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Alerta a OIT salario por labor doméstica

Los trabajadores domésticos en México suman más de 1.8 millones y representan el 4.5 por ciento de la población ocupada

Las empleadas domésticas en México perciben el 51.7 por ciento del salario promedio en el País, de acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido esta semana.

El informe Trabajadores Domésticos en el Mundo destaca que a nivel global el número de esos empleados se incrementó de 33.2 a 52.6 millones entre 1995 y 2010.

«La tendencia fue particularmente pronunciada en América Latina y el Caribe, donde el número de trabajadores domésticos aumentó en cerca de 9 millones. La cifra regional se vio influenciada por incrementos sustanciales en México y Brasil», apunta.

«El número de trabajadores domésticos en México prácticamente se duplicó entre principios de los 90 y 2008 -último año con datos disponibles-, mientras que las participación femenina en el sector permaneció estable, con poco más del 90 por ciento».

Según el informe, los trabajadores domésticos en México suman más de 1.8 millones, representan el 4.5 por ciento de la población ocupada -cifra que se eleva a 10 por ciento en el caso de las mujeres- y laboran en promedio 34.9 horas a la semana.

La oficina de la OIT para América Latina y el Caribe advirtió en un comunicado sobre el rezago en materia de derechos laborales que enfrentan los trabajadores domésticos en la región.

«Quienes realizan trabajo remunerado en los hogares suelen enfrentar largas jornadas, bajos salarios, escasa o nula cobertura de la seguridad social, poco tiempo libre, malas condiciones de vida e incumplimiento de sus derechos laborales», indicó Elizabeth Tinoco, directora regional del organismo.

En un informe previo, publicado en diciembre pasado, la OIT detalló que las trabajadores domésticas en México tienen en promedio 39 años de edad y 6.3 años de escolaridad.

Destaca, por otra parte, que, a nivel regional, se observan cambios en las relaciones laborales de las trabajadoras domésticas.

«La ampliación de oportunidades laborales para las mujeres, el mayor control sobre sus vidas y el aumento de la conciencia de sus derechos se han sumado a otros cambios sociales asociados a la modernidad, impulsando una progresiva transformación de la forma como se realiza el trabajo doméstico en la región», apunta el reporte Panorama Laboral 2012 América Latina y el Caribe.

«El modelo tradicional, según el cual la trabajadora pernocta en la vivienda de sus empleadores, ha ido dando paso a una variedad de modalidades.

«En el presente, el trabajo que se desempeña establemente para una familia y regresando a diario a su hogar -sin pernoctar en la vivienda de su empleador – ha pasado a ser la modalidad más frecuente en América Latina.

En las ciudades de mayor tamaño, agrega, ha aumentado el número de trabajadoras que prestan funciones en diferentes hogares, por día o por hora, en ciertos casos en tareas con un mayor nivel de especialización.

Sin embargo, advierte, el nivel de remuneraciones de las trabajadoras domésticas refleja la generalizada baja valoración social y económica que se asigna a esta ocupación.

Alerta rezago legal

En la mayoría de los países de América Latina, el trabajo doméstico está regido por una legislación especial que otorga menos derechos a esta actividad en comparación con el resto de los asalariados, advierte la OIT.

Y aun así, indica en el reporte Panorama Laboral 2012 América Latina y el Caribe, publicado en diciembre pasado, la legislación se cumple sólo parcialmente.

Según el informe, la legislación laboral establece que el salario mínimo rige también para el trabajo doméstico, no fija ningún límite al horario laboral y deja a voluntad del empleador la afiliación a la seguridad social.

La OIT urge a los países de la región a suscribir y ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201 del organismo que establecen normas mínimas para el trabajo doméstico.

Hasta noviembre de 2012, señala, sólo cuatro países de la región habían ratificado el Convenio 189: Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Fuente: Reforma

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