La reducción de la pobreza multidimensional en México en los últimos años es innegable, pero, tal como apunta un artículo de El Economista, el avance sigue siendo insuficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Las carencias sociales —que reflejan el acceso limitado o nulo a servicios básicos como salud, educación, vivienda o seguridad social— continúan afectando a más de 80 millones de personas en el país.
De acuerdo con datos del Inegi, 61.7% de los mexicanos presenta al menos una carencia social, lo que evidencia que el desarrollo económico no siempre se traduce en bienestar humano. Este fenómeno no solo es un indicador económico: implica vulneraciones sistemáticas a derechos constitucionalmente reconocidos y compromete el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.
El estado crítico de las carencias sociales en México
Las carencias sociales en México se evalúan mediante seis indicadores que reflejan si la población accede efectivamente a derechos esenciales. La titular de la unidad especializada para la Medición de la Pobreza del Inegi, Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, subraya que estos factores son centrales para entender la desigualdad estructural, pues no se trata solo de ingresos bajos, sino de la imposibilidad de ejercer derechos básicos:
“Una carencia social implica que las personas no tienen garantizados los mínimos sociales para acceder a un derecho garantizado por la Constitución”.
Al cierre de 2024, más de 80 millones de personas enfrentan limitaciones en su acceso a salud, educación, alimentación, seguridad social o vivienda adecuada. Este diagnóstico demuestra que, aun cuando los ingresos han aumentado en ciertos sectores, millones siguen excluidos del sistema de protección social.
Desde un enfoque de derechos humanos, esta exclusión es inaceptable. Cada carencia representa una falla en el cumplimiento de obligaciones estatales de garantizar servicios universales y de calidad, particularmente en comunidades indígenas, zonas rurales y sectores altamente precarizados.
Además, el avance desigual en los distintos indicadores revela que la política social no ha logrado cerrar las brechas territoriales ni de género. Las mujeres, los trabajadores informales y la niñez son quienes más sufren estas deficiencias.
Seguridad social y salud: derechos aún lejanos
La carencia de acceso a la seguridad social sigue siendo la más grave: casi la mitad de la población mexicana carece de afiliación a instituciones como IMSS o ISSSTE. Esto no solo implica ausencia de cobertura médica, sino exclusión del ahorro para el retiro, la protección ante accidentes laborales y el acceso al crédito para vivienda.
Esta vulnerabilidad tiene raíces estructurales en la informalidad laboral, un problema histórico que el Estado y el sector privado han enfrentado sin soluciones sostenibles. Aunque la proporción de personas sin seguridad social bajó de 54.1% en 2016 a 48.2% en 2024, esta reducción no es suficiente para garantizar el derecho universal a la protección social.
La segunda carencia más grave es el acceso a instituciones de salud: 34.2% de la población no cuenta con ningún tipo de cobertura. A diferencia de otros indicadores, este problema ha empeorado drásticamente en los últimos ocho años, duplicando el número de personas que no pueden acceder a atención médica.
Desde la perspectiva de derechos humanos, esta situación refleja una violación directa al derecho a la salud, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por México. Ningún avance económico puede justificar que millones sigan sin atención médica básica ni acceso a medicamentos.
Educación, alimentación y vivienda: brechas persistentes
El rezago educativo afecta al 18.6% de los mexicanos, quienes no alcanzan el nivel escolar correspondiente a su edad. Este déficit perpetúa la pobreza intergeneracional y limita la movilidad social, afectando especialmente a las comunidades rurales y a la población indígena.
En materia alimentaria, 14.4% de las personas no tienen acceso a una dieta nutritiva y suficiente. Este dato es crítico porque compromete directamente el derecho a la alimentación adecuada, con consecuencias graves en la infancia como desnutrición crónica y bajo rendimiento escolar.
La carencia de servicios básicos dentro de la vivienda —electricidad, agua, conectividad— afecta al 14.1% de los hogares, mostrando que la infraestructura sigue sin llegar a todos los rincones del país. Además, el 7% de la población vive en viviendas de baja calidad o sin espacios dignos.
Aunque estos indicadores han mejorado ligeramente en la última década, el ritmo es demasiado lento para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos de México ante organismos internacionales. Las carencias sociales no son estadísticas aisladas, sino evidencia de desigualdad estructural que limita el ejercicio pleno de derechos.
Responsabilidad social y obligaciones del Estado
Desde el enfoque de derechos humanos, la atención de las carencias sociales en México no es opcional: es una obligación legal y moral tanto del Estado como del sector privado. No se trata de filantropía, sino de garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos sin discriminación ni exclusión.
Las empresas con programas de responsabilidad social pueden contribuir generando empleos formales con prestaciones, invirtiendo en proyectos de salud comunitaria, becas educativas y viviendas dignas. Sin embargo, estas acciones deben complementarse con políticas públicas robustas que aseguren cobertura universal y efectiva.
El sector público debe reforzar la regulación laboral para combatir la informalidad, aumentar la inversión en infraestructura social y priorizar programas alimentarios enfocados en la infancia y en comunidades marginadas. La articulación entre gobierno, empresas y sociedad civil es clave para lograr avances sostenibles.
La perspectiva de derechos humanos obliga a evaluar no solo cuántos recursos se invierten, sino también si estos esfuerzos logran garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales. Las políticas y programas deben medir su éxito por el impacto real en la vida de las personas, no solo por indicadores macroeconómicos.
Las carencias sociales como deuda histórica
El hecho de que seis de cada diez mexicanos enfrenten carencias sociales refleja una deuda histórica con la ciudadanía. No basta con reducir la pobreza por ingresos; es necesario garantizar el acceso pleno a derechos básicos como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social.
Superar estas brechas requiere voluntad política, inversión pública y compromiso del sector privado, pero, sobre todo, un cambio de enfoque: entender que las carencias sociales no son simples carencias materiales, sino violaciones a los derechos humanos que deben ser atendidas con urgencia y seriedad.
