse, continúa atrapado en desigualdades persistentes.
En contraste, Baja California Sur reporta sólo 13.4% de su población en esta situación, seguida de Colima con 18.4% y Quintana Roo con 19.4%. Estas entidades muestran niveles más bajos, pero también reflejan la disparidad entre regiones dinámicas y aquellas con décadas de abandono. La desigualdad territorial en México es un fractal que reproduce pobreza generación tras generación.
A pesar de estas diferencias, es importante reconocer que desde 2021 la pobreza laboral nacional ha mostrado una tendencia descendente. Sin embargo, mientras las regiones más afectadas no logren integrarse al dinamismo económico, esta mejora seguirá siendo superficial y excluyente.
¿Reducción parcial o espejismo estadístico?
Aunque la disminución nacional de la pobreza laboral en México podría interpretarse como un progreso sustantivo, los datos sugieren que es más un avance estadístico que un cambio estructural. La realidad es que millones de personas siguen dependiendo de ingresos externos para sobrevivir, lo que expone la fragilidad de la recuperación económica.
La reducción de 0.8 puntos porcentuales es positiva, pero insuficiente para atender las desigualdades profundas que afectan sobre todo a poblaciones rurales e indígenas. El hecho de que casi la mitad de la población rural continúe sin ingresos suficientes cuestiona la narrativa de progreso y obliga a replantear modelos de desarrollo que no han logrado cerrar brechas territoriales.
El impacto de la precariedad laboral es aún mayor cuando se analiza su relación con la informalidad. En gran parte de las comunidades rurales, la informalidad se convierte en la única opción, pero también en un límite para acceder a seguridad social, créditos o estabilidad. Esto intensifica la pobreza y perpetúa ciclos de vulnerabilidad económica.
Sin una estrategia de desarrollo integral que incluya empleo digno, inversión productiva, infraestructura y educación, la pobreza laboral seguirá siendo uno de los rostros más duros de la desigualdad en México. La reducción reciente, aunque celebrada, aún no transforma la vida de quienes más lo necesitan.
La urgencia de atender el rezago rural
Los datos del tercer trimestre de 2025 muestran que, aunque la pobreza laboral en México ha disminuido, este avance no es suficiente mientras el 48% de la población rural siga sin ingresos dignos. La disparidad territorial y la precariedad salarial continúan revelando un sistema económico que no garantiza bienestar ni equidad. Para especialistas en responsabilidad social, estos resultados confirman la necesidad de políticas más profundas que prioricen a las comunidades históricamente rezagadas.
Si México quiere avanzar hacia un desarrollo realmente incluyente, debe reconocer que la pobreza laboral no es sólo un indicador, sino una señal de que el trabajo —el principal motor de movilidad social— ha dejado de cumplir su función. Atender esta crisis implica ir más allá de los promedios nacionales y enfrentar de manera decidida las desigualdades rurales, económicas y laborales que mantienen a millones de personas en la vulnerabilidad.
