En los últimos años, la protesta climática ha escalado en visibilidad, intensidad y también en escrutinio institucional. Lo que comenzó como actos de desobediencia civil frente a edificios gubernamentales y bloqueos simbólicos de vialidades, hoy se encuentra en el centro de una discusión mayor: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la sospecha de extremismo? En este contexto, Extinction Rebellion es investigado por autoridades federales en Estados Unidos, según denunció el propio movimiento.
Según The Guardian, la noticia abre una conversación incómoda para quienes siguen de cerca la agenda de sostenibilidad y gobernanza. Si bien la organización se define como no violenta y descentralizada, algunos de sus integrantes han recibido visitas de agentes del FBI, incluidos miembros del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.
La afirmación de que Extinction Rebellion es investigado no solo sacude al activismo climático, sino que también plantea preguntas sobre el entorno regulatorio y político que rodea a las organizaciones sociales.
Extinction Rebellion es investigado: visitas del FBI y preguntas sin respuesta
De acuerdo con un comunicado del propio movimiento, en la noche del 6 de febrero un exintegrante de la sección de Nueva York recibió la visita de dos agentes especiales del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del Federal Bureau of Investigation. El encuentro ocurrió en su residencia, ubicada a más de 200 millas de la ciudad. Los agentes preguntaron sobre su participación en el capítulo local de la organización.
El exmiembro, según la declaración, optó por remitir las preguntas a su abogado. Meses después, en marzo de 2025, seis activistas vinculados a la sección de Boston también habrían sido contactados por personas que se identificaron como parte del FBI. No hubo seguimiento posterior, y las autoridades declinaron confirmar o negar investigaciones específicas, citando la política del Departamento de Justicia.
La falta de detalles oficiales deja un vacío informativo que alimenta especulaciones. Sin acusaciones formales ni claridad sobre el alcance de las indagatorias, la narrativa se mueve entre la prevención legítima de riesgos y la posible vigilancia excesiva.
Un movimiento global bajo presión política
Para entender el contexto, es clave recordar que Extinction Rebellion se presenta como un movimiento internacional, descentralizado y políticamente no partidista. Su estrategia central es la acción directa no violenta y la desobediencia civil, con el objetivo de presionar a los gobiernos a actuar frente a la emergencia climática.
Figuras como Greta Thunberg han participado en algunas de sus acciones, reforzando su perfil mediático global. Sin embargo, el aumento en la radicalidad percibida de ciertas protestas —como bloqueos masivos o intervenciones en infraestructura— ha provocado reacciones más severas por parte de autoridades en distintos países.
En Estados Unidos, el clima político también influye. Durante la administración de Donald Trump, defensores de derechos humanos han señalado una mayor presión sobre protestas vinculadas a causas progresistas, incluidas las climáticas. En este entorno, el hecho de que Extinction Rebellion es investigado adquiere una dimensión que trasciende el caso puntual.
Libertad de expresión y seguridad nacional: una línea delgada
La tensión entre seguridad nacional y libertad de expresión no es nueva, pero el activismo climático la ha reconfigurado. Organizaciones de la sociedad civil advierten que equiparar desobediencia civil con extremismo puede sentar precedentes preocupantes, especialmente cuando no existen cargos formales ni evidencia pública de conductas violentas.
Por otro lado, las autoridades argumentan que su deber es anticipar riesgos, incluso si estos no se materializan. En este marco, que Extinction Rebellion es investigado podría interpretarse como parte de protocolos preventivos más amplios. El problema radica en la opacidad: sin transparencia, la narrativa puede inclinarse hacia la percepción de persecución.
El caso abre un debate estratégico: ¿cómo pueden los movimientos sociales mantener presión legítima sin exponerse a marcos regulatorios cada vez más restrictivos?
Impacto en la agenda climática y en la reputación del activismo
Más allá del proceso en sí, el efecto reputacional es innegable. Cuando un movimiento climático es vinculado —aunque sea indirectamente— con investigaciones del FBI, el riesgo de estigmatización aumenta. Empresas, universidades y aliados institucionales pueden optar por distanciarse para evitar controversias. Al mismo tiempo, la narrativa de vigilancia puede reforzar la cohesión interna y la percepción de urgencia entre simpatizantes. En un contexto donde Estados Unidos ha reducido regulaciones climáticas y se ha retirado de compromisos ambientales internacionales, la confrontación entre activismo y poder político parece intensificarse.
Para el sector corporativo comprometido con criterios ESG, este escenario representa un dilema: ¿cómo colaborar con actores sociales sin quedar atrapado en disputas políticas? La respuesta requiere una lectura fina del entorno y una defensa clara de principios democráticos.
Lo que está en juego
El hecho de que Extinction Rebellion es investigado no implica, hasta ahora, acusaciones formales ni procesos judiciales abiertos. Sin embargo, sí revela una relación cada vez más compleja entre activismo climático y estructuras de seguridad del Estado. La falta de información oficial deja espacio a interpretaciones encontradas.
En última instancia, lo que está en juego va más allá de un movimiento específico. Se trata de definir los límites de la protesta en una era de crisis climática y polarización política. Para quienes trabajan en responsabilidad social y sostenibilidad, el caso invita a reflexionar sobre el equilibrio entre incidencia, legitimidad y protección de derechos fundamentales en democracias contemporáneas.
