El año 2025 quedará registrado como un punto de quiebre para la agenda global de derechos humanos. En un contexto de creciente polarización política, múltiples gobiernos y empresas comenzaron a retirar apoyos a causas que durante años se habían considerado pilares de la cooperación internacional, entre ellas la defensa de la diversidad sexual y de género. El impacto no fue inmediato en cifras abstractas, sino en la vida cotidiana de miles de personas que dependen de estos recursos para acceder a servicios básicos y protección.
De acuerdo con Eco-business, lo que parecía una tendencia aislada se convirtió rápidamente en una reacción en cadena. El debilitamiento del financiamiento de derechos LGBTQ+ no solo redujo programas existentes, sino que expuso la fragilidad de los avances logrados en décadas recientes. Desde comunidades rurales en Asia hasta grandes ciudades africanas, el retroceso dejó claro que los derechos no solo se conquistan: también pueden perderse.
Cuando el financiamiento de derechos LGBTQ+ se detiene a nivel local
En Bangladesh, donde aún persiste una ley de la era colonial que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, la Fundación Noboprobhaat había logrado construir algo excepcional: un espacio seguro para personas LGBTQ+ en zonas rurales. Allí se ofrecían pruebas de VIH, capacitación laboral, acompañamiento psicológico y apoyo legal frente a casos de violencia, chantaje o desalojo.
Ese trabajo sostenido durante más de una década se tambaleó cuando los recortes de Estados Unidos a programas de derechos humanos entraron en vigor. La organización perdió cerca de la mitad de sus recursos, tuvo que despedir personal y cerrar su oficina principal.
Muchos de los servicios considerados “básicos” simplemente dejaron de existir.
Aun así, el equipo intentó sostener una presencia mínima mediante voluntariado y pequeñas subvenciones de emergencia. La diferencia, sin embargo, es abismal. Como reconocen sus integrantes, la capacidad de respuesta actual está muy lejos de lo que permitía el apoyo previo.
VIH y salud pública: el efecto dominó de los recortes
Uno de los impactos más inmediatos se dio en el ámbito de la salud. El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), una de las iniciativas más importantes contra el VIH a nivel mundial, dejó de financiar programas de prevención para poblaciones clave en varios países.
En Nigeria, Ghana, Indonesia y otros contextos, hombres gays, bisexuales y personas trans perdieron acceso a la PrEP, condones y lubricantes. En consecuencia, comenzaron a registrarse nuevos contagios que podrían haberse evitado. La interrupción de estos servicios no solo compromete la salud individual, sino que pone en riesgo años de avances en salud pública.
Además, el cierre de clínicas especializadas dificultó el acceso a tratamientos antirretrovirales. Para muchas personas LGBTQ+, acudir a centros públicos sigue siendo inviable por miedo a la discriminación, lo que agrava la interrupción de terapias esenciales.
Más allá de Estados Unidos: una crisis verdaderamente global
Aunque los recortes estadounidenses fueron el detonante, el problema no se limita a un solo país. Organizaciones internacionales advierten que al menos 105 millones de dólares en ayuda gubernamental destinada a derechos LGBTQ+ están en riesgo debido a ajustes presupuestales en otras naciones donantes.
En el Pacífico, por ejemplo, se suspendieron programas que impulsaban la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en países donde aún son ilegales.
La cancelación dejó procesos legislativos inconclusos y comunidades más expuestas a la violencia y la exclusión.
A esto se suma el repliegue del sector privado. Varias empresas retiraron apoyos financieros tras la ofensiva política contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, reforzando la percepción de que el compromiso corporativo con los derechos puede ser frágil ante presiones ideológicas.
¿Quién sostiene hoy el financiamiento de derechos LGBTQ+?
Frente a este escenario, algunos actores intentan cubrir los vacíos. Organizaciones como Human Dignity Trust y Amnistía Internacional han permitido que ciertos esfuerzos legales continúen, especialmente en regiones donde el retroceso habría sido total.
También han surgido fondos de respuesta urgente impulsados por filantropía independiente, que han logrado movilizar cientos de miles de dólares en poco tiempo. Sin embargo, estos mecanismos están lejos de compensar la magnitud del déficit generado por la retirada de grandes donantes gubernamentales.
El desafío es estructural. Muchos países tradicionalmente donantes —como Alemania, Suecia o Canadá— están reduciendo su ayuda exterior para redirigir recursos a otras prioridades, como la defensa. Los pocos que mantienen o aumentan su apoyo no logran equilibrar la balanza.
Un contexto político cada vez más adverso
La caída del apoyo financiero coincide con un fortalecimiento de grupos conservadores anti-LGBTQ+. En distintos países se impulsan leyes que restringen derechos, limitan la libertad de expresión o criminalizan nuevamente identidades y orientaciones sexuales.
Este entorno obliga a los activistas a replantear estrategias. Con menos recursos, deben concentrarse en acciones esenciales y abandonar iniciativas de largo plazo que habían tomado años construir. La presión no es solo económica, sino también emocional y política.
Paradójicamente, este retroceso ocurre cuando más se necesitan contrapesos institucionales. La reducción de la cooperación internacional deja a muchas organizaciones locales expuestas frente a Estados cada vez menos dispuestos a garantizar derechos.
Resiliencia y memoria histórica
Algunas voces dentro del movimiento recuerdan que el apoyo masivo de gobiernos y corporaciones es relativamente reciente en la historia de la lucha por los derechos LGBTQ+. Durante décadas, el activismo sobrevivió gracias a redes comunitarias, alianzas locales y resistencia constante.
Esa memoria se convierte hoy en una fuente de fortaleza. En Bangladesh, pese al miedo y la precariedad, el equipo de Noboprobhaat insiste en que rendirse no es una opción. El impulso por proteger la dignidad y la seguridad de su comunidad sigue intacto, aunque los recursos sean escasos.
La resiliencia, sin embargo, no debería normalizar la falta de apoyo. Reconocer la capacidad de resistencia no exime a gobiernos y empresas de su responsabilidad.
El desplome del financiamiento de derechos LGBTQ+ en 2025 revela una verdad incómoda: los avances en derechos humanos no son lineales ni garantizados. Dependen de decisiones políticas, prioridades presupuestales y de un compromiso sostenido que hoy se encuentra en entredicho.
Este escenario plantea una pregunta clave: ¿qué tipo de alianzas y modelos de financiamiento se necesitan para que los derechos no dependan de coyunturas políticas? La respuesta no es inmediata, pero el momento exige reflexión, corresponsabilidad y acción colectiva. Porque, como recuerdan quienes están en la primera línea, simplemente rendirse no es una opción.
