El cierre temporal de tiendas OXXO en Río Bravo, Tamaulipas, volvió a evidenciar una realidad que rara vez se aborda desde una óptica de sostenibilidad: la seguridad como condición mínima para la operación empresarial y la protección de las personas.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la cadena suspendió operaciones en este municipio fronterizo tras una serie de robos y presuntos actos de extorsión vinculados al crimen organizado. Autoridades locales reconocieron que la decisión respondió a la falta de condiciones de seguridad suficientes, en un contexto donde la extorsión ha sido una queja recurrente del sector empresarial en el estado.
Horas después, FEMSA, grupo al que pertenece OXXO, informó que las 31 tiendas ubicadas en Río Bravo ya operan con normalidad, tras un trabajo coordinado con autoridades municipales y estatales para reforzar la seguridad. En su comunicado, la empresa subrayó que el diálogo institucional permitió restablecer condiciones para proteger a colaboradores, clientes y comunidades.
Más allá de la reapertura, el episodio abre una conversación relevante desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, la debida diligencia y la gestión de riesgos.
Cerrar para proteger: una decisión de responsabilidad
En contextos de violencia o extorsión, suspender operaciones no es una señal de retirada ni de falta de compromiso con la comunidad. Desde un enfoque de RSC, es una medida preventiva orientada a salvaguardar la integridad del capital humano, reducir riesgos operativos y evitar la normalización de prácticas ilegales que vulneran a trabajadores, proveedores y clientes.
Este tipo de decisiones forman parte de los procesos de debida diligencia, cada vez más exigidos a las empresas en materia de derechos humanos, seguridad y gobernanza, incluso cuando los marcos regulatorios locales son insuficientes o poco efectivos.
Seguridad: un tema ESG poco visible
Aunque rara vez aparece de forma explícita en los reportes ESG, la seguridad impacta de manera directa en:
- la continuidad del negocio,
- la protección de colaboradores,
- la estabilidad de las cadenas de suministro,
- y la relación con comunidades locales.
El caso de Río Bravo demuestra que no puede haber operación responsable sin condiciones mínimas de seguridad, y que la sostenibilidad empresarial también depende del entorno institucional y del Estado de derecho.
La responsabilidad que no es empresarial
Es importante subrayar un punto clave: la seguridad pública no es responsabilidad de las empresas, sino del Estado, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. La actuación de OXXO responde a un contexto de riesgo específico y no busca sustituir funciones gubernamentales.
Cuando estas condiciones fallan, las empresas se ven obligadas a tomar decisiones difíciles que impactan empleo, servicios y economía local, pero que buscan evitar daños mayores y proteger a las personas.
Una conversación pendiente
El cierre temporal y posterior reapertura de tiendas OXXO en Río Bravo no es un hecho aislado. Refleja los desafíos estructurales que enfrentan empresas y comunidades en regiones afectadas por la extorsión y la violencia, y plantea una pregunta de fondo: ¿cómo integrar la seguridad, la legalidad y la gobernanza territorial en las agendas de sostenibilidad empresarial?
Mientras esa conversación siga ausente, los cierres temporales seguirán apareciendo como medidas reactivas, cuando en realidad son síntomas de un problema más profundo que exige soluciones institucionales de largo plazo.
