La crisis climática suele abordarse como un problema colectivo, difuso y, en ocasiones, abstracto. Sin embargo, un nuevo análisis de Oxfam revela una realidad mucho más concreta y profundamente desigual: una fracción mínima de la población mundial consume en cuestión de días lo que al resto del planeta le tomaría un año entero emitir sin rebasar los límites climáticos.
La crisis climática es, cada vez con mayor claridad, una crisis de desigualdad y de gobernanza. Mientras una minoría agota el presupuesto anual de carbono en tiempo récord, las consecuencias recaen sobre quienes menos han contribuido al problema: comunidades empobrecidas, países de ingresos bajos y grupos históricamente marginados. Este dato no es solo alarmante; es una llamada directa a cuestionar los límites éticos del modelo económico actual y el papel que juegan la riqueza extrema y el poder corporativo en la profundización de la emergencia climática.
El presupuesto anual de carbono y la desigualdad climática extrema
El concepto de presupuesto de carbono se refiere a la cantidad máxima de dióxido de carbono que la humanidad puede emitir sin superar el límite de 1,5 °C de calentamiento global establecido en el Acuerdo de París. Dicho límite no es arbitrario: representa el umbral a partir del cual los impactos climáticos se vuelven cada vez más irreversibles, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. En este contexto, el presupuesto anual de carbono funciona como una medida clara de justicia intergeneracional y global.
De acuerdo con Oxfam, el 1 % más rico de la población mundial agota este presupuesto en tan solo diez días. Más aún, el 0,1 % más rico lo consume incluso antes, hacia el 3 de enero de cada año, una fecha que la organización ha denominado el “Día del Contaminante”. Este dato no es solo simbólico: evidencia cómo una élite extremadamente reducida concentra un nivel de emisiones incompatible con cualquier escenario de transición climática justa. En términos prácticos, mientras millones de personas reducen su consumo energético por necesidad, otros lo incrementan por elección.
El análisis resulta todavía más contundente cuando se observan las comparaciones individuales. En el Reino Unido, una persona perteneciente al 0,1 % más rico genera en solo ocho días más emisiones que alguien del 50 % más pobre en todo un año. Esta disparidad pone en entredicho la narrativa que responsabiliza de forma homogénea a la ciudadanía y refuerza la urgencia de abordar la crisis climática desde una perspectiva de desigualdad estructural y responsabilidad diferenciada.
Emisiones financiadas, poder político y costos humanos del exceso
El impacto climático del 1 % más rico no se limita a su consumo personal. Oxfam advierte que una parte significativa de sus emisiones proviene de las llamadas “emisiones financiadas”, es decir, aquellas asociadas a sus inversiones. En promedio, cada multimillonario posee carteras vinculadas a empresas que generan alrededor de 1,9 millones de toneladas de CO₂ al año. Este dato revela cómo el capital continúa apuntalando industrias altamente contaminantes, retrasando la descarbonización de la economía global y erosionando cualquier avance logrado en otros sectores.
A esta dimensión económica se suma el peso político. El informe destaca que, durante la COP celebrada en Brasil, las empresas de combustibles fósiles enviaron 1.600 cabilderos, superando a casi todas las delegaciones nacionales. Esta presencia masiva no es anecdótica: refleja la capacidad de los grandes intereses económicos para influir en las decisiones climáticas, diluir compromisos y proteger modelos de negocio incompatibles con el respeto al presupuesto anual de carbono.
Las consecuencias de esta concentración de emisiones no son hipotéticas. A escala global, se estima que las emisiones generadas por el 1 % más rico en un solo año provocarán alrededor de 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor hacia finales de siglo. Además, Oxfam calcula que los daños económicos asociados a décadas de emisiones excesivas de los superricos podrían alcanzar los 44 billones de dólares para 2050, afectando principalmente a países de ingresos bajos y medio-bajos. Se trata de un costo humano y económico que no está siendo asumido por quienes más contribuyen al problema.
Responsabilidad climática, riqueza extrema y RSE
La evidencia es clara: el desafío climático no puede resolverse sin confrontar el papel de la riqueza extrema en el agotamiento del presupuesto anual de carbono. Para mantenerse dentro del objetivo de 1,5 °C, Oxfam señala que el 1 % más rico debería reducir sus emisiones en un 97 % para 2030. Este dato plantea una pregunta incómoda pero inevitable para el sector empresarial y financiero: ¿es posible hablar de sostenibilidad sin cuestionar los niveles actuales de acumulación y consumo?
Desde una perspectiva de responsabilidad social, el debate va más allá de la eficiencia energética o los compromisos voluntarios. Implica reconocer que quienes menos han contribuido al cambio climático —comunidades de bajos ingresos, pueblos indígenas, mujeres y niñas— son quienes enfrentan los impactos más severos. La justicia climática, por tanto, exige redistribuir no solo recursos, sino también responsabilidades, y reorientar el capital hacia actividades compatibles con los límites planetarios.
Finalmente, las propuestas de Oxfam, como gravar formas de riqueza altamente contaminantes —aviones privados, superyates o inversiones en combustibles fósiles—, abren una discusión relevante para las políticas públicas y la RSE corporativa. Colocar una mayor carga sobre quienes más contaminan no es una medida punitiva, sino una condición necesaria para preservar el presupuesto anual de carbono y garantizar que la transición climática sea, además de urgente, socialmente justa.
